Por:
Rafael Pizarro-Nevado
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Fecha:
14/03/2010
En España pueden encontrarse ejemplos similares a los de Colombia en materia de autonomía administrativa, como la autonomía reconocida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el ente público Radio Televisión Española, las universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, por supuesto, el Banco de España. Y nada se opone a que por ley se constituyan nuevas entidades en régimen de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la administración general del Estado. A fin de garantizar su actuación neutral la legislación española introduce ciertos elementos correctores como la intervención del Congreso en el nombramiento de sus órganos directivos, o la asignación a los miembros de los mismos de un estatuto jurídico caracterizado, en lo sustancial, por la garantía de inamovilidad -salvo tasadas causas de cese-- en el desempeño del cargo y por la duración limitada de éste. Y sobre todo gozan de autonomía funcional en el desarrollo de su actividad y en la adopción de las correspondientes decisiones, que no pueden quedar sometidas a instrucciones, directivas u órdenes gubernamentales, ni ser fiscalizadas por la administración a la que estén vinculadas.
Fuente:
Universidad del Rosario - Estudios Socio-Jurídicos
Formatos de contenido:
Artículos
