La trata de personas constituye una violación masiva de los Derechos Humanos, una forma de violencia contra las mujeres y una manifestación contemporánea de la esclavitud que degrada a los seres humanos a la condición de objetos y los somete a diferentes formas de explotación y violencia. Varios estudios muestran que las víctimas de la trata de personas son principalmente mujeres, niñas y niños. El hecho que las mujeres sean las más afectadas evidencia la confluencia de estereotipos y prácticas discriminatorias de género, exacerbadas por otras desigualdades como la etnia, la clase social, el lugar de origen y la orientación sexual, entre otras. El objetivo de esta tesis es analizar si la perspectiva de género es utilizada –y de qué manera-, en los modelos de atención dirigidos a mujeres que han vivido una situación de trata para plantear la incorporación de la perspectiva de género como un eje fundamental de la atención integral que garantice la restitución de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. Se realizó un análisis cualitativo acerca de la incorporación de la perspectiva de género en los modelos de atención a través de entrevistas semiestructuradas con un total de ocho (8) profesionales y funcionarias encargadas de la atención a mujeres que han vivido una situación de trata tanto de la entidad que coordina la atención desde el Estado colombiano, como de organismos de cooperación internacional, ONG y comunidades religiosas que tienen mayor experiencia en el abordaje de la trata de personas.

Desde la segunda posguerra el enfoque liberal del desarrollo se caracterizó por la neutralidad de género; uno de los efectos fue que la política pública privilegió la familia nuclear. En el caso específico de las reformas agrarias llevadas a cabo en América Latina entre 1960 y 1980, la adopción de este enfoque excluyó a las mujeres rurales como beneficiarias directas del acceso a la tierra. Hoy en día se aprecian cambios en cuanto al género en la política pública, sin embargo la visión de la familia nuclear sigue siendo importante en las acciones dirigidas a las mujeres.

HabIar de la no-violencia, desde una perspectiva de género, plantea una encrucijada relacionada con los estereotipos que se han creado sobre las diferencias entre hombres y mujeres con relación a la violencia. El estereotipo más conocido presenta a la mujer como no violenta por naturaleza y se refleja en el mito de las "almas bellas" mientras que la naturaleza del hombre es la de "guerrero justo”. En su versión latinoamericana diríamos el "bello sexo" y el "soldado macho", el cual aparece en las narrativas Homéricas, en La República de Platón, el Príncipe de Maquiavelo, el Emilio de Rousseau, y en grandes producciones cinematográficas como Lo que el Viento se Llevó y aún en el realismo mágico del autor de Cien Años de Soledad.

¿ Cómo abordar el tema de la ciudad desde una perspectiva de mujer? ¿Cómo encarar una temática que pertenece a los especialistas sin saberse perdida para siempre en las calles del conocimiento admitido, en las vías justificadas por la preeminencia dellogos que reconoce la razón occidental y que se abroga el sentido? ¿Cómo transitar sin miedo por las calles de una ciudad donde no existe un reconocimiento de mujer que consulte su deseo y su cuerpo porque todo el lenguaje y el ámbito de los espacios que la designan parecen cifrar cada uno de sus movimientos de acuerdo con correspondencias conceptuales ajenas a su identidad y a su proyecto? Caminar por las ciudades que no nos contienen representa un riesgo permanente de vida y muerte, de construcción y deconstrucción cuyo interés jalona el propósito de esta reflexión, que pretende nombrar algunos de los elementos por lo general no tenidos en cuenta en los análisis que piensan y sienten la ciudad. La vía de acercamiento, el hilo de Ariadna para salir del laberinto de incomprensión que ha reducido a la mujer a su ausencia tiene que ser la experiencia misma, no la razón a secas, porque allí, otro modo de expresión y de sentir te devuelve el circuito de otras tantas ciudades que has recorrido en el itinerario de otros tiempos por donde trasiega el caminar de la vida; ello nombra el impacto de las sensaciones diversificadas en la maraña de los aprendizajes cotidianos, porque las ciudades son un mundo complejo de actos que se realizan con base en encuentros y desencuentros. Éstos siempre tienen un fondo, un paisaje que opera como recuadro de sentires donde se abre el tiempo que no le da la espalda al dolor y al goce, a la memoria que forja la identidad que tenemos o proyecta otra como ensueño de una realidad posible.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000. Otros informes de la campaña: ¡Actúaya! Tortura, nunca más (Índice AI: ACT 40/13/00/s), Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores (Índice AI: ACT 40/38/00/s) y El comercio de la tortura: una lacra que hay que erradicar (Índice AI: ACT 40/02/01/s).

Resumen. Este documento se elaboró durante la fase preparatoria del proyecto de investigación de UNRISD sobre Economía política y social del cuidado. El objetivo general del proyecto es examinar la manera en que el cuidado se presta y distribuye entre la unidad familiar o el hogar, el Estado, el mercado y la “comunidad”, y la forma en que se articula con la economía de bienes en distintos países. Los estudios de caso de país que se han solicitado para el proyecto combinarán métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para (i) analizar la política en esta área, (ii) describir la conformación institucional de los diversos “regímenes de cuidado”, (iii) realizar un análisis cuantitativo al nivel micro sobre la forma en que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del hogar “cuidan” de otros miembros de la familia y (iv) explorar las implicaciones de los resultados del análisis para la pobreza y la exclusión social. La conducción reciente de encuestas nacionales sobre uso del tiempo fue uno de los criterios utilizados para seleccionar los países que se incluirían en el proyecto de investigación de vii UNRISD. Estas encuestas, también llamadas encuestas de presupuestos de tiempo, tienen por objetivo brindar información sobre las actividades de las personas durante un determinado período (por lo general un día o una semana) y la cantidad de tiempo que invierten en cada una de las actividades especificadas. Este criterio de selección se incluyó porque las encuestas de uso de tiempo constituyen una de las pocas fuentes de datos sólidos sobre el cuidado no remunerado, vale decir, el trabajo, o la “producción”, que a menudo recae en la mujer y que incluye las labores domésticas, el cuidado de los niños, personas mayores, enfermos y discapacitados en el hogar, además del trabajo comunitario voluntario. El propósito principal de este documento consiste, por lo tanto, en examinar desde una perspectiva crítica determinadas encuestas de uso de tiempo que se realizaron en países de distintas regiones del mundo, con el fin de evaluar su calidad. Además, el documento se propone servir de insumo al diseño de la investigación cualitativa que ha de realizarse en el marco del proyecto.

El dolor se presenta al descubrir en los informes de expertas la persistencia de las categorías de presión y exclusión a las mujeres, las etnias distintas a la blanca, a lo largo del período patriarcal y el consecuente ensalzamiento de la guerra como supuesto motor de la historia. El dolor se agudizaron los testimonios de mujeres desplazadas y sobrevivientes en zonas de conflicto armado, las múltiples manifestaciones de la violencia y sus secuelas en la vida. Las atrocidades contra las mujeres durante las guerras que al parecer se daban en otras épocas y latitudes, se reproducen en Colombia hoy. Y lo que es más preocupante aún, bajo la increíble creencia de que las obscenidades de las violaciones responden a las necesidades de los hombres. En Colombia y en el mundo, todavía persiste la práctica de utilizar a las mujeres como objetos satisfactores de los deseos e intereses masculinos y tales prácticas se silencian por el temor a las venganzas y, a quedar en la impunidades. El primer capítulo de este documento hace un recorrido por el trabajo intelectual de las feministas académicas en el país, quienes se han preocupado por visualizar a las mujeres, sus quehaceres y sus costumbres. La apertura reciente, desde hace diez años, de Centros de Estudios sobre Mujer y Género en las universidades Nacional, Antioquia, Valle y Atlántico ha iniciado el rescate de las mujeres acerca de un pasado silenciado en los textos históricos tradicionales. Las académicas han puesto de presente que el devenir de la sociedad está compuesto tanto por hombres como por mujeres. Y por supuesto, se han dedicado a formular nuevas preguntas frente al quehacer historiográfico. El segundo aparte versa sobre la Historia de los Derechos de las Mujeres. Estos son fundamentalmente, la expresión de conciencias autónomas, la manifestación de intereses y deseos en torno a la existencia y la convivencia, por parte de infinitos grupos de mujeres. La historia de los derechos de las mujeres es un proceso continuo de introducción en la vida interior, de elaboración cultural, cada vez más amplio y profundo; se empieza a percibir con mayor claridad, desde mediados del siglo XVIII, en múltiples países del mundo occidental. El tercer capítulo hace referencia a la Teoría Social sobre los Derechos de las Mujeres. A partir de los años 50 del siglo pasado se fortalece la presencia de las mujeres en la educación y la política, y por ende, la formulación de programas para la promoción de los derechos de las mujeres y la demanda de garantías al Estado de Bienestar. Es notoria la presencia de múltiples organizaciones en el seno del movimiento feminista y social de mujeres en la búsqueda por mejores condiciones de vida. La inspiración para la demanda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos la podemos encontrar, por un lado, en la socialdemocracia y, por otro, en el feminismo de la igualdad. Los avances en los estudios de las condiciones de las mujeres y los más recientes de género, si bien, aportan conceptos y descripciones para visualizar la presencia de las mujeres y también sobre los cambios culturales insinuados en las relaciones entre hombres y mujeres, no alcanzan a profundizar acerca de las implicaciones sociales y futuras del conjunto de los derechos reconocidos legalmente y divulgados hoy en día. Por lo anterior, es preciso que el diplomado sobre Democracia y Derechos de las Mujeres para construir la paz pueda disfrutar de la cátedra compartida entre las activistas de los derechos de las mujeres y las estudiosas del género, de manera que se convierta en un escenario para el diálogo fecundo. Esperamos que la lectura del presente texto contribuya a comprender las diferencias, a aclarar ideas entre los diferentes enfoques y propicie el debate reflexivo frente a las contradicciones y nudos persistentes en el movimiento social de mujeres.

La globalización ha introducido a millones de mujeres de los países en desarrollo en el mundo del trabajo. Trabajan en las cadenas globales de producción de las empresas multinacionales, produciendo mercancías que impulsan el crecimiento de las exportaciones: recogen y envasan fruta, cosen prendas de vestir, cortan flores y montan juguetes. Estos trabajos podrían aportar a las mujeres los ingresos, la seguridad y el apoyo que necesitan para salir de la pobreza junto con sus familias. Por el contrario, se les niega sistemáticamente la participación que les corresponde en los beneficios que genera la globalización. Los contratos –en el caso de que los tengan– son de corta duración y la mujer trabaja a un ritmo frenético a cambio de un salario muy bajo, en condiciones insalubres. Se ve obligada a realizar muchas horas para ganar lo suficiente como para sobrevivir. La mayoría no goza de baja por enfermedad o por maternidad, pocas están amparadas por alguna cobertura sanitaria o de desempleo y aún menos consiguen ahorrar para el futuro. En lugar de apoyar el desarrollo a largo plazo, el comercio fomenta la inseguridad y la vulnerabilidad de millones de mujeres trabajadoras. La dura realidad a la que se enfrentan las trabajadoras pone de relieve uno de los fallos patentes del actual modelo de globalización. A lo largo de los últimos 20 años, se han ampliado y fortalecido espectacularmente los derechos (jurídicos) de las poderosas entidades corporativas. A través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, las empresas disfrutan ahora de protección para sus derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Como inversores, estas mismas empresas están protegidas jurídicamente frente a una amplia gama de posibles acciones de los gobiernos. Los derechos de los trabajadores han evolucionado en sentido contrario. Y no es casual que el ascenso de los contratos “flexibles” haya ido parejo al aumento del número de mujeres trabajadoras, a menudo inmigrantes. El resultado es que los derechos de las empresas son cada vez más fuertes, mientras que los derechos y la protección de las personas en el trabajo se debilitan, y las mujeres están pagando los costes sociales de todo ello. El núcleo de muchas estrategias de empleo de las cadenas de producción globales es la explotación de las circunstancias de la población vulnerable, ya sea de manera intencionada o no. Es evidente que los grupos sociales vulnerables necesitan desesperadamente trabajar para poder salir de la pobreza y la desigualdad. Pero si la manera de contratarlos convierte su vulnerabilidad en una excusa para pagarles menos, haciéndoles trabajar más horas y en condiciones más duras, sin darles los subsidios que les corresponden legítimamente, el trabajo no les servirá para salir de la pobreza. El resultado es un cambio gradual, pero fundamental, en el beneficiario del comercio bajo el modelo de globalización imperante. Las ventajas de la flexibilidad de que gozan las empresas al final de las cadenas globales de producción son a costa de la precariedad del empleo en el otro extremo de la cadena. Si éste es el futuro del trabajo orientado a la exportación en los países pobres, el comercio no cumplirá con su auténtico potencial para reducir la pobreza y la desigualdad de género. El estudio llevado a cabo por Oxfam con socios de 12 países, ha supuesto la realización de entrevistas a cientos de mujeres trabajadoras y a muchos jefes de fábricas y de explotaciones agrícolas, a agentes de las cadenas mundiales de producción, al personal de empresas minoristas y de grandes marcas, a sindicatos y funcionarios gubernamentales. Ha puesto de manifiesto cómo los minoristas (supermercados y grandes almacenes) y las marcas de ropa utilizan su poder en las cadenas de producción para trasladar sistemáticamente los costes y los riesgos a los productores, quienes, a su vez, los desplazan a las mujeres trabajadoras. En el Capítulo 1 se explican las repercusiones de todo ello en las mujeres y en sus familias: • En Chile, el 75% de las mujeres del sector agrícola trabaja con contratos temporales, recogiendo fruta durante más de 60 horas a la semana durante la temporada. Pero una de cada tres sigue ganando menos del salario mínimo. • Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria... Pero el 80% teme el despido si se queja. • En la provincia china de Guangdong, una de las regiones industriales de crecimiento más rápido de todo el mundo, las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Las repercusiones de esta inseguridad en el empleo van más allá del lugar de trabajo. Todavía se considera que las mujeres deben ocuparse de criar a los hijos y cuidar a los familiares enfermos y a los ancianos aunque trabajen fuera de casa. Soportan una doble carga y apenas reciben ayuda de sus gobiernos o empresarios para llevarla dignamente. La presión que sufren puede acabar con su salud, desestructurar a su familia y minar las posibilidades de que sus hijos accedan a un futuro mejor. El resultado: precisamente a las trabajadoras que constituyen la columna vertebral de la generación de riqueza en muchos países en vías de desarrollo se les arrebata su parte de los beneficios que el comercio les podría deparar. Sufren las consecuencias los trabajadores tanto de los países ricos como pobres. Las mujeres e inmigrantes de las comunidades pobres de los países ricos –como las trabajadoras agrícolas de EE.UU. y Canadá y las que se llevan el trabajo a casa en el Reino Unido y Australia– padecen igualmente condiciones de contratación muy precarias en los sectores sometidos a la competencia comercial. La presión de la competencia que ejercen las importaciones de bajo coste es claramente una de las razones, pero también interviene la presión que comporta trabajar en el eslabón más bajo de la cadena de abastecimiento mundial de una gran cadena de venta al público, tanto si ésta compra en el extranjero como en casa. Una de las causas básicas de estas condiciones precarias es el nuevo modelo empresarial que ha surgido con la globalización, y que se describe en el capítulo 2. Las empresas minoristas y las grandes marcas se han erigido como la poderosa bisagra entre los consumidores y los productores del mundo. Sus cadenas de producción globales se extienden desde las estanterías de los supermercados y de las tiendas de ropa de los principales centros comerciales del mundo a las explotaciones agrícolas de fruta y verdura de América Latina y África y las fábricas de confección de ropa en el Norte de África y China. Wal-Mart, la cadena de hipermercados más grande del mundo, que lidera este modelo, compra productos a más de 65.000 proveedores de todo el mundo y los vende a más de 138 millones de consumidores cada semana en sus 1.300 tiendas repartidas en 10 países. La globalización ha reforzado enormemente la capacidad negociadora de las cadenas de tiendas minoristas. Las nuevas tecnologías, la liberalización del comercio y la movilidad de los capitales han aumentado de forma espectacular el número de países y de productores a los que pueden adquirir sus productos, creando un sector productivo de proveedores que crece indefinidamente y que se disputan un puesto en las cadenas de producción. Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones internacionales y las estrategias agresivas de fijación de los precios han concentrado el poder del mercado en manos de un puñado de grandes grupos empresariales que ahora construyen imperios internacionales. Éstos tienen un poder enorme a la hora de negociar con los productores y lo utilizan para trasladar los costes y los riesgos del negocio a los eslabones más bajos de la cadena de abastecimiento. Su modelo empresarial, centrado en el máximo beneficio para el accionista, exige cada vez más flexibilidad a través de una entrega “al momento”, pero con un control más estricto de los inputs y los estándares, junto con unos precios cada vez más bajos. Bajo estas presiones, los directores de las fábricas y de las explotaciones agrícolas desplazan los costes y los riesgos a los eslabones más débiles de la cadena: la mano de obra que contratan. Para muchos productores, la estrategia laboral es muy sencilla: que sea flexible y barata. Para hacer frente a la oscilación de pedidos y a la caída de precios, contratan trabajadores y trabajadoras con contratos de corta duración, exigen objetivos exagerados y subcontratan en la economía informal a productores que están fuera de la normativa y son invisibles. Presionados para cumplir plazos de entrega muy ajustados, exigen que los trabajadores inviertan muchas horas para cumplir las fechas de envío pactadas. Y para minimizar la resistencia, contratan a las trabajadoras con menos probabilidades de sindicarse (mujeres jóvenes, a menudo emigrantes e inmigrantes) y amenazan o despiden a las que se atreven a defender sus derechos. A la vista de estas fuertes presiones comerciales, los gobiernos deberían fortalecer la protección de los derechos de las trabajadoras. Por el contrario, muchos han comerciado con ellos hasta vaciarlos de contenido, ya sea por medio de leyes o en la práctica. Presionados por los inversores locales y extranjeros y por las condiciones de los préstamos del FMI y del Banco Mundial, con demasiada frecuencia han permitido que las normas del trabajo se definiesen de acuerdo con las exigencias de flexibilidad de la cadena de compra: mayor facilidad de contratación y de despido, más contratos de menor duración, menos subsidios y más horas extras. Ello genera una ventaja a corto plazo para el comercio, pero con el riesgo de un coste a largo plazo para la sociedad. Cada vez más, las empresas exhiben “códigos de conducta” que aseguran a los consumidores que se preocupan de que se respete la legislación laboral a lo largo de toda la cadena. Pero las auditorias que realizan en sus fábricas y explotaciones agrícolas siguen centrando su atención en documentar los problemas laborales que existen sin preguntarse por qué persisten. Intervienen muchos factores, desde una dirección deficiente a una legislación nacional laxa. Pero una de las raíces del problema, ignorada durante demasiado tiempo, es la presión de las empresas distribuidoras y de las marcas debido al tipo de prácticas de compra que imponen a la cadena de proveedores, que deterioran las mismas normas del trabajo que dicen apoyar. Cuando nos quedamos horrorizados de las condiciones de trabajo infrahumanas de las fábricas de confección deberíamos preguntarnos ¿quién las generó? La presión que sufren las trabajadoras se inicia lejos de los locales de la fábrica y va bajando por la cadena de compra a través de las estrategias de las cadenas minoristas y marcas comerciales descritas en el Capítulo 3. Su exigencia de entrega “al momento” ha reducido un 30% los tiempos de producción en cinco años...y genera pedidos más pequeños y menos previsibles y costes de transporte aéreo elevados en los casos de incumplimiento de plazos. Las fábricas de Marruecos que producen para Induyco y El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más importante de España, deben entregar muchos de los pedidos en menos de siete días. “Las tiendas tienen que estar siempre llenas de diseños nuevos”, decía un responsable de la planificación de la producción. “Hacemos lo imposible por cumplir los plazos... Nos jugamos la imagen”. Pero la imagen que ocultan es la de las jóvenes que trabajan hasta 16 horas al día para cumplir esos plazos, recibiendo un 40% menos por las horas trabajadas fuera de su horario habitual. “Una de las chicas está embarazada de siete meses y trabaja diez horas al día”, comentaba una trabajadora de la confección, “y como tiene que hacer un montón de piezas por hora, el encargado no le deja ir al lavabo. Para ella es una auténtica tortura, pero no se puede permitir el lujo de perder el trabajo.” En todos los países, la caída de los precios (para los productores de prendas de vestir ha sido del 30% en tres años) aumenta la presión para recortar los costes; la solución preferida, aunque oculta, es subcontratar la producción a talleres cuyas condiciones son mucho peores. Y cuando los compradores no aseguran pedidos para el futuro, sus intenciones de mejorar las condiciones laborales suenan huecas. No es de extrañar que muchos directivos falsifiquen los documentos e intimiden a las trabajadoras para que contesten las preguntas “correctamente”. La industria de productos frescos –fruta, verduras y flores– es intrínsecamente arriesgada, pero las duras negociaciones que imponen los supermercados pueden incrementar todavía más esta apuesta. Como muestra el capítulo 4, los campesinos de todo el mundo se ven obligados a cargar con los costes y riesgos cada vez que los supermercados establecen los precios mucho después de que se haya embarcado el producto, cuando exigen relaciones de exclusividad pero anulan el pedido, y cuando hacen promociones a precios bajísimos para alcanzar sus objetivos de ventas. “Es la única parte del pastel que nos queda, los costes de la mano de obra”, decía un productor de manzanas sudafricano que exporta a Tesco, el mayor supermercado del Reino Unido. “Si ellos nos exprimen, ese es el único lugar donde podemos exprimir nosotros”. No es de extrañar pues, que los agricultores como él contraten temporalmente cada vez más a mujeres para que trabajen 11 horas al día en el campo a cambio de salarios de pobreza, sin bajas por enfermedad o maternidad y sin seguridad en sus ingresos. Ya es hora de conseguir un comercio con justicia En la campaña de Oxfam Por un Comercio con Justicia estamos uniendo esfuerzos, con organizaciones de todo el mundo, para exigir que las mujeres que trabajan en las cadenas de producción de algunas de las compañías más poderosas del mundo obtengan la parte que les corresponde de los beneficios que genera el comercio. Sus experiencias y luchas constituyen el núcleo de este informe y de nuestra campaña internacional. Todos nosotros exigimos: • Que las compañías respeten los estándares laborales en toda la cadena de producción, también en la parte que sea deslocalizada y que su política comercial considere especialmente el impacto que tienen sus prácticas de compra y aprovisionamiento en la forma en que los productores contratan y tratan a sus trabajadoras. • Que los productores y proveedores de todo el mundo ofrezcan puestos de trabajo dignos a sus empleados, lo que incluye respetar el derecho de las trabajadoras a sindicarse y a negociar convenios colectivos y a eliminar la discriminación de las mujeres trabajadoras. • Que los gobiernos del Norte y del Sur dejen de comerciar con los derechos de los trabajadores jurídicamente y en la práctica, y que hagan cumplir las normas internacionales del trabajo para fomentar trabajos dignos que favorezcan la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo. • Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promuevan los derechos de los trabajadores en todas sus operaciones, en tanto que es una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y para una mayor igualdad de género. • Que los inversores institucionales –accionistas y fondos de pensiones– utilicen su poder en los mercados de inversión para promover prácticas en las cadenas de producción que respeten las normas internacionales del trabajo. • Que los consumidores reclamen a las cadenas de distribución y grandes marcas que garanticen que sus prácticas de compras respetan los derechos de los trabajadores en lugar de deteriorarlos.