Hojas de Warmi es una referencia ya indispensable en el haber historiográfico de los estudios de género y la investigación feminista, y significada en su proyección sobre América Latina. Publicación ciertamente única en el panorama académico español que es editada por el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, SIMS, de la L'Universitat de Barcelona y dirigida por su fundadora Lola G. Luna, profesora titular de Historia Contemporánea de América desde 1977 y emérita a partir de 2008 en la misma universidad.

A partir de entrevistas videográficas a mujeres latinoamericanas en calidad de representantes gubernamentales involucradas al más alto nivel en el dictado de políticas públicas para las mujeres, y desde una propuesta teórica fundamentada en el género y la diferencia sexual enfocados como productos discursivos en la historia, se analizan dos temas: la utilidad de las Conferencias Mundiales de la Mujer de Naciones Unidas y cómo esas representantes (ministras, directoras generales o secretarias de estado) se sienten en el poder.

Del 23 de noviembre al 26 de noviembre de 1996, motivadas por el rechazo contundente y a la guerra que impera en nuestro país, más de 1.000 mujeres procedentes de Pasto, Putumayo, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Nariño, Ibague, Bogotá, Meta, Manizalez, Pereira, Cordova, Riosucio, Bolívar, los Santanderes, Cundinamarca, Choco, nos trasladamos en 35 buses hacia Mutatá, Urabá, buses ordenados con motivos multicolores, banderas blancas, pancartas, estrellas brillantes. No faltaron los imprevistos, entre Dabeiba y Mutatá un derrume nos impedía continuar, esperamos varias horas y al fin proseguimos nuestra decidida marcha de solidaridad. En el puente del gran río que baja de la serranía de Abibe nos recibieron con los brazos abiertos comunidades negras, mujeres de Urabá, Apartado, comunidades indígenas y el pueblo de Mutatá cuyas pancartas decían: "Bienvenidas mujeres unidas por la paz de Urabá, Mutatá", "Queremos vivir con Papá y Mamá, no más violencia por favor"…

Desde la década de los 90, las luchas por la ciudadanía sexual se han hecho más visibles en la región. Una amplia gama de movimientos sociales que operan desde diversos espacios han comenzado a tratar el tema de los derechos de las personas que han sido discriminadas debido a su identidad sexual y/o de género. Estos movimientos, junto con movimientos feministas y movimientos de mujeres más consolidados, han ayudado a replantear el significado del sexo, género y la sexualidad conforme a la manera en que estos configuran los estados-nación modernos y las nociones de ciudadanía.

Nada ha sido regalado ni fácil de conseguir. Detrás de cada uno de los derechos humanos de lesbianas, hombres gay, bisexuales y transgeneristas (LGBT) que Colombia ha reconocido, están escritas grandes luchas de organizaciones y de la comunidad durante décadas de activismo y resistencia. Se trata de luchas colectivas e individuales de cientos de miles de personas que han tenido que reconocer, aceptar, vivir y defender su orientación sexual y su identidad de género contra todo tipo de oposiciones: en la familia, el colegio, la iglesia, la oficina, el hospital, y en todos los demás momentos y lugares donde quiera que hacen su vida. Han tenido que vivir bajo el peso cruel y excesivo de una mirada sociocultural que niega, ignora o rechaza a quien se expresa diferente de cómo lo harían quienes siguen el modelo imperante, esto es, la única posibilidad de ser, sentir y vivir para todas las personas. No obstante algunos cimientos de esta problemática han comenzado a ceder en la medida en que la situación, las necesidades y los intereses de hombres gay y lesbianas se han ido reconociendo, investigando y debatiendo cada vez más en universidades, medios de comunicación, plazas públicas, partidos políticos y entidades estatales. La progresiva visibilidad de la población y de las organizaciones LGBT ha sacado las discusiones sobre sus derechos humanos de la clandestinidad y del ámbito de “lo privado” hasta llevarlas a las más altas instancias de poder de acción y decisión en el país. A partir del 2007 se empezaron a tomar las decisiones judiciales más importantes en Colombia sobre las parejas del mismo sexo. Fue mediante una serie de sentencias que sobre los derechos patrimoniales, de afiliación en salud y de pensión del sobreviviente promulgó la Corte Constitucional. Sin embargo, las leyes y las políticas públicas en Colombia todavía no se parecen a la realidad. Aunque la discriminación está prohibida por ley, persiste, es muy cruel, cotidiana, y se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Las encuestas sobre cultura ciudadana de los últimos años1 muestran que los niveles de intolerancia en Colombia contra la población LGBT son altos. Según la Encuesta Bienal de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el 82.4% de los bogotanos considera que los hombres gay y las lesbianas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano; sin embargo, al 57.44% no le gustaría tenerlos como vecinos. En este mismo sentido se pronunció un 48.9% de los encuestados en Medellín, un 39.2% en Cali, un 62.6% en Neiva y un 53% en Santa Marta. Si bien estas cifras de intolerancia son preocupantes, no alcanzan a reflejar los verdaderos alcances de una grave problemática que limita la vida de la población LGBT en el país: la discriminación y la homofobia. Para documentar esta situación hacen falta protocolos y bases de datos que incluyan la orientación sexual o la identidad de género como un factor relevante de los estudios que llevan a cabo organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales que monitorean las violaciones de derechos humanos en el país. Investigación para el activismo: Con la certeza de que una mayor producción de estudios y análisis posibilita un mejor diagnóstico y ofrece un sustento sólido de las políticas y de las acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos LGBT, Colombia Diversa optó por el camino de la investigación y de la incidencia política. La Organización reconoce que cualquier acción es más pertinente y efectiva si se sustenta en una información veraz y precisa, capaz de sugerir las adecuaciones y los cambios necesarios para la vigencia plena de los derechos. Desde su creación, en el año 2004, el trabajo de investigación de Colombia Diversa ha sido constante. En el 2005 publicó Voces excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, un estudio sobre la legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los derechos humanos con respecto a las personas LGBT. Luego Colombia Diversa emprendería la observación sistemática de las violaciones de los derechos humanos y de la reacción gubernamental frente a la problemática. Sobre esta ruta, en el 2006 presentó el primer Informe de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, que recogió y analizó la información sobre los casos de este tipo de violaciones ocurridas en Colombia durante los años 2004 y 2005. El presente informe se refiere a los casos y situaciones correspondientes a los años 2006 y 2007. Con respecto al anterior, este documento incluye dos capítulos adicionales de gran relevancia. El primero se ocupa de las acciones gubernamentales de cara a los derechos de la población LGBT, y pretende aportar elementos para la concepción y puesta en marcha de los planes de desarrollo municipales y departamentales que serán aprobados en el año 2008. El segundo ofrece muestras representativas del papel de los medios de comunicación en relación con los imaginarios sobre la población y los derechos de las personas LGBT. Este informe, por último, incluye una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la situación.

Descripción y recorrido de las actividades de los Clubes de Memoria y su participación en el programa Patrimonio y Memoria, de la línea de Espacios Creativos de BibloRed.

Este ensayo busca poner en perspectiva el surgimiento de las organizaciones paramilitares en Chiapas desde los inicios de la rebelión zapatista en 1994. Se sostiene que al contrario de lo que sugieren la mayoría de los autores que tratan el tema de los paramilitares mexicanos, éstos no se pueden entender como una estrategia de Estado. Más bien, la existencia de los paramilitares revela una guerra entre élites en pugna por el poder con visiones incompatibles de la democracia y el “buen gobierno”. La polarización inherente a este tipo de lucha ha llevado a que muchos actores locales apoyen un lado u otro de los grupos en conflicto. La presencia de grupos radicales de la izquierda en zonas indígenas, de colonización reciente y con poca presencia del Estado da lugar a una radicalización de las élites de la región. Las condiciones y las dinámicas que explican el protagonismo de los paramilitares son el resultado de múltiples factores. Además del entorno internacional después de la Guerra Fría, conviene tener en cuenta consideraciones nacionales como la inatención a los asuntos de seguridad de 1989 hasta 1993, las políticas gubernamentales entre 1968 y 1993 que sembraron las semillas de una situación pro-revolucionaria en un contexto neoliberal y los cambios consecutivos a la modernización acelerada de la sociedad. Hacen falta más estudios acerca de los grupos paramilitares y sus nexos con actores nacionales y transnacionales para complementar este estudio enfocado en sus orígenes.

En este artículo, se analiza la relación entre las compañías mineras chinas en América Latina y la presencia de movimientos sociales antisistémicos desde la teoría del sistema mundo moderno. Se hace énfasis en las actividades de minería y se ofrece una descripción histórica de las prácticas generales de las empresas chinas, conforme a la reformulación paulatina de los intereses de su país. Utilizando el análisis de la base de datos de conflictos mineros del ocmal, se identifican aquellos en los que intervienen empresas de propiedad china, para así describir el impacto social y ambiental que generan, y el surgimiento de movimientos sociales como respuesta a sus prácticas extractivas. Se comparan las prácticas de empresas de otros países en la región, conforme a una muestra aleatoria. Los resultados muestran procedimientos similares de las empresas mineras en América Latina, independientemente de su origen nacional. Se concluye que el reto es construir una propuesta alternativa al actual sistema mundo moderno para pasar de una visión local a una mundial en la que se armonicen las diversas tensiones dentro de estos movimientos.

Las prácticas interculturales suelen asociarse con acciones de interlocución entre grupos étnicamente diferenciados, principalmente cuando se trata de actividades en torno a la educación o a la investigación. Este traslape entre lo étnico y lo cultural ha propiciado una suerte de clausura del proyecto de la interculturalidad, al velar los discursos de otros grupos sociales subalternos, que encuentran el sustento de su (re)definición identitaria más allá del capital étnico. El estudio de los movimientos sociales contemporáneos facilita la visibilización de esos discursos y sus posibilidades de articulación con otras maneras subalternizadas de ver y resolver el mundo. La apertura del proyecto intercultural es urgente para la deconstrucción de los modelos hegemónicos coloniales en todo campo, desde lo económico hasta lo político, pasando necesariamente por lo epistémico. La contracultura, como respuesta a una imposición de valores y saberes, ofrece una posibilidad poco estudiada de resistencia y acción política desde las márgenes sociales. Por medio del acercamiento teórico a diferentes propuestas de estudio de los movimientos sociales y los productos de un seminario de investigación dictado en la Universidad del Rosario, con el artículo se pretende aportar algunas pistas sobre la posibilidad de articulación entre identidades diferenciadas y la apertura del proyecto intercultural consecuente.

El objetivo de este artículo es evidenciar cómo se han ido debilitando las experiencias de organización y resistencia social propias de las comunidades étnicas del Pacífico colombiano, mediante diferentes estrategias que responden a los intereses tanto del gobierno, el capital transnacional, como de los actores del conflicto armado. Algunas denuncian apuntan a que estas estrategias han sido amparadas por el accionar paramilitar y disfrazadas con las promesas de progreso que generan los proyectos productivos que se adelantan en la zona.