Teniendo en cuenta la coyuntura que se registra dentro del territorio nacional, con la coexistencia de 2 jurisdicciones transicionales, y la polarización respecto a temas como el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), generaron todo tipo de señalamientos y acusaciones sobre cómo este acuerdo en particular es un aliciente a la impunidad para aquellos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en cuanto se indica que los máximos responsables pagaran penas irrisorias, por ello lo que se pretende en este trabajo es determinar si la implantación del modelo de justicia transicional en especial el que trata la Ley 975 de 2005, y su componente sancionatorio se ajusta a los requerimientos internacionales, así mismo es pertinente indagar si la denominada pena alternativa se compadece con los fines tradicionales de la pena. Finalmente, con este breve texto se pretende instruir al lector acerca de la naturaleza jurídica de la Ley de Justicia y Paz, y en la medida que las fuentes de información lo permitan, crear conciencia sobre la dinámica de un proceso transicional, siendo este modelo de justicia que en virtud de sus propósitos, ostenta una concepción distinta al patrón de justicia tradicional.

Este ensayo constituye un diagnóstico alrededor de la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar más extenso de su historia.  Así, plantea consideraciones sobre la política criminal de este organismo y las repercusiones y expectativas de tal determinación de acuerdo con el contexto colombiano. Para ello, parte por caracterizar el examen preliminar adelantado por 17 años; luego, valora la incidencia de su cierre; y finalmente, estudia las condiciones actuales de la situación de derechos humanos en Colombia y la capacidad institucional para hacerle frente de cara al papel de la Fiscalía de la Corte.  De esta manera identifica las siguientes reflexiones: (i) la necesidad de delimitar las etapas de los exámenes preliminares; (ii) que la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia tuvo (y tendrá) más efectos políticos que prácticos en virtud de la complementariedad positiva; y (iii) los crímenes cometidos luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) constituyen una preocupación latente a la luz de los fines que persigue el Estatuto de Roma.

El 24 de agosto de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el final formal de una guerra de cincuenta años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta guerrilla acordó deponer las armas y participar en las elecciones generales de 2018. Desde entonces, casi seiscientos activistas han sido asesinados, la violencia homicida contra la juventud urbana no dejó de crecer y el prospecto de paz positiva en los territorios negros e indígenas es esquivo. En este contexto, el artículo examina dos preguntas: ¿cómo entender la transición a la paz cuando los tiempos de guerra y los tiempos de paz son experimentados como evento a‐temporal según la alteridad racial de los sujetos? ¿Pueden los marcos normativos de conflicto/posconflicto explicar la transhistoricidad de la experiencia negra en sociedades de la diáspora africana?