La lucha por los derechos humanos de las mujeres en este período se caracterizó por el esfuerzo para lograr la eliminación de las distintas formas de discriminación legal que las excluía expresamente de los avances y progresos logrados por la democracia. Por ejemplo, se les quitaba el manejo de sus bienes y perdían su autonomía personal, ya que al contraer matrimonio se las declaraba incapaces, quedando atrapadas en las redes de la "potestad marital", que otorgaba al marido poder sobre la persona y bienes de la mujer; estaban sujetas por una legislación que les cerraba las puertas de acceso a la cultura, a la educación, a la capacitación técnica y profesional y las relegaba a recibir una educación femenina que les otorgaba el diploma de "Instrucción suficiente" y una Constitución Política que las excluía expresamente de los derechos políticos ya que consagraba la ciudadanía a "los varones mayores de 21 años" por tanto impedía el ejercicio de la participación femenina en los asuntos de la vida pública como electora o como elegida.

El Programa Presidencial para la Formulación de Acciones y Estrategias para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia considera que es importante que todos los sectores de la sociedad colombiana conozcan sus derechos. Es por ello que dentro de su estrategia de visibilización, sensibilización y empoderamiento ha venido entregando la Colección Cuadernos Legislación y Pueblos Indígenas de Colombia, serie que con este ejemplar llega a su número sexto y presenta en esta ocasión los principales instrumentos y normas de carácter internacional y nacional que reconocen y garantizan de los derechos de las mujeres. Su reconocimiento es el resultado de una larga lucha que ellas han emprendido en el mundo y Colombia. Luchas que a mujeres como Olimpe de Gouges le costaron incluso su vida, pero a quien que gracias a su autoría y persistencia le debemos desde 1791 el poder contar con la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana”. Su principal aporte fue sin duda la reglamentación de un trato igualitario a la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida pública y privada, imprescindible para el presente en el que hoy estamos y por el que seguimos trabajando. Consideramos que los instrumentos jurídicos de protección y defensa de los derechos de las mujeres que presentamos en esta publicación podrían ser útiles al proceso de construcción de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, que incluye también a las mujeres indígenas. Esta política pública se vislumbra como una herramienta que permitirá “amanecer la palabra escrita en estas normas”, es decir, materializar la garantía de los derechos de las mujeres colombianas. Es importante resaltar que el Convenio 169, en su artículo 35, establece que “sus disposiciones no deberán menoscabar los derechos y ventajas garantizados a los Pueblos Indígenas en virtud de otros Convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”. El cuadernillo presenta los principales instrumentos jurídicos internacionales, vinculantes y de rango constitucional como lo son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la “Convención de Belem do Pará” aprobada en 1996, ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1997; y el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. Como normatividad nacional se destacan la Ley 581 de 2000 que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público; la Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales; la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres; la Ley 1257 de 2008, mediante la cual se reforma el Código de Procedimiento Penal de la Ley 294 de 1996 y en la que se hace mención a Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos; y la Ley 1542 de 2012, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

En este texto se analizan las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política pública, en el caso especifico de las reformas agrarias y acceso de la mujer a la tierra en América Latina.

Esta cartilla es el resultado de los asuntos más relevantes sistematizados en el proceso vivido durante cuatro años en la experiencia del "Programa Integral para Infantes y Mujeres Desplazadas" El propósito con esta publicación es que, instituciones u organizaciones con programas afines, tengan acceso a ella y que, la propuesta pedagógica- metodológica construida y desarrollada durante los cuatro años del programa y los aprendizajes obtenidos por la población involucrada, las organizaciones ejecutoras y las instituciones apoyantes y coordinadoras de la experiencia, puedan aportarles herramientas en aspectos como: cómo intervenir para mitigar los estragos de la guerra y el desplazamiento forzado, cómo fortalecer en las personas que protagonizan estos hechos, elementos para enfrentar su vida y los episodios futuros con una postura de dignidad, apropiación y exigibilidad de los Derechos Humanos y en cómo posibilitar condiciones para la reconstrucción social en medio del conflicto armado.

Este ensayo hace eco de muchas voces de mujeres migrantes entrevistadas para analizar la cuestión de migración, específicamente, la migración de las mujeres de Colombia a Nueva York, o más precisamente, las mujeres que viven en Colombia. La discusión se basa en los niveles de conciencia que se articularán con el examen de tres estructuras básicas que están íntimamente relacionadas entre sí, clase, sexo y nacionalidad u origen étnico.

De conformidad con el presente estudio, en Guatemala las personas más pobres y marginadas son las mujeres indígenas. De acuerdo con el PNUD, de las mujeres indígenas, 80% están ligadas a la tierra y a la agricultura por diversas formas. Sin embargo, las mujeres sólo representan un 6,5% entre l@s proprietari@s de la tierra. La mayoría de las veces esa conexión compleja del mundo indígena con la tierra no es reconocida por las estadísticas oficiales porque apenas están remuneradas por su trabajo en la agricultura. El presente estudio, realizado por la politóloga Archana Krishnamurthy se enfoca en la realidad guatemalteca y la exclusión masiva de las mujeres indígenas en la tenencia de la tierra. Recoge, con base en casos concretos las experiencias que diversas comunidades han tenido con los programas de tierra y explica en qué medida y de qué forma las mujeres pueden participar.

El presente trabajo pretende llamar la atención sobre las transformaciones que pueden ser generadas en el espacio familiar a partir de la participación política en espacios políticos de las mujeres que son esposas y/o madres. El objetivo del mismo es dejar planteadas algunas bases para que se evalúe si la participación política activa de las mujeres en organizaciones políticas genera cambios directos o indirectos en la epistemia y en los roles de los integrantes de su familia, en la familia misma y en particular en ellas mismas, iniciando con el proceso de reconocerse como sujetas políticas e históricas.

Este ensayo señala que la inserción de los sectores campesinos en la economía de mercado a través de programas sociales y económicos y el incremento de la participación laboral femenina en la economía rural, están produciendo cambios en los roles tradicionales de las mujeres rurales. Mas mujeres aumentan su responsabilidad como jefes de hogar y en las actividades agrícolas como respuesta al incremento de la pobreza rural producido por las crisis agrícolas y por el conflicto armado. Ellas han aumentado su participación laboral combinando el trabajo en sus parcelas, con actividades de servicios o como asalariadas. Esto lo definimos como la pluriactividad y la diversificación del trabajo femenino. Como respuesta se adoptaron políticas públicas que han facilitado el acceso de ellas a los programas de tierra, crédito capacitación y asistencia técnica con positivos resultados. Junto a estas políticas para el desarrollo rural se promovió una organización ANMUCIC que tiene presencia en todos las regiones y representación en los organismos públicos donde se toman las decisiones sobre las políticas agrícolas, lo cual garantiza que las mujeres rurales están reclamando programas para mejorar su calidad de vida. Ambas experiencias: la productiva y la organizacional le han cambiado de una esfera doméstica de no reconocimiento, no visibilidad a una esfera de activa participación pública y a su empoderamiento que empieza a generar cambios en las relaciones de género.

Se ha dicho y se ha repetido antes: la irrupción de la categoría de género en las ciencias sociales y en las humanidades ha representado una verdadera revolución. Y su efecto de mayor alcance, el más profundo, es el cambio en la manera como se concibe hoy al sujeto humano. Efectivamente, durante muchos siglos y milenios la noción de sujeto tuvo fuertes visos masculinistas. Se trata del sesgo sexista más radical y de mayores consecuencias para toda la actividad humana, puesto que al hablar de “sujeto” nos estamos refiriendo a una categoría que tradicionalmente se ha supuesto definitoria de todo ser humano. En las ciencias que han tenido por objeto el estudio de lo humano, si acaso se consideraba al sujeto femenino, era como necesariamente subordinado, dependiente, pasivo, y de alguna forma derivado de la subjetividad masculina. Por el contrario, la categoría de género, al centrar la atención de los investigadores y las investigadoras en las relaciones entre hombres y mujeres, nos aparta de la tendencia a concebir al sujeto prototípico como masculino. En los artículos recogidos en el presente volumen, se observa una ruptura radical con esta tendencia tradicional, al considerar la subjetividad femenina como activa y autónoma, por lo menos potencialmente, y lo que es más, al pensar a los sujetos femeninos como sujetos por derecho propio, y no como inherentemente dependientes de los sujetos masculinos.