Los movimientos de mujeres ya se hacen sentir en Colombia, y no sólo en las fechas que ellas mismas promovieron como días de especial conmemoración -el 8 de marzo, día de la mujer, o el 25 de noviembre, de la no violencia-, efemérides ya institucionalizadas y celebradas hasta por el Estado y el mercado. Sin embargo, es difícil dar cuenta de quiénes y cuántas mujeres son, dónde y cómo están, que hacen y que proponen. Lo cierto es que son muchas y que están organizadas en las más diversas fundaciones, centros, asociaciones, grupos. Están por todas las regiones, en el campo y la ciudad. Tratan asuntos de la vida privada y cotidiana, o temas de la vida pública y general. Trabajan con reconocimiento legal o sin él, institucionalizadas o con mecanismos informales. Unas, desde espacios institucionales, ponen en tela de juicio las condiciones subordinadas de su existencia; otras, desde su papel de madres o desde sus responsabilidades familiares, intentan conquistar su ciudadanía; algunas más, desde su Militancia feminista, construyen su autonomía personal y grupal. Todas ellas conforman de alguna manera lo que se ha dado en llamar movimiento social de mujeres. En efecto, las mujeres colombianas han venido acumulando una experiencia laboral y profesional importante, han estado presentes a través de sus organizaciones y redes en los períodos de movilización política, constituyen la mitad de los electores y son mayoría en las asociaciones ciudadanas y grupos informales vinculados con la vida cotidiana, la sobrevivencia, la crianza de los hijos, el barrio. A pesar de toda esa multiplicidad de presencias y aportes, el movimiento social de mujeres no ha logrado aún conquistar en Colombia la influencia que le debería corresponder. Por este motivo, vale la pena que nos preguntemos: ¿qué hay en el sistema político, en la sociedad y en el movimiento que dificulta el reconocimiento de sus aportes y de sus presencias, o que limita su alcance? Para acercarme a esos interrogantes he dividido mi exposición en dos partes. La primera destaca muchas presencias y contribuciones de mujeres organizadas y articuladas en redes. La segunda interroga a la política, a la sociedad y al movimiento sobre el alcance limitado de sus presencias.

Por buenas y obvias razones, sería de esperar que el mejor comienzo para una crítica feminista al liberalismo consista en dejar al descubierto la realidad que se esconde tras la idea de la igualdad de oportunidades. El acceso igual no es únicamente un principio crucial del pensamiento liberal, sino también un elemento conductor de nuestro discurso político contemporáneo, al que se recurre tanto para atacar como para defender alegatos especiales en relación con los derechos de las mujeres. Es precisamente esta crítica la que se emprende en este texto. Pero un acercamiento complementado no está fuera de lugar. En mi opinión, es meritoria la argumentación de que empezar por la cuestión de la igualdad de oportunidades significa garantizar demasiado, repartir demasiadas cartas altas a la parte liberal. Literalmente: el acceso no basta, ya que una vez en el terreno de el acceso igual, quedamos atrapadas en toda una red de conceptos liberales: derechos, intereses, contratos, individualismo, gobierno representativo, libertad negativa. Todos ellos abren paso a algunos canales del discurso, pero al mismo tiempo bloquean otros. Como Shanley implica, suscribir esos conceptos, para las feministas puede significar nublar en vez de iluminar una concepción de la política, la ciudadanía y la buena vida adecuada a los valores e intereses feministas.

Nada ha sido regalado ni fácil de conseguir. Detrás de cada uno de los derechos humanos de lesbianas, hombres gay, bisexuales y transgeneristas (LGBT) que Colombia ha reconocido, están escritas grandes luchas de organizaciones y de la comunidad durante décadas de activismo y resistencia. Se trata de luchas colectivas e individuales de cientos de miles de personas que han tenido que reconocer, aceptar, vivir y defender su orientación sexual y su identidad de género contra todo tipo de oposiciones: en la familia, el colegio, la iglesia, la oficina, el hospital, y en todos los demás momentos y lugares donde quiera que hacen su vida. Han tenido que vivir bajo el peso cruel y excesivo de una mirada sociocultural que niega, ignora o rechaza a quien se expresa diferente de cómo lo harían quienes siguen el modelo imperante, esto es, la única posibilidad de ser, sentir y vivir para todas las personas. No obstante algunos cimientos de esta problemática han comenzado a ceder en la medida en que la situación, las necesidades y los intereses de hombres gay y lesbianas se han ido reconociendo, investigando y debatiendo cada vez más en universidades, medios de comunicación, plazas públicas, partidos políticos y entidades estatales. La progresiva visibilidad de la población y de las organizaciones LGBT ha sacado las discusiones sobre sus derechos humanos de la clandestinidad y del ámbito de “lo privado” hasta llevarlas a las más altas instancias de poder de acción y decisión en el país. A partir del 2007 se empezaron a tomar las decisiones judiciales más importantes en Colombia sobre las parejas del mismo sexo. Fue mediante una serie de sentencias que sobre los derechos patrimoniales, de afiliación en salud y de pensión del sobreviviente promulgó la Corte Constitucional. Sin embargo, las leyes y las políticas públicas en Colombia todavía no se parecen a la realidad. Aunque la discriminación está prohibida por ley, persiste, es muy cruel, cotidiana, y se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Las encuestas sobre cultura ciudadana de los últimos años1 muestran que los niveles de intolerancia en Colombia contra la población LGBT son altos. Según la Encuesta Bienal de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el 82.4% de los bogotanos considera que los hombres gay y las lesbianas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano; sin embargo, al 57.44% no le gustaría tenerlos como vecinos. En este mismo sentido se pronunció un 48.9% de los encuestados en Medellín, un 39.2% en Cali, un 62.6% en Neiva y un 53% en Santa Marta. Si bien estas cifras de intolerancia son preocupantes, no alcanzan a reflejar los verdaderos alcances de una grave problemática que limita la vida de la población LGBT en el país: la discriminación y la homofobia. Para documentar esta situación hacen falta protocolos y bases de datos que incluyan la orientación sexual o la identidad de género como un factor relevante de los estudios que llevan a cabo organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales que monitorean las violaciones de derechos humanos en el país. Investigación para el activismo: Con la certeza de que una mayor producción de estudios y análisis posibilita un mejor diagnóstico y ofrece un sustento sólido de las políticas y de las acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos LGBT, Colombia Diversa optó por el camino de la investigación y de la incidencia política. La Organización reconoce que cualquier acción es más pertinente y efectiva si se sustenta en una información veraz y precisa, capaz de sugerir las adecuaciones y los cambios necesarios para la vigencia plena de los derechos. Desde su creación, en el año 2004, el trabajo de investigación de Colombia Diversa ha sido constante. En el 2005 publicó Voces excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, un estudio sobre la legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los derechos humanos con respecto a las personas LGBT. Luego Colombia Diversa emprendería la observación sistemática de las violaciones de los derechos humanos y de la reacción gubernamental frente a la problemática. Sobre esta ruta, en el 2006 presentó el primer Informe de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, que recogió y analizó la información sobre los casos de este tipo de violaciones ocurridas en Colombia durante los años 2004 y 2005. El presente informe se refiere a los casos y situaciones correspondientes a los años 2006 y 2007. Con respecto al anterior, este documento incluye dos capítulos adicionales de gran relevancia. El primero se ocupa de las acciones gubernamentales de cara a los derechos de la población LGBT, y pretende aportar elementos para la concepción y puesta en marcha de los planes de desarrollo municipales y departamentales que serán aprobados en el año 2008. El segundo ofrece muestras representativas del papel de los medios de comunicación en relación con los imaginarios sobre la población y los derechos de las personas LGBT. Este informe, por último, incluye una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la situación.

Desde la primera edición del Foro Social Mundial (FSM), en enero de 2001, la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (Remte) y la Marcha Mundial de las Mujeres se han definido como constructoras de ese espacio. Vemos en el mismo una posibilidad de construcción de alternativas al modelo capitalista neoliberal y sexista, donde actuamos con propuestas de un feminismo radicalmente comprometido con la autodeterminación de las mujeres y con la globalización de la igualdad.

Las cocinas son lugares donde se transforma la materia, y en donde se aplica la biología, la química y la física. El saber cómo preparar y cocinar los ingredientes para llegar a algo sabroso suele ser el resultado de miles de intentos que se han acumulado entre generaciones. Y todo empezó cuando el ser humano recolectó por primera vez una fruta que cayó de un arbusto, cuando empezamos a ser recolectores y a alimentarnos de lo que crece de la tierra. Escucha esta conversación de La Enredadera & co. con dos grandes sabedoras del alimento, María Elena Villamil y Manuela del Alma.

Este ensayo presenta algunos de los resultados más relevantes de una investigación realizada sobre las mujeres que ocuparon los cargos de mayor decisión en la administración pública en Bogotá entre 1992 y 2004. En el estudio se estableció la composición por sexo de los equipos de gobierno y de los cargos de segundo nivel. Aunque se reconstruyeron los perfiles socio - demográficos, educativos y laborales de 567 mujeres (incluidas las asesoras) y se examinaron las agendas públicas globales, aquí nos hemos centrado en las mujeres que dirigieron las entidades más importantes del Distrito Capital y que, junto con los alcaldes, lideraron la transformación de la ciudad. Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: analizar la composición por sexo de los cargos de primer y segundo nivel decisorio, explicar la alta presencia femenina en los gabinetes de gobierno, indagar si los asuntos de mujer y género llegaron a las agendas públicas, establecer si se conformó una ‘masa crítica’ femenina en favor de sus intereses y dar cuenta de la influencia de la cooperación internacional en el desarrollo de las políticas de mujer y género. Para tal efecto, se hizo una amplia revisión de documentos de política, actas de nombramiento y hojas de vida y se entrevistaron 31 mujeres, 27 de las cuales ocuparon cargos directivos de primer nivel en el período de referencia, y dos de los cinco alcaldes

En el siguiente texto, versión condensada, la autora reflexiona acerca de los vínculos entre sexismo y racismo y sus repercusiones políticas para las agendas de movimientos sociales comprometidos con estas problemáticas. Para comenzar, les propongo que contemplemos la idea de que los sexismos y racismos son asuntos de todos (como veremos, lo mismo pudríamos decir del clasismo, del cual, sin embargo, no nos ocuparemos directa y activamente en este trabajo). Es preciso aclarar de inmediato que no planeo esta idea en el sentido que algunos le daban durante los años 60: no se trata de darse golpes de pecho ni de asumir culpabilidades ni voluntarismos. Se trata, más bien, de explorar algunas de las consecuencias de la concepción de clase, raza y género como tres elementos constitutivos de todas las relaciones sociales. Tal concepción quiere decir, entre oirás cosas, que siempre que nos relacionemos directa o indirectamente con otros miembros de nuestra sociedad, los tres elementos estarán presentes, que invariablemente ajustaremos nuestra conducta, consciente o inconscientemente, a la apreciación de si nuestro interlocutor o interactuante pertenece o no a su mismo sexo, a la misma raza o a la misma clase. Quiere decir, también, que no podemos dejar de hacerlo, ya que los discursos y las prácticas sociales que conforman, que dan cuerpo a nuestra cultura, están atravesados por condicionamientos de clase, raza y género, listos condicionamientos están tan hondamente entrelazados con el tejido de nuestra cultura, que actúan con frecuencia de una manera ciega; tanto raza, como género y clase son causales para una dominación que a menudo permanece invisible para quienes la ejercen. Por eso vemos, por ejemplo, que en muchos países de América, tanto del norte como del sur. En los siglos XVIII y XIX se promulgaron instituciones que reconocían la libertad como un derecho innato e inalienable de todos los hombres, pero que no fueron obstáculo para que se permitiera la esclavitud, para que se negaran los derechos de las mujeres, para que se despojara de sus tierras a los indígenas, o para que se exigiera tener propiedades para ser considerado “ciudadano” y poder ejercer derechos políticos.

El artículo trata de la orientación de las políticas para las familias en Colombia, profundizando en sus distintos enfoques y el contexto social en el cual se inscriben. Así mismo, se enfatiza en la orientación de las políticas, el ideal de familia, la concepción sobre desarrollo económico y la división sexual que se atribuye a cada género. Por último se hace referencia al programa Familias en acción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a la Política para las familias 2006-2008, de la alcaldía de Luís Eduardo Garzón, en Bogotá D.C.

La presente propuesta busca que la oferta de servicios del sector agropecuario tenga una perspectiva de género, es decir, que explícita e implícitamente considere las necesidades y los intereses específicos de las mujeres campesinas. Igualmente, busca apoyara las mujeres en el proceso de organización para que puedan utilizar las herramientas de política y demandar decisiones y acciones institucionales que les aseguren el acceso y el control de los recursos productivos que requieren para sus trabajos así como de los beneficios resultantes de sus labores.