“El Constitucional: periódico oficial del Estado Soberano del Tolima” fue una publicación que circuló durante el período 1868-1876. Desde una perspectiva oficial, el título se caracterizó por la reproducción de actas, decretos, cuadros estadísticos, informes y leyes emitidas como parte de las funciones del aparato ejecutivo y judicial del Estado. El periódico se imprimió en Ibagué y el Guamo (1875) sin alterar su numeración. Tuvo algunas variaciones mínimas en el complemento de su título, al pasar de llamarse “periódico oficial del Estado del Tolima” a “periódico oficial del Estado soberano del Tolima”. La impresión del periódico se realizó por contratistas a cargo de las publicaciones oficiales del Estado, como sería el caso de José María Camacho R. En el contenido del periódico se incluyen documentos oficiales emitidos por: la Secretaria de Hacienda y Fomento, la Secretaria de Gobierno, el Tribunal de Cuentas, la Tesorería del Estado y la Dirección de Instrucción del Estado.

“El Correo de Santander” fue una publicación que circuló en el Municipio del Socorro (Departamento de Santander) entre 1881 y 1882. El periódico se produjo en la Imprenta del Estado bajo la dirección de S. Cuartas. Desde una perspectiva liberal independiente, el título se preocupó por la división que experimentó el liberalismo luego de la Guerra de las Escuelas de 1878 y por las problemáticas del partido a nivel regional y nacional. Durante la contienda presidencial 1882, la publicación respaldó la candidatura de Solón Wilches en su competencia contra Francisco Javier Zaldúa. Sin embargo, luego del triunfo de este último, “El Correo” publicaría listas de adhesiones y notas de respaldo al gobierno de Zaldúa. Además de lo mencionado, en el título se publicaron: informes sobre el Ferrocarril de Santander, informes de la Secretaría de Instrucción Pública y estudios de las plagas de langostas.

“Boletín oficial de Honda: publicación al servicio del Ayuntamiento Municipal” fue una publicación oficial que circuló durante 1922. Su dirección se encontraba a cargo del secretario del Concejo Municipal, Enrique García A., quien era asesorado por un grupo de concejales. A pesar de ser un periódico oficial dedicado a la publicación de acuerdos del Concejo, cuadros estadísticos del municipio y de mantener informada a la población del devenir administrativo de la ciudad, también mostró una fuerte tendencia al rescate y reconstrucción de la historia de Honda y sus instituciones. Hasta el punto de reproducir en la página principal de sus números documentos de carácter histórico, artículos y noticias sobre la heráldica de la ciudad.

“Boletín Liberal” fue una publicación que circuló irregularmente en el Municipio de Barbacoas (Departamento de Nariño) durante 1900. Dentro del partido liberal, el periódico cumplía las funciones de una publicación oficial, al ser empleada por las tropas participantes de la Guerra de los Mil Días en Barbacoas, como un medio para dar parte de las acciones militares que tenían lugar en la región y en la frontera con Ecuador. Entre las acciones reportadas se encuentran: rangos militares, movimiento de tropas, reclutamientos y toma de territorios, por citar algunos ejemplos. En el título se publicaron informes, comunicaciones, partes y notificaciones de: Alejandro Pérez B., Simón Chaux, J. A. Ramírez U, C. Díaz del Castillo P., P. Díaz del Castillo P., Juan Jacobo Restrepo, entre otros.

En el gobierno de Pedro Alcántara Herrán predominaba el partido ministerial, posteriormente llamado conservador. Alcántara era un reconocido bolivariano que trabajó para el gobierno de Márquez en el apaciguamiento de la Guerra de los Supremos. Durante su administración se caracterizó por establecer un estricto poder central, menguando la autonomía de las regiones; censurar la opinión pública; fortalecer las relaciones con la Iglesia católica; y destituir las reformas educativas establecidas por Santander. El periódico "La Fraterna”, que empezó a circular en 1841, tenía un corte marcadamente político, su orientación ideológica se encontraba del lado de los ministeriales y por consiguiente en contra de los liberales progresistas, considerados enemigos de la patria y representantes de los siete pecados capitales.

Luego de la caída del gobierno de Bolívar, los liberales se dividieron en dos: progresistas y moderados. En un principio su línea política no difería considerablemente, la diferenciación se fundamentaba básicamente en la actitud asumida frente a los bolivarianos; para los primeros, se les debía negar cualquier tipo de participación política, mientras que para los segundos resultaba más viable conciliar e incorporarlos a la vida política. Aunque en menor grado, la posición respecto a la Iglesia también era un criterio de distinción, los primeros pretendían menguar su injerencia política, y los segundos la valoraban como un pilar del orden social. El periódico “La Calavera” impreso por Juan Triana desde 1838 era un semanario de carácter político que se alineaba con los liberales progresistas, quienes se destacaban por ser opositores al gobierno de José Ignacio Márquez. Desde principios de la década de 1830 Márquez se había perfilado como líder de los liberales moderados, estableciendo buenas relaciones con bolivarianos destacados como los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, lo que representaba uno de los principales temores de los progresistas.

Financial inclusion has become an important objective for policy makers and regulators around the world. This is perhaps due to greater access to financial services has been associated with promote more economic growth and sustainable development, therefore, greater inclusion is being considered as a fundamental tool to reduce poverty and as a key element to boost the economy, particularly in developing countries. However, despite the apparent benefits that it can bring to society, there are some aspects that are worth being considered in order to frame a clear vision that inspires better policies towards financial inclusion. An important question that emerges is what would be the challenges and the best alternatives to reach inclusion without going beyond what is necessary. Answering this question is perhaps the key point that regulators and policymakers should carefully consider before setting out new policies that seek better and greater access to financial services. The aim of this work is therefore highlight the emerging challenges and the possible alternatives that might have a positive impact in the enhancement of financial inclusion. To this end, it will provide a general overview of the current state of inclusion and it will present some figures of the progress achieved so far. It will also address two of the main issues that need to be overcome, specifically the shortcomings of regulations and the lack of financial literacy. This document will argue that the main challenge is to strike a balance between the interests of the different actors involved in the provision of financial services; therefore, the main role for regulators and policy makers should be set out a framework with fair condition for all participants and particular for those new actors, such as mobile network operators and correspondent banks, which are playing a fundamental role in the enhancement of financial inclusion. However, the shift towards proper inclusion might also require that these interventions are complemented by adequate education policies that promote a better use of financial services.

Colombia presents an elevated vulnerability to climate change with the highest recurrence of extreme weather events and increasing emergencies on the continent (Ideam et al, 2010). The Colombian government has been developing The Colombian Strategy for Low Carbon Development, seeking to mitigate climate change impacts in the country (Ideam et al, 2010); however, it is currently at designing stage and no actions have been implemented so far. The United Kingdom (UK) has been a global pioneer in low carbon development, with applied strategies at national and local scale that have involved the wider community. In addition, other non-governmental initiatives have promoted low carbon development from a community perspective, looking for a more localised and resilient community, through local projects implementation on food, energy production and Housing (Hopkins, 2008). As a result, UK case studies have provided a solid panorama since community initiatives have shown significant key learnings (Hopkins, 2011) providing an opportunity for achieving a climate-resilient growth in Colombia. Consequently, the present research aimed study to what extent, United Kingdom low carbon communities case studies, with particular reference in Transition Leicester, can be applied within the Colombian climate change scheme. The low carbon measures implemented and different stakeholders involve in UK low carbon communities were identified in order to obtain an insight scheme in Colombia, where opportunities and constrictions of its applicability were subsequently analysed, since socioeconomic conditions in Colombia vary considerably from the UK scheme, with a constant social conflict scenarios, large regional inequalities and an increasingly affected biodiversity (Côté et al, 2010; Ideam et al, 2010). Given the masters connotation of the study, further research is recommended.

It is now widely acknowledged that is indispensable to address disaster risk in order to advance development efforts. Alongside other issues such as poverty, food security and land use planning, disaster risk needs to be mainstreamed into the development agendas of urban centres worldwide. The indissoluble bond between disasters and climate change has encouraged this mainstreaming to be carried out through the coordination of efforts between Disaster Risk Reduction DRR and Climate Change Adaptation CCA. The unequal paths of evolution and institutional arrangements for DRR and CCA in Colombia have rendered obstacles for their coordination. DRM started by focusing on response and recovery while forgoing the discourse about the social construction of disasters. In regards to CCA, an initial and needless focus on mitigation rather than adaptation, delayed the development of the adaptation agenda in Colombia. However, the recent acknowledgment of concepts such as vulnerability and resilience in the equation of risk have begun to pave the way for framing disasters as an issue of development. The linkage between climate change and disasters in Colombia, although with previous experiences, became evident with the extensive damages that the country experienced during La Niña 2010-2011. This series of events prompted the most recent efforts for development policy and practice that have targeted the coordination of DRR and CCA in the country to achieve sustainable development. Efforts for DRM at the city level have emerged as examples with the potential to prepare the Colombian urban settings for the challenges and uncertainties of future climate change impacts. For this potential to be materialised it is necessary to take advantage of the existing entry points for coordination of DRR and CCA and their mainstreaming into development planning. Since the same body in Colombia, the National Planning Department, leads the development of the guidelines for the advancement of the two fields, there are parallel levels of intervention amongst them that can facilitate joint actions. Targeting the vulnerability and the resilience building of populations in urban contexts must be the main objective of such efforts to effectively deal with disaster risk in Colombia as a way to advance development. 

El Estado colombiano ha tenido un conflicto armado desde la década del 60 del siglo XX, cuyas raíces se remontan a décadas pasadas a ésta. En éste han participado distintos grupos de izquierda y de derecha que reclutaron de manera indiscriminada niños, niñas y adolescentes. Durante años, se realizaron diferentes esfuerzos para obtener la desmovilización de los grupos armados y alcanzar la paz. Estos esfuerzos se enmarcaron, en mayor o menor medida, en las herramientas de la justicia transicional. En ese marco, las políticas de juzgamiento desarrolladas buscaban en los últimos tiempos sancionar a las personas que cometieron graves crímenes con ocasión de su participación en el grupo armado. Estas políticas, sin embargo, se realizaron a partir de un imaginario fuertemente arraigado según el cual los grupos armados estaban compuestos solo por adultos. Sin embargo, a los adolescentes reclutados ilícitamente y desvinculados de los grupos armados se les aplicó un régimen penal ordinario, distinto al de los adultos, que generó prácticas discriminatorias según la forma de desvinculación del grupo y respecto del grupo que provenían. Pero además, el trato jurídico brindado no fue menos gravoso que el establecido para los adultos que los reclutaron, entre otras cosas, porque las políticas de juzgamiento diseñadas para los desmovilizados no tuvieron perspectiva de infancia.