Con el objeto de fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo en materia de promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se realizó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM con el fin de implementar el proyecto denominado “Promoción y Monitoreo del Ejercicio de los Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Población en Situación de Desplazamiento Forzado y Receptora Vulnerable, con énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual”, proyecto que responde a la necesidad de superar el vacío de política en el nivel interinstitucional, en donde no existen programas y proyectos destinados a promover y monitorear el ejercicio y la restitución de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños y niñas en condiciones de desplazamiento forzado. En el marco de una primera fase de este proyecto, se ha desarrollado el Módulo de capacitación en Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigido a funcionarios y funcionarias, “De la A a la Z en derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual”, resultado del trabajo coordinado entre la Defensoría del Pueblo, Profamilia y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM. El módulo ha sido diseñado para la promoción, el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de desplazamiento y de la población receptora vulnerable, haciendo un especial énfasis en las problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual. Se basa en un enfoque de derechos dirigido al reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derechos y al Estado y la sociedad como garantes de los mismos con un enfoque de género, y ha sido elaborado con una perspectiva diferencial que tiene en cuenta la condición y posición de las personas, con el fin de hacer visible su situación en términos de acceso al reconocimiento como sujetos de derechos.

La ciudad como albergue para quienes buscando salvar sus vidas se desplazan de sus espacios de origen para sumergirse en el anonimato urbano, aún a costa de la miseria, el desamparo, el desempleo y el hambre, es un hecho que se nos impone día a día. Casi ninguna ciudad de más de dos millones de habitantes en Colombia escapa a este fenómeno siendo Bogotá la más afectada. El arribo cotidiano de estas personas tiende a agravar los desequilibrios existentes, tanto los sociales como los referentes al ordenamiento territorial y la satisfacción de necesidades básicas. Las líneas que a continuación siguen no buscan en ningún momento profundizar en las secuelas psicológicas generadas por el desarraigo; tampoco pretendo adentrarme en el aspecto político-ideológico del problema. El objetivo del presente artículo es visibilizar cuantitativamente la situación de los(as) desplazados(as) para a partir de allí evidenciar la relación ciudad-desplazamiento en el marco de las complejas consecuencias que ello implica para la planeación y el desarrollo humano sostenible en el Distrito Capital.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

En el marco de la Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios y del día Internacional de No a la Violencia contra las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Casa de la Mujer, convocaron el 26 de noviembre de 2004 al Encuentro Distrital "Una realidad oculta: El desplazamiento forzado de las mujeres en la ciudad de Bogotá". La realización del encuentro tiene un importante antecedente. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz — APSCP-, en octubre de 2003 celebró su IV plenario en el cual aproximadamente 3000 personas de todo el país, coincidieron en la necesidad de impulsar una Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios, la cual, fue presentada a la opinión pública el 15 de julio de 2004 con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales y no gubernamentales, de ciudadanas-os colombianas-os. Desde entonces decenas de organizaciones y miles de personas, han adherido al llamamiento. El Encuentro integró la reflexión acerca del desplazamiento forzado y su impacto en la vida de las mujeres en Bogotá, con expresiones culturales, artesanales y un festival gastronómico. Con el festival se pretendió no sólo mostrar e integrar la diversidad de comidas regionales, sino también que las mujeres obtuvieran algunos recursos económicos destinados al fortalecimiento de sus procesos organizativos. Asimismo, el Encuentro fue un espacio para presentar la Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios; sensibilizar y divulgar acerca del impacto diferencial del desplazamiento forzado y la violencia contra las mujeres en Bogotá; entregar elementos teóricos básicos acerca de los instrumentos internacionales y nacionales que reconocen y protegen la participación de las mujeres en los procesos de negociación de los conflictos armados; establecer contacto con algunas agencias gubernamentales y de cooperación y por último, generar acercamientos para futuras alianzas con estas entidades que les permita a sus organizaciones incidencia política y gestionar recursos para sus procesos. Por medio de esta publicación socializamos parte de la experiencia que la Casa de la Mujer ha obtenido en el trabajo con mujeres en situación de desplazamiento con el propósito de visibilizar y sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y a las organizaciones que integran la APSCP acerca de la problemática del desplazamiento en Bogotá.

Este estudio muestra una alternativa de vida que desarrollan mujeres organizadas, frente a las experiencias de muerte, maltrato y desplazamiento que han sufrido ellas, sus familias y las comunidades colombianas durante más de la mitad del siglo XX. Es la alternativa de vida que han ido construyendo las mujeres en tres departamentos, Cauca, Chocó y Nariño, que sufren intensamente los rigores de un conflicto armado que no tiene trazas de terminar. La lógica imperante de los actores armados que ha padecido la nación colombiana, ha incidido en las culturas territoriales; el uso de la fuerza y el abuso del poder para apropiarse de los territorios han engendrado nuevos escenarios en donde la coerción y el atropello son el orden de la cotidianidad. Se ha instaurado una cultura que gira en torno de la guerra. En muchas regiones del país los niños, niñas y jóvenes sueñan con pertenecer a un grupo armado y portar un arma; existe una distorsión de los imaginarios colectivos que ha empañado las tradiciones y las costumbres regionales. Fenómenos como el desplazamiento, el confinamiento, los bloqueos, entre otros, impiden el normal desarrollo cultural de los pueblos, de modo que hombres, mujeres y niños abandonan sus raíces buscando refugio en espacios ajenos a su individualidad, las comunidades únicamente se preocupan por sobrevivir y cambian el movimiento habitual y lógico de sus vidas, deconstruyendo así el tejido social que soporta la multiculturalidad de nuestro territorio. Actualmente, un número asombroso de colombianos lucha por su vida, territorio y cultura; miles de personas trabajan por conservar la esencia de sus legados culturales y se resisten a renunciar a lo que consideran propio, a pesar de las condiciones que enfrentan de pobreza, exclusión y vulnerabilidad extrema. Comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrocolombianos y otros grupos étnicos afrontan las consecuencias de las disputas por el poder político, económico y sociocultural generadas por los grupos involucrados en el conflicto armado colombiano. Sorprendentemente, a pesar de la cruda realidad de este país, comunidades enteras trabajan en medio de la guerra para conservar lo que aún tienen y, en muchos casos, recuperar lo que les ha sido arrebatado en medio de esta disputa bélica. El sueño de alcanzar una cultura de paz es objetivo de muchas y muchos colombianos y así lo demuestra la labor llevada a cabo por las personas que integran las iniciativas que mostramos en el presente estudio.

La imagen de una joven viuda, en estado de gravidez avanzado, abrazando al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en su visita a Colombia en el pasado año 2000, recorrió el mundo entero y sacó a la luz pública la punta del iceberg del colectivo de mujeres que han perdido a sus esposos, compañeros o amantes en hechos relacionados con la violencia que azota al país. El fallecido esposo de la viuda que nos mostró la prensa pertenecía a las Fuerzas Armadas, y los que la vieron quedaron con la impresión que de alguna manera, ella y su hijo póstumo quedaban protegidos por los beneficios que la nación ofrece a quienes dan la vida a su servicio. Si bien es claro que los miembros de las Fuerzas Armadas, en su gran mayoría hombres, se dedican a ocupaciones donde el riesgo de morir es muy alto y está siempre presente, existen otros grupos sociales también afectados por el conflicto armado y la violencia social donde la muerte deja a su paso la ausencia de los hombres. Ellos saben esto y hacen esfuerzos para protegerse. Por ejemplo, al observar un grupo de soldados de cerca, se podría pensar que las medallas y estampitas de la Virgen o del Divino Niño hacen parte de la indumentaria militar pues casi todos las llevan, de manera evidente, como signo de amparo y salvaguarda del peligro de muerte que los acecha a diario. La muerte a pesar de ser muy visible -la vemos a diario obscenamente en los noticieros- no siempre se evidencia en los seres que se ven afectados. El luto y el dolor se llevan por dentro y no se muestran en público. Las marcas evidentes de antaño como el luto riguroso durante varios años, han desaparecido. Por eso las personas afectadas pueden estar a nuestro lado, pero no las vemos vestidas de negro o llorosas. También se nota su ausencia en los libros sobre la historia de la violencia, las investigaciones sociales y demográficas, y los programas estatales que no las tienen en cuenta.

En este artículo se aborda el estudio de las relaciones, los aprendizajes, las experiencias y las proyecciones surgidas en el proceso de montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, trabajo realizado a partir de las vivencias de un grupo de mujeres desplazadas del Pacífico colombiano, a principios de la década pasada. Se pretende aquí dar cuenta de la importancia que el teatro de mujeres ha tenido en la construcción de las subjetividades de las participantes, como fruto de un proceso en el que el hacer artístico se constituye en herramienta pedagógica y política, que contribuye a la construcción de saberes significativos para la formulación de nuevos proyectos de vida. A partir del análisis realizado, las conclusiones del trabajo ponen de presente la importancia y aun la urgencia de usar eficazmente los aportes del arte, particularmente el teatro de mujeres, en procesos de educación popular.

Nuestro Derecho a la Justicia: Impunidad del Delito de Desplazamiento Forzado en el Marco del Conflicto Interno Armado Colombiano y Vulneración del Derecho a la Organización - El Caso de la Liga de Mujeres Desplazadas. Basado en el texto “ Impunidad del Delito de Desplazamiento Forzado en el Marco del Conflicto Interno Armado Colombiano y Vulneración del Derecho a la Organización: El Caso de la Liga de Mujeres Desplazadas” . Monografía de Patricia Guerrero Acevedo para optar al título de Especialista en Derecho Internacional Humanitario ante la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia en el año 2004.

La migración tiene impactos potencialmente positivos o negativos en la igualdad de género y el desarrollo. Esta colección cuenta con una gama de materiales que exploran las conexiones entre migración, género y desarrollo, y qué se puede hacer para mitigar los riesgos de la migración y fomentar sus efectos positivos.