La finalidad de esta publicación es poner en evidencia la situación actual del sistema legal colombiano frente a las necesidades y derechos las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).1 Se trata de estudiar la legislación colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Esto lleva a reconocer, en algunos casos, los avances del sistema colombiano (especialmente en el judicial) y, en otros tantos, las falencias (especialmente en el legislativo) y omisiones del derecho nacional. No se trata, por ahora, de imaginar derechos nuevos. Simplemente se trata de tomar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y aplicarlos al caso concreto de las personas LGBT, según las interpretaciones que han hecho los órganos internacionales o, incluso, algunas cortes colombianas.2 Sin embargo, no dejamos de lado la posibilidad futura de vislumbrar nuevas definiciones de los Derechos Humanos y de proponer la adaptación de las normas a las diversas experiencias de las identidades de género y la orientación sexual. Para esta investigación de carácter exploratorio se tomaron sólo algunos de los Derechos Humanos, puesto que si bien la situación general de los Derechos Humanos en Colombia pasa por una crisis profunda, no se pretende hacer un informe general, sino prestarle principal atención a aquellos derechos más afectados para las personas LGBT, y los que más acciones judiciales han provocado. Las personas LGBT son sujetos de todos los Derechos Humanos, pero sufren de falta de garantías frente a todos y cada uno de ellos. Las personas LGBT son víctimas constantes de homicidios así como de torturas físicas, psicológicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por falta de protección por parte del Estado. Sin embargo, en lo legal, la problemática no se relaciona simplemente con estos derechos. Hace parte de un problema mucho más grave que engloba y compromete derechos como la vida, la integridad física, el trabajo o la participación política.

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales.

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

Desde la década del cincuenta Colombia ha vivido una confrontación social y política de causas diversas que se ha agudizado durante los últimos 15 años y una de cuyas manifestaciones más dramáticas es el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, que en muchos casos es el resultado de un arma de guerra deliberada. La magnitud del desplazamiento ha alcanzado proporciones tan alarmantes, y se ha convertido en una crisis humanitaria de tal magnitud que ha desbordado la capacidad institucional de respuesta y atención.

La homosexualidad femenina y el lesbianismo han tenido marcos teóricos propios y categorías específicas a partir del surgimiento de la antropología feminista de género. Anterior a estos planteamientos, la antropología abordó la homosexualidad femenina y la masculina de diversas maneras: mientras que a principios de siglo el tema fue tratado principalmente en relación con fenómenos religiosos como el shamanismo, a partir de las décadas de los treinta y cuarenta se reportan en las etnografías, de manera más concreta, fenómenos como el trasvestismo, los cambios de roles o los matrimonios entre personas del mismo sexo y se trató, en ocasiones, directamente las relaciones homoeróticas entre mujeres.

Este texto tiene como finalidad articular el discurso de Michel Foucault sobre las sociedades disciplinarias y de control, con la teoría de género que estructura la construcción de identidades simbólicas, develando la posición que ocupan los sujetos en este tipo de sociedades. Mi objetivo es mostrar como las sociedades modernas especialmente, las del Caribe Colombiano- fabricaron un cuerpo masculino y femenino a través de diversos dispositivos de saber, agenciados por el derecho, las ciencias humanas y la teología, que crearon discursos y prácticas de racionalidad que le dieron una idea de naturalidad a las diversas formas de dominación. A su vez estos dispositivos de poder construyeron mecanismos de control que estructuraron límites sociales que registran la sujeción de la mujer a espacios específicos, sustentando la violencia como herramienta de corrección social para todas aquellas que transgredan la lógica patriarcal. Por ultimo, se analizará el dispositivo de subjetivación que se establece en la constitución de un cuerpo disciplinado que visibiliza las técnicas de saber y de poder que dan como resultado la elaboración de un sujeto diferenciado con características que lo colocan en una posición binaria de clasificación, hombre / mujer, normal / anormal, heterosexual / homosexual, mujervirtuosa /prostituta.

Esta investigación es una respuesta a la necesidad de ir un paso más allá de lo dispuesto en el articulado de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y estudiar el discurso judicial de las altas cortes en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación de la mujer, en razón a las continuas denuncias de que las garantías consagradas internacionalmente no se traducen en una protección real de los derechos de quienes acuden ante la administración de justicia. El objetivo es ofrecer luces y recomendaciones sobre la eficacia de la Cedaw como herramienta para el avance de los derechos de las mujeres en las cortes domésticas, a partir del estudio de la jurisprudencia de tres países latinoamericanos: Argentina, Colombia y Perú.

En el presente libro, las trayectorias de las luchas feministas y de la irrupción política de las mujeres se entrelazan en su relato con el análisis de los contextos políticos en los que se desenvuelven, con la explicación de los resultados alcanzados en cuanto a la equidad de género, con las estrategias emprendidas por las feministas para el logro de sus propósitos, con los aciertos y con los desaciertos, para señalar finalmente «que no se avanza de manera automática y acumulativa, sino por saltos, avances y retrocesos» (Wills, p. 23). La investigación pretende mostrar también aspectos más generales sobre la conformación de los movimientos sociales y las respuestas de las instituciones y del régimen político a los mismos.

En Colombia desde lo década de los 80 se han venido formulando e implementando políticos para los mujeres y para lo equidad de género. Sin embargo después de dos décadas constatamos que la equidad de género está aún lejos de ser alcanzada y que los políticos implementados se han quedado "en enunciados de buenos propósitos", sin lograr afectar en sus raíces el orden patriarcal en el que se asienta lo discriminación contra las mujeres. Frente o lo anterior en el artículo se abordan algunas consideraciones sobre lo equidad de género y las políticos públicas que son más, puntos de partida para posteriores análisis, y que invitan tanto o los actores(as) involucrados en los mismos, como a lo sociedad en su conjunto a emprender acciones concretas y urgentes en procura de la equidad de género.