La primera parte de esta publicación se refiere a las políticas de seguridad, política y economía del gobierno de Uribe; en la segunda parte se exploran los costos sociales y humanos del conflicto en Colombia. Édgar Forero, asesor del alto comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados en Bogotá y en la sección final de esta publicación se enfoca en las perspectivas sobre conflicto, paz y relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. Hernando Gómez Buendía, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano en Colombia para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas

La normatividad que regula la persecución de activos ilícitos en el proceso de justicia y paz ha cambiado significativamente, entre el año 2005 y 2016. Estos cambios han obedecido, principalmente, a la necesidad de resolver algunos problemas que fueron apareciendo en ejecución de la Ley de Justicia y Paz, lo cual se logró en ciertos casos y en otros no. En esta obra se exponen los principales problemas que ha enfrentado la persecución de activos ilícitos en el proceso de justicia y paz, así como la solución que para algunos de ellos se ha intentado aplicar. Los temas tratados van desde la entrega de bienes sin marco jurídico para recibirlos, los conflictos conceptuales y procesales entre la extinción de dominio y justicia y paz, dificultades para el aseguramiento de los bienes, los conflictos entre justicia y paz y restitución de tierras, la insuficiencia de los recursos del FRV para pagar indemnizaciones, las dificultades relacionadas con la sentencia de extinción de dominio en justicia y paz, la duración de los procesos y la escases de sentencias en firme, el alcance de la sentencia frente a terceros, la sentencia de extinción de dominio vs. la sentencia de justicia y paz, el problema de la vocación reparadora de los bienes, el incumplimiento del deber de aportar bienes para la repa-ración por parte de los postulados, hasta la eficacia de la persecución de bienes.

Durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, la política exterior colombiana dirigió una buena parte de sus esfuerzos a solidificar, a través del involucramiento de actores internacionales, las negociaciones que se llevaban a cabo con la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). En el presente texto se analiza ese proceso a través de la teoría de los dos niveles de juego (two-level game theory). Además, se considera que la organización de la política exterior colombiana alrededor de la solidificación de los Diálogos de La Habana respondió a la necesidad de consolidar este proceso, de dotarlo de legitimidad entre la población y de garantizar la implementación de lo acordado. Así, a través de acciones concretas y del proceso de internacionalización en sí mismo se construyó una suerte de “blindaje internacional” que establece restricciones a la posibilidad de dar marcha atrás a lo establecido en el Acuerdo.

Este trabajo ha pretendido documentar el proceso del posconflicto, sus lógicas y sus dinámicas partiendo para ello de un antecedente presentado durante el gobierno de Belisario Betancur. En el presente documento encontrarán elementos para un análisis comprensivo sobre los significados de esta paz parcial, así como para la construcción de escenarios relativos al posconflicto

El propósito de este ensayo es identificar los principios que, desde una perspectiva democrática, deberían servir de marco a las negociaciones en el futuro con los grupos subversivos, así como los contenidos de dichas negociaciones. En la primera sección se examina el concepto de "la paz como política de Estado", y se sugiere que ni es posible, ni deseable, evitar el debate sobre la paz durante las elecciones en una democracia, en la tercera sección se exploran los principios fundamentales que deberían sustentar las negociaciones y en la cuarta sección se intentará dar alguna claridad sobre la definición prevaleciente de la paz

Desde el año 2012, el país adelanta un ambicioso e incierto proceso de reparación colectiva. Son diversos y complejos los daños no solo individuales sino colectivos que en el marco del conflicto armado sufrieron las comunidades campesinas y que es necesario reparar. El municipio El Dorado en el Meta es una de estas comunidades. Precisamente por ello fue reconocida como un Sujeto de Reparación Colectiva por el Estado colombiano. El capítulo presenta las particularidades históricas, geográficas, demográficas y políticas de este municipio ubicado en la región del Ariari. Se incluye también una reflexión sobre los hechos victimizantes que impactaron a sus habitantes. El tema es complejo. Pero creemos que lo anterior nos acerca a entender las dinámicas relacionadas con el fin de la guerra y la reparación colectiva en esta comunidad; es decir, nos permite respondernos de qué modo estas condiciones y dinámicas hicieron posible que la guerra se ensañara de manera compleja, feroz y persistente en esta región del piedemonte llanero. El capítulo se cierra con unas reflexiones sobre el asunto.

En Barrancabermeja, principal puerto petrolero del país situado a orillas del Río Magdalena, en donde la calidez de sus gentes hace grato el intenso calor del sol, de la tierra y del aire, mujeres y hombres construyen en su diario quehacer alternativas de vida, de esperanza y de solidaridad. Sus voces "contra la violencia y por la vida y la paz con dignidad" salen de muy adentro de sus mentes y sus corazones, se alimentan de sus propias experiencias que en el silencio, los tedios y las angustias de la cotidianidad buscan enfrentar el dolor por las ya incontables muertes de barranqueños y barranqueñas que han sido víctimas de la intolerancia y de las distintas formas de arrasamiento de la vida humana y del pensamiento libertario…

Este informe es el resultado de un trabajo constante y persistente para que la voz de las mujeres sea escuchada y tenida en cuenta en las mesas de diálogo y negociación, y para que como mujeres-victimas se les garantice el acceso a sus derechos, evitando reproducir las discriminaciones y exclusiones a las que están expuestas por su condición de género, tal como ha ocurrido en proceso de paz de otros países y los que se han dado con anterioridad en el país. El trabajo prioriza las observaciones de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de las AUC a partir de los análisis realizados por las integrantes de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz.

A puertas del siglo XXI, en el contexto de un país con una fuerte confrontación armada ya de larga data, las mujeres de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, de Asfamipaz y la Red Nacional de Mujeres, se plantearon la necesidad de pensar desde visiones propositivas salidas negociadas al conflicto social y armado que vive Colombia. Reunidas en el espacio del Ágora, mujeres de diversas regiones, condiciones socioeconómicas, de etnia y culturales, se reunieron para recapacitar sobre los Acuerdos Humanitarios y la Verdad, la Justicia y la Reparación. Sobre el primer tema verso el I Ágora efectuado el 4 de julio de 2003. Una reflexión desde tonos feministas puso en evidencia que los guerreros, quienes han codificado desde el mundo patriarcal el conflicto, excluyen las soluciones pacíficas y concertadas. Los testimonios de mujeres que han aportado a soluciones puntuales y específicas como el Intercambio Humanitario, pusieron por otro lado en evidencia que la posición de las mujeres del Movimiento Social de Mujeres pasa por la mediación, en una actitud en la que priman las vidas de los seres humanos antes que las razones de Estado y de orden político. Las niñas, madres, esposas y familiares presentes, dejaron ver que las mujeres del siglo XXI han pasado de ser víctimas a actoras sociales y políticas, con un objetivo claro: la consecución de la paz. Casi un año después, el 26 de marzo del 2004, las mujeres retomaron la palabra que busca la paz, y se ocuparon de recapacitar sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación. El análisis de la Resolución 1325 como carta de navegación, el conocimiento de una experiencia concreta como la de las Mesas de la Verdad y Reconciliación del Perú y la socialización de los casos colombianos, permitieron reflexionar sobre la realidad del país y reconocer que el contexto actual permite por ahora tan sólo iniciar procesos de reconciliación desde lo local, como un camino que se dirige a hacer de la paz una realidad concreta. A continuación les invitamos a conocer las memorias de los dos eventos, las cuales nos permiten observar con detenimiento los aportes de las mujeres a la consecución de la paz.

Hace dos años se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC a fin de buscar una salida negociada al conflicto armado. En este contexto y ante la posibilidad de lograr un acuerdo es importante fortalecer alianzas, intercambiar entre mujeres herramientas para la exigibilidad de derechos, visibilizar las demandas y propuestas de las mujeres y el impacto diferencial del conflicto en sus vidas, así como propiciar espacios en los que estas iniciativas sean realmente escuchadas. En este escenario ONU Mujeres en Colombia asume el mandato de la Resolución 1325 para fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y contribuir a los procesos de gobernabilidad sostenible y equitativa a través de su participación. Para contribuir a ello, acuerda con la Corporación Humanas, que desde 2011 hace seguimiento y evaluación a la implementación de la Resolución, desarrollar el proyecto “Herramientas para la Incidencia Política de las Mujeres en la Construcción de la Paz”, con el objetivo de fortalecer los espacios de interlocución política y concertación entre las mujeres y el gobierno, y la articulación de procesos y organizaciones a nivel regional y nacional. En el marco del proyecto, esta publicación presenta los cuatro módulos, el primero “Proceso de cualificación de capacidades de las mujeres para la construcción de agendas de paz”, se centra en la construcción colectiva de un diagnóstico que permita la elaboración de una agenda de paz contextualizada, en donde los temas centrales para la garantía de los derechos de las mujeres estén claramente identificados. El segundo módulo denominado “Herramientas para el diálogo político y la participación de las mujeres en el post conflicto”, aborda las nociones de conflicto, violencias, paz, seguridad, derechos humanos de las mujeres y normas e instrumentos nacionales e internacionales para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, así como para favorecer la participación de ellas en procesos de construcción de paz y de seguridad. El tercer módulo denominado “Proceso de cualificación en justicia transicional- Por una Justicia de Género”, está enfocado en la justicia transicional, las implicaciones que tiene en el proceso que se adelanta en el país y busca motivar a las mujeres a promover cambios y analizar de manera crítica la forma en cómo desde allí se han abordado los intereses de las mujeres. El cuarto y último módulo denominado “Estrategia de Comunicación para la Incidencia”, aporta en la cualificación de las competencias comunicativas de las mujeres a partir del diseño de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la agenda de paz.