A través del Programa de Promotoría Juvenil, las instituciones integrantes del Comité Académico de la Campaña de Lazo Blanco de No Violencia Contra las Mujeres en Colombia (en adelante nombrada como Campaña del Lazo Blanco), en cabeza del Colectivo Hombres y Masculinidades, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia -ACNUR, se adelantó una propuesta de capacitación y formación para jóvenes hombres y mujeres en situación de alta vulnerabilidad y afectados/as por el fenómeno del desplazamiento forzado. Se buscaba con ello prevenir las violencias basadas en género, favoreciendo nuevas construcciones de identidades genéricas y la transformación de actitudes, roles y estilos de vida. Ello llevó a fortalecer el ejercicio de los derechos, vinculado a un aprendizaje desde una perspectiva relacional de género. Este proceso se explica a continuación en los siguientes capítulos: El primero, ofrece la reconstrucción histórica del proceso de capacitación y formación a jóvenes de Bogotá y otros municipios del país. El capítulo contiene los siguientes apartados: en el primero, denominado Contexto político del programa de capacitación, se delimita el horizonte político a partir del cual surgió el proyecto. Un segundo apartado titulado Definición del programa, muestra los contenidos y pertinencias para el trabajo con la población objeto del proyecto. En tercer lugar se plantea la situación del proyecto en el marco del mandato y misión del ACNUR. En un segundo capitulo se aborda el horizonte conceptual sobre el que se sustentó la metodología, haciendo referencia a los ejes transversales que la estructuran: género, masculinidad, cuerpo, juventud y política. Luego se ofrece la reconstrucción del proceso por años, haciendo un recuento cronológico de los diferentes momentos del proyecto de Promotoría Juvenil. El tercer capitulo, da cuenta de los principios pedagógicos y la metodología de trabajo, y en general se hace referencia a las iniciativas juveniles y a los hallazgos desarrollados en el proyecto.El capitulo cuarto, nos lleva a analizar las distintas herramientas pedagógicas que fueron incorporadas durante el ejercicio del proyecto, varias de las cuales son materiales de entidades hermanas y que aportaron tanto al proceso de capacitación como de movilización. En el quinto capitulo se hacen varias recomendaciones como fruto del balance del proyecto, y se indican además cuales fueron los principales aprendizajes tenidos durante este proceso.

El presente artículo presenta parte de los resultados de la investigación «Violencia conyugal en Cali en el año 2001». A modo de contextualización, se presenta el modelo de la escalada de la violencia como un modelo descriptivo a considerar en el estudio y atención profesional de casos y realidades asociadas a las violencias conyugales. Se pasa luego a desarrollar lo pertinente a la dinámica de la escalada de la violencia a través del análisis de casos.

Tras el lanzamiento del informe Más allá del papel, Amnistía Internacional fue preguntada por los motivos de presentar un informe sobre violencia de género en España a los pocos meses de la aprobación de la Ley Integral. La organización explicó entonces que no se trataba de un informe “sobre la ley”, sino de un informe “acerca de la realidad” sobre la que la ley recientemente aprobada debía incidir y en el que se ponían de manifiesto obstáculos reales, encontrados y nombrados por las mujeres en sus itinerarios de huida de la violencia de género en la pareja, obstáculos todos ellos que la Ley Integral, en su desarrollo, debía eliminar. A pesar de la acogida positiva que tuvo el informe Más allá del papel por parte de las autoridades españolas, que sostuvieron reuniones con Amnistía Internacional la semana posterior a su presentación, la organización pudo detectar escollos a la hora de paliar algunos de los importantes obstáculos detectados. Un ejemplo de falta de voluntad política se refiere a la situación de vulnerabilidad y discriminación añadida de las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género. El 25 de noviembre de 2005 Amnistía Internacional hizo público un informe en el que mostraba honda preocupación por decisiones del Gobierno español, tomadas en desarrollo de la Ley Integral, que no sólo no paliaban la situación de desprotección y discriminación que sufría este colectivo con anterioridad a la aprobación de la citada ley, sino que venían a agravarla. Por ello Amnistía Internacional, cuando se cumple el primer aniversario de plena entrada en vigor de la Ley Integral, se ha preguntado por la implantación efectiva de las medidas previstas por la Ley Integral y en qué medida han servido para eliminar los obstáculos anteriores a la misma. El presente informe, que no pretende ser exhaustivo respecto a las diferentes medidas que prevé la Ley, tiene como objetivo responder a esas cuestiones y quiere ser una contribución para acercar la legislación y las políticas de Gobierno a la realidad de las mujeres que sufren la violencia de género, para que sus derechos sean efectivamente protegidos y sus necesidades realmente atendidas. Las raíces de la violencia de género son profundas y la modificación de patrones culturales y sociales ciertamente no se logra en el corto plazo. Sin embargo, hay elementos que sí puede evaluarse en el plazo de un año: el cumplimiento de la obligación del Estado de actuar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres “sin dilaciones” y “con todos los medios a su alcance”, la efectiva incorporación del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de la violencia de género, la puesta en marcha de acciones para acabar con las discriminaciones añadidas de determinados colectivos de mujeres, o la implantación de medidas de protección, asistencia y justicia adecuadas a las necesidades de las mujeres. Este informe se presenta como un recorrido por los principales obstáculos que encuentran las víctimas de violencia de género. Este itinerario sólo puede comenzar por el ámbito del Estado al que acuden la práctica totalidad de las sobrevivientes de la violencia, y probablemente también las que un día fueron víctimas mortales de la misma: el ámbito sanitario. Porque, si bien sólo una minoría de las mujeres que sufren violencia de género la denuncian, “todas ellas ven mermada su salud, y en consecuencia todas acuden por un motivo más o menos directo en demanda de asistencia médica”. Este hecho convierte al ámbito sanitario en un espacio privilegiado de detección de la violencia y de atención a las víctimas.

Este reporte corresponde a una investigación realizada entre 2010 y 2011 en México con el propósito de conocer: a) las instituciones y características de dicho personal; b) sus necesidades y/o dificultades que enfrenta; y c) sus concepciones bajo un enfoque de género. Para el primer aspecto se realizó un censo institucional, para los otros dos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a veinte personas. Los principales resultados muestran que 76% de quienes prestan estos servicios son mujeres, que trabajan en 12 instituciones. Refieren como necesidades falta de personal y capacitación. Conciben la violencia como golpes y agresiones, desvinculadas del control masculino como su eje central.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el documento Definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resalta el compromiso de la entidad en la inclusión de las víctimas más vulnerables en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación: Prioridad a las víctimas que presentan mayores grados de vulnerabilidad. Dado que dentro del universo total de víctimas, existen algunas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, la CNRR considera necesario establecer un orden de prioridad considerando, en primer lugar, la Constitución Política subraya la necesidad de brindar especial protección a las mujeres cabeza de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera edad (art. 46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolombianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de 1993). En segundo lugar, la realidad social exige darle prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se encuentran protegidos de forma especial en la Constitución. Tal es el caso de aquellas víctimas que padecen pobreza extrema. A través del área de Género y Poblaciones Específicas, la Comisión ha trabajado por la inclusión de la temática de género de su labor diaria. Así, presenta el Manual de documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, instrumento diseñado para dar un soporte técnico y ético, bajo un enfoque de derechos, a las y los funcionarios de las distintas instituciones que están en contacto directo con las mujeres víctimas del conflicto armado, así como a sus funcionarios y funcionarias, para la atención de miles de mujeres que han sido víctimas de las distintas manifestaciones de violencia basada en género. El área considera este documento de vital importancia, por cuanto brinda lineamientos a la institucionalidad para la atención técnica, ética y respetuosa a mujeres víctimas del conflicto armado, y porque busca poner en evidencia las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde se generan mayor impunidad y silencio, es decir, las violencias basadas en género contra las mujeres, especialmente las distintas manifestaciones de violencia sexual.

La justicia de género centra su interés en el acceso a la justicia de las mujeres así como en que se apliquen leyes a favor de sus derechos y en la tipificación de los delitos que los vulneren, tanto en el ámbito público como privado, siendo sus principales manifestaciones la violencia doméstica y la violencia sexual incluida aquella que cobra la vida de las mujeres. Las violencias de género han sido las situaciones de violación de derechos más proclives a ser consideradas como asuntos de menor importancia o pertenecientes al llamado núcleo blando del derecho. Por ello, para la justicia de género la forma como se está administrando justicia en los casos de delitos perpetrados contra las mujeres por el hecho de serlo y motivados por considerarlas carentes de derechos, es materia central ya que es a través de estas expresiones que se perpetúan las relaciones de poder desiguales entre ambos sexos y se naturaliza la violencia y discriminación contra las mujeres. Diversos análisis realizados en países latinoamericanos han coincido en señalar que el sistema acusatorio que se viene implementando desde hace más de una década en la región, así como las reformas que han sufrido las leyes de violencia pueden poner en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias de género. Esta experiencia previa llevó a la Corporación Humanas con el apoyo de AECI a indagar cómo ha venido respondiendo el Sistema Penal Acusatorio (SP A) en Colombia en estos dos años de implementación parcial en los casos de delitos por violencia de género a fin de establecer si está garantizando o no el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de ellos. Los resultados de la investigación se han agrupado en cuatro capítulos. El primero de ellos da cuenta del marco conceptual a partir del cual se establece qué es acceso a la justicia, en el segundo se revisa el contexto normativo nacional, en el tercero se presentan los obstáculos del Sistema Penal Acusatorio para el acceso a la justicia por parte de las mujeres identificados durante el trabajo de campo y por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones. En este resumen se presenta los aspectos metodológicos centrales y las conclusiones y recomendaciones.

Entendiendo la importancia de promover buenas prácticas en el entorno laboral audiovisual, esta publicación hace parte de la estrategia de prevención de violencias de género de la Comisión Fílmica de Bogotá y el trabajo por ambientes libres de discriminación, respetuosos y seguros para los profesionales del sector. GRITEMOS ¡CORTE! busca exponer una investigación de lo que ha sucedido al respecto en el sector audiovisual de diferentes países del continente y en Colombia particularmente, además de plantear un ejercicio práctico en donde los lectores podrán responder libremente, con el objetivo de identificar y reflexionar sobre aquellas conductas que han sido normalizadas, y que pueden resultar violentas para otra persona, con el fin de aportar en la generación de cambios en el sector.