Este Informe de Expertas Independientes fue encargado por UNIFEM en respuesta a la Resolución 1325, como parte del esfuerzo para continuar la documentación y el análisis del impacto específico de la guerra en las mujeres y su potencial para contribuir en todos los aspectos de los procesos de paz. Este trabajo constituye también una respuesta directa al pedido de informe sobre las dimensiones de género de los conflictos armados y su importancia para la paz y la seguridad internacional. El informe acompaña al estudio emprendido por el Secretario General de la ONU según lo estipulado en la Resolución 1325.111 Dicho estudio brinda un panorama más detallado sobre el trabajo del sistema de Naciones Unidas, el cual se centra en las experiencias de las mujeres que han vivido una guerra, desplazamientos, y en sus esfuerzos por reconstruir sus sociedades. Si bien el enfoque de ambos informes difiere, durante nuestras visitas observamos los desafíos que enfrenta el sistema de Naciones Unidas al momento de honrar los compromisos asumidos por los gobiernos respecto de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Detectamos que muchas oportunidades se pierden debido a la insuficiencia de recursos y coordinación, la incapacidad para centrarse en la protección a las mujeres y la promoción de su papel en los procesos de construcción de la paz.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

La verdad de las mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. El informe da cuenta de una experiencia. Como investigación en el campo de derechos humanos que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, esta es una sistematización que describe un proceso realizado por más de mil mujeres y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Este documento ofrece una primera mirada sobre la problemática de los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra en Colombia, con miras a describir su devenir histórico, visibilizar las dificultades persistentes e identificar los retos tanto para la política pública como para los movimientos de mujeres que buscan ampliar y consolidar su ciudadanía. La preocupación por esta temática se enmarca dentro de los dos objetivos del Programa de Paz y Seguridad de UNIFEM en Colombia: visibilizar el impacto diferenciado del conflicto sobre las mujeres y fortalecer los enfoques de prevención y protección para mujeres afectadas por el conflicto.

Con la agudización del conflicto armado en nuestro país, se ha hecho evidente la grave situación por la que atraviesan miles de niños, niñas y jóvenes quienes además de ser víctimas frecuentes, están vinculados a algunos de los ejércitos en conflicto o simplemente hacen parte una sociedad asediada e impotente; en otras palabras pertenecen a una generación de colombianos y colombianas que crece y se desarrolla en medio de la guerra. De ahí la proliferación de escenarios donde actores de organismos internacionales, del Estado y de la sociedad civil discuten y analizan los impactos del conflicto armado sobre la vida de niños, niñas y jóvenes colombianos, los vacíos de tipo jurídico y normativo para atender la problemática y la carencia de adecuados modelos de intervención, entre muchos otros. Más allá de nuestras fronteras, el impacto de la guerra sobre los niños, niñas y jóvenes es una de las grandes preocupaciones mundiales incluida en el Plan de Acción a favor de la infancia para la década que comienza; documento que iba a ser suscrito por un gran número de jefes de Estado en una reunión especial de la ONU prevista para mediados de septiembre del 2001, la cual fue aplazada después del ataque terrorista a la ciudad de Nueva York. Podríamos afirmar que el tema está al orden del día y tiende a colocarse cada vez más en un lugar de especial importancia. Ello no significa su total olvido en años anteriores -de hecho a lo largo de la década pasada el tema fue objeto de atención, en especial por la grave situación generada por el desplazamiento forzado- su importancia actual resulta de reconocer que hemos llegado a una situación límite, a una verdadera emergencia social y humanitaria.

Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llamada violencia política que se han experimentado en el país en los últimos decenios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanencia, terminan siendo parte del transcurrir "normal" de la sociedad colombiana. El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no se haya "naturalizado", significaría una catástrofe, una tragedia nacional que obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabilidades profundas por parte de quienes están "legítimamente" designados y facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así como de quienes, desde el lado de la "ilegalidad" o de la "para institucionalidad" y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada y democrática. En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de propiciar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado l . Es decir, se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia política en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar y colectivo se establecen en este lugar.

El 25 de noviembre de 2003, en la conmemoración del Día Internacional del no a la Violencia contra las mujeres, cerca de tres mil mujeres habían llegado a Puerto Caicedo, Putumayo en la Movilización Nacional de Mujeres Contra la Guerra, para visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional, los efectos del conflicto armado y el Plan Colombia en la vida y el cuerpo de las mujeres, las niñas y las jóvenes de esta región del país. Bajo el lema Fumigación = Miseria, una vez más la Ruta Pacífica, Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Mesa Nacional de Concertación, expresaban un NO ROTUNDO A LA GUERRA Y LAS VIOLENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, y exigían al Estado colombiano una salida negociada al conflicto armado que desangra a este país desde hace 50 años.

Este documento es producto de una sistematización de investigaciones sobre desplazamiento forzado y reasentamientos, realizadas en Cali por estudiantes del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle a fin de presentar sus tesis de grado. Se emplea una metodología que integra elementos de la antropología urbana y la geografía de género, para el análisis de las trayectorias de vida de desplazados y desplazadas que han ido construyendo ciudad, con atención especial a la manera como se han asentado de hecho, a sus estrategias de supervivencia, y a la apropiación del espacio citadino de manera diferencial por los hombres y las mujeres.