Lo ambiental no solo es relevante, sino determinante para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Lo ambiental en el post-acuerdo ha permitido ver la importancia de la naturaleza no humana como motivo/botín, escenario y víctima del conflicto armado. La firma del Acuerdo de Paz ha llevado a un desescalamiento del conflicto armado, pero a su vez ha visibilizado escenarios de conflicto ambiental que evidencian un aumento de las tensiones por la tierra, los bosques (deforestación, aumento de cultivos ilícitos, etc.), el agua y los medios de vida de las comunidades. Estos conflictos ambientales ponen de manifiesto nuevos retos alrededor de cómo construir la paz en los territorios. En este contexto se hace necesario comprender las complejas dinámicas que han dado origen a nuevos conflictos ambientales y también entender aquellos que no son nuevos, sino que son el resultado de históricas disputas territoriales que, en algunos casos, pudieron escalar hasta la confrontación armada. Esta comprensión podría llevarnos a aportar elementos que ayuden a cambiar las causas estructurales que los han generado, y hacerlo junto con los actores del territorio, desde una visión integral e integradora, con una perspectiva inter y transdisciplinar e inter-saberes, que aporte a proteger la naturaleza humana y no humana hoy tan amenazada. En ese sentido, la defensa de la vida es la base para la construcción de una paz estable, duradera, integral y con la naturaleza. Si no generamos procesos que aporten a construir territorios donde quienes han sido excluidos y despojados históricamente puedan vivir y ejercer sus derechos de acuerdo con sus estilos de vida y en condiciones dignas, ninguna paz será entonces posible.IntroducciónDefinir lo ambiental como aquello que emerge de la relación entre naturaleza humana y no humana (Ángel Maya, 1996) posiblemente aportaría una visión más integradora y compleja (Carrizosa Umaña, 2001) para entender la ineludible relación entre conflicto armado en Colombia y los conflictos ambientales en los territorios específicos donde estos tienen lugar. Lo ambiental no solo es relevante, sino determinante para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia (Wilches Chaux, 2016; Rodríguez Garavito et al., 2017). En ese sentido, se requieren nuevos planteamientos y profundos cambios en las formas de relacionarnos entre nosotros y en la forma como entendemos, vemos, asumimos y nos relacionamos con la naturaleza no humana, punto que desarrollaré en los apartes: ideas preliminares, y naturaleza no humana y conflicto armado en Colombia.La construcción de la paz es un largo proceso que va mucho más allá del momento que constituyó la firma del Acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) (OACP, 2016). Con este importante paso se da un desescalamiento del conflicto armado con una de las más importantes organizaciones político-militares del país.Sin embargo, los conflictos que han dado origen a esta y muchas otras violencias (alta concentración de la tierra, despojo, apropiación de los medios de vida de las comunidades, etc.) aún persisten. Por ello, me referiré en este texto al post-acuerdo y no al post-conflicto, para indagar sobre qué está pasando en relación con lo ambiental después de la firma de los acuerdos de paz y reflexionar, a partir de algunos ejemplos (Reforma Rural Integral, cultivos ilícitos, deforestación, conflictos en parques y campesinos), sobre los conflictos que continúan y/o se profundizan, y sobre nuevos conflictos ambientales que emergen como producto de este proceso de paz largo, tortuoso, doloroso y esquivo.

El biogás, constituye una alternativa para producir energía térmica, eléctrica o como combustible vehicular, utilizando como materia prima residuos sólidos orgánicos urbanos y rurales. Este biocombustible gaseoso representa una solución multipropósito para contribuir a que Colombia enfrente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la seguridad y reducción de la dependencia energética del sector hidroeléctrico y de combustibles fósiles.Este artículo busca evidenciar limitaciones que enfrenta el impulso del biogás como fuente renovable de energía en Colombia, tanto para sustituir leña o combustibles fósiles como para generar energía, a través de un análisis de la regulación y políticas que aplicarían para cada fase de su ciclo de vida: i) los residuos sólidos como materia prima, ii) la producción y consumo de biogás y iii) y producción y consumo de biofertilizantes como subproducto, encontrando que es una energía que encierra cierta complejidad en cuanto a la red de actores involucrados y armonización de políticas y normativas que dificulta la ejecución de proyectos, pero que puede ser superada trabajando con una visión de conjunto e integral, de lo cual ya se tiene alguna experiencia en curso en el país a través de los Planes de Energización Rural Sostenible y la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono.IntroducciónEn el marco del proceso de formulación y ejecución de política pública en materia de energía y ambiente en Colombia, especialmente en la última década, es necesario mencionar la influencia de por lo menos cinco hitos. A nivel nacional: 1) el proceso y el Acuerdo f inal para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (el Acuerdo de paz) desarrollado y suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP); 2) la temporada seca que se presentó entre 2015 y 2016 con ocasión del fenómeno de variabilidad climática denominado “El Niño” que implicó restricciones en el suministro de agua, una exigencia máxima de las plantas de generación térmica a gas natural y a diésel, y ahorros voluntarios en el consumo de energía eléctrica. Así mismo, en la agenda internacional: 3) el compromiso adquirido por Colombia como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en París en 2015 (COP21) para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI, a 2030; 4) el rol protagónico del país en el impulso de la agenda global de desarrollo al año 2030, sintetizada en 169 metas correspondientes a diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, denominada “Rio +20”, de las cuales el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 incorporó 92 metas, que son responsabilidad de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel ODS, la cual tiene por objeto la efectiva implementación de los ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y programas (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018); y finalmente, 5) el proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés), que se expresó con la firma por parte del gobierno en 2012, de la Declaración de Crecimiento Verde.

El 1969 cuando el Museo de Desarrollo Urbano (hoy Museo de Bogotá) abrió sus puertas, el alcalde Virgilio Barco Vargas en su discurso de inauguración pronunció las siguientes palabras: “quiero hacer mención de un salón especial dedicado al Congreso Eucarístico Internacional. Sobra cualquier comentario sobre la importancia que para Colombia y Latinoamérica tuvo este acontecimiento. En sala especial lo recordamos quienes lo vivimos y lo revivirán quienes vendrán en el futuro. Fue ese un momento en el que Bogotá y sus habitantes demostraron su civismo y su cultura que no dudarlo constituyeron frente al mundo el antibogotazo definitivo”. El Congreso Eucarístico enmarcó la visita del sumo pontífice Pablo VI a Bogotá, que como personaje histórico impactó profundamente la vida urbana de la ciudad. La apertura de una sala en el Museo de Desarrollo Urbano dedicada a rememorar la visita del papa en el marco del Congreso habla de su importancia en relación con las obras urbanas que se desarrollaron para preparar a Bogotá en miras a su recibimiento y al de una gran cantidad de peregrinos y turistas que para entonces arribaron a la ciudad. En este mismo sentido, la visita del Papa Francisco a la ciudad de Bogotá y a Colombia en septiembre de 2017 constituyó un acontecimiento de suma importancia y de gran trascendencia para su historia. Cuando Pablo VI visitó a Bogotá en 1968, la insurgencia guerrillera estaba naciendo y con ello se abrió una dolorosa etapa de violencia en el país que vino a culminarse en 2016. Como si se tratara del cierre de un ciclo histórico, el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC coincidió con la visita del Papa Francisco. Por tercera vez un sumo pontífice visitaba la capital de Colombia y como en las dos ocasiones anteriores (en 1986 Juan Pablo II visitó Bogotá), la ciudad se preparó para una visita que conmocionó y alteró por unos días la vida cotidiana de la ciudadanía. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se unió a este acontecimiento histórico llevando a cabo una serie de intervenciones de enlucimiento de algunos monumentos y fachadas que forman parte del patrimonio de la ciudad, los cuales se encontraban en la ruta o formaban parte de la visita del santo padre, y a su vez, realizó en el Museo de Bogotá la exposición Pontífices en Bogotá: devoción, patrimonio religioso y urbanismo con el ánimo de hacer memoria y recordar cómo fueron las anteriores visitas de Pablo VI en 1968 y de Juan Pablo II en 1986. Por medio de esta muestra se propuso resaltar parte del patrimonio religioso de la ciudad ubicado en la Plaza de Bolívar, principal escenario de encuentro de los pontífices con los fieles católicos, y aprovechando que el Papa Francisco forma parte de la comunidad jesuita se planteó también hacer una breve muestra del legado de esta comunidad en la llamada manzana jesuítica. La exposición y esta publicación hacen evidentes el impacto urbano y social que tuvieron en tres generaciones diferentes las visitas de los últimos pontífices romanos, Pablo VI, Juan Pablo II y el Papa Francisco; lo cual se evidencia en una serie de fotografías acompañadas y soportadas con objetos conmemorativos.

Lately, the Colombian government has opted for military oppression as the main route towards national security. However, recent events have shown that new post-conflict regions in Colombia are not necessarily violence- nor conflict-free scenarios. The institutional, social and economical instability of these post-conflict zones, as well as the high profitability of drug production, have promoted the reappearance of violent groups, generally led by previous mercenaries. In addition, under the actual Colombian peace-policies, the environmental security in post-conflict regions is not as secure as it should be. Many authors have argued that the economic reactivation in post-conflict scenarios could impose more threats to natural ecosystems than the economic stagnation typical of times of war.Then, it is important to look for new and effective alternatives to development, seeking to promote “sustainable peace” (i.e. social, economic and environmental long-term peace-conditions) in post-conflict regions in Colombia. This exploratory research suggests that natural resources in Colombia -besides bolstering belligerent groups- could be the medium for facilitating and maintaining peace. It proposes, for instance, that the correct management of natural resources through Payments for Ecosystem Services (PES) schemes have a threefold potential. Firstly, to provide social, environmental and economic stabilization in post-conflict regions in Colombia. Secondly, to displace illegality and violence; and thirdly, to promote environmental citizenship for the alleviation of marginalization and as an alternative way toward national security.

This paper explores the participation of non-state providers in public service delivery in post-conflict reconstruction societies particularly for the provision of education. Using a qualitative research method the literature regarding state capacity and governance in war-to-peace transitions is assessed to identify the pros and cons of private sector intervention. As a case study the model of public-private partnerships (PPPs) in education in Colombia is analysed in order to examine the extent to which engagements with non-state actors can be a complementary strategy to assist former combatants and victims during the implementation of a potential peace agreement between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – FARC.The Colombian model developed through the Familiar Compensation Fund – Cajas de Compensación Familiar – may be an alternative to offering educational programmes for children and youth ex-combatants. In the light of the plausible signing of a final peace agreement the provision of effective incentives in terms of basic public services will be a key driver for peacebuilding. The importance of education in development and processes of reintegration is well known, but the challenge is how to deliver adequate teaching services for children and young fighters in a context characterized by low state capacity and resource constraints. According to institutional frameworks, the model of PPPs in Colombia has served to deliver social programmes to poor communities, former combatants and victims of the armed conflict. Therefore, the case study is framed in four regions: Bogotá, Antioquia, Putumayo and Caquetá where the majority of the municipalities of the post-conflict will be concentrated except for Bogotá.The Familiar Compensation system, also known as Social Security Institutions, is a fundamental actor in the development of the Colombian social policy. Apart from providing social welfare services to workers and targeted communities, these institutions are key allies of the government in the implementation and execution of public programmes regarding the delivery of education, housing and health services given their experience, infrastructure, good practices and national coverage to reach the population in urban and rural regions. This innovative coordination between the public and private sector is also seen in the active role the Family Compensation Fund has in the articulation and definition of public policies at national and regional levels.Likewise, the SSIs have participated actively in the delivery of public education through different type of contracts under specific socio-economic requirements and governmental policies in order to benefit disadvantaged children and adults including demobilized and victims. The SSIs CAFAM, COMFAMILIAR PUTUMAYO, COMFACA and COMFAMA operate a variety of educational and complementary programmes according to the needs of each region. Some of them have worked together to deliver non-traditional educational services in municipalities intensely affected by the internal conflict, which are funded by both governmental and international agencies.In a post-conflict setting, the intervention of the SSIs as non-state providers would be crucial for state building as a result of the coordination mechanisms developed so far between the state and the private sector; the institutional and operational capacity of the SSIs in the provision of social services; and the accountability mechanism created to supervise and control the Family Compensation system through the Superintendence of Family Subsidy.Hence strengthening engagements with non-state actors in Colombia may contribute to restoring legitimacy and accountability in marginalized regions exercising the state an indirect role in service delivery via regulation and monitoring. Still accountability will need to be reinforced since some SSIs have been intervened due to political clientelism and local elite capture of decision-making, which have undermined their social impact in the communities where they operate. Nonetheless, the successful experiences of the Family Compensation Funds – among which are entrepreneurship, housing, microcredit, and education services – can be replicated and articulated in rural areas following the alternative model of PPPs in service delivery.

La coyuntura actual de Colombia con ocasión de las conversaciones de paz que desde hace casi tres años se realizan en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las farc, y la eventual entrada a un periodo de posconflicto, sumado a las tendencias internacionales en materia de protección de los derechos humanos, nos invitan como Academia a dirigir nuestra mirada sobre las discusiones contemporáneas alrededor de los derechos humanos en el marco de la globalización, evaluando los aportes que los Estados, los organismos internacionales y los expertos realizan constantemente en diversos temas, incluso antes impensables para la ciencia jurídica, pero que hoy ocupan lugares prioritarios en la agenda de los gobiernos y las organizaciones que propenden por la defensa de los derechos humanos. Sobre esa base, la Universidad del Rosario, por conducto de su Grupo de Investigación en Derechos Humanos y su Observatorio Legislativo, en asocio con la Fundación Hanns Seidel, entendiendo la importancia que conlleva el hecho de que  las  nuevas  generaciones  se  comprometan  y desarrollen una opinión propia alrededor de temas de especial relevancia para  el  país,  organizó  la  quinta  versión  del  Concurso  Nacional de Semilleros de Investigación, titulado “Discusiones contemporáneas sobre derechos humanos en el marco de la globalización”.Estudiantes de cerca de veinte universidades, de programas de diversas áreas del conocimiento y provenientes de diferentes regiones del país, presentaron ponencias académicas de temas muy variados en relación con asuntos que ocupan las discusiones actuales en materia de derechos humanos, en un  mundo  que  cada  vez  marcha  más  rápido,  en  el cual los derechos  humanos  deben  ser  parte  integral  de  los  avances legislativos, constitucionales, tanto en los asuntos internos de los Estados como en el marco de la comunidad internacional. De las ponencias recibidas se seleccionaron veinticuatro para ser sustentadas  en  las  rondas  orales  del  Concurso,  las cuales se realizaron en la Universidad del Rosario los días 19 y 20 de marzo del 2015. Las ponencias abordaban temáticas de diversa índole, relacionadas con comunidades indígenas, derecho internacional de los derechos humanos, responsabilidad de los Estados en relación con los derechos humanos y grupos de especial protección, entre otros temas. Luego de las interesantes reflexiones propuestas en las exposiciones, obtuvieron los tres primeros lugares las ponencias: “Narrativas sobre construcciones de subjetividad y autorreconocimiento indígena del pueblo nasa. Un pueblo de ancestros, luchas y reivindicaciones”, presentada por una estudiante de la Fundación Universitaria Los Libertadores (primer puesto); “El derecho humano al agua en la comunidad wayuu bajo la figura matrilineal”, presentada por una estudiante de la Universidad del Norte (segundo puesto); y “Desafíos conceptuales del bloque constitucional”, presentada por estudiantes de la Universidad de La Sabana (tercer puesto). De tal forma, esta publicación compila las ponencias ganadoras de los tres primeros lugares, al igual que los cuatro Discusiones contemporáneas sobre derechos humanos en el marco de la globalización libros que desde el año 2011 hemos venido publicando en el marco de la Colección Semilleros, la cual nace con el objeto de reunir los escritos de los estudiantes alrededor de temas de especial  relevancia  en  materia  de derechos  humanos  y  que ameritan reflexiones juiciosas desde la Academia. La Fundación Hanns Seidel, desde el inicio, creyó en este proyecto como la forma de incentivar en las generaciones futuras la necesidad de investigar y analizar temas de interés público, necesarios en la construcción de una democracia sólida y garantista. En esta publicación, la número 5, queremos presentar un especial agradecimiento a la Fundación Hanns Seidel por respaldar esta iniciativa y por entender que desde la Academia se pueden gestar grandes cambios, cuando enseñamos a los estudiantes a  investigar,  a  pensar  y  a  sustentar  sus  opiniones con  ideas sólidas y estructuradas.La proyección social de la Constitución de 1991, la libertad de expresión, el proceso de paz, el desplazamiento forzado y las discusiones sobre las tendencias actuales de los derechos humanos, son los temas que a lo largo de estos cinco años han definido el Concurso y han permitido que los estudiantes fortalezcan sus criterios y habilidades investigativas. Esperamos una vez más haber cumplido con el objetivo de promover el desarrollo de nuevas ideas y propuestas en torno a temas que nos interesan a todos, que en últimas son los retos que tiene nuestro país en su deber de proteger los derechos humanos.

Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/justicia-para-la-paz-crimenes-atroces-derecho-a-la-justicia-y-paz-negociada/

Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca son poblaciones palafíticas de pescadores que viven sobre las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta desde hace más de dos siglos. Son comunidades que se destacan, así, por la vida y la cultura que han construido sobre el agua, resultado de un proceso de mestizaje desde la época de la colonia. En el año 2000, estas poblaciones entraron a formar parte de la extensa lista de comunidades afectadas por la violencia en la región Caribe al ser el objetivo de dos de las más grandes masacres paramilitares ejecutadas en la zona: la masacre de Bocas de Aracataca, en febrero de 2000, y la masacre de Nueva Venecia y Buena Vista, en noviembre del mismo año. El presente informe recoge la historia de estas comunidades, de los contextos y situaciones que rodearon la gestación del conflicto en la región, de las masacres allí perpetradas, el desplazamiento masivo de sus pobladores tras los hechos violentos y el retorno paulatino de estas comunidades a su lugar de origen. Mientras en el caso de Bocas de Aracataca la población permanece desplazada, hay un retorno casi total a las poblaciones de Nueva Venecia y Buena Vista. Este informe se ha propuesto rescatar las razones que han conducido a este retorno, y acompañar a sus pobladores en el recuento de la historia de una cultura anfibia que se resiste a desaparecer en manos de la violencia y que reclama el derecho a vivir dignamente en su lugar de origen.

La concepción, investigación y escritura de EL café en Colombia fue un trabajo de la década de 1970. Desde entonces hay muchas novedades tanto en el campo de la producción bibliográfica, como en el mundo cafetero internacional y colombiano. Nuevas investigaciones del tema han enriquecido los aspectos económicos, sociales e institucionales. Sin embargo, estimo que la narrativa y el tipo de análisis de este libro aún se sostienen con solvencia. Al final del último capítulo se afirma lo siguiente: En el cerco tendido al productor campesino -posibilitado por la «revolución verde» en la caficultura y el a censo del productor moderno-- se vislumbran indicios de que el sistema está en capacidad de resolver -por lo menos en el mediano plazo-- el problema de mantener la posición competitiva del café colombiano en el mercado internacional, aumentando la productividad. Si consideramos que en el contexto de esta afirmación «mediano plazo» fueron las décadas de 1970 y 1980 entonces no pareció existir problema grave. Pero a partir de la década de 1990, y más específicamente con el fin de la cartelización de la economía cafetera internacional en 1989 -el fin del sistema de precios-cuotas de la Organización Internacional del Café-, empezaron a emerger problemas de competitividad que, al comenzar el siglo XXI parecen agravarse. En 1989, después de casi un siglo de manipulaciones políticas del mercado internacional del café volvió a imperar el libre comercio. Pero hay una diferencia sustancial con la situación que prevaleció de la segunda mitad del siglo XIX a 1906, cuando el Brasil intervino el mercado mediante el Primer esquema de valorización. Ahora el mercado está muy concentrado y controlado de la cadena de grandes empresas comercializadoras y tostadoras. En la vida real esto quiere decir que a pesar de la caída de los precios del green coffee en las bolsas, ha aumentado considerablemente el precio que los consumidores finales pagan en los supermercados por los cafés solubles tostados o molidos, empacados al vacío. La caída del precio pagado a los países productores se origina en que, dada una demanda que crece muy poco, la producción aumentó fuertemente en la década de 1990, gracias a nuevas técnica en el control de plagas y a la expansión de cultivos. Este es el caso del Brasil y también de Vietnam, un recién llegado que desplazó a Colombia del segundo puesto que ocupara por tantos decenios en el volumen de exportaciones. Esta pérdida de terreno de Colombia puede ser un síntoma de su baja competitividad. De ser así, la causa no hay que buscarla solamente en el sector productivo. Dicho llanamente el sector cafetero colombiano ya no tiene el poder que tuvo hasta 1989. Aunque las actividades ligadas a la economía cafetera continúan siendo las más importante en la agricultura nacional y el empleo del país, continúa disminuyendo su participación en el PIB y en las exportaciones. En consecuencia, quedan cada vez más en el pasado lo tiempos en que la FNCC podía presionar con éxito políticas cambiarías no digamos para mantener una paridad real sino abiertamente devaluatorias. La debilidad del gremio cafetero, en una época de globalización y liberalización de los mercados e manifiesta en que una de las características de la política económica de lo últimos años ha ido mantener una tasa revaluada, pese al panorama catastrófico del mercado del café. Es cierto que la caficultura colombiana continuó modernizándose aceleradamente en el eje cafetero (aunque desde la década de 1980 enfrenta altos sobrecostos por las plagas, la roya y la broca) y que la productividad por unidad de tierra (sacos por hectárea) se ha duplicado en promedio desde 1970. Pero no ha conseguido abatir los costos de la mano de obra. Y todas las faenas del cafeto, siembra, desyerbe, poda, recolección incluido el control de plagas y la aplicación de fertilizantes, siguen siendo altamente intensivas en trabajo. De este modo Colombia es un país de altos costos. El empresario moderno, presentado desde la década de 1960 como el paradigma de las mejores virtudes del caficultor, no parece responder positivamente cuando la política económica no se diseña en función del café. Pero tampoco hay políticas alternativas que consideren la posibilidad de cambiar el uso de la tierra en las fértiles laderas del eje cafetero central y estimulen la producción de café tecnificado en zonas ecológicamente aptas, bien integradas a la red de transportes, donde los niveles educativos son más altos ahora que hace 30 años y los precios de la tierra y de la mano de obra inferiores a los del eje cafetero central. Esas zonas están en lo que llamamos los «departamentos marginales». Es interesante apuntar cómo en el momento de mayor crisis del sector cafetero colombiano desde la guerra de los Mil Días, no hay un sentimiento de crisis nacional ligado al café. Pero en las comarcas cafeteras los signos de los tiempos que corren han cambiado dramáticamente. Un breve ejemplo: cuando las FARC trataron de poner pie en el Quindío, a mediados de la década de 1960, quedaron prácticamente diezmadas. Hoy operan con gran libertad varios «frentes» en el eje cafetero. Pero la violencia guerrillera y contra-guerrillera no es la única fuente de violencia en esas comarcas, si nos atenemos a otros índices de criminalidad. Y entonces parece válido preguntarse si las raíces no están en la forma como se ocuparon y colonizaron en el siglo XIX y primera mitad del XX y en la forma como hombres y tierras se redistribuyeron a la sombra de la Violencia.

Este volumen reúne cuatro obras biográficas de líderes y lideresas de comunidades víctimas del conflicto armado colombiano. Además de reconocer sus vivencias, saberes e historias, las biografías visibilizan los contextos sociales, políticos y culturales que acompañaron las vidas de los protagonistas. Así mismo, este es un texto que recoge la experiencia de personas que han tenido que lidiar con las adversidades y contradicciones de la guerra, convirtiéndose en un espacio para aliviar dolores colectivos que no han tenido el duelo necesario, y en una especie de antídoto contra el olvido.