El dolor se presenta al descubrir en los informes de expertas la persistencia de las categorías de presión y exclusión a las mujeres, las etnias distintas a la blanca, a lo largo del período patriarcal y el consecuente ensalzamiento de la guerra como supuesto motor de la historia. El dolor se agudizaron los testimonios de mujeres desplazadas y sobrevivientes en zonas de conflicto armado, las múltiples manifestaciones de la violencia y sus secuelas en la vida. Las atrocidades contra las mujeres durante las guerras que al parecer se daban en otras épocas y latitudes, se reproducen en Colombia hoy. Y lo que es más preocupante aún, bajo la increíble creencia de que las obscenidades de las violaciones responden a las necesidades de los hombres. En Colombia y en el mundo, todavía persiste la práctica de utilizar a las mujeres como objetos satisfactores de los deseos e intereses masculinos y tales prácticas se silencian por el temor a las venganzas y, a quedar en la impunidades. El primer capítulo de este documento hace un recorrido por el trabajo intelectual de las feministas académicas en el país, quienes se han preocupado por visualizar a las mujeres, sus quehaceres y sus costumbres. La apertura reciente, desde hace diez años, de Centros de Estudios sobre Mujer y Género en las universidades Nacional, Antioquia, Valle y Atlántico ha iniciado el rescate de las mujeres acerca de un pasado silenciado en los textos históricos tradicionales. Las académicas han puesto de presente que el devenir de la sociedad está compuesto tanto por hombres como por mujeres. Y por supuesto, se han dedicado a formular nuevas preguntas frente al quehacer historiográfico. El segundo aparte versa sobre la Historia de los Derechos de las Mujeres. Estos son fundamentalmente, la expresión de conciencias autónomas, la manifestación de intereses y deseos en torno a la existencia y la convivencia, por parte de infinitos grupos de mujeres. La historia de los derechos de las mujeres es un proceso continuo de introducción en la vida interior, de elaboración cultural, cada vez más amplio y profundo; se empieza a percibir con mayor claridad, desde mediados del siglo XVIII, en múltiples países del mundo occidental. El tercer capítulo hace referencia a la Teoría Social sobre los Derechos de las Mujeres. A partir de los años 50 del siglo pasado se fortalece la presencia de las mujeres en la educación y la política, y por ende, la formulación de programas para la promoción de los derechos de las mujeres y la demanda de garantías al Estado de Bienestar. Es notoria la presencia de múltiples organizaciones en el seno del movimiento feminista y social de mujeres en la búsqueda por mejores condiciones de vida. La inspiración para la demanda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos la podemos encontrar, por un lado, en la socialdemocracia y, por otro, en el feminismo de la igualdad. Los avances en los estudios de las condiciones de las mujeres y los más recientes de género, si bien, aportan conceptos y descripciones para visualizar la presencia de las mujeres y también sobre los cambios culturales insinuados en las relaciones entre hombres y mujeres, no alcanzan a profundizar acerca de las implicaciones sociales y futuras del conjunto de los derechos reconocidos legalmente y divulgados hoy en día. Por lo anterior, es preciso que el diplomado sobre Democracia y Derechos de las Mujeres para construir la paz pueda disfrutar de la cátedra compartida entre las activistas de los derechos de las mujeres y las estudiosas del género, de manera que se convierta en un escenario para el diálogo fecundo. Esperamos que la lectura del presente texto contribuya a comprender las diferencias, a aclarar ideas entre los diferentes enfoques y propicie el debate reflexivo frente a las contradicciones y nudos persistentes en el movimiento social de mujeres.

El caso del Perú puede ser considerado como un laboratorio en el que se presentan y plantean una serie de interrogantes y debates sobre la creciente participación femenina en las decisiones políti-cas y económicas del país. En la última década, y bajo el régimen autoritario del Presidente Alber-to Fujimori (1990–2000), un sinnúmero de mujeres participó en las altas esferas del poder como ejecutivas, tecnócratas, parlamentarias o asesoras con gran protagonismo en la escena pública. A propósito de la presencia femenina se afinó la legislación sobre violencia doméstica y se promulgó la Ley de Cuotas para garantizar la participación de las mujeres en las listas de candidatos en la política; se desarrollaron programas especiales sobre salud reproductiva y se promovieron pro-gramas de crédito, capacitación y empleo para mujeres de sectores de bajos ingresos. Parecería que al final del siglo XX, desde esta perspectiva y a pesar del autoritarismo imperante, las mujeres peruanas conquistaron finalmente su condición de ciudadanas del Perú. Mientras el discurso oficial no cesaba de repetir: “Con el Presidente Fujimori las mujeres serán dueñas de su propio destino” y el número de mujeres en el poder se multiplicó, otros datos muestran una realidad diferente. El analfabetismo, que es un problema centralmente femenino e indígena afecta a más de un 25 por ciento de las mujeres rurales, el embarazo adolescente y el alcoholismo juvenil han aumentado por la falta de oportunidades educativas y de empleo, y la deserción escolar es un problema latente, al que se añade la deficiente calidad de la educación. Es decir, una parte considerable de las futuras generaciones de peruanas no conocen una com-putadora, el Internet, y muchas con las justas saben sumar y restar. Estadísticas manipuladas por un gobierno que pretendió controlarlo todo y perennizarse en el poder, han encubierto ante la sociedad y ante el mundo una realidad de persistente pobreza y postergación de un impor-tante sector de mujeres del país. /

La autora se propone argumentar como las distintas prácticas violentas que afectan la vida de las mujeres requieren una intervención integral por parte del Estado Colombiano, en el propósito de garantizar mecanismos de protección que permitan el acceso de las mujeres de nuestro país a la justicia bajo referentes de equidad entre los géneros. El análisis parte de la exploración de la situación actual de las distintas violencias que afectan los derechos humanos de las mujeres, para a partir de dicho contexto analizar las implicaciones de los marcos normativos vigentes en la restitución de los derechos vulnerados y concluir con los componentes de lo que sería una propuesta de ley de protección integral contra las violencias de género para Colombia.

La globalización ha introducido a millones de mujeres de los países en desarrollo en el mundo del trabajo. Trabajan en las cadenas globales de producción de las empresas multinacionales, produciendo mercancías que impulsan el crecimiento de las exportaciones: recogen y envasan fruta, cosen prendas de vestir, cortan flores y montan juguetes. Estos trabajos podrían aportar a las mujeres los ingresos, la seguridad y el apoyo que necesitan para salir de la pobreza junto con sus familias. Por el contrario, se les niega sistemáticamente la participación que les corresponde en los beneficios que genera la globalización. Los contratos –en el caso de que los tengan– son de corta duración y la mujer trabaja a un ritmo frenético a cambio de un salario muy bajo, en condiciones insalubres. Se ve obligada a realizar muchas horas para ganar lo suficiente como para sobrevivir. La mayoría no goza de baja por enfermedad o por maternidad, pocas están amparadas por alguna cobertura sanitaria o de desempleo y aún menos consiguen ahorrar para el futuro. En lugar de apoyar el desarrollo a largo plazo, el comercio fomenta la inseguridad y la vulnerabilidad de millones de mujeres trabajadoras. La dura realidad a la que se enfrentan las trabajadoras pone de relieve uno de los fallos patentes del actual modelo de globalización. A lo largo de los últimos 20 años, se han ampliado y fortalecido espectacularmente los derechos (jurídicos) de las poderosas entidades corporativas. A través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, las empresas disfrutan ahora de protección para sus derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Como inversores, estas mismas empresas están protegidas jurídicamente frente a una amplia gama de posibles acciones de los gobiernos. Los derechos de los trabajadores han evolucionado en sentido contrario. Y no es casual que el ascenso de los contratos “flexibles” haya ido parejo al aumento del número de mujeres trabajadoras, a menudo inmigrantes. El resultado es que los derechos de las empresas son cada vez más fuertes, mientras que los derechos y la protección de las personas en el trabajo se debilitan, y las mujeres están pagando los costes sociales de todo ello. El núcleo de muchas estrategias de empleo de las cadenas de producción globales es la explotación de las circunstancias de la población vulnerable, ya sea de manera intencionada o no. Es evidente que los grupos sociales vulnerables necesitan desesperadamente trabajar para poder salir de la pobreza y la desigualdad. Pero si la manera de contratarlos convierte su vulnerabilidad en una excusa para pagarles menos, haciéndoles trabajar más horas y en condiciones más duras, sin darles los subsidios que les corresponden legítimamente, el trabajo no les servirá para salir de la pobreza. El resultado es un cambio gradual, pero fundamental, en el beneficiario del comercio bajo el modelo de globalización imperante. Las ventajas de la flexibilidad de que gozan las empresas al final de las cadenas globales de producción son a costa de la precariedad del empleo en el otro extremo de la cadena. Si éste es el futuro del trabajo orientado a la exportación en los países pobres, el comercio no cumplirá con su auténtico potencial para reducir la pobreza y la desigualdad de género. El estudio llevado a cabo por Oxfam con socios de 12 países, ha supuesto la realización de entrevistas a cientos de mujeres trabajadoras y a muchos jefes de fábricas y de explotaciones agrícolas, a agentes de las cadenas mundiales de producción, al personal de empresas minoristas y de grandes marcas, a sindicatos y funcionarios gubernamentales. Ha puesto de manifiesto cómo los minoristas (supermercados y grandes almacenes) y las marcas de ropa utilizan su poder en las cadenas de producción para trasladar sistemáticamente los costes y los riesgos a los productores, quienes, a su vez, los desplazan a las mujeres trabajadoras. En el Capítulo 1 se explican las repercusiones de todo ello en las mujeres y en sus familias: • En Chile, el 75% de las mujeres del sector agrícola trabaja con contratos temporales, recogiendo fruta durante más de 60 horas a la semana durante la temporada. Pero una de cada tres sigue ganando menos del salario mínimo. • Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria... Pero el 80% teme el despido si se queja. • En la provincia china de Guangdong, una de las regiones industriales de crecimiento más rápido de todo el mundo, las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Las repercusiones de esta inseguridad en el empleo van más allá del lugar de trabajo. Todavía se considera que las mujeres deben ocuparse de criar a los hijos y cuidar a los familiares enfermos y a los ancianos aunque trabajen fuera de casa. Soportan una doble carga y apenas reciben ayuda de sus gobiernos o empresarios para llevarla dignamente. La presión que sufren puede acabar con su salud, desestructurar a su familia y minar las posibilidades de que sus hijos accedan a un futuro mejor. El resultado: precisamente a las trabajadoras que constituyen la columna vertebral de la generación de riqueza en muchos países en vías de desarrollo se les arrebata su parte de los beneficios que el comercio les podría deparar. Sufren las consecuencias los trabajadores tanto de los países ricos como pobres. Las mujeres e inmigrantes de las comunidades pobres de los países ricos –como las trabajadoras agrícolas de EE.UU. y Canadá y las que se llevan el trabajo a casa en el Reino Unido y Australia– padecen igualmente condiciones de contratación muy precarias en los sectores sometidos a la competencia comercial. La presión de la competencia que ejercen las importaciones de bajo coste es claramente una de las razones, pero también interviene la presión que comporta trabajar en el eslabón más bajo de la cadena de abastecimiento mundial de una gran cadena de venta al público, tanto si ésta compra en el extranjero como en casa. Una de las causas básicas de estas condiciones precarias es el nuevo modelo empresarial que ha surgido con la globalización, y que se describe en el capítulo 2. Las empresas minoristas y las grandes marcas se han erigido como la poderosa bisagra entre los consumidores y los productores del mundo. Sus cadenas de producción globales se extienden desde las estanterías de los supermercados y de las tiendas de ropa de los principales centros comerciales del mundo a las explotaciones agrícolas de fruta y verdura de América Latina y África y las fábricas de confección de ropa en el Norte de África y China. Wal-Mart, la cadena de hipermercados más grande del mundo, que lidera este modelo, compra productos a más de 65.000 proveedores de todo el mundo y los vende a más de 138 millones de consumidores cada semana en sus 1.300 tiendas repartidas en 10 países. La globalización ha reforzado enormemente la capacidad negociadora de las cadenas de tiendas minoristas. Las nuevas tecnologías, la liberalización del comercio y la movilidad de los capitales han aumentado de forma espectacular el número de países y de productores a los que pueden adquirir sus productos, creando un sector productivo de proveedores que crece indefinidamente y que se disputan un puesto en las cadenas de producción. Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones internacionales y las estrategias agresivas de fijación de los precios han concentrado el poder del mercado en manos de un puñado de grandes grupos empresariales que ahora construyen imperios internacionales. Éstos tienen un poder enorme a la hora de negociar con los productores y lo utilizan para trasladar los costes y los riesgos del negocio a los eslabones más bajos de la cadena de abastecimiento. Su modelo empresarial, centrado en el máximo beneficio para el accionista, exige cada vez más flexibilidad a través de una entrega “al momento”, pero con un control más estricto de los inputs y los estándares, junto con unos precios cada vez más bajos. Bajo estas presiones, los directores de las fábricas y de las explotaciones agrícolas desplazan los costes y los riesgos a los eslabones más débiles de la cadena: la mano de obra que contratan. Para muchos productores, la estrategia laboral es muy sencilla: que sea flexible y barata. Para hacer frente a la oscilación de pedidos y a la caída de precios, contratan trabajadores y trabajadoras con contratos de corta duración, exigen objetivos exagerados y subcontratan en la economía informal a productores que están fuera de la normativa y son invisibles. Presionados para cumplir plazos de entrega muy ajustados, exigen que los trabajadores inviertan muchas horas para cumplir las fechas de envío pactadas. Y para minimizar la resistencia, contratan a las trabajadoras con menos probabilidades de sindicarse (mujeres jóvenes, a menudo emigrantes e inmigrantes) y amenazan o despiden a las que se atreven a defender sus derechos. A la vista de estas fuertes presiones comerciales, los gobiernos deberían fortalecer la protección de los derechos de las trabajadoras. Por el contrario, muchos han comerciado con ellos hasta vaciarlos de contenido, ya sea por medio de leyes o en la práctica. Presionados por los inversores locales y extranjeros y por las condiciones de los préstamos del FMI y del Banco Mundial, con demasiada frecuencia han permitido que las normas del trabajo se definiesen de acuerdo con las exigencias de flexibilidad de la cadena de compra: mayor facilidad de contratación y de despido, más contratos de menor duración, menos subsidios y más horas extras. Ello genera una ventaja a corto plazo para el comercio, pero con el riesgo de un coste a largo plazo para la sociedad. Cada vez más, las empresas exhiben “códigos de conducta” que aseguran a los consumidores que se preocupan de que se respete la legislación laboral a lo largo de toda la cadena. Pero las auditorias que realizan en sus fábricas y explotaciones agrícolas siguen centrando su atención en documentar los problemas laborales que existen sin preguntarse por qué persisten. Intervienen muchos factores, desde una dirección deficiente a una legislación nacional laxa. Pero una de las raíces del problema, ignorada durante demasiado tiempo, es la presión de las empresas distribuidoras y de las marcas debido al tipo de prácticas de compra que imponen a la cadena de proveedores, que deterioran las mismas normas del trabajo que dicen apoyar. Cuando nos quedamos horrorizados de las condiciones de trabajo infrahumanas de las fábricas de confección deberíamos preguntarnos ¿quién las generó? La presión que sufren las trabajadoras se inicia lejos de los locales de la fábrica y va bajando por la cadena de compra a través de las estrategias de las cadenas minoristas y marcas comerciales descritas en el Capítulo 3. Su exigencia de entrega “al momento” ha reducido un 30% los tiempos de producción en cinco años...y genera pedidos más pequeños y menos previsibles y costes de transporte aéreo elevados en los casos de incumplimiento de plazos. Las fábricas de Marruecos que producen para Induyco y El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más importante de España, deben entregar muchos de los pedidos en menos de siete días. “Las tiendas tienen que estar siempre llenas de diseños nuevos”, decía un responsable de la planificación de la producción. “Hacemos lo imposible por cumplir los plazos... Nos jugamos la imagen”. Pero la imagen que ocultan es la de las jóvenes que trabajan hasta 16 horas al día para cumplir esos plazos, recibiendo un 40% menos por las horas trabajadas fuera de su horario habitual. “Una de las chicas está embarazada de siete meses y trabaja diez horas al día”, comentaba una trabajadora de la confección, “y como tiene que hacer un montón de piezas por hora, el encargado no le deja ir al lavabo. Para ella es una auténtica tortura, pero no se puede permitir el lujo de perder el trabajo.” En todos los países, la caída de los precios (para los productores de prendas de vestir ha sido del 30% en tres años) aumenta la presión para recortar los costes; la solución preferida, aunque oculta, es subcontratar la producción a talleres cuyas condiciones son mucho peores. Y cuando los compradores no aseguran pedidos para el futuro, sus intenciones de mejorar las condiciones laborales suenan huecas. No es de extrañar que muchos directivos falsifiquen los documentos e intimiden a las trabajadoras para que contesten las preguntas “correctamente”. La industria de productos frescos –fruta, verduras y flores– es intrínsecamente arriesgada, pero las duras negociaciones que imponen los supermercados pueden incrementar todavía más esta apuesta. Como muestra el capítulo 4, los campesinos de todo el mundo se ven obligados a cargar con los costes y riesgos cada vez que los supermercados establecen los precios mucho después de que se haya embarcado el producto, cuando exigen relaciones de exclusividad pero anulan el pedido, y cuando hacen promociones a precios bajísimos para alcanzar sus objetivos de ventas. “Es la única parte del pastel que nos queda, los costes de la mano de obra”, decía un productor de manzanas sudafricano que exporta a Tesco, el mayor supermercado del Reino Unido. “Si ellos nos exprimen, ese es el único lugar donde podemos exprimir nosotros”. No es de extrañar pues, que los agricultores como él contraten temporalmente cada vez más a mujeres para que trabajen 11 horas al día en el campo a cambio de salarios de pobreza, sin bajas por enfermedad o maternidad y sin seguridad en sus ingresos. Ya es hora de conseguir un comercio con justicia En la campaña de Oxfam Por un Comercio con Justicia estamos uniendo esfuerzos, con organizaciones de todo el mundo, para exigir que las mujeres que trabajan en las cadenas de producción de algunas de las compañías más poderosas del mundo obtengan la parte que les corresponde de los beneficios que genera el comercio. Sus experiencias y luchas constituyen el núcleo de este informe y de nuestra campaña internacional. Todos nosotros exigimos: • Que las compañías respeten los estándares laborales en toda la cadena de producción, también en la parte que sea deslocalizada y que su política comercial considere especialmente el impacto que tienen sus prácticas de compra y aprovisionamiento en la forma en que los productores contratan y tratan a sus trabajadoras. • Que los productores y proveedores de todo el mundo ofrezcan puestos de trabajo dignos a sus empleados, lo que incluye respetar el derecho de las trabajadoras a sindicarse y a negociar convenios colectivos y a eliminar la discriminación de las mujeres trabajadoras. • Que los gobiernos del Norte y del Sur dejen de comerciar con los derechos de los trabajadores jurídicamente y en la práctica, y que hagan cumplir las normas internacionales del trabajo para fomentar trabajos dignos que favorezcan la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo. • Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promuevan los derechos de los trabajadores en todas sus operaciones, en tanto que es una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y para una mayor igualdad de género. • Que los inversores institucionales –accionistas y fondos de pensiones– utilicen su poder en los mercados de inversión para promover prácticas en las cadenas de producción que respeten las normas internacionales del trabajo. • Que los consumidores reclamen a las cadenas de distribución y grandes marcas que garanticen que sus prácticas de compras respetan los derechos de los trabajadores en lugar de deteriorarlos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer – UNIFEM – se congratula de presentar en esta publicación algunos resultados del Seminario sobre Presupuestos Sensibles al Género, realizado en la ciudad de Recife, Brasil durante los días 20 al 22 de Junio de 2007. Este evento se inscribe dentro de las actividades y resultados esperados dentro del Programa Regional Presupuestos Sensibles al Género (PSG) que lidera UNIFEM en América Latina.

El documento contiene una serie de reseñas elaboradas por Alvaro Róman Saavedra sobre algunos libros que abordan temáticas indígenas desde la ley, la sexualidad, la reforma agraria, entre otros.

Es muy frecuente escuchar hablar de cambio social, pero dentro del medio socio-cultural en que vivimos, que tiene un corte marcadamente masculinista y de subvaloraci6n de la mujer y la sexualidad, no podrá gestarse ningún cambio total dejando de lado este importante elemento: LA SEXUALIDAD DE LA MUJER. Creo que cualquier revoluci6n desexualizada es incompleta pues deja oprimida una faceta vital del ser humano. Me parece que uno de los caminos para facilitar el cambio social es el crecimiento personal de las mujeres, en el cual es básica la autonomía de su cuerpo y de su sexualidad, así como el reconocimiento de sus capacidades, esperanzas e intereses. Hace unos años, con un grupo humanista en México trabajamos el concepto de que no puede darse verdadero cambio social sin un crecimiento y desarrollo de las personas que conforman la sociedad, y no puede darse crecimiento personal sin un compromiso con el cambio social. Mientras no se produzca cambio de este contexto socio-cultural donde la sexualidad femenina es vetada, la vida de la mujer estará esclavizada, ya que sin liberaci6n de las normas sexuales, como antes expresé, los grandes cambios socio-culturales no podrán proporcionar libertad y respeto por las personas, serán solamente cambios parciales y la mujer, para quien siempre se hace la norma, continuará limitada…

En este documento, Gillian Hart analiza las relaciones cambiantes entre la producción industrial intensiva que exige mucha mano de obra y las condiciones que favorecen la proliferación de la última, en Sudáfrica, entre 1980 y 2000. A principios del decenio de 1980, el Estado del apartheid ofreció generosos incentivos a las industrias que requerían numerosa mano de obra para que se establecieran en zonas de descentralización industrial. en antiguos territorios bantúes o en zonas adyacentes a los mismos. Las industrias ligeras, muchas de ellas procedentes de Taiwán (Provincia de China) y empleadoras principalmente de mujeres,se multiplicaron en estas zonas, mientras que el número de industrias pesadas que exigían un gran volumen de capital, situadas en los principales núcleos urbanos, disminuyó drásticamente. En 1991, el gobierno de de Klerk, en respuesta a las feroces críticas de las empresas poderosas de Sudáfrica al ver menoscabados sus intereses, recortó drásticamente los subsidios. Desde mediados del decenio de 1990, el Estado posterior al apartheid ha adoptado la inversión extranjera directa (IED) y la exportación de productos como estrategia principal de su política neoliberal. No obstante, según Hart, hasta ahora no se han cumplido estas promesas. Bajo la presión de los productos importados baratos, el empleo en la industria que necesita mucha mano de obra ha disminuido drásticamente, la IED ha sido mínima y los imperativos neoliberales han limitado las políticas sociales redistributivas.

La finalidad de esta publicación es poner en evidencia la situación actual del sistema legal colombiano frente a las necesidades y derechos las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).1 Se trata de estudiar la legislación colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Esto lleva a reconocer, en algunos casos, los avances del sistema colombiano (especialmente en el judicial) y, en otros tantos, las falencias (especialmente en el legislativo) y omisiones del derecho nacional. No se trata, por ahora, de imaginar derechos nuevos. Simplemente se trata de tomar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y aplicarlos al caso concreto de las personas LGBT, según las interpretaciones que han hecho los órganos internacionales o, incluso, algunas cortes colombianas.2 Sin embargo, no dejamos de lado la posibilidad futura de vislumbrar nuevas definiciones de los Derechos Humanos y de proponer la adaptación de las normas a las diversas experiencias de las identidades de género y la orientación sexual. Para esta investigación de carácter exploratorio se tomaron sólo algunos de los Derechos Humanos, puesto que si bien la situación general de los Derechos Humanos en Colombia pasa por una crisis profunda, no se pretende hacer un informe general, sino prestarle principal atención a aquellos derechos más afectados para las personas LGBT, y los que más acciones judiciales han provocado. Las personas LGBT son sujetos de todos los Derechos Humanos, pero sufren de falta de garantías frente a todos y cada uno de ellos. Las personas LGBT son víctimas constantes de homicidios así como de torturas físicas, psicológicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por falta de protección por parte del Estado. Sin embargo, en lo legal, la problemática no se relaciona simplemente con estos derechos. Hace parte de un problema mucho más grave que engloba y compromete derechos como la vida, la integridad física, el trabajo o la participación política.

Desde la década de 1980, la migración laboral ha venido feminizándose cada vez en mayor medida en el este y sudeste asiáticos. Para principios del siglo XXI, se estimaba que había más de dos millones de mujeres trabajando en la región, lo que constituye un tercio de la población migrante. Casi todas las mujeres migrantes se desempeñan en labores reproductivas, como el trabajo doméstico y los servicios sexuales, en hogares de particulares y sectores comerciales informales. No obstante la gran necesidad de proteger su bienestar y sus derechos humanos, los gobiernos de los países de destino ven a los migrantes simplemente como una fuerza laboral que se requiere para cubrir la escasez de mano de obra local, e ignora las medidas de protección y las políticas en función del género. Por su parte, bajo la presión para incrementar los ingresos de divisas extranjeras, los países que constituyen la fuente de esta fuerza laboral alientan a sus mujeres a migrar y a remitir sus ganancias, pero ante la competencia mundial, los gobiernos de estos países han mostrado poco interés en el bienestar de las mujeres migrantes. En el contexto de los antecedentes poco alentadores en materia de derechos humanos de los países del este y sudeste asiáticos, los actores no estatales han adquirido una importancia creciente en la defensa de los derechos de los migrantes, lo que han logrado a través de redes locales y transnacionales. Las raíces de la migración–feminizada y que por lo tanto tiene en cuenta consideraciones de género–en el este y sudeste asiáticos se encuentran en el rápido pero desigual desarrollo económico de la región, caracterizado por la desigualdad y el conflicto que producen las diferencias de género, clase social y nacionalidad. La transferencia de mujeres extranjeras de la región desde economías de bajos ingresos (Filipinas, Tailandia, Indonesia y Viet Nam, entre otros) hacia países de altos ingresos (Singapur, Malasia, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Taiwán Provincia de China, la República de Corea y Japón) intensifica la actual desigualdad de género, injusticia económica y discriminación étnica. Sin embargo, la migración internacional es un proceso contradictorio que, si bien brinda a las mujeres migrantes oportunidades para la movilidad social, también las somete a abusos y explotación. La mayoría de las mujeres migrantes son trabajadoras independientes empleadas por contrato que buscan trabajo en el exterior a fin de aumentar los ingresos familiares y sus ahorros personales. El empoderamiento resulta de su resistencia diaria a las estructuras de poder existentes, así como de la oportunidad de acumular recursos personales y colectivos. El análisis de las políticas de inmigración de Asia y de los patrones de migración de las mujeres revela que existen seis categorías de mujeres migrantes con sus respectivas características: • trabajadoras domésticas • animadoras (trabajadoras sexuales) • trabajadoras no autorizadas • esposas inmigrantes • trabajadoras capacitadas • trabajadoras que comparten un patrimonio étnico con la población que las recibe (como los brasileños de origen japonés en el Japón y los chinos de ascendencia coreana en la República de Corea). Estas seis categorías de mujeres migrantes se diferencian entre sí en razón de las condiciones de traslado al otro país, de empleo y de protección legal, por lo que difieren en cuanto a las formas en que enfrentan las prácticas desiguales y discriminatorias que encuentran en sus lugares de destino. En consecuencia, los ciudadanos conscientes y las organizaciones no gubernamentales recurren a diferentes acciones civiles y contramedidas para mejorar los derechos de las mujeres migrantes. Los gobiernos de los estados importadores de mano de obra del este y sudeste asiáticos tienen niveles distintos de tolerancia política frente a las actividades de la sociedad civil, por lo que existen diferencias importantes en cuanto a las capacidades y los recursos con que cuentan sus sociedades civiles para la acción colectiva. La bibliografía sobre este tema identifica tres niveles de efectividad de las acciones civiles y de la resistencia de la mujer en Asia. El primer nivel agrupa a Singapur y Malasia, donde la aplicación de estrictas políticas de inmigración, rígidos sistemas de contratación laboral y bajos grados de tolerancia del activismo cívico por parte del Estado limitan seriamente las acciones a favor de las trabajadoras migrantes. El segundo nivel reúne al Japón y la República de Corea, donde los estrictos controles fronterizos y las grandes cantidades de trabajadores, combinados con un relativamente alto grado de tolerancia de la acción colectiva, permiten a muchos grupos y organizaciones desafiar la autoridad del Estado y brindar asistencia legal y cultural a los trabajadores migrantes. En el tercer nivel se encuentra la Región Administrativa Especial de Hong Kong, donde, a pesar de una estricta política de inmigración y un rígido sistema de contratación laboral, el legado colonial británico permite a los trabajadores migrantes defender abiertamente sus derechos económicos y emprender acciones colectivas. La frecuencia de las manifestaciones de trabajadoras migrantes, en particular de las trabajadoras domésticas filipinas en Hong Kong, destaca la importancia de establecer redes transnacionales que permitan estrechar los vínculos entre los trabajadores migrantes en los países fuentes de la mano de obra y las naciones receptoras. La creciente presencia de un movimiento transnacional de protección en toda la región de Asia facilita los esfuerzos de las organizaciones civiles por mejorar los derechos y el bienestar de las trabajadoras migrantes. En conclusión, la feminización de la migración ha incrementado la desigualdad y la injusticia basadas en el género, la clase social y la nacionalidad en Asia. Pero al mismo tiempo, ha abierto nuevas oportunidades para que las mujeres migrantes puedan aumentar los ingresos familiares y la creciente sociedad civil de Asia pueda desafiar las políticas y prácticas opresivas que afectan a las trabajadoras migrantes. A pesar de que persisten muchos obstáculos legales e institucionales a la justicia social en los países que importan mano de obra, las acciones civiles de ciudadanos y trabajadores migrantes constituyen un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras migrantes.