El gobierno a través de la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, busca formular y adaptar a la Política de Desarrollo Social vigente, lineamientos que incorporen el crecimiento integral del ser humano, concebido como agente de cambio social, formado e influido por múltiples aspectos dentro de los cuales la sexualidad juega un papel determinante. La expresión de la sexualidad está estrechamente vinculada al entorno socio-cultural de los seres humanos, requiere aprendizaje y orientación para su desarrollo. La comprensión y aceptación que como ser sexual adquiere la persona, genera efectos directamente relacionados con su calidad de vida individual, de pareja, familiar y comunitaria, lo cual convierte la sexualidad en objeto de políticas nacionales. El desarrollo de tal política no pretende hacer generalizaciones; sería errado hacer referencia a la "Sexualidad de los Colombianos/as", se pueden establecer tendencias o caracterizaciones, ubicar problemáticas comunes y específicas de las distintas poblaciones objeto de interés, reconociendo las diferencias regionales, étnicas, religiosas, etarias, de género y de clase, que matizan y le dan un carácter relativo a la sexualidad. Estas políticas tienen un piso fundamental que es la Nueva Constitución Colombiana, la cual estipula en varios de sus artículos derechos y deberes directamente relacionados con una concepción amplia de la sexualidad. Se refiere a los derechos de todas las personas a un libre desarrollo de su personalidad; a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; a la igualdad de derechos y deberes de la pareja; al derecho de la pareja a la libre decisión sobre el número de sus hijos e hijas; a la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer; a la protección de la mujer frente a cualquier clase de discriminación en el período de gestación y postparto; a los derechos de los infantes a un desarrollo armónico e integral; a los derechos de los y las adolescentes a una formación integral; y a los derechos de las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Con esta concepción de política y sexualidad y con el marco constitucional el Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, bajo la orientación permanente de la Primera Dama de la Nación y en Coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el apoyo técnico de la Fundación para el desarrollo Humano y Social CRESALC Colombia, propone un Plan Nacional de Educación Sexual, cuyo objetivo principal es el de promover en el individuo, la familia y la sociedad, la formación de actitudes y valores que propendan por: la valoración de la sexualidad, la igualdad social de los géneros, la autonomía, la responsabilidad, la convivencia armónica, la solidaridad y la salud sexual, a través del desarrollo de los diferentes componentes del Plan: capacitación y formación, investigación, institucionalización, comunicación, y servicios, y las estrategias de: planeación, intersectorialidad, coordinación y autonomía, descentralización y participación.

En Colombia, la pionera había sido la revista bogotana La Mujer, creada 50 años antes y dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, mientras La Mujer se publicó solo por cuatro años, Letras y Encajes fue editada mensualmente durante 33 años, hasta 1959. Una aventura de estas pareciera ser un ejemplo de emancipación femenina, pero al revisar la publicación es fácil encontrarse con una postura conservadora que, con todo, da cuenta de cómo se entendía a la mujer a principios del siglo veinte.

En Colombia, la pionera había sido la revista bogotana La Mujer, creada 50 años antes y dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, mientras La Mujer se publicó solo por cuatro años, Letras y Encajes fue editada mensualmente durante 33 años, hasta 1959. Una aventura de estas pareciera ser un ejemplo de emancipación femenina, pero al revisar la publicación es fácil encontrarse con una postura conservadora que, con todo, da cuenta de cómo se entendía a la mujer a principios del siglo veinte.

Esta importante publicación que prologamos es un primer y valioso paso conducente a destacar los valores, conceptos y metas de una nueva perspectiva de desarrollo e integración social, los que deben permear el conjunto de políticas públicas pertinentes. Los gobiernos, así como todas aquellas personas, instituciones y organizaciones comprometidas en una efectiva integración social, pueden aprender recíprocamente a partir de las mejores experiencias puestas en vigor. En este campo, las instituciones filantrópicas tienen una experiencia invaluable que debe quedar diligentemente a disposición de los interesados. A su vez, los niveles subnacionales de gestión gubernamental como los gobiernos regionales y municipalidades deben desempeñar un papel más activo en las políticas de superación de la exclusión y marginalidad social realizando acciones afirmativas donde y cuando corresponda. Al respecto, la demostración de las mejores prácticas que en diferentes contextos nacionales han estado siendo exitosas debería tener mayores niveles de visibilización a nivel regional para permitir su adaptación y réplica. Todas estas acciones implican una efectiva transversalización de las políticas de acción afirmativa a niveles nacionales, la que también debería llevarse a cabo en los niveles subnacionales. Por este motivo, urge introducir importantes cambios en la aplicación de políticas públicas al nivel de los gobiernos regionales y municipales. La gestión gubernamental separada en compartimentos estancos establece un límite muy serio a la transversalización, especialmente de acciones afirmativas, ya que en el trabajo en terreno no se pueden enfrentar eficazmente temas multisectoriales como los mencionados. En la medida que la integración de las diásporas en los países de acogida enfrenta fuertes barreras de entrada es igualmente necesario que la acción afirmativa incluya a la gran variedad de inmigrantes que hoy día se observa en esta región. Este pionero libro que resume la experiencia colombiana en políticas de acción afirmativa, es una contribución referencial para revitalizar las nuevas perspectivas del desarrollo. Igualmente, muestra que la acción afirmativa no ha nacido hoy, ni se ha presentado exclusivamente en un solo país. Ella ha establecido profundas raíces en la historia latinoamericana. Se ha desarrollado y nutrido al amparo de duras y prolongadas luchas por la equidad, en las que múltiples actores han aportado sus mejores esfuerzos. De alguna forma, este volumen es también un homenaje a quienes se han comprometido y dado su vida por la justicia social.

Este libro es el resultado de buscar y rebuscar, acuciadas en un primer momento por una natural curiosidad hacia el siglo XIX, en el baúl de nuestras abuelas o incluso bisabuelas. Y nos encontramos no sólo con el pasado sino con nuestro pasado, rico, complejo, sorprendente en su infinita variedad de hallazgos. Experimentamos un sentimiento de ternura por esas mujeres y de profunda solidaridad ante el esfuerzo que realizaron, muchas veces en condiciones inhóspitas, incomprendidas por sus contemporáneos, varones y mujeres. No sólo mujeres con nombre propio sino mujeres generalmente anónimas forman una parte esencial de la historia no contada, oculta(da) en el polvo acumulado durante el transcurso de los años. Nuestra tarea, nuestra pasión es desenvolverla, descubrirla, deconstruirla. Un acto compartido entre muchas mujeres y algunos varones. En mayor o menor grado, cada artículo en Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIXcontribuye a este fin y también al de la construcción –la re-construcción- de la historia de mujeres en la Argentina. Hay todavía mucho por revolver en esos arcones. Sabemos que hay nombres escondidos todavía en publicaciones que debemos encontrar. Nombres de mujeres, sus labores, que han sido muy poco investigadas o que sencillamente desconocemos. Se trata de hacer visible una producción ignorada y una tradición desdibujada.

“Mujeres Antioqueñas en la memoria de la ciudad” es la primera publicación de este tipo en Colombia y porque su realización es coherente con la política de respeto y promoción de los derechos humanos de la población femenina de Medellín. Esta investigación documenta los esfuerzos de mujeres valerosas que en distintas épocas y bajo diversas formas de resistencia, defendieron ideales de todo tipo: patrióticos, sociales, políticos, artísticos, altruistas, en fin, enfrentando por ello duras críticas y condenas morales de los sectores más tradicionales de las sociedades de aquellos tiempos que veían en las acciones de algunas de estas mujeres, transgresiones imperdonables a los modelos de feminidad imperantes. Por el contrario, en nombre de esos ideales, mujeres de diversos orígenes pero afines en entereza y carácter fueron capaces de elevarse por encima de las circunstancias y de enfrentar con valor las injusticias de sus épocas, con lo cual contribuyeron de manera determinante al desarrollo de Antioquia. La publicación de este libro es uno de los tres componentes de los Acuerdos 13 de 2004 y 230 de 2006 del Concejo de Medellín que disponen un merecido homenaje a trece mujeres que han contribuido al desarrollo de la región Antioqueña. Ellas son: María Centeno, Luzmila Acosta de Ochoa, La Cacica Dabeiba, María Martínez de Nisser, Débora Arango, Jesusita Vallejo, Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, Benedikta Sur Nieden de Echavarría Misas, Simona Duque, La Cacica Agrazaba y Rosita Turizo. Esta publicación de gran valor histórico y literario, llevada a cabo por la Historiadora Paula Andrea Giraldo Restrepo, egresada de la Universidad Nacional de Medellín, es un texto que recoge los hechos más destacados de la vida de mujeres que vivieron en distintas épocas, desde la prehispánica hasta nuestros tiempos. Para su elaboración fue necesario enfrentar y superar, hasta donde fue posible, las limitaciones relacionadas con el hecho de que en general la etnografía -incluida la nacional- no tiene entre sus propósitos el de estudiar y contar la historia de las mujeres. «Mujeres Antioqueñas en la memoria de la ciudad» es un texto que al mismo tiempo que testimonia las formas de sujeción y sometimiento que han marcado negativamente la vida de las mujeres a lo largo de la historia, arroja luz sobre protagonismos silenciados de algunas de ellas que fueron capaces de enfrentar las limitaciones de origen sociocultural que pretendían en razón de su género, impedir su vuelo. Pero la fuerza, valor y grandeza de estas mujeres no lo permitieron; su empuje y compromiso con la defensa y la protección de los patrimonios, los amores, las/os hijos, las tierras o la independencia nacional, estuvieron por encima de su temor a los juicios y censuras que recibieron en abundancia por romper los esquemas tradicionales de comportamiento femenino de su época.

La Constitución de 1886 estableció el catolicismo como la única religión en Colombia. En el marco de construir una nación netamente católica, la Iglesia usó la prensa como medio de adoctrinamiento y acercamiento a los fieles. El periódico bogotano “El Bien del Pueblo: semanario destinado á procurar la instrucción del pueblo”, auto catalogado como el seminario destinado a procurar las instrucciones del pueblo, era de carácter religioso y cultural, contaba con diferentes noticias, escritos y caricaturas. Esta publicación buscaba ofrecer “un contenido diverso, al servicio de las buenas costumbres”, en sus páginas se pueden encontrar disertaciones filosóficas y teológicas sobre la diferencia entre la Libertad y el libertinaje, adicionalmente se trataban aspectos de la vida diaria con secciones como la titulada “ciencia para todos" por medio de la cual se daban trucos de aseo y cocina para aplicar en la vida. Contenía también una sección humorística llamada "humoradas" con coplas jocosas y se publicaban oraciones y poesías. Se conserva la ortografía de la época en el título del periódico.

El informe Memorias en tiempo de guerra establece una tipología de iniciativas de memoria y analiza algunos casos de organizaciones y comunidades que han trabajado desde esta perspectiva. Un conjunto de productos complementan el presente informe: el Multimedia Memorias expresivas recientes. Resistencias al olvido; una base de datos de iniciativas sociales de memoria y el documental Mampuján: Crónica de un desplazamiento.

El despojo y abandono de tierras y sus implicaciones directas en el desplazamiento forzado de la población rural son un fenómeno complejo de reordenamiento de las relaciones sociales y políticas de un territorio. Ese fenómeno se va trasformando a través del tiempo, y se vuelve sofisticado a medida que la violencia directa va siendo reemplazada por mecanismos menos visibles utilizados para usurparle la tierra a los pobladores del campo. La tierra aparece como un instrumento del control de territorios y poblaciones, y en sociedades con pocas oportunidades de trabajo e ingreso, es fuente vital de subsistencia de los campesinos y las comunidades rurales. Además es una fuente de poder político para las elites y grupos armados ilegales que deriva en todo tipo de violencias y genera innumerables víctimas. En la primera fase de esta investigación (2009) de la línea de Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se explora esta problemática en los departamentos Córdoba, Sucre y el centro de Bolívar.

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) investiga los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, cuando aproximadamente 80 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba. La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó. Este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido Colombia, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad.