El dolor se presenta al descubrir en los informes de expertas la persistencia de las categorías de presión y exclusión a las mujeres, las etnias distintas a la blanca, a lo largo del período patriarcal y el consecuente ensalzamiento de la guerra como supuesto motor de la historia. El dolor se agudizaron los testimonios de mujeres desplazadas y sobrevivientes en zonas de conflicto armado, las múltiples manifestaciones de la violencia y sus secuelas en la vida. Las atrocidades contra las mujeres durante las guerras que al parecer se daban en otras épocas y latitudes, se reproducen en Colombia hoy. Y lo que es más preocupante aún, bajo la increíble creencia de que las obscenidades de las violaciones responden a las necesidades de los hombres. En Colombia y en el mundo, todavía persiste la práctica de utilizar a las mujeres como objetos satisfactores de los deseos e intereses masculinos y tales prácticas se silencian por el temor a las venganzas y, a quedar en la impunidades. El primer capítulo de este documento hace un recorrido por el trabajo intelectual de las feministas académicas en el país, quienes se han preocupado por visualizar a las mujeres, sus quehaceres y sus costumbres. La apertura reciente, desde hace diez años, de Centros de Estudios sobre Mujer y Género en las universidades Nacional, Antioquia, Valle y Atlántico ha iniciado el rescate de las mujeres acerca de un pasado silenciado en los textos históricos tradicionales. Las académicas han puesto de presente que el devenir de la sociedad está compuesto tanto por hombres como por mujeres. Y por supuesto, se han dedicado a formular nuevas preguntas frente al quehacer historiográfico. El segundo aparte versa sobre la Historia de los Derechos de las Mujeres. Estos son fundamentalmente, la expresión de conciencias autónomas, la manifestación de intereses y deseos en torno a la existencia y la convivencia, por parte de infinitos grupos de mujeres. La historia de los derechos de las mujeres es un proceso continuo de introducción en la vida interior, de elaboración cultural, cada vez más amplio y profundo; se empieza a percibir con mayor claridad, desde mediados del siglo XVIII, en múltiples países del mundo occidental. El tercer capítulo hace referencia a la Teoría Social sobre los Derechos de las Mujeres. A partir de los años 50 del siglo pasado se fortalece la presencia de las mujeres en la educación y la política, y por ende, la formulación de programas para la promoción de los derechos de las mujeres y la demanda de garantías al Estado de Bienestar. Es notoria la presencia de múltiples organizaciones en el seno del movimiento feminista y social de mujeres en la búsqueda por mejores condiciones de vida. La inspiración para la demanda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos la podemos encontrar, por un lado, en la socialdemocracia y, por otro, en el feminismo de la igualdad. Los avances en los estudios de las condiciones de las mujeres y los más recientes de género, si bien, aportan conceptos y descripciones para visualizar la presencia de las mujeres y también sobre los cambios culturales insinuados en las relaciones entre hombres y mujeres, no alcanzan a profundizar acerca de las implicaciones sociales y futuras del conjunto de los derechos reconocidos legalmente y divulgados hoy en día. Por lo anterior, es preciso que el diplomado sobre Democracia y Derechos de las Mujeres para construir la paz pueda disfrutar de la cátedra compartida entre las activistas de los derechos de las mujeres y las estudiosas del género, de manera que se convierta en un escenario para el diálogo fecundo. Esperamos que la lectura del presente texto contribuya a comprender las diferencias, a aclarar ideas entre los diferentes enfoques y propicie el debate reflexivo frente a las contradicciones y nudos persistentes en el movimiento social de mujeres.

Desde la década del cincuenta Colombia ha vivido una confrontación social y política de causas diversas que se ha agudizado durante los últimos 15 años y una de cuyas manifestaciones más dramáticas es el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, que en muchos casos es el resultado de un arma de guerra deliberada. La magnitud del desplazamiento ha alcanzado proporciones tan alarmantes, y se ha convertido en una crisis humanitaria de tal magnitud que ha desbordado la capacidad institucional de respuesta y atención.

El presente informe de investigación sobre CAMBIOS EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD EN BOGOTA, es una aproximación descriptiva a las complejas dinámicas existentes en los procesos de cambio social y cultural presentes en las narrativas de hombres y mujeres que desempeñan dichos roles. En dichos cambios se interceptan tanto dimensiones subjetivas referidas a la historia de vida de cada hombre o mujer, como dimensiones objetivas producto de las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas ocurridas en un espacio geográfico determinado, de las cuales entrevistados y entrevistadas participan. La conjunción de ambas dimensiones sugieren nuevas maneras de asumir la paternidad y la maternidad y crean a su vez nuevas representaciones sociales y prácticas en dichos roles. Los cambios que caracterizan la paternidad y la maternidad no son manifestaciones de etapas lineales y progresivas, acaecidas una detrás de otras , hay que entenderlos como procesos en cuyo interior lo viejo se mezcla con lo nuevo, la tradición con el cambio, y todo ello , a menudo, de manera ambivalente y contradictoria (Ventimiglia: 1995, 26). Para ilustrar los cambios en la maternidad y la paternidad se tomaron cuatro categorías relevantes en las relaciones paterno – materno filiales, estas son: el significado de los hijos e hijas; el ejercicio de la autoridad y afectividad; la realización de labores domésticas y el sostenimiento de la progenie. Se eligieron como referentes de los cambios sociales y culturales: el contexto sociodemográfico de Bogotá, a partir de los años 50- 60s y finales del siglo XX, los estudios clásicos sobre familia y los recuerdos de los entrevistados y entrevistadas acerca de las figuras paternas o maternas, o de quienes cumplieron estos papeles. A partir de éstos referentes se establecieron tres tendencias que intentan recoger las dinámicas de las transformaciones en la paternidad y la maternidad. En este informe no se encontrará un análisis detallado sobre las representaciones sociales inmersas en las cuatro funciones estudiadas, pues, ésto será objeto de análisis más profundos posteriormente. El énfasis está dado en la descripción de las narrativas sobre los cambios en las concepciones, sentimientos y prácticas de madres y padres de cara a las demandas actuales a éstos dos roles. De la misma manera se ponen de presente tanto las contradicciones que se viven ante estas demandas como las lógicas discursivas presentes en los relatos sobre el deber ser de la paternidad y la maternidad. Todo el texto es producto de una investigación de tipo cualitativo, cuyo enfoque teórico , metodológico, e instrumentos de recolección de información han sido construidos en conjunto con otros equipos de investigación que realizaron la misma investigación en ciudades como Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. Los cambios en la paternidad y la maternidad, presentan características diferenciales según tipología de hogar y estrato socioeconómico. Los criterios de tipología y estrato fueron utilizados para seleccionar entrevistados y entrevistadas, ya que se quiso indagar como se relacionan en el ejercicio de la maternidad y paternidad. Por ello se entrevistaron madres y padres en distintos tipos de hogares tales como: nucleares, extensos, monoparentales y poligenéticos con el fin de mostrar las diversas paternidades y maternidades. El análisis del estrato social en las representaciones sociales y en las prácticas de la maternidad y la paternidad permite tener en cuenta las condiciones objetivas de vida de madres, padres y progenie, como también las dinámicas de los cambios en dichas condiciones. La investigación adoptó la clasificación socioeconómica que utiliza el Dane por ésta razón, a lo largo del documento se hará alusión a los grupos A y B. En los primeros se encuentran los entrevistados y las entrevistadas de los estratos 4 , 5 y 6. En el segundo aquellos y aquellas pertenecientes a estratos 1, 2, 3. Por último la incorporación de la perspectiva de género permitió enfocar las cambiantes relaciones de poder entre hombres y mujeres y las diferentes, también cambiantes, representaciones de la identidad de ambos en un contexto de nuevas preguntas a la masculinidad y femineidad. Más que jerarquías de problemáticas, se trata de establecer diferencias y de construir desde allí una comprensión más refinada de procesos sociales a través del ejercicio de la paternidad y la maternidad ( Meertens: 2000, 37).

El feminismo es el conjunto de pensamientos y prácticas que se orientan a criticar y transformar los factores que sustentan en las diversas sociedades la subordinación y desigualdad de las mujeres, cuyas consecuencias son la discriminación y múltiples formas de violencia que afectan sus vidas. la renovación de la historiografía ha sido una oportunidad para estudiar los orígenes del pensamiento feminista y sacar de la invisibilidad a muchas mujeres, pues ha podido rastrear los discursos y las vidas de las mujeres incluso desde el medioevo para mostrar que desde siempre las mujeres han criticado la exclusión de pensamiento, de su palabra y la negación de reconocerle portadora de acción política. el periodo durante el cual Arendt vive en el movimiento feminista enfrenta dos procesos polares: Un primer proceso es el de la decadencia del feminismo entre 1930 y 1960, el cual presenció una disminución de la radicalidad para concentrar su energía en el voto. El segundo proceso que le tocó vivir Arendt es el de una nueva radicalidad que como ya dijimos tuvo el movimiento feminista des de los años 60 y 70. Fue la época de la guerra fría, Vietnam y de las luchas por los derechos civiles de la población negra.

The increasing number of free trade agreements involving both developed and developing countries has raised political and economical concerns, while increasing inconsistencies in international trade law. Non governmental organizations (NGOs) and social movements have strongly criticized these processes as well as the existing unbalanced trade rules resulting from unbalanced power relations between developed, developing and less developed countries (LDCs).

Abstract. Over the past four decades total numbers of international migrants have more than doubled but the percentage of the world population migrating has remained fairly constant. There are now 175 million international migrants worldwide or approximately 3.5 per cent of the global population – about half of whom are women, despite the common misconception that men are the migrants. This Overview Report on Gender and Migration takes a broad approach to migration – it looks at the gender dynamics of both international and the lesser-researched internal migration and the interconnections between the two. People may choose to migrate, or have no choice, or the decision may fall somewhere on the continuum between the two. This report therefore covers both forced and voluntary migration, including covering economic and other voluntary migrants, refugees and internally displaced persons and trafficked people. These migrants in turn come through regular (conforming to legal requirements) or irregular channels. Gendered movements: causes and impacts. Individuals may migrate out of desire for a better life, or to escape poverty, political persecution, or social or family pressures. There are often a combination of factors, which may play out differently for women and men. Gender roles, relations and inequalities affect who migrates and why, how the decision is made, the impacts on migrants themselves, on sending areas and on receiving areas. Experience shows that migration can provide new opportunities to improve women’s lives and change oppressive gender relations – even displacement as a result of conflict can lead to shifts in gendered roles and responsibilities to women’s benefit. However, migration can also entrench traditional roles and inequalities and expose women to new vulnerabilities as the result of precarious legal status, exclusion and isolation. Migration can provide a vital source of income for migrant women and their families, and earn them greater autonomy, self-confidence and social status. At the same time, women migrants, especially if they are irregular migrants, can face stigma and discrimination at every stage of the migration cycle. Before departure, women can be faced with gender-biased procedures and corrupt agents. In fact, gender discrimination, poverty and violence, can provide the impetus for women to migrate or enable women to be trafficked in the first place. During transit and at their destination women can be faced with verbal, physical and sexual abuse, poor housing and encampments, sex-segregated labour markets, low wages, long working hours, insecure contracts and precarious legal status. And upon return to the source country they may be faced with broken families, illness and poverty. Gender and migration in the development context. Although migration is only now emerging as a development issue, migration may lead to development in receiving communities through the contribution of labour and skills. On the other hand, remittances and diaspora investment can provide much-needed economic support to sending communities. However the labour and skills that are brought in – and in turn who benefits – depend on sex-1 segregated labour markets and gendered migration policies which provide differential opportunities for women and men. Sometimes immigration policies push “unskilled” women workers into irregular and more risky migration channels. Migration may also hinder development through the social disruption of displacement due to conflict, or through “brain drain” and possible increases in HIV/AIDS rates, to which women and men are at different risks. Current policy approaches Theory, policy and practice that link gender equality concerns with migration from a development perspective are rare. Migration is still primarily seen as the concern of the state and migration as a development issue is only just emerging, with limited attention being paid to gender. Indeed, migration remains on the margins of the global policy agenda, with the exception of that which is conflict- and disaster-induced. While there is increasing recognition that women are also migrants and that the causes and impacts of migration are gendered, attempts to mainstream gender issues into policy are patchy. Work has focused primarily on “adding women” as a discriminated and vulnerable group, particularly in relation to displacement due to conflict and trafficking for sexual exploitation. The many women-focused policies and programmes initiated by NGO and civil society organisations largely focus on empowering, protecting and supporting women migrants. Shift to a gendered human rights approach If women and men are to benefit from the empowering and development potential of migration, a shift is needed to a gendered human rights approach to migration. The key elements of such an approach could be: Immigration and emigration policies that enable women as well as men to take up opportunities that safe and regular migration may offer, and which will foster the positive impacts of migration for the social and economic development of migrants, and the receiving and sending countries. This would include measures to ensure sufficient regular channels for women’s entry, to avoid them being pushed into more risky irregular channels and bilateral agreements between sending and receiving areas which protect women migrants’ rights. Mobilise around and support for international rights frameworks that offer protection for women migrants to ensure that governments ratify and adhere to such. This includes not only those relating to migrants, trafficked peoples, refugees and displaced peoples, but also women-specific frameworks such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), UN Resolution 1325 and the Beijing Platform for Action. Support for the acknowledgement and realisation of the rights of migrants throughout the migration process, including providing pre-departure information on legal rights, facilitating remittances, ensuring access to basic services such as housing, education and health, and supporting migrant organising and solidarity between different migrant groups to address issues of exclusion and isolation.

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales.

Desde la década de 1980, la migración laboral ha venido feminizándose cada vez en mayor medida en el este y sudeste asiáticos. Para principios del siglo XXI, se estimaba que había más de dos millones de mujeres trabajando en la región, lo que constituye un tercio de la población migrante. Casi todas las mujeres migrantes se desempeñan en labores reproductivas, como el trabajo doméstico y los servicios sexuales, en hogares de particulares y sectores comerciales informales. No obstante la gran necesidad de proteger su bienestar y sus derechos humanos, los gobiernos de los países de destino ven a los migrantes simplemente como una fuerza laboral que se requiere para cubrir la escasez de mano de obra local, e ignora las medidas de protección y las políticas en función del género. Por su parte, bajo la presión para incrementar los ingresos de divisas extranjeras, los países que constituyen la fuente de esta fuerza laboral alientan a sus mujeres a migrar y a remitir sus ganancias, pero ante la competencia mundial, los gobiernos de estos países han mostrado poco interés en el bienestar de las mujeres migrantes. En el contexto de los antecedentes poco alentadores en materia de derechos humanos de los países del este y sudeste asiáticos, los actores no estatales han adquirido una importancia creciente en la defensa de los derechos de los migrantes, lo que han logrado a través de redes locales y transnacionales. Las raíces de la migración–feminizada y que por lo tanto tiene en cuenta consideraciones de género–en el este y sudeste asiáticos se encuentran en el rápido pero desigual desarrollo económico de la región, caracterizado por la desigualdad y el conflicto que producen las diferencias de género, clase social y nacionalidad. La transferencia de mujeres extranjeras de la región desde economías de bajos ingresos (Filipinas, Tailandia, Indonesia y Viet Nam, entre otros) hacia países de altos ingresos (Singapur, Malasia, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Taiwán Provincia de China, la República de Corea y Japón) intensifica la actual desigualdad de género, injusticia económica y discriminación étnica. Sin embargo, la migración internacional es un proceso contradictorio que, si bien brinda a las mujeres migrantes oportunidades para la movilidad social, también las somete a abusos y explotación. La mayoría de las mujeres migrantes son trabajadoras independientes empleadas por contrato que buscan trabajo en el exterior a fin de aumentar los ingresos familiares y sus ahorros personales. El empoderamiento resulta de su resistencia diaria a las estructuras de poder existentes, así como de la oportunidad de acumular recursos personales y colectivos. El análisis de las políticas de inmigración de Asia y de los patrones de migración de las mujeres revela que existen seis categorías de mujeres migrantes con sus respectivas características: • trabajadoras domésticas • animadoras (trabajadoras sexuales) • trabajadoras no autorizadas • esposas inmigrantes • trabajadoras capacitadas • trabajadoras que comparten un patrimonio étnico con la población que las recibe (como los brasileños de origen japonés en el Japón y los chinos de ascendencia coreana en la República de Corea). Estas seis categorías de mujeres migrantes se diferencian entre sí en razón de las condiciones de traslado al otro país, de empleo y de protección legal, por lo que difieren en cuanto a las formas en que enfrentan las prácticas desiguales y discriminatorias que encuentran en sus lugares de destino. En consecuencia, los ciudadanos conscientes y las organizaciones no gubernamentales recurren a diferentes acciones civiles y contramedidas para mejorar los derechos de las mujeres migrantes. Los gobiernos de los estados importadores de mano de obra del este y sudeste asiáticos tienen niveles distintos de tolerancia política frente a las actividades de la sociedad civil, por lo que existen diferencias importantes en cuanto a las capacidades y los recursos con que cuentan sus sociedades civiles para la acción colectiva. La bibliografía sobre este tema identifica tres niveles de efectividad de las acciones civiles y de la resistencia de la mujer en Asia. El primer nivel agrupa a Singapur y Malasia, donde la aplicación de estrictas políticas de inmigración, rígidos sistemas de contratación laboral y bajos grados de tolerancia del activismo cívico por parte del Estado limitan seriamente las acciones a favor de las trabajadoras migrantes. El segundo nivel reúne al Japón y la República de Corea, donde los estrictos controles fronterizos y las grandes cantidades de trabajadores, combinados con un relativamente alto grado de tolerancia de la acción colectiva, permiten a muchos grupos y organizaciones desafiar la autoridad del Estado y brindar asistencia legal y cultural a los trabajadores migrantes. En el tercer nivel se encuentra la Región Administrativa Especial de Hong Kong, donde, a pesar de una estricta política de inmigración y un rígido sistema de contratación laboral, el legado colonial británico permite a los trabajadores migrantes defender abiertamente sus derechos económicos y emprender acciones colectivas. La frecuencia de las manifestaciones de trabajadoras migrantes, en particular de las trabajadoras domésticas filipinas en Hong Kong, destaca la importancia de establecer redes transnacionales que permitan estrechar los vínculos entre los trabajadores migrantes en los países fuentes de la mano de obra y las naciones receptoras. La creciente presencia de un movimiento transnacional de protección en toda la región de Asia facilita los esfuerzos de las organizaciones civiles por mejorar los derechos y el bienestar de las trabajadoras migrantes. En conclusión, la feminización de la migración ha incrementado la desigualdad y la injusticia basadas en el género, la clase social y la nacionalidad en Asia. Pero al mismo tiempo, ha abierto nuevas oportunidades para que las mujeres migrantes puedan aumentar los ingresos familiares y la creciente sociedad civil de Asia pueda desafiar las políticas y prácticas opresivas que afectan a las trabajadoras migrantes. A pesar de que persisten muchos obstáculos legales e institucionales a la justicia social en los países que importan mano de obra, las acciones civiles de ciudadanos y trabajadores migrantes constituyen un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras migrantes.