Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político. Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades. Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

La Dirección de Pueblos Étnicos desarrolló una sección de quince casos de profundización étnicos, entre ellos 6 de pueblos indígenas, y uno interétnico que documentan cómo el conflicto armado tuvo un fuerte componente étnico y racial, que jugó un papel importante en los daños individuales y colectivos ocasionados a los pueblos étnicos. Igualmente dan cuenta de las resistencias de estos pueblos. Estos daños están relacionados con varios elementos y violencias de larga duración, como el racismo estructural, el trato colonial, la responsabilidad del Estado colombiano por omisión o acción, la falta de garantía de los derechos humanos de los pueblos étnicos, el riesgo de exterminio físico y cultural, los señalamientos y persecuciones contra sus formas de vida, los ciclos continuados de ocupación, despojo, desterritorialización y militarización de sus territorios, la estigmatización y persecución de sus liderazgos, el exilio y las prácticas que sometieron a degradación las vidas de miles de integrantes de comunidades étnicas del país.

La presente publicación DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARAMILITAR. Panorama posacuerdos con las AUC, considera experiencias históricas recientes y actuales en Colombia de aplicación de pactos de paz entre gobiernos nacionales y varias guerrillas y fracciones armadas ligadas a la insurgencia. Así como experiencias sobre la aplicación del acuerdo de desmovilización y desarme entre el gobierno nacional y la mayoría de las agrupaciones paramilitares, las cuales permitieron ilustrar sobre lo ocurrido en los diversos eventos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes a la vida civil. Y, evalúa la aplicación de la figura legal que ya por más de dos décadas habilita al gobierno nacional a conceder indultos de manera individual a personas que abandonan las guerrillas y se acogen al programa oficial de reintegración. En tal perspectiva, su contenido complementa al tomo precedente de esta serie REARMADOS Y REINTEGRADOS. Panorama posacuerdos con las AUC. Tomo que incluye dos informes de la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) de evaluación y recomendaciones sobre lo sucedido tras el acuerdo de desmovilización, desarme y reintegración con las AUC, del surgimiento de nuevos grupos armados ilegales que buscan suceder su poder ilegal y de la aplicación de los programas de reintegración entre 2006 y 20101.

Por el cual se adiciona un articulo a la Parte 1 del Libro 1 la Seccion 1 al Capitulo 23 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 1 y los Anexos numeros 2 y 3 al Decreto numero 1625 de 2016 Unico Reglamentario en Materia Tributaria para reglamentar los ar

Por la cual se modifican disposiciones de la Resolucion numero 0388 de 2013 0588 de 2013 00828 de 2014 01281 de 2016 y 01392 de 2016 Protocolo de Participacion Efectiva de las Victimas del Conflicto Armado y se dictan otras disposiciones

Por la cual se determinan y publican las entidades habilitadas para definir directamente los proyectos de inversion que tengan como objeto la implementacion del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Durad

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las cuentas de ahorro electronicas

Este libro es una aproximación al lugar que el archivo audiovisual ocupa en la escritura de la historia del conflicto armado en Colombia en las últimas cuatro décadas. El amplio rompecabezas de las fuentes que lo definen no estaría completo sin su justa comprensión como pieza fundamental para la reconstrucción de un relato íntegro de este proceso. En momentos en que la intensidad de las imágenes producidas alrededor de eventos coyunturales se desborda por la misma fugacidad de las dinámicas del mundo digital, reconstruir el rompecabezas del archivo audiovisual como fuente para la escritura de nuestra historia reciente es imperativo.

Para el mes de marzo de 2020, el Gobierno nacional, mediante el Decreto 417, declaró el «Estado de emergencia económica, social y ecológica derivado de la pandemia por Covid-19». Por ello, en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), anunció las medidas que adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de la población víctima de violencia durante el periodo de aislamiento obligatorio. Una de estas acciones consistía en brindar ayudas humanitarias. El caso de José Humberto Gómez Herrera que fue conocido por el Consejo de Estado, es un ejemplo de una acción de tutela en garantía de derechos fundamentales en época de pandemia por COVID-19.