E l siguiente texto es una síntesis del análisis de la información obtenida tras la realización de la Encuesta de Caracterización del Proyecto “Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento del Valle del Cauca”, el cual fue coordinado y ejecutado por la Corporación Sisma Mujer en alianza con la Asociación Taller Abierto. Dicha encuesta se aplicó entre noviembre y diciembre de 2007, a una población de 63 mujeres en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Cali, Buenaventura y Tuluá; encuesta procesada con el paquete estadístico SPSS versión No 15.

La Constitución Política colombiana de 1991, reconocida regionalmente como una de las más democráticas de América Latina y el Caribe, por el compromiso de garantizar la participación y los Derechos Humanos, permitió desarrollar en casi una década un marco normativo y crear los espacios necesarios para avanzar hacia un Estado Social de Derecho, posibilitando a la vez el ejercicio de la democracia directa. Para influir en las posturas de los constituyentes en torno a temas de crucial importancia para el país, hizo de esta Asamblea un foro de la democracia. Las mesas temáticas, las propuestas, la interlocución y las alianzas, contribuyeron a crear un clima propicio para pensar el país, repensar y definir los valores fundamentales que se materializarían en instituciones, mecanismos y mandatos. Nunca como en esos meses, organizaciones, movimientos sociales, grupos y partidos políticos se comprometieron a fondo en la tarea de diseñar un modelo de país más inclusivo, igualitario, solidario y respetuoso de las libertades. El esfuerzo de dar a conocer la nueva Carta y preparar a la ciudadanía para la participación fue cumplido tanto por sectores estatales como por organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales que veían en esa coyuntura, la posibilidad de superar las desconfianzas e insatisfacciones que un quehacer político excluyente había contribuido a cimentar, generando una cultura de ausentismo y no participación, tanto en las contiendas electorales, como en los resquicios de democracia que podrían darse en lo local. Efectivamente, en los años siguientes las-os ciudadanas-os lentamente se fueron apropiando de los espacios donde se decidía sobre los problemas y necesidades de las comunidades, se distribuían los recursos y se definían y priorizaban las líneas de actuación de las administraciones locales, municipales, distritales y departamentales. La ciudadanía comenzó a expresarse en términos de participación, de derechos y de deberes. Para las mujeres, la evidente discriminación en la conformación de la Asamblea Constituyente (sólo 4 eran mujeres), no fue óbice para su participación; un cabildeo incesante y organizado, logró posicionar propuestas encaminadas a la superación de la discriminación en los ámbitos políticos y sociales; se colocaron en el debate también las relacionadas con sus derechos reproductivos, la necesidad de acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar y de quienes adelantaban labores comunitarias en pro de la niñez, así como la necesidad de promover la participación e inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Algunos de los logros fueron formales, pero otros se plasmaron en avances reales. Paulatinamente, en representación de diversos intereses las mujeres empezaron a incrementar su presencia en los espacios deliberantes y/o de decisión creados, al igual que en los tradicionales. Es evidente que la participación está íntimamente relacionada con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mayorías, pero sentirse sujeto de derechos va más allá de su consagración en una constitución o en una ley; este ha sido el trabajo del feminismo: que las excluidas se reconocieran ciudadanas, no sólo con deberes sino con derechos y que iniciasen un proceso de exigibilidad individual y colectivo. Lo anterior pasa por su reconocimiento en tanto sujetos sociales y por la valoración de sus aportes a la sociedad en su conjunto, así como el conocimiento, introyección y ejercicio de sus derechos.

La estrategia del desarrollo rural apunta al incremento de la producción agropecuaria con una mejora simultánea de la calidad de vida de los productores y las productoras. Supone un marco de definiciones de política pública que incluya criterios de equidad por parte del estado y de la sociedad para modificar circunstancias que favorecen la subordinación de los necesidades de los sectores campesinos: trabajadores agrícolas, productores de bajos ingresos, y que limitan el control de los recursos e insumos para mejorar su participación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. En la región latinoamericana se han identificado tres modalidades en las estrategias de desarrollo rural (Barraclough: 1981): una primera que centra su énfasis en la introducción de técnicas modernas de manejo de los recursos (procesos de fertilización, semillas mejoradas, mecanización, y selección de razas). Esta modalidad provoca una modernización tecnológica, sin afectar las bases de la estructura social, y facilita procesos de inserción de las economías campesinas en el mercado. Otra modalidad introduce procesos reformistas del ingreso mediante redistribución marginal del suelo y/o por impuestos a la tierra, pero que no redefine las relaciones de poder entre los sectores sociales vinculados al agro. Una tercera que se sustenta en cambios rápidos y drásticos de la estructura social pero que mantiene un control de la gestión de la producción impidiendo un desarrollo autónomo de la producción y sus agentes.

Este material ayudará a las radialistas y los radialistas no sólo a divulgar la Ley 1257 de 2008, sino a contribuir a que nuestras comunidades piensen y transformen la manera como se construyen y desarrollan las relaciones entre mujeres y hombres. Este manual busca divulgar una ley construida dentro de los mecanismos de la democracia, pero en el fondo pretende incidir en la manera como nos relacionamos, que se ha ido tejiendo en el alma de todos y de todas por efecto de la costumbre, la imposición y no pocas veces de la sociedad de consumo.

Esta investigación estudia la vida pública y privada de las familias de mayor protagonismo en la actividad política y cultural de Bogotá, durante la segunda mitad del siglo XIX. El propósito fue explorar las dimensiones del apoyo del parentesco en los logros políticos y culturales de ciertas familias, especialmente, el soporte de las mujeres del clan. El método que se empleó para la parte de la investigación que se ocupa de la vida pública fue el de la construcción de las genealogías, el análisis de las normas de parentesco de las familias escogidas y los mecanismos usados por ellas para concentrar poder y monopolizar el gobierno del país. Una conclusión de la mirada al mundo público utilizando el género como categoría de análisis, es que tanto el régimen liberal como el conservador, liderados por los hombres de los clanes familiares más connotados, representaron la reformulación de un patriarcado nuevo que subyugó a sus mujeres con dispositivos de poder (leyes, códigos, normas) elaborados por miembros masculinos de la elite letrada. La segunda parte de la investigación explora el mundo privado de las familias de elite. Con base en la lectura y análisis de la correspondencia privada de miembros (hombres y mujeres) de la elite política, (Tomás Cipriano de Mosquera, Mariana Arboleda de Mosquera, Amalia Mosquera de Herrán, Manuel Ancízar, Agripina Samper, Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper, José María Samper, Inés Rothlisberger, Margarita Caro de Holguin y José Eusebio Caro, entre otros) se intenta explicar cuáles eran las relaciones de conyugalidad de las elites, cúales eran los ideales y los contenidos de la educación que proporcionaban a su prole, cómo era el transcurrir cotidiano en aspectos como las relaciones entre parientes, la vida afectiva, el amor romántico, el amor-pasión, el cortejo y el compromiso matrimonial, las enfermedades, la religiosidad doméstica, y la amistad y la enemistad, desde una perspectiva en la que el género de las personas determinaba sus roles y su posición en la familia y en la sociedad. Centrar el estudio en las esferas pública y privada hizo posible explicar los dos aspectos del universo relacional de hombres y mujeres, el prescriptivo, que se puede localizar cómodamente en el espacio público y el de la interiorización de los mandatos sociales, que aparentemente ocurre en el espacio privado. La síntesis la dejo a juicio del lector.

El siguiente texto ha sido una sí ntesis de la investigación. Las estrategias políticas frente al racismo y el sexismo de tres grupos de mujeres afrodescendientes en Brasil, Honduras y Rep . Dominicana, realizada entre 2004 y 2006, cuyo propósito fundamental fue recuperar parte de esa hist oria y evidenciar la manera en que categorías como la clase y la sexualidad, conjuntamente con la raza y el sexo, contextualizan las experiencia s situadas de las mujeres racializadas.

Resumen. Este documento se elaboró durante la fase preparatoria del proyecto de investigación de UNRISD sobre Economía política y social del cuidado. El objetivo general del proyecto es examinar la manera en que el cuidado se presta y distribuye entre la unidad familiar o el hogar, el Estado, el mercado y la “comunidad”, y la forma en que se articula con la economía de bienes en distintos países. Los estudios de caso de país que se han solicitado para el proyecto combinarán métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para (i) analizar la política en esta área, (ii) describir la conformación institucional de los diversos “regímenes de cuidado”, (iii) realizar un análisis cuantitativo al nivel micro sobre la forma en que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del hogar “cuidan” de otros miembros de la familia y (iv) explorar las implicaciones de los resultados del análisis para la pobreza y la exclusión social. La conducción reciente de encuestas nacionales sobre uso del tiempo fue uno de los criterios utilizados para seleccionar los países que se incluirían en el proyecto de investigación de vii UNRISD. Estas encuestas, también llamadas encuestas de presupuestos de tiempo, tienen por objetivo brindar información sobre las actividades de las personas durante un determinado período (por lo general un día o una semana) y la cantidad de tiempo que invierten en cada una de las actividades especificadas. Este criterio de selección se incluyó porque las encuestas de uso de tiempo constituyen una de las pocas fuentes de datos sólidos sobre el cuidado no remunerado, vale decir, el trabajo, o la “producción”, que a menudo recae en la mujer y que incluye las labores domésticas, el cuidado de los niños, personas mayores, enfermos y discapacitados en el hogar, además del trabajo comunitario voluntario. El propósito principal de este documento consiste, por lo tanto, en examinar desde una perspectiva crítica determinadas encuestas de uso de tiempo que se realizaron en países de distintas regiones del mundo, con el fin de evaluar su calidad. Además, el documento se propone servir de insumo al diseño de la investigación cualitativa que ha de realizarse en el marco del proyecto.

Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000. Otros informes de la campaña: ¡Actúaya! Tortura, nunca más (Índice AI: ACT 40/13/00/s), Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores (Índice AI: ACT 40/38/00/s) y El comercio de la tortura: una lacra que hay que erradicar (Índice AI: ACT 40/02/01/s).

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

La mujer bonaverense al igual que muchas mujeres colombianas se ve envuelta en diversos escenarios que ajenos a su voluntad se van convirtiendo en su espacio de vida, de interacción con los demás y con lo demás, en su herramienta infinita de supervivencia en medio de un contexto hostil y muchas veces falto de mínimos dignos para vivir. El contexto socioeconómico y cultural de Buenaventura permeado por su naturaleza de puerto, por el narcotráfico, los actores al margen de la ley, el desplazamiento forzado, entre otros flagelos, obliga a la mujer bonaverense a debatirse en diferentes tópicos en búsqueda de una posibilidad de supervivencia en donde cuente con los mínimos vitales para subsistir.