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Entrevista a Gustavo Rojas, habitantes de la vereda “Taquecitos” en Sumapaz. Cuenta que llegó a Sumapaz a los 7 años de edad desde El Cocuy, Boyacá. Recuerda su infancia cuidando ovejas y estudiando en Nazareth, a una hora de distancia a pie. Compara los valores que le inculcaron en la niñez a los actuales. Destaca la consideración política del territorio, mencionando las diferencias entre las cuencas del río San Juan (Sumapaz) y el río Blanco; y la asignación de zonas de reserva campesina. Habla de los productos agrícolas que sembraba y como los vendía. Reflexiona sobre las pocas oportunidades que hay para trabajar en el campo, porque no es bien recompensado, y por eso los jóvenes se van a la ciudad. Cuenta que se casó con su esposa cuando ella tenía alrededor de 11 años. Habla del uso de plantas medicinales. Comenta los cambios climáticos, porque hace unos 15 años no hay nevadas en la zona. El testimonio fue grabado en el marco de las actividades de co-creación entre los habitantes del Sumapaz y mediadores de lectura de BibloRed.

El presente ensayo indaga, con el empleo del método socio- jurídico, por la gestión pública ambiental rural desde el derecho ambiental y agrario y las ciencias ambientales. Para proponer alternativas de gestión pública en este campo, hace referencia a diferentes figuras jurídicas vigentes en Colombia, entre las que se destaca las zonas de reserva campesina de la ley de reforma agraria. Para concretar las propuestas de solución, toma como ejemplo paradigmático el caso del agroecosistema intervenido por los silleteros de Santa Elena en el Departamento de Antioquia, ubicados en un borde de la ciudad metropolitana, desde la visión de la nueva ruralidad y con aportes desde la ecología política y la agroecología.1. INTRODUCCIÓNPara proteger a las comunidades campesinas, en el marco de la nueva ruralidad y evitar buena parte de los impactos ambientales que la ciudad y el modelo de desarrollo dominante generan sobre sus agroecosistemas, este trabajo se pregunta por lineamientos para la gestión pública ambiental rural, a partir de los aportes del derecho agrario y ambiental, la agroecología, la ecología política y del paisaje. Inicialmente se identifican algunos conceptos básicos como gestión pública, nueva ruralidad, patrimonio cultural y visión sistémica de los derechos. Una vez aclarados los alcances de estos y otros conceptos usados en el presente texto, se procede a plantear las condiciones actuales en las que se encuentran los campesinos en el borde de la ciudad metropolitana, tomando como referente el caso de los silleteros de Santa Elena, para finalmente plantear alternativas de solución a las autoridades públicas, tomando como punto de partida las figuras jurídicas que el derecho ambiental y agrario tiene en Colombia y que pueden permitir fijar algunos niveles de protección o reserva para comunidades campesinas y sus agroecosistemas.Son múltiples las figuras jurídicas que tiene el derecho ambiental y agrario en Colombia para ser implementadas por las autoridades públicas y la sociedad en general. Entre éstas tenemos: los suelos de protección definidos en los procesos de ordenamiento territorial, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las áreas de recreación, las reservas naturales de la sociedad civil, las zonas de reserva agrícola y las zonas de reserva campesina. Todas estas normas, de una u otra forma, pueden servir para orientar la gestión pública ambiental rural. No obstante solo se tomarán algunas de estas figuras jurídicas, para orientar la gestión pública ambiental rural. Para la elaboración del presente trabajo se han realizado entrevistas con silleteros, algunos de cuales el autor conoce desde mediados de los años 80s en diferentes predios de la vereda de San Ignacio del Municipio de Guarne. Como vecino del lugar, allí ha aprendido a conocer la comunidad de silleteros y sus principales problemas sociales y ambientales. Ha mantenido conversaciones sobre el proyecto de investigación con el Comité de Silleteros de Santa Elena y con funcionarios públicos, para lo cual ha sido de gran ayuda la experiencia previa de más de una década como abogado ambiental litigante, docente universitario en derecho ambiental y agrario y los estudios adelantados en la Maestría de Ciencias Ambientales de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia. También ha sido de gran ayuda la experiencia como fotógrafo aficionado que ha permitido contar con un registro de imágenes del trabajo de los silleteros, especialmente durante la feria de las flores del año 2010.

Este estudio que expone los resultados del análisis histórico, teórico y político de los procesos de configuración del sistema agrario en Colombia (1980-2010), enmarcado dentro de los impactos del desarrollo económico internacional de la industria de alimentos y la expansión de agroexportables, es el primero de este tipo en el campo de los estudios agrarios en Colombia. Asimismo, el enfoque en los procesos de resistencia de los diferentes sectores del campesinado ha permitido valorar sus aportes y su potencial como fuente de conocimiento para democratizar la agricultura desde lo local. Los resultados de la investigación que se exponen en este trabajo han aportado a la elaboración de la propuesta de política pública sobre Zonas de Reserva Campesina, del Sistema Nacional de Reforma Agraria e incorporada en el Punta 1 del Acuerdo de Paz, ''Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral", que busca terminar un conflicto armado de más de 50 años de duración, el más prolongado en la historia de América Latina.

Ahora bien, junto con las causas de deforestación expuestas concurre lo que estos autores reconocen como causas subyacentes de la deforestación, las cuales hacen referencia a los factores que refuerzan las causas directas e influyen o motivan las decisiones que toman los agentes de la deforestación, lo que explica porqué se presenta este fenómeno. Señalan que las causas subyacentes corresponden a factores demográficos; económicos y tecnológicos; políticos e institucionales; culturales y biofísicos, como, por ejemplo, la visión que tiene el agente sobre el bosque como factor cultural, siendo recurrente que exista “la falsa percepción de que la ruta hacía la obtención de un título de propiedad depende del porcentaje de bosque talado dentro de un terreno baldío” (González, Cubillos, Chadid et ál., 2018, p. 78). La magnitud de la problemática y el acelerado proceso de degradación explican los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional y los planes, programas y políticas que se han implementado internamente, todos enfocados a un objetivo común: contrarrestar la deforestación y hacerle frente a los impactos que desprende. Resumidos por el Instituto Alexander von Humboldt y wwf (2019), entre estos impactos están la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, alteración de ciclos hidrológicos, nutrientes y erosión del suelo; aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático; alteración del clima regional y local; y vulnerabilidad de la población y precarias condiciones de vida. A dichas consecuencias ambientales deben añadirse los impactos del narcotráfico sobre los bosques, que van más allá de las plantaciones: carreteras clandestinas, apertura de pistas de aterrizaje, actividades económicas como la tala y la ganadería para lavar dinero (El Tiempo, 2016), nuevos asentamientos y pobladores que detonan nuevos procesos de deforestación (Vélez, 2019) y el establecimiento de zonas de almacenamiento, procesamiento de hoja y alojamiento de jornaleros (González, Cubillos, Chadid et ál., 2018). Esto se agrava en términos culturales y ambientales cuando los cultivos tienen lugar en áreas de especial importancia ecológica y en territorios de grupos étnicos, situación que lamentablemente se presenta en grandes proporciones. Según lo señalando por el Ministerio de Ambiente y el Ideam (2018), el 15,8 % de los cultivos se encuentran en el Sistema de Áreas Protegidas, 53,4 % en territorio de los que son titulares los grupos étnicos y el 1,9 % bajo zonas de reserva campesina. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —unodc— indica que para el 2019 un total de 72 511 hectáreas se encontraban en zonas de manejo especial, de las cuales 24 856 hectáreas se ubicaron en tierras de comunidades negras (unodc y simci, 2020).