¿Qué impacto tiene el consumo de alimentos y bebidas no saludables en la obesidad? ¿Qué papel juega la publicidad en el consumo de alimentos y bebidas no saludables, particularmente en los niños? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano por controlar la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en los menores de edad? ¿Podemos confiar en la autorregulación de la industria? Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis de la normatividad existente en Colombia en materia de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad. En él se documentan los pocos avances regulatorio en esta materia, así como los vacíos existentes y las dificultades en su implementación. El documento es escéptico acerca de los mecanismos de autorregulación propuestos por la industria, y se constituye en un llamado para que el Estado regule una materia que hasta ahora se encuentra sin reglas ni controles. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sin-reglas-ni-controles-regulacion-de-la-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-dirigida-a-menores-de-edad/

En Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible. En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/separados-y-desiguales-educacion-y-clases-sociales-en-colombia/

Esta encuesta busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales, y explora si las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. Las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. La normatividad penal, la investigación o la judicialización de crímenes, o el comportamiento de la policía pueden ayudar a aumentar las desventajas que tienen estos individuos para que su vida laboral y social se desarrolle en igualdad de condiciones. Uno de los principales aspectos de este problema, que no ha sido estudiado suficientemente en Colombia, es si las políticas policiales son menos eficaces -o más duras- respecto de algunos grupos como las mujeres, las personas con carencias económicas o los afrocolombianos. El documento hace una primera aproximación al tema: Recoge dos muestras representativas en Bogotá, Cali y Medellín de la población mayor de 12 años y de las personas afro. Busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales: si estos servicios favorecen o afectan de manera distinta a las mujeres, las personas afro, o que residen en estratos socioeconómicos bajos. Examina aspectos como la victimización y su correspondiente denuncia, la percepción de seguridad y el conocimiento acerca de programas policiales, la satisfacción y confianza con el desempeño de las autoridades de justicia y policía, y de manera importante, la experiencia de las personas con las actividades cotidianas de policía, incluyendo la cantidad de ocasiones en las que son abordadas y retenidas por agentes, y la calidad y los eventuales abusos que sufren durante estos contactos. Los encuestados reportan unos altos y generalizados niveles de abuso policial, y un elevado grado de insatisfacción con los servicios prestados por estas autoridades. La encuesta también detecta algunas diferencias en la manera como las políticas de seguridad son recibidas —que se dan particularmente entre estratos— y en la forma como las medidas policiales afectan a las personas de distintos grupos —que son más intensas respecto de afros e indígenas y de jóvenes con apariencias de subculturas urbanas—. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/seguridad-policia-y-desigualdad-encuesta-ciudadana-en-bogota-cali-y-medellin/

Mario Melo Cevallos, abogado del pueblo kichwa de Sarayaku, presenta su versión de la historia de resistencia y movilización del pueblo indígena ante los planes del Estado de explotar el petróleo que se encontraba en el corazón de la Amazonia. ¿Cómo fue posible que un pueblo indígena en la mitad de la Amazonia protegiera su vida y su territorio de la explotación petrolera? ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de Ecuador a los reclamos del pueblo Sarayaku? ¿Cómo se desarrolla una estrategia de derechos humanos en diferentes niveles geográficos? En este texto, Mario Melo Cevallos, abogado del pueblo kichwa de Sarayaku, aborda estas preguntas presentando su versión de la historia de resistencia y movilización del pueblo indígena ante los planes del Estado de explotar el petróleo que se encontraba en el corazón de la Amazonia. Desde la selva, pasando por los juzgados nacionales, hasta llegar al sistema interamericano de derechos humanos, el autor muestra los diferentes focos de movilización política y legal que utilizó el pueblo. A partir del trabajo de más de una década que ha realizado Melo con los descendientes del jaguar, el libro combina referencias anecdóticas con decisiones judiciales y movilizaciones sociales para mostrar la historia detrás de una de las sentencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, el caso del pueblo Sarayaku es un símbolo para los demás pueblos indígenas del Sur Global. Su experiencia, esperamos, sirva como ejemplo para todos los pueblos indígenas que se movilizan en contra de la expansión de la frontera extractivista sobre sus territorios. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sarayaku-ante-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-justicia-para-el-pueblo-del-medio-dia-y-su-selva-viviente/

This book collects and analyzes a repertoire of responses by human rights organizations to the crackdown against civil society in the populist context. Written by scholars and advocates in challenging political settings from around the world, this book offers ideas and inspiration to their peers in the human rights community who are grappling with and resisting the erosion of democracy and rights. This collection takes two steps towards clearing the path for this civil society transformation. First, it clarifies the specific challenges to human rights raised by contemporary populist regimes and movements. What is the populist playbook against human rights? Second, it contributes to documenting and learning from a wealth of initiatives by human rights actors. What innovations are human rights actors introducing into their strategies and narratives to counter those of populist regimes? In short, what is the human rights playbook against populism? From meticulous documentation of abuses in Turkey to more grassroots forms of social networking in Hungary, from peace caravans in India to finding new ways of being useful under 21st century dictatorships in Venezuela, like war correspondents reporting from the trenches, our authors step forward to share their own continuing struggles to help their communities. Based on evidence from populist governments in India, Venezuela, Hungary, Turkey, Russia, the United States, and Ecuador—as well as crackdowns against civil society in South Africa, Egypt and other countries—this volume provides hope, solidarity, and reinvigoration for the human rights movement. Description taken from: https://www.dejusticia.org/en/publication/rising-to-the-populist-challenge/ Consulte la versión en español en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/82

A través de la revista “Destápate”, la Alianza Más Información Más Derechos –compuesta por Dejusticia, Transparencia por Colombia, Proyecto Antonio Nariño (PAN) y Corporación OCASA– genera un espacio de acceso a información pública por parte de funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos en general. Con esta publicación se busca, además, “realizar un balance anual de los avances en la garantía del derecho de acceso a la información pública en Colombia, desde el trabajo de cada una de las organizaciones”. Respecto a este primer número, destacan los análisis sobre acceso a información pública en el gobierno de Iván Duque en relación con las elecciones del Nuevo Fiscal General de la Nación, las implementaciones del Acuerdo de Paz, y las garantías de acceso a la misma por parte de la Procuraduría General de la República. Tomado y adaptado de: https://www.dejusticia.org/lanzamos-la-primera-edicion-de-destapate-una-revista-contra-la-opacidad-en-el-poder/

En este documento los autores exploran por qué el enfoque de género es fundamental para que la restitución sea integral y, en esa medida, se proponen mostrar que la incorporación de dicho enfoque resulta útil y necesaria a fin de lograr una restitución plena, efectiva y respetuosa de los derechos humanos de las víctimas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/restitucion-de-tierras-y-enfoque-de-genero/

Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse. En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/restitucion-de-tierras-politica-de-vivienda-y-proyectos-productivos-ideas-para-el-posacuerdo/

Este texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad. A las personas les suele parecer normal y natural que en la calle la Policía las intercepte, las requise, les solicite documentos de identidad, les pida que se retiren de un lugar, las interrogue o las detenga de manera preventiva. Mientras que en otros países estas medidas de policía solo pueden practicarse cuando confluyen varias circunstancias y requisitos, en Colombia no existen criterios claros que guíen la labor de la Policía, que es uno de los hallazgos de esta investigación. Este vacío normativo da lugar a que esta institución concentre su accionar en ciertos grupos poblacionales que considera peligrosos, sin ninguna evidencia empírica y únicamente sobre la base de prejuicios. Sin embargo, esta penumbra regulatoria, como cualquier otra laguna en el derecho, puede superarse a través de la aplicación de figuras como la analogía. En este sentido, este libro rescata ciertas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional que, de aplicarse analógicamente a las medidas de policía, alejarían dicha actividad de la arbitrariedad y la enmarcarían dentro de los límites del Estado de derecho. De esta forma, se evitarían discriminaciones e invasiones abusivas a la intimidad por parte de la Policía, que es el principal hallazgo que se desprende de la Encuesta de Policía y Desigualdad y del trabajo cualitativo realizado en este libro. Así, este estudio recoge las diferentes acepciones que la palabra policía tiene en el ordenamiento jurídico colombiano. Igualmente, caracteriza el derecho a la intimidad y su ámbito de protección. Adicionalmente, muestra los estándares constitucionales que deberían orientar a la actividad de policía y cómo funcionan en otros países en los que se aplican, de manera específica en Estados Unidos. Asimismo, destaca los resultados de la Encuesta de Policía y Seguridad y de la investigación cualitativa que demuestran que en Colombia la actividad de policía recae prevalentemente sobre las personas de estratos bajos y medios, los hombres, las personas que se autorreconocen como negras o indígenas y aquellas con la apariencia de alguna subcultura urbana. Por último, hace unas recomendaciones de política pública dirigidas a que la Policía cumpla con su deber de proteger el derecho a la seguridad, pero sin lesionar arbitraria y excesivamente el derecho a la intimidad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/requisas-a-discrecion-una-tension-entre-seguridad-e-intimidad/

En este documento analizamos las políticas de privacidad de 30 empresas con modelos de negocios basados en los datos en Colombia, e identificamos las prácticas que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable a nuestro país. Como nunca, está latente la preocupación de que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales y las capacidades actuales para encontrar correlaciones entre ellos puedan derivar en otros datos personales, exactos o inexactos, a partir de los cuales se puedan tomar decisiones –a veces injustas o discriminatorias– sobre los ciudadanos, sin que ellos mismos tengan seguridad, conocimiento ni control de lo que sucede a partir de sus datos. Un ejemplo de estos riesgos se hizo evidente en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en el que Facebook permitió el uso de una aplicación que terminó recolectando información de 87 millones de perfiles de usuarios de todo el mundo, que luego sería utilizada por Cambridge Analytica para influenciar electores en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, y en el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Para enfrentar dicha vulnerabilidad en la que se encuentran ciudadanos de todo el mundo, en el 2018 entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y se expidió la Ley de Privacidad del Consumidor del estado de California, que buscan equilibrar el desarrollo de la economía digital con la garantía de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. ¿Cómo? Por medio de la regulación de nuevas fuentes de datos, tipos de tratamiento y finalidades de tratamiento que son propias de la era digital, y que incluyen el uso de cookies, el web crawling, los algoritmos, el profiling, la toma de decisiones automatizadas, la comercialización de datos y la publicidad comportamental. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en Colombia para garantizar dichos derechos en el marco de la economía digital? En este documento exploramos el grado de preparación de nuestro régimen jurídico de protección de datos personales y de nuestras autoridades competentes para enfrentar los riesgos que la era digital plantea para distintos valores y derechos, y así rendir cuentas a las empresas con modelos de negocios basados en los datos (EMNBD). A partir de la revisión de sus políticas de privacidad, analizamos la forma de operar de una muestra ilustrativa de 30 EMNBD, dentro de las que sobresalen, por su poder económico, tecnológico y social los llamados GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft). Una vez hecho esto, identificamos varias prácticas –propias de la era digital– que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable en Colombia, y cuya regulación, en comparación con el GDPR europeo y con el CCPA de California, posee un amplio campo de mejora. Asimismo, identificamos varias falencias en las capacidades de las autoridades de protección de datos colombianas para hacer rendir cuentas a las EMNBD, y se proponen, en consecuencia, algunas medidas correctivas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/rendicion-de-cuentas-de-google-y-otros-negocios-en-colombia-la-proteccion-de-datos-digitales-en-la-era-digital/