Este trabajo propone dos reflexiones: una acerca de los efectos producidos por el proceso de modernización y el conflicto armado sobre la organización y el trabajo que un grupo de concheras negras realiza en la Ensenada de Tumaco, para la obtención de recursos hidrobiológicos; y otra acerca de las repercusiones que estos procesos tienen sobre el manejo del territorio en el que habitan estas mujeres y del cual obtienen algunos recursos económicos para su subsistencia familiar.

En el marco de la Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios y del día Internacional de No a la Violencia contra las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Casa de la Mujer, convocaron el 26 de noviembre de 2004 al Encuentro Distrital "Una realidad oculta: El desplazamiento forzado de las mujeres en la ciudad de Bogotá". La realización del encuentro tiene un importante antecedente. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz — APSCP-, en octubre de 2003 celebró su IV plenario en el cual aproximadamente 3000 personas de todo el país, coincidieron en la necesidad de impulsar una Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios, la cual, fue presentada a la opinión pública el 15 de julio de 2004 con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales y no gubernamentales, de ciudadanas-os colombianas-os. Desde entonces decenas de organizaciones y miles de personas, han adherido al llamamiento. El Encuentro integró la reflexión acerca del desplazamiento forzado y su impacto en la vida de las mujeres en Bogotá, con expresiones culturales, artesanales y un festival gastronómico. Con el festival se pretendió no sólo mostrar e integrar la diversidad de comidas regionales, sino también que las mujeres obtuvieran algunos recursos económicos destinados al fortalecimiento de sus procesos organizativos. Asimismo, el Encuentro fue un espacio para presentar la Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios; sensibilizar y divulgar acerca del impacto diferencial del desplazamiento forzado y la violencia contra las mujeres en Bogotá; entregar elementos teóricos básicos acerca de los instrumentos internacionales y nacionales que reconocen y protegen la participación de las mujeres en los procesos de negociación de los conflictos armados; establecer contacto con algunas agencias gubernamentales y de cooperación y por último, generar acercamientos para futuras alianzas con estas entidades que les permita a sus organizaciones incidencia política y gestionar recursos para sus procesos. Por medio de esta publicación socializamos parte de la experiencia que la Casa de la Mujer ha obtenido en el trabajo con mujeres en situación de desplazamiento con el propósito de visibilizar y sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y a las organizaciones que integran la APSCP acerca de la problemática del desplazamiento en Bogotá.

“La guerra no es una razón de ser, es un paso en la búsqueda de paz”. Esta frase resume una de las premisas más constantes en el proceso del conflicto colombiano donde el 80por ciento de las excombatientes desmovilizadas trabaja o ha trabajado con proyectos de paz desde el momento de su reinserción en la sociedad. Este ensayo explora la experiencia de las mujeres excombatientes en su transformación de actores de guerra a sujetos de paz a partir de los procesos de rescate y validación de la memoria. Se analizan narrativas y testimonios de mujeres excombatientes o vinculadas al conflicto en su paso hacia protagonistas de los procesos de paz, ya sea como líder, activista de organizaciones de paz o participantes directas en los procesos de reconciliación. El objetivo es explorar la transformación genérica que ha experimentado la sociedad a partir del rol que han jugado las mujeres en los procesos del conflicto armado, reinserción y reconciliación. Los testimonios que se analizan son el de Vera Grave y su trabajo en el observatorio para la paz; testimonios de excombatientes contenidos en el documental “Reveladas”, de Juliana Ladrón de Guevara, y narrativas del manuscrito, “Mujeres no contadas”, del Colectivo de excombatientes. También se incluyen entrevistas con activistas de organizaciones de paz y con algunas mujeres que han participado en los procesos de paz.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

La verdad de las mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. El informe da cuenta de una experiencia. Como investigación en el campo de derechos humanos que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, esta es una sistematización que describe un proceso realizado por más de mil mujeres y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el documento Definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resalta el compromiso de la entidad en la inclusión de las víctimas más vulnerables en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación: Prioridad a las víctimas que presentan mayores grados de vulnerabilidad. Dado que dentro del universo total de víctimas, existen algunas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, la CNRR considera necesario establecer un orden de prioridad considerando, en primer lugar, la Constitución Política subraya la necesidad de brindar especial protección a las mujeres cabeza de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera edad (art. 46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolombianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de 1993). En segundo lugar, la realidad social exige darle prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se encuentran protegidos de forma especial en la Constitución. Tal es el caso de aquellas víctimas que padecen pobreza extrema. A través del área de Género y Poblaciones Específicas, la Comisión ha trabajado por la inclusión de la temática de género de su labor diaria. Así, presenta el Manual de documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, instrumento diseñado para dar un soporte técnico y ético, bajo un enfoque de derechos, a las y los funcionarios de las distintas instituciones que están en contacto directo con las mujeres víctimas del conflicto armado, así como a sus funcionarios y funcionarias, para la atención de miles de mujeres que han sido víctimas de las distintas manifestaciones de violencia basada en género. El área considera este documento de vital importancia, por cuanto brinda lineamientos a la institucionalidad para la atención técnica, ética y respetuosa a mujeres víctimas del conflicto armado, y porque busca poner en evidencia las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde se generan mayor impunidad y silencio, es decir, las violencias basadas en género contra las mujeres, especialmente las distintas manifestaciones de violencia sexual.

El presente informe expone los resultados y conclusiones principales del trabajo de la CIDH al examinar la situación de los derechos humanos en Colombia y la afectación del conflicto armado en las mujeres. Como parte de este trabajo, el informe incluye los resultados claves de la visita in loco conducida por la Comisionada Susana Villarán, el 20 y 25 de junio del 2005 a la Republica de Colombia. El objetivo principal de la visita fue el evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y recibir información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado a fin de proteger los derechos de las mujeres dentro de este contexto sociopolítico. Durante su estadía, la Relatora visitó las ciudades de Bogotá́, Valledupar y Quibdó́, donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, así́ como con una serie de víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llamada violencia política que se han experimentado en el país en los últimos decenios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanencia, terminan siendo parte del transcurrir "normal" de la sociedad colombiana. El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no se haya "naturalizado", significaría una catástrofe, una tragedia nacional que obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabilidades profundas por parte de quienes están "legítimamente" designados y facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así como de quienes, desde el lado de la "ilegalidad" o de la "para institucionalidad" y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada y democrática. En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de propiciar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado l . Es decir, se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia política en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar y colectivo se establecen en este lugar.

Se calcula que en la actualidad hay en el mundo casi 650 millones de armas pequeñas. Casi el 60 por ciento de ellas están en manos de ciudadanos particulares, en su mayoría hombres. Y la gran mayoría de quienes fabrican, venden, poseen y usan, debida o indebidamente, las armas pequeñas son hombres. ¿Qué significa esto para las mujeres y niñas del mundo? Este informe estudia los efectos que las armas de fuego tienen para las mujeres en el hogar, en las comunidades y también durante un conflicto y después de él. En cada uno de estos contextos, analiza la violencia cometida con armas de fuego contra las mujeres, el papel que éstas desempeñan en el uso de estas armas y las campañas que encabezan las mujeres contra la violencia que se comete con dichas armas.