NEW-GRAL

Descripción física : 1 h. suelta ; 32 cm

Compilación de comunicaciones oficiales intercambiadas entre los representantes de Colombia y Ecuador, luego de la separación de este último de la Gran Colombia en 1831. Mediante este intercambio epistolar, la recién creada nación solicita a Colombia mantener las relaciones diplomáticas entre ambas partes, con el fin de fortalecer los vínculos políticos.

Decreto mediante el cual se actualizan las tarifas del proceso de producción y comercialización de bebidas embriagantes en 1889. El documento conserva la ortografía de la época.

Policymakers demand alternative approaches to anticipate and deal with wicked problems, as well as effective and flexible means to interact with people and stakeholders (Kimbell & Bailey, 2017, p. 216). Design for policy takes novel approaches from the design discipline to enable exploration and co-creation through processes such as prototyping, which role has evolved due to changes of focus and field of action of the design discipline (Buchanan, 2001). In policymaking, prototyping could allow better engagement of citizens in decision making and help policymakers to test and explore solutions at a smaller scale in real contexts, anticipating possible responses and outcomes. However, there are challenges for prototyping to be embedded in design for policy, such as dealing with uncertainty and fear of failure. Prototyping, as an explorative approach in which solutions remain open and indefinite for a longer period, might introduce a high degree of uncertainty preventing policymakers to apply prototypes as a policy design method. This thesis explores the interaction of policymakers with the uncertainty of prototyping and its effects on their engagement in co-creation processes. A literature review about prototypes and policy design was carried out, followed by the comparative analysis of ten SISCODE co-creation laboratories in Europe and an in-depth qualitative analysis of three case studies. The results suggest that uncertainty can be a benefit or a threat depending on the policymakers’ role in the co-creation process and the phase of the policy cycle in which the prototype is developed. El ciclo de las políticas públicas exige enfoques alternativos para anticipar y tratar problemas complejos, así como medios eficaces y flexibles para interactuar con las personas y actores involucrados (Kimbell y Bailey, 2017, p. 216). El diseño aplicado al ciclo de políticas públicas, o Design for Policy, toma enfoques novedosos de la disciplina del diseño industrial para activar procesos de experimentación y co-creación a través de la construcción de prototipos. El prototipado permite involucrar a los ciudadanos en el ciclo de políticas públicas desde etapas tempranas, potenciando su participación y apoyando a los tomadores de decisiones en el testeo y exploración de soluciones en contextos reales y a menor escala. Sin embargo, existen desafíos para que la creación de prototipos sea adoptada de forma sistemática en el ciclo de políticas públicas. Uno de esos desafíos es lidiar con la incertidumbre y el miedo al fracaso que esta genera. El prototipado, como medio de experimentación, se basa en el pensamiento divergente en condiciones donde no se puede anticipar el resultado del proceso, lo cual genera un alto grado de incertidumbre; la cual puede ser percibida como negativa en ambientes tradicionales de la política pública, dificultando el interés y compromiso de los actores involucrados. Esta tesis explora la interacción de los formuladores, tomadores de decisiones y hacedores de las políticas públicas (Policymakers), con la incertidumbre propia de los prototipos en procesos de co-creación. Para esto, se llevó a cabo una revisión de literatura sobre prototipos y diseño de políticas, luego se realizó un análisis comparativo entre diez laboratorios de co-creación del proyecto SISCODE, en Europa. Finalmente, tres laboratorios fueron seleccionados para hacer un análisis cualitativo detallado. Los resultados sugieren tres tipos de incertidumbre percibida por los laboratorios, los cuales pueden ser un beneficio o una amenaza, dependiendo de la etapa del ciclo de la política pública en el que se desarrolle el prototipo y el rol que ocupen los policymakers en el proceso de co-creación. Distinción: Tesis Laureada – Laurea Magistrale con Lode

In Colombia, forest protection is a concern because in the past years, the rate of deforestation has increased. After the signature of the peace agreement between the government and the FARC-EP, the situation has worsened because areas that were not accessible now are open to economic development. This dissertation uses a choice experiment to elicit the WTP for conservation programmes, which could reduce the pressure in the forest. A Mixed logit model and a Latent class model were estimated with 339 respondents and the estimated WTP range between COP 26,411 (£7) and COP 64,246 (£17) for conservation attribute, COP 33,003 (£8.7) and COP 85,105 (£22.5) for increase in community education, COP 32,421 (£8.6) and COP 38,719 (£10) for increase in community income. Finally, the WTP for post-conflict area varies between COP 58,199 (£15.5) and COP 115,105 (£30.5). These results imply that respondents are not only concerned about the environmental benefits but also the social benefits related to the conservation programmes. Additionally, the attribute for the post-conflict area is the most important for individuals’ choices. These results can be used as inputs for conservation policy design in Colombia. En Colombia, la protección del bosque ha sido un tema critico en los últimos años debido al incremento en la tasa de deforestación. Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, la deforestación ha empeorado porque áreas que erran inaccesibles ahora están abiertas al desarrollo económico. Esta tesis usa un experimento de selección para determinar la disposición a pagar DAP por programas de conservación que reduzcan las presiones en los bosques colombianos. Se usa un modelo Mixed logit y otro latent class para estimar la DAP de 339 individuos. De acuerdo con los modelos la DPA se encuentra entre COP 26,411 y COP 64,246 (£17) para el atributo de conservación, COP 33,003 (£8.7) y COP 85,105 para el incremento en educación de la comunidad, COP 32,421 (£8.6) y COP 38,719 (£10) por el incremento en ingresos de la comunidad. Finalmente, la DAP en áreas de posconflicto varía entre COP 58,199 (£15.5) and COP 115,105 (£30.5). Estos resultados muestran que los encuestados no solo consideran los beneficios ambientales sino también los beneficios sociales relacionados con los programas de conservación. Adicionalmente, el atributo de áreas de posconflicto resulta ser el más importante. Estos resultados pueden ser usados como insumo para el diseño de la política de conservación en Colombia.

In Birth Rights and Wrongs (2019), Dov Fox points out that torts law is in principle capable of changing through court decision making, and that it has in the past been bold enough to measure harms that seemed unmeasurable at first glance. Fox notes that despite torts malleability, courts have been reluctant to grant sufficient relief to patients that have been harmed by practitioner’s negligence in the realm of reproductive negligence -the “freezer malfunction” cases. He notes that “conventional harms miss real and serious losses to people who end up without the child they’d give anything to have” (Fox, 23). This paper (i) examines the position of three feminist legal theories on what it would mean to claim damages for being unable to conceive due to practitioner’s negligence and (ii) analyzes the weight that courts have given to pregnancy while establishing whether compensation is due. The conclusion (iii) compares the posture of the courts with the examined theories on the matter and examines the way in which ‘new’ families are being excluded from redress. En Birth Rights and Wrongs (2019), Dov Fox señala que la ley de daños en EEUU es, en principio, capaz de mutar a través de la toma de decisiones de las cortes, y que en el pasado los jueces han sido lo suficientemente audaces como para medir daños que parecían inconmensurables a primera vista. Fox señala que, a pesar de la maleabilidad de los daños, las cortes se han mostrado reacias a otorgar un alivio suficiente a los pacientes que han sido perjudicados por la negligencia del médico en el ámbito de la negligencia reproductiva, los casos de "mal funcionamiento del congelador" –denominados así por los casos en los que el material reproductivo congelado se daña, se pierde, o se estropea. Fox señala que "los daños convencionales pasan por alto pérdidas reales y graves para las personas que terminan sin el hijo que darían cualquier cosa por tener" (Fox, 23). Este artículo (i) examina la posición de tres teorías legales feministas sobre lo que significaría reclamar daños y perjuicios por no poder concebir debido a la negligencia del médico y (ii) analiza el peso que los tribunales le han dado al embarazo al establecer si se debe indemnizar. La conclusión (iii) compara la postura de los tribunales con las teorías examinadas sobre el asunto y examina la forma en que las "nuevas" familias están siendo excluidas de la reparación.

If justice in Colombia has stepped toward transitional justice, a framework mainly focused on providing redress to the victims of war, why have animals been excluded from it? As a response to animal cruelty, in war and outside of it, a punitive response remains. In a transitional justice regime, moving away from strictly anthropocentric solutions could bring reconciliation that transcends the criminal/innocent, city/jungle, and human/nature artificial dichotomies. Si la justicia en Colombia ha dado un paso hacia la justicia transicional, un marco enfocado principalmente en brindar reparación a las víctimas de la guerra, ¿por qué se ha excluido a los animales? La respuesta estatal a la crueldad animal, en la guerra y fuera de ella, sigue siendo punitiva. En un régimen de justicia transicional, alejarse de soluciones estrictamente antropocéntricas podría traer una reconciliación que trascienda las dicotomías artificiales entre criminal/inocente, ciudad/jungla y humano/naturaleza. Distinción Harvard Law School Writing Prize, 2020.

Desde hace años, la creciente evidencia científica sobre el impacto ecológico de las actividades humanas ha generado preocupación en diversas industrias alrededor del mundo. Grandes compañías han implementado estrategias sostenibles, que contemplan factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). Sin embargo, la aproximación actual de las compañías a los factores ESG olvida los factores sociales, en particular la protección de los derechos humanos, como elemento crítico para la sostenibilidad. Una de las causas más citadas por las compañías para no incluir consideraciones de derechos humanos en sus estrategias es el costo asociado a este tipo de medidas y el bajo impacto que tienen sobre sus rendimientos financieros. Sin embargo, cada vez más inversionistas están demandando de las compañías generación de valor a largo plazo y adecuación a los estándares globales de ESG. Bajo este contexto, la banca tiene un rol fundamental en la generación de incentivos para que las compañías incluyan consideraciones de derechos humanos en sus estrategias. En particular, en un país como Colombia, donde la banca es la fuente primaria de financiamiento para el sector real, su compromiso con este tema puede transformar el panorama. Sin embargo, siendo la banca a su vez una actividad económica, también requiere de los incentivos correctos para impulsar este cambio. Por tanto, este ensayo discute los argumentos para soportar la tesis de que deberían incluirse consideraciones de derechos humanos en el sistema de administración del riesgo de crédito de los bancos. Abstract: For years, the growing scientific evidence on the ecological impact of human activities has generated concern in various industries around the world. Large companies have implemented sustainable strategies, which consider environmental, social and corporate governance (ESG) factors. However, the current approach of companies to ESG factors forgets social factors, in particular the protection of human rights, as a critical element for sustainability. One of the most cited causes by companies for not including human rights considerations in their strategies is the cost associated with these types of measures and the low impact they have on their financial returns. However, more and more investors are demanding long-term value generation and achieving global standards to better serve their investors and stockholders. Under this context, banks have a fundamental role in creating incentives for companies to include human rights considerations in their strategies. In particular, in a country like Colombia, where banking is the primary source of financing for the real sector, its commitment to this issue can transform the landscape. However, since banking is also an economic activity, it requires the right incentives to drive this change. Therefore, this essay discusses the arguments to support the thesis that including human rights considerations should be mandatory in the banks’ credit risk management system.

This article reflects on the roles and powers of the OECD National Contact Points (NCPs), under the 2011 version of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (‘the Guidelines’), regarding complaints on an alleged breach of the Guidelines by a transnational corporation, from both the empirical and the normative perspective. It does so through an examination of relevant OECD instruments, the regulations and practice of Brazil’s, Mexico’s, Norway’s, the United Kingdom’s and the United States of America’s NCPs, and many relevant theoretical and empirical studies. While this work demonstrates the particular importance of the function of NCPs of handling these complaints, it finds that the NCPs case studies and the Australian have fundamentally different conceptions of their roles and powers regarding such complaints. This contribution, then, proposes an interpretation of these matters based on a systematic understanding of relevant OECD instruments and broader normative considerations. When doing so, it demonstrates that these differences are not well justified in normative terms. In addition and when addressing the main arguments against the proposed view in this study, this work provides new analysis on the distinction between soft and hard law in the field of corporate social responsibility, in light of the case of the Guidelines.