Para el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer es un honor y un gran placer haber participado y apoyado -y hoy poder presentar- esta obra surgida en el marco del simposio internacional sobre Justicia transicional y Derecho Penal Internacional, realizado en Medellín entre el 8 y el 10 de marzo de 2017. En esta importante actividad, que organizamos conjuntamente con el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Gotinga en Alemania, cedpal, con el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y con la Fundación Alexander von Humboldt, tuvimos expertos invitados de Alemania, Brasil, Colombia, México y Perú, para tratar desde una perspectiva jurídico-filosófica, y desdediversos puntos de vista y experiencias nacionales, el tema de la justicia transicional, tan crucial para la actualidad colombiana y latinoamericana.

Nací en 1994 y creo que, en parte, soy producto de una desmovilización. Cuatro años antes, la organización político-militar a la que había pertenecido mi madre por más o menos diez años, el Movimiento 19 de Abril (M-19), en cabeza de su comandante Carlos Pizarro, firmaba el acuerdo de paz definitivo con el gobierno del presidente Virgilio Barco. Para militantes como mi madre, la decisión de dejar las armas no constituía necesariamente una renuncia a las ideas de transformación que los habían impulsado a ingresar a un movimiento guerrillero años antes; era, más bien, un cambio de estrategia.

Este libro merece ser leído con esmero. Es el resultado del encuentro de voluntades entre la profesora e investigadora Gloria María Gallego García; Juan Luis Mejía Arango, Rector de la Universidad EAFIT; y Gonzalo Sánchez Gómez, entonces director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hace tres años. A ellos, se unió Adriana Valderrama López quien se desempeñaba como directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín en la época. Para ellos como ciudadanos y como directivos institucionales, fue claro desde las primeras reuniones que el país necesitaba afrontar su pasado y sus violencias escuchando, por encima de todo, a las víctimas. Ellas, a través de sus testimonios, dan fe de lo que no puede seguir sucediendo y de los niveles de degradación a los que llegó el conflicto armado colombiano. En 2013, el CNMH publicó las cifras de esta modalidad de violencia y un informe en cuyo título, Colombia: una sociedad secuestrada, da cuenta del papel medular que este crimen ha ocupado en el conflicto armado3. Aunque con este primer esfuerzo de esclarecimiento se sentaron bases para comprender a grandes rasgos las magnitudes, los responsables y los engranajes que han hecho posible el secuestro; faltaba escudriñar con más detalle sus lógicas a nivel regional y, principalmente, escuchar a las propias víctimas de este crimen.

Se ha convenido en subrayar como característica excepcional la estabilidad de la democracia en Colombia. Su régimen político solo ha visto quebrada su institucionalidad democrática en una única ocasión. Sin embargo, tal atributo bien puede ser considerado como una paradoja de la política nacional.