Tras el lanzamiento del informe Más allá del papel, Amnistía Internacional fue preguntada por los motivos de presentar un informe sobre violencia de género en España a los pocos meses de la aprobación de la Ley Integral. La organización explicó entonces que no se trataba de un informe “sobre la ley”, sino de un informe “acerca de la realidad” sobre la que la ley recientemente aprobada debía incidir y en el que se ponían de manifiesto obstáculos reales, encontrados y nombrados por las mujeres en sus itinerarios de huida de la violencia de género en la pareja, obstáculos todos ellos que la Ley Integral, en su desarrollo, debía eliminar. A pesar de la acogida positiva que tuvo el informe Más allá del papel por parte de las autoridades españolas, que sostuvieron reuniones con Amnistía Internacional la semana posterior a su presentación, la organización pudo detectar escollos a la hora de paliar algunos de los importantes obstáculos detectados. Un ejemplo de falta de voluntad política se refiere a la situación de vulnerabilidad y discriminación añadida de las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género. El 25 de noviembre de 2005 Amnistía Internacional hizo público un informe en el que mostraba honda preocupación por decisiones del Gobierno español, tomadas en desarrollo de la Ley Integral, que no sólo no paliaban la situación de desprotección y discriminación que sufría este colectivo con anterioridad a la aprobación de la citada ley, sino que venían a agravarla. Por ello Amnistía Internacional, cuando se cumple el primer aniversario de plena entrada en vigor de la Ley Integral, se ha preguntado por la implantación efectiva de las medidas previstas por la Ley Integral y en qué medida han servido para eliminar los obstáculos anteriores a la misma. El presente informe, que no pretende ser exhaustivo respecto a las diferentes medidas que prevé la Ley, tiene como objetivo responder a esas cuestiones y quiere ser una contribución para acercar la legislación y las políticas de Gobierno a la realidad de las mujeres que sufren la violencia de género, para que sus derechos sean efectivamente protegidos y sus necesidades realmente atendidas. Las raíces de la violencia de género son profundas y la modificación de patrones culturales y sociales ciertamente no se logra en el corto plazo. Sin embargo, hay elementos que sí puede evaluarse en el plazo de un año: el cumplimiento de la obligación del Estado de actuar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres “sin dilaciones” y “con todos los medios a su alcance”, la efectiva incorporación del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de la violencia de género, la puesta en marcha de acciones para acabar con las discriminaciones añadidas de determinados colectivos de mujeres, o la implantación de medidas de protección, asistencia y justicia adecuadas a las necesidades de las mujeres. Este informe se presenta como un recorrido por los principales obstáculos que encuentran las víctimas de violencia de género. Este itinerario sólo puede comenzar por el ámbito del Estado al que acuden la práctica totalidad de las sobrevivientes de la violencia, y probablemente también las que un día fueron víctimas mortales de la misma: el ámbito sanitario. Porque, si bien sólo una minoría de las mujeres que sufren violencia de género la denuncian, “todas ellas ven mermada su salud, y en consecuencia todas acuden por un motivo más o menos directo en demanda de asistencia médica”. Este hecho convierte al ámbito sanitario en un espacio privilegiado de detección de la violencia y de atención a las víctimas.

A través del Programa de Promotoría Juvenil, las instituciones integrantes del Comité Académico de la Campaña de Lazo Blanco de No Violencia Contra las Mujeres en Colombia (en adelante nombrada como Campaña del Lazo Blanco), en cabeza del Colectivo Hombres y Masculinidades, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia -ACNUR, se adelantó una propuesta de capacitación y formación para jóvenes hombres y mujeres en situación de alta vulnerabilidad y afectados/as por el fenómeno del desplazamiento forzado. Se buscaba con ello prevenir las violencias basadas en género, favoreciendo nuevas construcciones de identidades genéricas y la transformación de actitudes, roles y estilos de vida. Ello llevó a fortalecer el ejercicio de los derechos, vinculado a un aprendizaje desde una perspectiva relacional de género. Este proceso se explica a continuación en los siguientes capítulos: El primero, ofrece la reconstrucción histórica del proceso de capacitación y formación a jóvenes de Bogotá y otros municipios del país. El capítulo contiene los siguientes apartados: en el primero, denominado Contexto político del programa de capacitación, se delimita el horizonte político a partir del cual surgió el proyecto. Un segundo apartado titulado Definición del programa, muestra los contenidos y pertinencias para el trabajo con la población objeto del proyecto. En tercer lugar se plantea la situación del proyecto en el marco del mandato y misión del ACNUR. En un segundo capitulo se aborda el horizonte conceptual sobre el que se sustentó la metodología, haciendo referencia a los ejes transversales que la estructuran: género, masculinidad, cuerpo, juventud y política. Luego se ofrece la reconstrucción del proceso por años, haciendo un recuento cronológico de los diferentes momentos del proyecto de Promotoría Juvenil. El tercer capitulo, da cuenta de los principios pedagógicos y la metodología de trabajo, y en general se hace referencia a las iniciativas juveniles y a los hallazgos desarrollados en el proyecto.El capitulo cuarto, nos lleva a analizar las distintas herramientas pedagógicas que fueron incorporadas durante el ejercicio del proyecto, varias de las cuales son materiales de entidades hermanas y que aportaron tanto al proceso de capacitación como de movilización. En el quinto capitulo se hacen varias recomendaciones como fruto del balance del proyecto, y se indican además cuales fueron los principales aprendizajes tenidos durante este proceso.

Considerando que en el ordenamiento colombiano está reconocido el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia derivado de la Convención de Belém dopará y de la ley 1257 de 2008 y que han transcurrido tres años desde la entrada en vigencia de esta norma, la mesa de seguimiento a la implementación de la ley 1257 de la sociedad civil, denominada actualmente como Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, (la mesa) presenta a continuación un balance sobre el estado de su cumplimiento. Para este propósito expondremos brevemente las conclusiones de la mesa respecto del estado actual de los diferentes componentes de la ley, tomando como insumos los reportes entregados por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer(ACPEM) así como la información recolectada por la mesa en los ministerios y entidades concernidas así como los estudios propios sobre el estado de cumplimiento de la ley 1257 de 2008. En este sentido, luego de identificar brevemente el alcance normativo de la referida ley y algunas cifras sobre violencia contra la mujer, presentaremos nuestras observaciones sobre el estado general de cumplimiento de la ley teniendo en cuenta la interpretación y alcance dado por las autoridades estatales, el estado de reglamentación encada uno de sus componentes y las principales recomendaciones para avanzar decididamente en su efectividad.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

El término Feminicidio está en proceso de definición, siendo una figura delictiva de la que se requiere precisar sus características propias. Por Feminicidio se entiende la muerte de una mujer como forma de resaltar la dominación y el control del hombre sobre ella. Esta conducta se puede clasificar en: a) feminicidio íntimo, cuando existe una conexión familiar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, b) feminicidio no íntimo, si no existe una relación familiar e íntima entre el sujeto activo y el pasivo, y, finalmente, c) feminicidio por conexión, cuando el sujeto pasivo es un familiar de la mujer. Asimismo, dentro del aspecto subjetivo, se resalta un elemento subjetivo del tipo concretado en la intención de dominación, ejercicio de poder o control de los agresores sobre sus víctimas. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de conductas en la actualidad se subsumirían dentro de las figuras del delito de homicidio, en la mayoría de los casos dentro de la figura del parricidio o asesinato, según se resalte la relación personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, o en función a la modalidad en la que se comete el hecho delictivo. En la presente Gaceta se presentan artículos que tienen por finalidad el justificar una tipificación autónoma de esta clase de conductas en el Ordenamiento jurídico penal basándose en un análisis jurídico y psicológico de los elementos que forman parte del tratamiento de este fenómeno; iniciativa interesante que es sometida a los especialistas para que al respecto pueda adoptarse una posición sobre el mismo.

La Corporación Sisma Mujer – con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada del Canadá – ha realizado el presente documento, por medio del cual se exploran tres aspectos fundamentales: (i) los elementos generales de los crímenes de lesa humanidad; (ii) los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad referidos a la violencia sexual y (iii) los avances y desarrollos que en materia de crímenes de lesa humanidad ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. A partir de ellos, se avanza a manera de conclusiones, en la formulación de implicaciones y retos para el Estado colombiano en la investigación de crímenes sexuales. En la primera parte del documento se exploran los desarrollos generales de los crímenes de lesa humanidad a partir de dos aspectos: los elementos del ataque y los criterios de responsabilidad penal individual. En la segunda parte, se abordan específicamente los desarrollos de los crímenes de lesa humanidad referidos a violencia sexual, a partir de los elementos fijados por el Estatuto de Roma y los antecedentes de casos de la Corte Penal Internacional – particularmente los de la República del Congo. En la tercera parte se hace un análisis sobre los desarrollos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha hecho en relación con los crímenes de lesa humanidad en algunas decisiones de la parapolítica y el procedimiento de la ley 975 de 2005. Así mismo, se exploran los mecanismos desarrollados en relación con las formas de imputación de crímenes de sistema. Finalmente y con fundamento en lo anterior, en el último capítulo se abordan algunas implicaciones que los desarrollos internacionales tienen en el caso colombiano y algunas recomendaciones frente a los posibles mecanismos de investigación que deberían implementarse a fin de realizar persecuciones penales acordes con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

Este trabajo: "LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, un mal que no cesa", realizado a partir de testimonios e historias de vida de mujeres populares, hace parte de la colección de Cartillas Populares "MUJERES Y DERECHOS", Y se propone llamar la atención sobre las diversas violencias que ellas están viviendo, profundizando el derecho de todas las mujeres a una vida digna, libre de toda forma de violencia ejercida contra sus cuerpos y sus subjetividades. Es una propuesta que, esperarnos, irrumpa luminosa en la vida de las mujeres, informándoles, haciéndolas estudiosas, interlocutoras, pensantes, creativas, amorosas y tiernas a la vez; una propuesta que facilitará la armonía, el respeto, la atención, la alegría en el impulso de construcción de una sociedad nueva, desde el espacio donde actúan cotidianamente.

En el marco del programa Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia, UNIFEM apoya la publicación titulada: ¿Justicia desigual? Género y derechos de las víctimas en Colombia. Esta recopilación de artículos y opiniones es el resultado del trabajo de investigaciones y estudios a cargo de autoras y autores especializados en temas de víctimas, verdad, justicia y reparación, quienes incorporan aquí la perspectiva de género como una herramienta de análisis de la realidad colombiana. Esta publicación, además de alinearse con los objetivos generales del programa, proporciona una serie de respuestas a la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las líneas medulares del programa. La Resolución 1325, entre otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y tomar medidas para enjuiciar a los culpables. Esta publicación responde a la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los temas de verdad, justicia y reparación, con el objetivo final de reflexionar sobre la importancia de garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Los ensayos parten del análisis específico de los temas, para desarrollar después propuestas novedosas que apuestan por la perspectiva de género como enfoque imprescindible para luchar contra la impunidad.

La violencia basada en el género (VBG), como cualquier otra forma de violencia, es una realidad evitable a la que no subyace ninguna determinación natural, genética o biológica. Son solo condicionamientos socioculturales los responsables de cada acto de violencia que se comete contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Esto no significa sin embargo que se trate de un fenómeno fácil de comprender y mucho menos de enfrentar, Por el contrario, su origen cultural hace de la VBG una problemática intrincada y de muchas aristas y conocer a profundidad formas, contextos, imaginarios colectivos, respuestas sociales e institucionales, es sin duda un camino y un deber para quienes aspiramos a contribuir a la erradicación de una problemática que vulnera el derecho de las mujeres una vida libre de violencias y limita su potencial de desarrollo y de aporte al desarrollo de la sociedad, en todos los campos.

La clarificación de las conductas que implican la comisión de un crimen internacional continúa plenamente abierta al debate. En particular, los matrimonios forzados están dando lugar a una acalorada discusión académica y práctica por si deben ser catalogados como crimen de lesa humanidad. Y si quedarían englobados en unos u otros enunciados que definen este delito (esclavitud sexual u otros actos inhumanos). Esta cuestión se debe analizar con base en dos criterios: Primero, lo que recoge la práctica normativa internacional, mediante la apropiada interpretación de las normas adoptadas y los presupuestos básicos que configuraron su elaboración. Segundo, lo que deriva de los criterios jurisprudenciales en materia de matrimonios forzados aplicados por una gran variedad de tribunales penales internacionales. El análisis exige apresar la perspectiva concerniente a los delitos de violencia y esclavitud sexual; y todo desde el enfoque del sector de la protección internacional de los derechos humanos. En síntesis, el propósito del trabajo es precisar si los matrimonios forzados están ganando autonomía conceptual y normativa en el orden internacional.