El Plan Nacional de Desarrollo «Cambio para Construir la Paz 1998-2002», anuncia el primer Plan de Igualdad de Oportunidades en el país, como la política pública para las mujeres durante este gobierno, definiendo como responsable de su formulación a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer por ello, y como respuesta a este mandato, estas líneas de política, suponen el desarrollo de diferentes estrategias para su implementación, entre las que cabe destacar, retomando experiencias de políticas de otros países: La elaboración de planes estratégicos u operativos, el establecimiento de comités.

Esta cartilla fue desarrollada por solicitud de la Bancada de Mujeres del Congreso, en esta encontramos aspectos relacionados con la Ley 1257 de 2008, que considera la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos y reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar sus decisiones.

El término Feminicidio está en proceso de definición, siendo una figura delictiva de la que se requiere precisar sus características propias. Por Feminicidio se entiende la muerte de una mujer como forma de resaltar la dominación y el control del hombre sobre ella. Esta conducta se puede clasificar en: a) feminicidio íntimo, cuando existe una conexión familiar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, b) feminicidio no íntimo, si no existe una relación familiar e íntima entre el sujeto activo y el pasivo, y, finalmente, c) feminicidio por conexión, cuando el sujeto pasivo es un familiar de la mujer. Asimismo, dentro del aspecto subjetivo, se resalta un elemento subjetivo del tipo concretado en la intención de dominación, ejercicio de poder o control de los agresores sobre sus víctimas. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de conductas en la actualidad se subsumirían dentro de las figuras del delito de homicidio, en la mayoría de los casos dentro de la figura del parricidio o asesinato, según se resalte la relación personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, o en función a la modalidad en la que se comete el hecho delictivo. En la presente Gaceta se presentan artículos que tienen por finalidad el justificar una tipificación autónoma de esta clase de conductas en el Ordenamiento jurídico penal basándose en un análisis jurídico y psicológico de los elementos que forman parte del tratamiento de este fenómeno; iniciativa interesante que es sometida a los especialistas para que al respecto pueda adoptarse una posición sobre el mismo.

La investigación Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra. Impacto del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la vida y seguridad de las mujeres en comunidades en pugna. Caso Villavicencio, desarrollada por HUMANAS – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género en Colombia, se enmarca dentro de los objetivos del Programa Paz y Seguridad de UNIFEM –Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer– Región Andina que cuenta con el apoyo de AECI –Agencia Española de Cooperación Internacional– respondiendo al mandato de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Dicha resolución hace un llamado a incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de decisión en prevención, manejo y resolución de conflictos; atender las necesidades especiales de protección de las mujeres en los conflictos; incrementar el apoyo a mujeres constructoras de la paz y a la adopción de una perspectiva de género en operaciones de mantenimiento de la paz, y en los procesos de pos conflicto. Pretende, asimismo, promover investigaciones que visibilicen el impacto que las distintas situaciones tienen sobre los derechos de las mujeres. Este estudio ofrece una mirada integral a la situación de las mujeres en los contextos locales de desarme, desmovilización y reintegración, con miras a avanzar en la promoción de la seguridad humana de las mujeres. La investigación tuvo por objeto conocer el impacto de dichos procesos, desde la percepción de las y los funcionarios públicos del municipio, de las mujeres y de actores sociales claves de la región. De tal forma, se plantean una serie de lineamientos para el análisis que permiten evidenciar de forma específica los efectos sobre la vida de las mujeres de la ciudad de Villavicencio a nivel político-organizativo, socio-económico, de derechos sexuales y reproductivos, de seguridad humana y violencia contra las mujeres y niñas.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

Durante varios años, la Corporación Sisma Mujer ha venido profundizando en el conocimiento sobre las reparaciones y su especificidad para las mujeres derivada de las afectaciones particulares de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado con énfasis en la violencia sexual.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000. Otros informes de la campaña: ¡Actúaya! Tortura, nunca más (Índice AI: ACT 40/13/00/s), Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores (Índice AI: ACT 40/38/00/s) y El comercio de la tortura: una lacra que hay que erradicar (Índice AI: ACT 40/02/01/s).