En Colombia los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y a este le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. A pesar de los grandes avances en cobertura y calidad en los centros urbanos, las zonas rurales muestran enormes deficiencias en el acueducto y alcantarillado. No obstante la enorme disponibilidad hídrica en el país, en algunas regiones el recurso es deficitario, y en otras, el progresivo deterioro de las fuentes superficiales y subterráneas afecta seriamente la provisión de agua potable, circunstancia que ha llevado a que algunas poblaciones se sometan a prolongados racionamientos en el suministro del recurso. La generación de aguas residuales y su inadecuada disposición constituye uno de los más grandes problemas ambientales en Colombia, como consecuencia de una infraestructura insuficiente, y de un régimen jurídico que desafortunadamente no consulta la casi que generalizada precariedad financiera de la gran mayoría de los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado en el país.

La importancia de proteger las áreas de especial valor ecológico es un tema consignado en el Código de los Recursos Naturales, al que se le ha hecho mención y a su vez priorizado a nivel mundial en diferentes tratados de carácter internacional. Por su parte, el Convenio de Diversidad Biológica, el cual entró en vigor para Colombia en febrero de 1995, ha favorecido la priorización de iniciativas y programas tendientes a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos naturales. Con ese fin se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap), el en cual se incluyen diversas categorías de protección que, como objetivo general, propenden por la protección de áreas de valor e importancia estratégica ecológica y ambiental en Colombia. Por su parte, y a pesar de no hacer parte del sinap, las reservas de biosfera (ecosistemas de importancia internacional designados por la unesco previa solicitud de los países en los que están ubicados esos lugares) son catalogadas como distinciones internacionales que buscan favorecer el cumplimiento de las metas y objetivos de conservación del país, aunque no están incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como sucede en otros países latinoamericanos. Sin embargo, dadas las características de esos lugares, es fundamental el trabajo articulado de las entidades encargadas de su administración de forma que realmente cumplan los objetivos y funciones para los que fueron designados.

La Evaluación del Impacto Ambiental se ha aplicado en Colombia desde la vigencia del Decreto ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, instrumento posteriormente perfeccionado por la Ley 99 de 1993, mediante la licencia ambiental, que es la autorización que se otorga para la ejecución de obras y actividades que puedan generar graves alteraciones a los recursos naturales y al paisaje, y que resulta fundamental para la planeación ambiental y la toma de decisiones. Pero para una adecuada ordenación del territorio y la autorización de actividades productivas, es necesario adoptar metodologías de mayor complejidad y alcance sectorial, conocidas genéricamente como Evaluaciones Ambientales Estratégicas –EAE–, cuyo objetivo prioritario es definir los efectos ambientales de la planificación.

Colombia cuenta desde el año 2010 con la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), la cual planteó como uno de sus objetivos conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Para lograrlo determinó como línea de acción “Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de la oferta del recurso hídrico”. Esta línea tiene como uno de sus sustentos la obligación determinada en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por medio del cual se exige a los departamentos y municipios adquirir áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. A pesar de la imposición legal, el incumplimiento generalizado de esta carga es notorio y por ello se examina en este capítulo si los riesgos de corrupción han afectado el acatamiento de la inversión obligatoria y a su vez el cumplimiento de los objetivos de la PNGIRH.

Partiendo del análisis de la Ley 1774 de 2016 sobre protección y bienestar de los animales en Colombia, el artículo hace un recuento de las diversas posiciones jurídicas que contemplaron la protección de los animales, y aquellas que permitieron su juzgamiento en procesos civiles y penales, en especial desde la época Antigua y la Edad Media, y su influencia en la época moderna, buscando identificar la permanencia de los principios jurídicos fundantes de la relación hombre-animal y su incidencia en el derecho animal actual.

This article intends to analyze the current constitutional and jurisprudential framework protected areas in Colombia, as well as their perspectives protection, including some clarifications made by the jurisprudence in this regard.

Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

En la zona Andina colombiana se encuentran miles de pequeñas quebradas y riachuelos que, al unirse forman grandes ríos como el Magdalena y el Cauca A nivel local las quebradas son de gran importancia pues abastecen un gran número de acueductos veredales y proveen agua para consumo, riego, y actividades productivas en las fincas y comunidades. Además las quebradas sirven de hábitat para una gran cantidad de organismos como peces, anfibios insectos acuáticos que viven en estos ambientes, y para aquellos mamíferos y aves que dependen de ello para su alimentación provisión y refugio