Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-en-2016-2017-una-estimacion-del-universo/

Este documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/posconflicto-y-violencia-sexual/

El impulso de esta investigación nace de la tensión que se presentó en mayo de 2017 en el marco del cubrimiento periodístico de las exhumaciones de quienes fallecieron en la masacre de Bojayá. Así, este escrito tiene como propósito el planteamiento y la respuesta, desde una perspectiva sociojurídica, de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo narrar los hechos relacionados con el conflicto armado y con la transición a la paz sin vulnerar el derecho a la intimidad de las víctimas? O ¿cómo puede un periodista dejar constancia de un acontecimiento dramático o contar una injusticia que conmueva a sus lectores respetando los límites de la vida privada de las víctimas? Para responder a este cuestionamiento, en el presente documento se examinan las tensiones de derechos que pueden generarse en la narración de la transición a la paz como parte del ejercicio periodístico. No es una tarea fácil, pues el periodista cumple con su responsabilidad democrática cuando informa a la sociedad de un hecho de interés público, como las exhumaciones de Bojayá. Pero a las víctimas se les debe protección y tranquilidad en su duelo íntimo, además de autorregulación periodística. En el análisis jurídico se ha tratado de valorar el conflicto entre el derecho a la intimidad de las víctimas y los derechos a la libertad de expresión e información, y a la verdad histórica de los periodistas y la sociedad. Se busca que la conclusión presentada sea válida, no solo en el caso de Bojayá, sino en los futuros años de transición, pues tanto las víctimas como la sociedad en general se benefician de una prensa libre y responsable, y del respeto de la vida privada. Las ideas plasmadas en este documento ofrecen herramientas útiles para repensar la garantía de ciertos derechos en el marco del posacuerdo, reflexionar acerca de la importancia de la autorregulación en la labor periodística y crear puentes de colaboración entre periodistas y víctimas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/victimas-y-prensa-despues-de-la-guerra/ Consulte la versión en español en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/112

Con la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/entre-coaccion-y-colaboracion-verdad-judicial-actores-economicos-y-conflicto-armado-en-colombia/

El establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano. Si bien sus retos son enormes, las posibilidades que abre este nuevo mecanismo han generado una gran expectativa en la sociedad colombiana y, especialmente, en las víctimas del conflicto. Uno de los retos que enfrenta la CEV es abordar de la mejor manera posible el rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. La información judicial y académica existente demuestra que dicha complicidad no ha sido aislada. Igualmente, la información de experiencias comparadas muestra, por un lado, que estas relaciones son comunes en conflictos armados o regímenes autoritarios y, por el otro, que las comisiones de la verdad pueden jugar un papel muy importante en su develación. De hecho, 22 comisiones de la verdad en el mundo han revelado ciertos patrones de participación de terceros en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. El presente informe tiene como objetivo contribuir a la definición de lineamientos que permitirán a la CEV una aproximación estratégica, planeada y sensible frente a esta problemática. Para ello, un grupo de investigación conjunto integrado por académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, en Colombia, unimos esfuerzos por casi dos años para producir información empírica relevante que sustente la toma de decisiones de la CEV en esta materia. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/cuentas-claras-empresas/

Se presenta el resumen ejecutivo del libro Voces desde el cocal: mujeres que construyen territorio, en el que se recorre la experiencia femenina del cultivo de coca en la región andino-amazónica. Desde una perspectiva interseccional de género, la investigación explora las implicaciones del mundo rural, del género, del conflicto armado y de la ilegalidad sobre las trayectorias de vida de mujeres cocaleras en la región andino-amazónica, una zona de colonización tardía donde han confluido la presencia de actores armados ilegales, dinámicas de violencia y pobreza, y una presencia estatal precaria. Allí, el cultivo de la coca ha sido la fuente de ingresos para las familias campesinas, lo que a su vez ha impactado los roles de las mujeres en sus familias y comunidades, y las ha ubicado en posiciones de vulnerabilidad frente a los actores armados. Las conclusiones principales del libro se presentan en este resumen, que explora las interacciones entre la identidad campesina, las demandas sociales y políticas de las mujeres, los impactos de la violencia basada en el género presente en el mundo campesino, todo bajo el contexto de la prohibición de las drogas. Descripción tomada de la contraportada del libro

Activists, particularly those based in the global South, have accumulated a wealth of experience in dealing with a range of transnational networks operating in diverse issue areas. New theoretical understandings have reflected this accumulating experience. As the twentieth century came to a close, the practice of global and transnational politics was undergoing a sea change. Understandings of its dynamics were changing along with the practice. Classic paradigms of international relations, which had focused almost exclusively on relations among nation-states, were being expanded to consider the impact of transnational civil society organizations. Recognition of the role of new nonstate actors in global politics was epitomized by the impact of Margaret Keck and Kathryn Sikkink’s Activists beyond Borders in 1998. Their framework is a foundational reference point for the analyses of recent and future trends that are set out in this book. This volume brings together a set of ten essays by reflective activists who draw on their experience to provide new insights into what has been happening in the world of transnational advocacy, and by engaged academics who are committed to using the tools of their disciplines to contribute to the same agenda. The essays reflect not only the views of individual authors but also the collective dialogue among the authors at the workshop where the papers were originally presented in the spring of 2015. Description taken from: https://www.dejusticia.org/en/publication/transnational-advocacy-networks/ Consulte la versión en español en la siguiente URL:

Desde hace dos años, los familiares de las 15 víctimas de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón (San Juan Nepomuceno, Montes de María, 2002) habían llamado la atención de su comunidad y del país con conversatorios, eucaristías conmemorativas y monumentos, pero para el aniversario 16 de ese hecho soñaron con un libro. La idea de reconstruir las historias de sus muertos a través de la mirada de padres, hermanos e hijos era, según le manifestaron a Dejusticia, su forma de hacer memoria, de evitar que un hecho así se repitiera y de ‘que los conozcan a ellos (las víctimas). Que se sepa que fueron ejemplo y que no se fueron de esta vida porque quisieran, sino porque otros se la arrebataron’. Un libro era también un peldaño hacia la búsqueda de verdad. La intención de escribir las vidas de los 15 y el dolor que su ausencia sembró en ese municipio de Bolívar se materializó para este 30 y 31 de agosto, cuando se cumplen 16 años de aquel suceso. El libro se construyó con la participación activa de los miembros de la Asociación de Luchadores por la Verdad de Los Guáimaros, conformada por los seres queridos de quienes fueron asesinados y que son coautores. De hecho, la portada se eligió en colectivo. En ella, un campesino de los Montes de María observa hacia al campo, donde hay un árbol que representa los lazos creados entre los familiares de los 15 caídos, y hacia el cielo, sobre el que vuelan 15 aves, simbolizando a los muertos. Descripción tomada y adpatada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-guaimaros-y-el-tapon-la-masacre-invisible/

Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local. La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él. Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia —incluso la violencia política— seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa. Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/el-estado-en-la-periferia-historias-locales-de-debilidad-institucional/

This executive summary of the book Voices from the Coca Fields: Women Building Rural Communities explores the experiences of women coca growers in the southern part of Colombia where the Andes mountains meet the Amazon basin. Using an intersectional approach to women’s experiences, it explores how rurality, gender, the armed conflict, and illegality affect the life trajectories of women coca growers in this region, an area that was subjected to late colonization and is home to illegal armed actors, violence, poverty, and a weak state presence. Coca cultivation in this Andes-Amazon junction has provided the main source of income for campesino families at the same time that it has affected women’s roles in family and community life and has increased their vulnerability vis-à-vis armed actors. This executive summary presents the book’s main conclusions, exploring the interactions among campesino identity, the social and political demands of women, the impacts of gender-based violence in rural Colombia, and the country’s drug prohibition. Description taken from the back cover of the book