Desde hace varias décadas, con la toma de conciencia sobre la importancia de la protección ambiental se ha venido haciendo énfasis en la fragilidad de ciertos ecosistemas, entre ellos, los ecosistemas de páramos propios de la cordillera de los Andes, los cuales constituyen importantes repositorios de agua para su suministro a las poblaciones presentes y futuras. En ese sentido, el Gobierno Nacional, cumpliendo con su obligación de proteger los recursos naturales y planificar su aprovechamiento, ha tomado medidas para garantizar que estos ecosistemas se mantengan libres de explotación económica. Y aunque las medidas de protección adoptadas no habían logrado su objetivo, a partir de la expedición de la Ley 1450 de 2011 se estableció como obligación del Gobierno adelantar los estudios tendientes a su delimitación. A la fecha, gran parte de los páramos del país están delimitados.

La Sentencia T-622 de 2016 reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Con esta decisión se podría afectar el concepto jurídico de medio ambiente, y para verificar si ello es posible, en este capítulo se estudian las bases de la decisión y se verifica una débil argumentación de la categoría jurídica propuesta, en razón a una indebida aplicación del principio de precaución y a la inexistencia de un análisis de la “personalidad jurídica”. Igualmente, se estudia el paradigma propuesto y la suficiencia de esta decisión judicial como un mecanismo jurídico que logre un equilibrio entre las medidas ordenadas, las adoptadas, el tiempo y los recursos invertidos que, en definitiva, conduzca a una verdadera protección, mantenimiento, restauración y conservación de los recursos naturales, verificando dificultades en su efectividad.

A través de una revisión crítica de la literatura se busca contestar la pregunta ¿Por qué y cómo el concepto de gobernanza puede ser aplicado a la gestión de riesgos asociados a la investigación científica, la tecnología y la innovación?, y los criterios en base a los cuales se realizó la investigación fueron: i) los principios que deben regir la producción científica y la gestión de sus riegos: ii) las razones por las cuales se considera que la participación pública es importante en la producción científica y la gestión de sus riesgos; iii) Cuando y como debe darse esa participación y iv) Cual debe ser el papel del experto. Bajo estos criterios se identifican tres modelos que si bien no están claramente delimitados en la literatura, tienen rasgos distintivos que permiten su diferenciación: Los Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, la Ciencia posnormal y la Investigación e Innovación Responsable.

La profunda crisis socioecológica que se ha venido acentuando últimamente, ha permitido que emerja un sentido de urgencia colectiva para impulsar propuestas inspiradas en la riqueza biocultural de los territorios, dejándose conquistar por las dinámicas de orden y caos propias de la naturaleza. Esta bioinspiración está muy conectada con la propuesta conocida como soluciones basadas en la naturaleza, las cuales pretenden desafiar los principales retos de la sociedad actual asociados principalmente a la seguridad hídrica, alimentaria y energética, mientras se promueven vínculos para fortalecer paradigmas alternativos de desarrollo que permitan una transición sostenible hacia diferentes formas de vida, de consumo y de producción. Este tipo de soluciones están directamente relacionadas con la metodología biomimética, la cual busca emular a la naturaleza para potenciar alternativas de diseño a partir de los sistemas vivos para impulsar los principios de vida enmarcados dentro de dicha metodología. Como estudiante de la Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible, me propuse a dedicar este proyecto a comprender de qué forma esta bioinspiración puede aportar a la gestión efectiva del cambio climático (adaptación, mitigación y gestión del riesgo) y transitar hacia estados deseables de sostenibilidad en un país complejo como Colombia.

El Plan Corregimental El Manzanillo de ltagüí, es un instrumento de planeación que busca implementar acciones en el corto, mediano, y largo plazo para la Gobernanza ambiental que superen las barreras de las competencias legales y administrativas para hacer énfasis en la sostenibilidad y desarrollo territorial del suelo rural del Municipio de ltagüí. El documento Acciones gubernamentales del Plan Corregimental El Manzanillo para la Gobernanza Ambiental en el suelo rural de ltagüí, pretende identificar y profundizar sobre dichas acciones, y proponer otras que desde la perspectiva de sus autores se consideren complementarias, con criterios de pertinencia y que sean del resorte de la Municipalidad.

El Macizo Colombiano, la comunicación y la sostenibilidad de la vida, son ejes centrales de este trabajo, que compila los resultados de una mirada tansdisciplinar al territorio, a través de la Investigación Acción Transdisciplinaria. Integra y desarrolla conceptos como, sistémica, complejidad, sistemas socioecológicos, el pluriverso, biomimesis y seguridad territorial. El área de incidencia son los cuatro municipios del Corredor Biológico Guácharos -Puracé en el Huila, tomando como elementos movilizadores de la comunicación, las organizaciones ambientales no gubernamentales y el oso andino (Tremarctos ornatus). Aborda de manera previa una mirada desde lo gubernamental de este ecosistema estratégico. Luego, al integrar la biomimesis, pregunta al oso andino, por principios de comunicación a partir de esta especie y su interacción en el territorio. Desde este ejercicio, aswniendo al otro y al lugar otro, abriendo las miradas a los muchos mundos existentes, para lograr una comunicación armónica en donde todos hablan y son escuchados, acudiendo a lo humano y no humano; plantea un modelo de principios básicos para trazar estrategias de comunicación dirigidas a territorios. Propone acciones desde la comunicación para la sostenibjlidad de la vida en el Macizo Colombiano y una aproximación a las Cumbres del Macizo Colombiano, iniciativa ciudadana de gestión territorial.

El presente documento contiene un minucioso estudio de la concesión de aguas, considerada el instrumento de comando y control más importante y más antiguo que tiene establecida la legislación colombiana para la asignación del derecho al uso de las aguas. Este trabajo se inicia con una revisión de los convenios internacionales que han abordado el tema; seguidamente, se evalúan las referencias de la Constitución en relación con el recurso hídrico, para luego adentrarse en el análisis de la legislación, estructurando los principios generales consignados en ella para la asignación del derecho al uso de las aguas, los aspectos básicos de la concesión, su trámite ante las autoridades ambientales competentes, las circunstancias en que pueden ser variados los derechos derivados de ella, así como las razones por las cuales es posible revocarla o caducarla. Para concluir este interesante estudio, se detallan también las circunstancias en las cuales la concesión de aguas puede ir implícita en la licencia ambiental, y la reglamentación de las corrientes, que es la forma de concesionar de manera colectiva un cuerpo hídrico o un tramo de él, y quizás la alternativa más interesante contenida en la legislación para hacer frente a la crisis en que está sumida la concesión, producto de algunas equivocaciones en su concepción y de la incapacidad de las autoridades ambientales para hacer frente a las exigencias legales y aplicar en debida forma el instrumento.

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, el derecho de propiedad tiene unos límites amparados en el principio de la función ecológica de la propiedad. Bajo dichos límites el ejercicio de la propiedad y de la posesión debe respetar las normas ambientales aplicables. Por lo tanto, no valdrán como actos de señor y dueño aquellos que desconozcan las normas ambientales que propenden por la protección de los páramos como áreas de especial importancia ecológica.

Como en todo estudio jurídico continental, es necesario buscar los antecedentes de nuestro sistema en el derecho romano, y la protección jurídica ambiental no puede ser la excepción. Por lo anterior, este artículo se inicia con el análisis de la distinción entre el derecho público y el derecho privado romano con respecto a la regulación de las instituciones medioambientales. Posteriormente se construye un concepto general sobre el derecho ambiental en Roma, se profundiza en el régimen jurídico de algunos de los recursos naturales (el árbol, el agua, la minería y el uso del suelo), para concluir con la participación del pretor en la problemática ambiental de convivencia.