Digital. Bogotá : Biblioteca Nacional de Colombia, 2012. Recurso en línea (2 p.) : archivo de texto, PDF, 2.5 MB.

El artículo analiza tres iniciativas de acción colectiva realizadas por mujeres en zonas rurales del suroccidente de Colombia, indagando por los motivos que explican su movilización y cómo es el proceso de empoderamiento bajo el que ésta se dan. El trabajo se desarrolla a partir del registro de las historias de vida de las lideresas de las iniciativas, con lo que se recrea una trayectoria de lucha o de movilización. Con la construcción de esta trayectoria se busca evidenciar cómo se van transformando los marcos de significado de las mujeres por medio de la interacción entre actores(as), identidades y contexto. Así mismo, se aborda el impacto que tiene el conflicto armado sobre el proceso de movilización y las propuestas de construcción de paz que surgen de las iniciativas estudiadas.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

Por el cual se adiciona un paragrafo al articulo 225116 del Capitulo 1 del Titulo 5de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 Unico Reglamentario del SectorTrabajo a efectos de reglamentar el valor de los honorarios para la calificacion

“Mujeres guerra y paz; son palabras que remiten a un complejo y contradictorio universo de anhelos y esperanzas, temores e incertidumbres y ante las cuales nos preguntamos: será posible decir algo que no haya sido dicho, algo nuevo, desde nuevas miradas, "En otras palabras ... ", cuando diariamente la prensa, la radio, la televisión y demás medios nos presentan una paz "para hacer", "para negociar", una paz que se objetivó como una mercancía de supermercado?; será posible decir algo significativo y que limente la esperanza cuando los hechos cotidianos dan cuenta de las diversas expresiones de una guerra en la que además de arrasar diariamente con vidas de los hombres en contienda, se asesina impunemente y en sus propios hogares a población civil?...”

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el documento Definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resalta el compromiso de la entidad en la inclusión de las víctimas más vulnerables en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación: Prioridad a las víctimas que presentan mayores grados de vulnerabilidad. Dado que dentro del universo total de víctimas, existen algunas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, la CNRR considera necesario establecer un orden de prioridad considerando, en primer lugar, la Constitución Política subraya la necesidad de brindar especial protección a las mujeres cabeza de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera edad (art. 46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolombianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de 1993). En segundo lugar, la realidad social exige darle prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se encuentran protegidos de forma especial en la Constitución. Tal es el caso de aquellas víctimas que padecen pobreza extrema. A través del área de Género y Poblaciones Específicas, la Comisión ha trabajado por la inclusión de la temática de género de su labor diaria. Así, presenta el Manual de documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, instrumento diseñado para dar un soporte técnico y ético, bajo un enfoque de derechos, a las y los funcionarios de las distintas instituciones que están en contacto directo con las mujeres víctimas del conflicto armado, así como a sus funcionarios y funcionarias, para la atención de miles de mujeres que han sido víctimas de las distintas manifestaciones de violencia basada en género. El área considera este documento de vital importancia, por cuanto brinda lineamientos a la institucionalidad para la atención técnica, ética y respetuosa a mujeres víctimas del conflicto armado, y porque busca poner en evidencia las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde se generan mayor impunidad y silencio, es decir, las violencias basadas en género contra las mujeres, especialmente las distintas manifestaciones de violencia sexual.

Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llamada violencia política que se han experimentado en el país en los últimos decenios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanencia, terminan siendo parte del transcurrir "normal" de la sociedad colombiana. El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no se haya "naturalizado", significaría una catástrofe, una tragedia nacional que obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabilidades profundas por parte de quienes están "legítimamente" designados y facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así como de quienes, desde el lado de la "ilegalidad" o de la "para institucionalidad" y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada y democrática. En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de propiciar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado l . Es decir, se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia política en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar y colectivo se establecen en este lugar.

El presente informe expone los resultados y conclusiones principales del trabajo de la CIDH al examinar la situación de los derechos humanos en Colombia y la afectación del conflicto armado en las mujeres. Como parte de este trabajo, el informe incluye los resultados claves de la visita in loco conducida por la Comisionada Susana Villarán, el 20 y 25 de junio del 2005 a la Republica de Colombia. El objetivo principal de la visita fue el evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y recibir información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado a fin de proteger los derechos de las mujeres dentro de este contexto sociopolítico. Durante su estadía, la Relatora visitó las ciudades de Bogotá́, Valledupar y Quibdó́, donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, así́ como con una serie de víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

La verdad de las mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. El informe da cuenta de una experiencia. Como investigación en el campo de derechos humanos que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, esta es una sistematización que describe un proceso realizado por más de mil mujeres y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en coordinación con los Gobiernos de El Salvador y Suecia, lanzaron a nivel regional el estudio mundial “Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz”, informe sobre la aplicación de la Resolución 1325, que pone en relevancia la participación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos. Según el informe, las mujeres y las niñas se convierten en la población más afectada, ya que se ven expuestas a experimentar violencia sexual y de género. En el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboró la resolución 1325 donde destaca la participación de las mujeres, como garantes de la igualdad, en la prevención y solución de conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz y la seguridad de los países. El estudio mundial fortalece y reconoce el poder de la intervención de las mujeres en la construcción de la paz, asimismo, demuestra que la inclusión de las mujeres mejora la eficacia en la asistencia humanitaria, fortalece los esfuerzos en la consolidación de la paz y la recuperación económica de los países. Con este lanzamiento, ONU Mujeres promueve la implementación de esta resolución en los países del istmo, con énfasis en los del Triángulo Norte. Por su parte, los gobiernos de El Salvador y Suecia muestran su compromiso, este último como socio estratégico, a fin de fortalecer los esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad, sobre todo para las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas en estos contextos.