El Programa Mujeres, Paz y Seguridad de UNIFEM junto al Programa PNUD-REDES, con el apoyo de la Embajada de Noruega, la Embajada de Suecia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID y la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, organizó en la semana del 23 de junio, los “Talleres sobre justicia de género - Avanzar en la Resolución 1325 y los 8 Puntos de la Agenda de BCPR”. Los principales objetivos de estas reuniones fueron dar a conocer los estándares internacionales sobre justicia de género y su aplicación en Colombia así como brindar herramientas que permitan mejorar el acceso de las mujeres a la justicia en condiciones de equidad. Incluye la presentación de la Doctora Julissa Mantilla Falcón, quien desarrolló conceptos teóricos básicos relativos a los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, así como su aplicación práctica en la realidad internacional, con especial referencia al caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Y la presentación de la Doctora Diana Guzmán Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia, quien centró su presentación en la situación del acceso a la Justicia para las mujeres, haciendo particular énfasis en la situación colombiana. También se encuentra en un archivo las fotos de los y las asistentes a los talleres.

En Colombia el conflicto armado persiste y se recrudece al mismo tiempo que se intensifican las múltiples expresiones de violencia en los espacios privados y públicos. El desplazamiento forzado de amplios sectores de población ha puesto en evidencia, una vez más, las reiteradas violaciones de los derechos humanos y de manera específica de los derechos sexuales y reproductivos. Comprender el significado de estos derechos es el objetivo de esta edición en la que diferentes voces se unen para demostrar que estos derechos son los más humanos de todos los derechos.

El presente amicus curiae, desarrollado a partir de cinco casos concretos de violencia sexual perpetrada contra mujeres, constituye una valiosa contribución frente a los diversos obstáculos que afronta la consecución de justicia en casos de violaciones de derechos humanos. Cabe resaltar que otra razón para la presentación de este amicus curiae es la relevancia para la investigación sobre casos de violencia sexual en Perú, en la medida en que puede constituir un precedente muy significativo de la lucha contra la impunidad de estos crímenes en toda América Latina

Hace dos años se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC a fin de buscar una salida negociada al conflicto armado. En este contexto y ante la posibilidad de lograr un acuerdo es importante fortalecer alianzas, intercambiar entre mujeres herramientas para la exigibilidad de derechos, visibilizar las demandas y propuestas de las mujeres y el impacto diferencial del conflicto en sus vidas, así como propiciar espacios en los que estas iniciativas sean realmente escuchadas. En este escenario ONU Mujeres en Colombia asume el mandato de la Resolución 1325 para fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y contribuir a los procesos de gobernabilidad sostenible y equitativa a través de su participación. Para contribuir a ello, acuerda con la Corporación Humanas, que desde 2011 hace seguimiento y evaluación a la implementación de la Resolución, desarrollar el proyecto “Herramientas para la Incidencia Política de las Mujeres en la Construcción de la Paz”, con el objetivo de fortalecer los espacios de interlocución política y concertación entre las mujeres y el gobierno, y la articulación de procesos y organizaciones a nivel regional y nacional. En el marco del proyecto, esta publicación presenta los cuatro módulos, el primero “Proceso de cualificación de capacidades de las mujeres para la construcción de agendas de paz”, se centra en la construcción colectiva de un diagnóstico que permita la elaboración de una agenda de paz contextualizada, en donde los temas centrales para la garantía de los derechos de las mujeres estén claramente identificados. El segundo módulo denominado “Herramientas para el diálogo político y la participación de las mujeres en el post conflicto”, aborda las nociones de conflicto, violencias, paz, seguridad, derechos humanos de las mujeres y normas e instrumentos nacionales e internacionales para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, así como para favorecer la participación de ellas en procesos de construcción de paz y de seguridad. El tercer módulo denominado “Proceso de cualificación en justicia transicional- Por una Justicia de Género”, está enfocado en la justicia transicional, las implicaciones que tiene en el proceso que se adelanta en el país y busca motivar a las mujeres a promover cambios y analizar de manera crítica la forma en cómo desde allí se han abordado los intereses de las mujeres. El cuarto y último módulo denominado “Estrategia de Comunicación para la Incidencia”, aporta en la cualificación de las competencias comunicativas de las mujeres a partir del diseño de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la agenda de paz.

Nuestro Derecho a la Justicia: Impunidad del Delito de Desplazamiento Forzado en el Marco del Conflicto Interno Armado Colombiano y Vulneración del Derecho a la Organización - El Caso de la Liga de Mujeres Desplazadas. Basado en el texto “ Impunidad del Delito de Desplazamiento Forzado en el Marco del Conflicto Interno Armado Colombiano y Vulneración del Derecho a la Organización: El Caso de la Liga de Mujeres Desplazadas” . Monografía de Patricia Guerrero Acevedo para optar al título de Especialista en Derecho Internacional Humanitario ante la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia en el año 2004.

Por medio de este artículo se pretende demostrar que aun tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las farc-ep la situación de conflicto armado interno en Colombia se prolongará y, por tanto, el derecho internacional humanitario seguirá siendo aplicable. En consecuencia, las extralimitaciones en el uso de la fuerza en que incurran los miembros de las Fuerza Militares deberán ser investigadas y juzgadas con base en las normas y los principios del derecho internacional humanitario, independientemente de la autoridad judicial competente.

El presente artículo ofrece una interpretación teórica acerca de las disposiciones sobre restitución de tierras contenidas en la famosa “Ley de Víctimas”, la cual fue debatida en el Congreso colombiano en el año 2008. El proyecto de ley preveía mecanismos específicos encaminados a garantizar la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano. En su momento, el proyecto de ley fue respaldado por los principales actores políticos del país, incluyendo el gobierno y las élites que lo apoyaban, por un lado, y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos y los grupos de oposición, por el otro. El hecho de que todos los actores políticos del país estuviesen considerando seriamente la posibilidad de restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano parecía indicar la existencia de un consenso entre actores políticos cuyas posiciones normalmente están enfrentadas, sobre un tema que tradicionalmente ha generado altos niveles de polarización. Le existencia de dicho consenso es desconcertante porque no parece corresponder ni a los intereses ni a la visión de justicia de dichos actores políticos, y además porque la restitución de tierras enfrenta enormes dificultades tanto prácticas como normativas, lo que indica que posiblemente no sea la mejor alternativa para enfrentar la problemática de distribución de tierras en Colombia. El artículo concluye que el respaldo dado por todos los actores al principio de justicia restaurativa podría llevar a su efectiva realización, y consiguientemente generar un resultado que a pesar de (o quizás por) no ser intencional, podría contribuir sustancialmente a resolver el problema de la desigual distribución de tierras en Colombia

El presente artículo analiza el alcance y las limitaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el ejercicio de su competencia contenciosa frente a la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Este análisis está construido en el marco de la experiencia latinoamericana de transición de regímenes autoritarios hacia la democracia y de la guerra a la paz. De esta manera, se examina la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre comisiones de la verdad y sobre la compatibilidad entre las leyes de amnistía y la Convención Americana de Derechos Humanos.El objetivo principal del texto es indagar sobre la existencia o no de parámetros diferenciados en lo referente a situaciones de tránsito hacia la paz o de terminación negociada de un conflicto armado interno. En ese sentido, se demuestra que la Corte Interamericana tiene una aproximación diferenciada del cumplimiento de las obligaciones internacionales para los Estados inmersos en esas situaciones.

Este artículo describe las transformaciones en la tenencia y uso de la tierra en Tibú (Norte deSantander) entre 2000 y 2010. Muestra que ellas fueron altamente concentradoras, masivas y generadas sucesivamente por dos vías: una coercitiva, operada por el paramilitarismo y otra, operada por empresarios y comisionistas de la tierra a través de un mercado anómalo y desregulado. Planteo que ambas vías son explicativas del land grab, conducen a fenómenos de acumulación por desposesión y que ninguna de las dos se puede entender sin dar cuenta de un conjunto de diseños institucionales y políticas públicas promovidas desde el Estado.

Escrutinios en la eleccion de los delegados de las ODV de la Mesa Nacional de Participacion Efectiva de Victimas del Conflicto Armado