El texto que se presenta a continuación es resultado de un proceso que dio inicio en 2011, cuando la comunidad del corregimiento de Santa Cecilia se acerca al Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, y a partir de este contacto, arranca la construcción colectiva de una propuesta que se enfocó en la generación de herramientas narrativas para reconstruir la historia del conflicto armado en el corregimiento. En este marco, el equipo planteó la necesidad de entender las dinámicas del conflicto vivido por la comunidad y cómo este fragmenta o transforma los lazos sociales que le permiten subsistir. Para presentar y entender las dinámicas que construyen y consolidan lo que se entiende por ""lazos sociales de una comunidad"", se diseñó un modelo de investigación que parte de observar la participación de la comunidad de Santa Cecilia en las prácticas culturales, su importancia en la cohesión social y la manera como el conflicto armado vulneró y afectó la vida de todas las personas del corregimiento. La metodología se desarrolló por medio de encuentros participativos en cuatro de los lugares del departamento del Cesar en donde se concentra la mayoría de la población: corregimiento de Santa Cecilia, municipios de Astrea, El Paso y Valledupar. En las últimas dos poblaciones se encuentra el mayor número de personas en situación de desplazamiento. Descripción tomada de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/en-el-bolsillo-seguimos-canaleteando

El despojo de los labriegos de las parcelas El Toco, El Platanal y Santa Fe, localizadas en San Diego, Agustín Codazzi y Becerril, municipios cesarenses en la Serranía del Perijá se inscribe en una década de profundos cambios en el Gran Magdalena que se inicia en 1996. Es una década de transición desde economías agropecuarias en las cuales los campesinos parceleros se inscribieron en la ola de la reforma agraria y lucha por el acceso a la tierra, al predominio de la economía del carbón y su multinacionalización. Los conflictos agrarios de primera generación fueron impactados por el despojo violento en una triple dinámica que se conjuga de hecho: Reconfiguración violenta del territorio. Por un lado, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incursionan en Magdalena y Cesar para disputar control territorial y social a las guerrillas que tenían sus bases en la Serranía del Perijá, a lo largo de la frontera norte con Venezuela y extendían su radio de acción en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar. Esa incursión violenta se orienta en contra de los campesinos parcelarios y sus logros con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y precipita un mercado violento de tierras y un reordenamiento de la propiedad en función de proyectos mineros y acaparamiento de tierras para ganadería por parte de paramilitares. Este informe busca contribuir a la reparación de las víctimas, mediante la divulgación de los hechos ocurridos, particularmente de las masacres expulsoras y los subsecuentes desplazamientos, entre otras violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. También intenta hacer visible las causas y efectos de la violencia desplegada en una región transformada en desarrollo de las políticas de globalización y apertura económica. Descripción tomada y adaptada de la introducción a este documento

Este libro de profundización presenta los análisis e información estadística correspondiente al volumen étnico: "Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos en Colombia", y desarrolla en detalle los análisis estadísticos contenidos en este volumen. Los vacíos de información y las fallas en los registros oficiales sobre los pueblos étnicos son una de las expresiones del racismo institucional, que da cuenta de la responsabilidad del Estado y sus fallas en la garantía de sus derechos, y refleja cómo se ha pensado la construcción del Estado, de espalda a la realidad cultural y étnica que lo integra desde su fundación. La falta de información estadística clara respecto a la población étnica del país limita la creación de programas de atención y políticas públicas dirigidos a sus necesidades específicas, lo que redunda en la continuidad de la exclusión y marginalización, y agudiza las condiciones de vulnerabilidad de estos pueblos. En el marco del conflicto armado, este problema no ha pasado desapercibido y su persistencia ha sido una de las mayores dificultades advertidas por instituciones, organizaciones y víctimas en los diferentes territorios del país.

Incluye referencias bibliográficas (páginas 299-318)

Bibliografía: páginas [242]-250

El presente documento hace parte de la serie "Informe de derechos humanos de las mujeres en Colombia" que la Red Nacional de Mujeres y el Observatorio de derechos humanos de las mujeres en Colombia, "En situaciones de conflicto armado las mujeres también tienen derechos", publicaron en los años 2003 - 2005. En esta oportunidad el informe centra su atención en las Mujeres en Situación de Desplazamiento MSD-, durante lo corrido del período presidencial de Alvaro Uribe Vélez (2002 - 2005) a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa suministrada por diversas fuentes oficiales y no oficiales. El documento permite contrastar la realidad, en términos de realización de derechos para las MSD, con los desarrollos de la política pública, a la luz de los estándares normativos nacionales e internacionales exigibles para el Estado colombiano.

En Octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que reconoce el impacto diferenciado de los conflicto sobre las mujeres, la infravaloración del trabajo de prevención y de construcción de la paz de las mismas en las guerras y el valioso liderazgo que asumen en la reconstrucción de sociedades en situación de conflicto, como piezas claves para la consecución de la equidad de género y la promoción y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En este sentido, la Resolución insta a los gobiernos y las instituciones concernidas al desarrollo de estudios y análisis sobre el impacto de los conflictos armados sobre mujeres y niñas, el papel de las mujeres en la construcción de la paz y las dimensiones de género de los procesos de paz y resolución de conflictos así como al incremento de la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones para la prevención, gestión y resolución de conflictos y construcción de la paz. Asumiendo el mandato de la Resolución 1325, el Programa de Paz y Seguridad de UNIFEM en Colombia se propuso a través de una consultoría, la elaboración y publicación de este documento que pretende visibilizar cómo las mujeres colombianas se están viendo afectadas por el conflicto desde una mirada de género, así como recoger algunas valiosas iniciativas que éstas han promovido a nivel local, regional y nacional para la negociación política del conflicto y la búsqueda de la paz.

Este libro contiene una selección de textos que se expusieron en el Seminario Internacional Familias, Cambios y Estrategias, realizado en octubre de 2005, convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia. Los artículos muestran la pluralidad de interpretaciones sobre el complejo mundo de la familia como realidad social, histórica, cultural y política, en contextos de cambio producidos por la globalización, las crisis económicas y la violencia. El texto aborda algunas alternativas de intervención proyectadas a la promoción y defensa de los derechos de las familias como unidad social compleja.

El desplazamiento forzado es sin duda la mayor tragedia humanitaria que haya vivido el país. Como consecuencia del conflicto armado colombiano más de tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares de residencia en busca de protección para sus vidas, su integridad y dignidad. A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para atender esta grave violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, aquellos han sido insuficientes. La superación de los problemas sociales y especialmente los de aquellos sectores sometidos a condiciones de vulnerabilidad, requieren de la formulación de políticas públicas integrales con enfoque diferencial, es decir, políticas que atiendan la particularidad de las necesidades de la población víctima del desplazamiento forzado. Por lo anterior y consientes del vacío de una política interinstitucional que desarrolle programas y proyectos destinados a intervenir específicamente las necesidades en materia de promoción, ejercicio y restitución de los derechos de la población en situación de desplazamiento, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la Defensoría del Pueblo como organismo responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos mediante acciones integradas de promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, con el apoyo técnico y financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, ejecutó el proyecto “Promoción y monitoreo del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual”, encaminado a fortalecer y desarrollar procesos comunitarios y territoriales para la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de desplazamiento forzado. La ausencia de una línea de política de derechos humanos que visibilice y analice la promoción y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del desplazamiento forzado interno, y de acciones específicas de promoción de derechos sexuales y reproductivos de ésta población, se traduce en una grave afectación a los derechos sexuales y reproductivos que hacen más gravosa la situación del desplazamiento, particularmente de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, principales víctimas del desplazamiento. Esta situación impacta particularmente a las mujeres quienes en gran número se convierten en jefes de hogar a causa de la viudez, de la ruptura de sus relaciones de pareja o por la pérdida de su compañero o de sus hijos e hijas, lo cual hace recaer en ellas la responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la familia. Adicionalmente, muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, entre otras, por parte incluso de actores armados. Si bien estas afectaciones cuentan con una sólida base testimonial en su gran mayoría no son denunciadas ni judicializadas por las entidades competentes para su investigación. Las condiciones psicosociales, la transformación de los roles familiares, así como el incremento en los niveles de hacinamiento contribuyen al aumento del riesgo de las mujeres, las niñas y los niños a sufrir alguna de estas violencias. Frente a esta problemática se evidencia un nivel bajo de denuncia por falta de acompañamiento y de garantías para las víctimas, lo cual redunda en impunidad e invisibilización de estas violencias. Lo anterior justificó la necesidad urgente de desarrollar acciones atendiendo la misión institucional de la Defensoría del Pueblo y los programas permanentes y sostenidos en promoción de estos derechos, con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, liderados por la Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, en coordinación con la oficina para la atención a la población víctima del desplazamiento.

La Red Nacional de Mujeres entrega su Informe sobre Derechos de las Mujeres en Colombia, en una coyuntura en la cual el debate acerca del derecho a la vida y la integridad de las mujeres es uno de los ejes destacados en la controversia pública, al lado de la polémica por el derecho de las víctimas del conflicto armado, en particular de los paramilitares a la verdad, la justicia y la reparación. La violencia contra las mujeres es un problema de Estado y su pervivencia supone un déficit democrático. Las violencias contra las mujeres son el tema central de este trabajo, demostradas con cifras y reflexiones específicas de investigadoras feministas en torno a los escenarios y afectaciones en la vida de las mujeres, las obligaciones y compromisos del estado y la sociedad colombiana para garantizarles una vida libre de violencias y el derecho a la justicia cuando han sido víctimas de ellas. El esfuerzo de realizar y entregar al país este informe ratifica nuestro compromiso ciudadano como sociedad civil, para contribuir a la construcción de la democracia colombiana, desde la visibilización de aspectos críticos de la condición femenina que obstaculizan el logro de la paz, la justicia y la equidad. Pretendemos incidir en la formulación y vigilancia de políticas de estado y para provocar en la opinión nacional reflexiones, análisis y búsqueda de alternativas para superarlas, en particular aportar al proceso por la verdad la justicia y la reparación para las mujeres víctimas sobrevivientes a la violencia de género en el marco del conflicto armado. En este texto las distintas ramas del poder público, la sociedad civil y los partidos políticos encontrarán demostraciones y argumentos suficientes para desarrollar iniciativas que afronten este grave problema nacional. El fantasma del sufrimiento ocasionado por las violencias contra las mujeres ha recorrido la historia humana, pero hoy, a diferencia de los siglos anteriores, se adelantan en el mundo campañas y movimientos comprometidos con la visibilización y erradicación de este flagelo, con sanciones para los culpables y medidas preventivas, educativas, éticas y culturales para transformar las identidades y relaciones patriarcales, el sexismo y la misoginia que las justifican y reproducen. El Tribunal de Viena, fue un hito en la historia del movimiento de las mujeres por los derechos humanos y contra la violencia de género. Después de varios años de trabajo y de lucha, logró en 1993, que la Cumbre Mundial de Derechos Humanos convocada por Naciones Unidas, declarara que la violencia contra las mujeres en los espacios de la vida pública y privada, es un crimen contra los derechos humanos y un asunto de estado, de cara a los compromisos internacionales en esta materia. Allí se adoptó la decisión de crear una Relatoría Especial para documentar la violencia contra las mujeres en el mundo. Sin embargo, aún no se cuenta con un instrumento internacional vinculante de la ONU para comprometer a los estados en este empeño, en el sistema americano, tenemos la Convención de Belem Do Pará de la que se habla ampliamente en este informe. La teoría feminista es un cuerpo teórico crítico de la sociedad, aporta nuevas visiones e interpretaciones de la realidad para su resignificación (Amorós, 1998) permite ver cosas que sin ella no se ven y exige formular otros marcos de referencia. Desde los años 80 del siglo XX, la teoría feminista ha contribuido a la redefinición de la violencia contra las mujeres, a hacerla trascender de drama personal a proceso social, en el marco de la construcción, difusión y aceptación en un nuevo marco interpretativo, asociada al éxito de las recientes y continuas movilizaciones por medidas urgentes que no han dependido solamente de la existencia de la violencia, ni de su aumento, sino de la forma en que la teoría feminista la ha caracterizado y del modo en que el movimiento ha gestionado e incidido para lograrlo. Las violencias masculinas contra las mujeres y las niñas por el mero hecho de serlo, depredan sus cuerpos, degradan su dignidad de humanas, constituyen el más grave obstáculo para el acceso a los derechos, libertades y garantías individuales y sociales de millones de mujeres en el mundo. Están comprendidas en la categoría que las nombra como violencia de género, originada en el desequilibrio de las relaciones de poder entre ambos sexos y que se ejerce para dominar y someter. Es además un crimen invisibilizado y subvalorado por la cultura sexista que circula en torno al cuerpo y la dignidad femenina y que garantiza el ciclo de la impunidad, que niega el restablecimiento del derecho, el tratamiento adecuado para superar los traumas provocados y las medidas disuasivas para contenerla y poner fin a esta vergüenza Afecta a las mujeres de todas las clases, países, procedencias culturales, étnicas, razas, religiones, etc. Lo que ocurre a las mujeres por causa de las violencias le ocurre a la humanidad, es "el sentido de lo humano en cada uno de nosotros, es la humanidad entera lo que se niega, lo que se viola y lo que se desprecia maltratando a las mujeres. Irene Kahan, secretaria de Amnistía Internacional afirma que" ... el problema de la violencia contra las mujeres es una atrocidad mundial: está ampliamente presente, tanto en la habitación conyugal como en las calles como en los campos de batalla.” Es de tal magnitud la crisis ocasionada por la violencia contra las mujeres y las niñas que podría calificarse como emergencia humanitaria y como un problema de salud pública mundial. A pesar de lo anterior las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, no incorporan explícitamente la remoción de este flagelo de la humanidad femenina y ha provocado una amplia movilización y expresiones del movimiento de las mujeres y de diversos sectores académicos y sociales. Este informe se ocupa de las violencias cruzadas que afectan la garantía de los derechos humanos para las mujeres y las niñas, está organizado en dos grandes partes. En la primera entregamos reflexiones, en el primer capítulo enfocadas desde la violencia en la vida de la familia, con un documentado trabajo sobre la Sagrada Violencia Intrafamiliar que registra las dificultades de sus víctimas para acceder al derecho a la justicia, las imprecisiones y obstáculos en el sistema legislativo y judicial para sancionar estos delitos, así como una muestra del este fenómeno en dos regiones del país. En el segundo capítulo se presentan Reflexiones sobre las afectaciones de las mujeres por el conflicto armado, en dos trabajos, el primero se ocupa de reflexionar desde la filosofía y la teoría feminista, el devenir mujer en el marco del conflicto armado y las afectaciones sobre el cuerpo y la dignidad de las mujeres. El segundo hace un juicioso trabajo de investigación y de análisis de datos sobre las mujeres desplazadas por el conflicto armado. La segunda parte presenta las Violencias contra las mujeres en cifras, en la que se hace el análisis estadístico de los tipos de violencia que afectan a las mujeres y un documentado sistema de tablas que soportan este análisis y por último se entregan una serie de recomendaciones. Este trabajo se ha logrado con el esfuerzo comprometido de la Red Nacional de Mujeres en sus 12 nodos departamentales y sus 70 organizaciones vinculadas en marco del Programa Democracia y Derechos Humanos de la Unión Europea y con el apoyo de MSD-USAID, con la dedicación y cuidado del equipo de investigadoras, analistas, autoras de los ensayos y de redacción del texto final. Se recopila información tanto de organismos del Estado como de organismos no gubernamentales. La información de organizaciones públicas consultada y procesada es la que producen para el análisis de la condiciones de vida de la población colombiana y/o con miras a la formulación de políticas públicas en lo relativo a la problemática social, económica y política del país, también se recurre a información cuantitativa compilada o producida por organismos no gubernamentales y por estudios especializados En la medida en que no recoge información de fuentes primarias los datos que pone a disposición este informe tienen la limitación de manejar solo las variables sobre las cuales otras instancias reportan información. La información procesada se presenta en tablas organizadas por derechos y por temas. En general para cada tema se calcularon dos tipos de porcentaje: el que permite establecer una comparación entre la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres y por años, lo que permite establecer comparaciones al interior de cada grupo poblacional, las referencias bibliográficas completas se encuentran en cada tabla. Es importante resaltar que encontramos en las fuentes consultadas un mayor interés por la cuantificación de lo que sucede a las mujeres, en particular, es de justicia reconocer los avances y el compromiso del Instituto de Medicina Legal con la visibilización y el análisis de la condición de las mujeres en su información. Con esta herramienta pretendemos denunciar, documentar sistemáticamente situaciones que afectan los derechos humanos de las mujeres, exigir el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que vinculan al estado colombiano y hacer público nuestro compromiso para apoyar los avances logrados, para aportar en la formulación de propuestas de solución y en la convicción de que esta es una importante aporte en construcción de una democracia incluyente que garantice la paz, la libertad, la seguridad y la justicia social en la casa y en el país a todas y a todos sus habitantes.