7 hojas : ilustraciones, fotografías a color.

La mayoría de las empresas desconoce los incentivos, las motivaciones y los beneficios de incorporar la gestión ambiental como herramienta de regulación de sus acciones de sustentabilidad. Para esta investigación, que procura responder a esa necesidad, se formuló un cuestionario a diez empresas que participan en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), en México. Se encontró que los incentivos para incluirla son el corporativismo verde, los grupos de interés, el consumidor y el mercado verde. Las motivaciones, por su parte, son el perfil empresarial, los recursos y las capacidades, la estrategia de negocio y la gestión de acciones de sustentabilidad. Los beneficios son económicos, sociales, ambientales y en materia de competitividad.

Sobre una muestra de veinticinco empresas que actúan en territorio argentino y que manifiestan tener con la sociedad un compromiso que va más allá de la obtención de utilidades para sus accionistas, esta investigación ha procurado 1) indagar acerca de los mecanismos administrativos (comunicacionales, procedimentales, organizativos y estructurales) que ellas adoptan para poder diferenciar, escuchar y traducir las voces de sus stakeholders en acciones concretas, con el fin de satisfacer los requerimientos de los mismos, 2) inquirir si esos mecanismos responden a propuestas provenientes de organizaciones que tienen formulaciones de modelos al respecto o si son desarrollos originales surgidos de la cultura y las características de gestión de la propia empresa y 3) evaluar la efectividad de dichos mecanismos a través de la incorporación concreta de los requerimientos de los stakeholders en la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias de las empresas, analizando la congruencia o discrepancia de lo que la empresa manifiesta y lo que ella hace realmente.

49 hojas : ilustraciones, fotografías.

19 hojas.

La Constitución Política colombiana de 1991, reconocida regionalmente como una de las más democráticas de América Latina y el Caribe, por el compromiso de garantizar la participación y los Derechos Humanos, permitió desarrollar en casi una década un marco normativo y crear los espacios necesarios para avanzar hacia un Estado Social de Derecho, posibilitando a la vez el ejercicio de la democracia directa. Para influir en las posturas de los constituyentes en torno a temas de crucial importancia para el país, hizo de esta Asamblea un foro de la democracia. Las mesas temáticas, las propuestas, la interlocución y las alianzas, contribuyeron a crear un clima propicio para pensar el país, repensar y definir los valores fundamentales que se materializarían en instituciones, mecanismos y mandatos. Nunca como en esos meses, organizaciones, movimientos sociales, grupos y partidos políticos se comprometieron a fondo en la tarea de diseñar un modelo de país más inclusivo, igualitario, solidario y respetuoso de las libertades. El esfuerzo de dar a conocer la nueva Carta y preparar a la ciudadanía para la participación fue cumplido tanto por sectores estatales como por organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales que veían en esa coyuntura, la posibilidad de superar las desconfianzas e insatisfacciones que un quehacer político excluyente había contribuido a cimentar, generando una cultura de ausentismo y no participación, tanto en las contiendas electorales, como en los resquicios de democracia que podrían darse en lo local. Efectivamente, en los años siguientes las-os ciudadanas-os lentamente se fueron apropiando de los espacios donde se decidía sobre los problemas y necesidades de las comunidades, se distribuían los recursos y se definían y priorizaban las líneas de actuación de las administraciones locales, municipales, distritales y departamentales. La ciudadanía comenzó a expresarse en términos de participación, de derechos y de deberes. Para las mujeres, la evidente discriminación en la conformación de la Asamblea Constituyente (sólo 4 eran mujeres), no fue óbice para su participación; un cabildeo incesante y organizado, logró posicionar propuestas encaminadas a la superación de la discriminación en los ámbitos políticos y sociales; se colocaron en el debate también las relacionadas con sus derechos reproductivos, la necesidad de acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar y de quienes adelantaban labores comunitarias en pro de la niñez, así como la necesidad de promover la participación e inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Algunos de los logros fueron formales, pero otros se plasmaron en avances reales. Paulatinamente, en representación de diversos intereses las mujeres empezaron a incrementar su presencia en los espacios deliberantes y/o de decisión creados, al igual que en los tradicionales. Es evidente que la participación está íntimamente relacionada con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mayorías, pero sentirse sujeto de derechos va más allá de su consagración en una constitución o en una ley; este ha sido el trabajo del feminismo: que las excluidas se reconocieran ciudadanas, no sólo con deberes sino con derechos y que iniciasen un proceso de exigibilidad individual y colectivo. Lo anterior pasa por su reconocimiento en tanto sujetos sociales y por la valoración de sus aportes a la sociedad en su conjunto, así como el conocimiento, introyección y ejercicio de sus derechos.

La proliferación de agencias en el derecho colombiano es justificada por una necesidad de mayor independencia técnica y la implementación de buenas prácticas en la organización administrativa del orden nacional. Mediante la comparación con el caso estadounidense, sistema en el que se origina el término, este capítulo muestra cómo las agencias nacionales carecen de los componentes orgánicos que tienen las agencias de los Estados Unidos, que son calificadas como independientes del Ejecutivo. Más que constituir una categoría de órganos, se trata de una denominación genérica e imprecisa para referirse a formas organizativas en su mayoría pertenecientes al sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva y que evocan unidades de trabajo bajo la orientación de comités compuestos de agentes del presidente, no siempre expertos en las áreas de intervención. El eufemismo alrededor de la noción apela a una reforma de la Administración que considere aspectos orgánicos y no solo funcionales de diseño institucional.

Análisis de factibilidad para el traslado de la planta operativa de una PYME del sector avícola en Bogotá, junto con el análisis de la implementación de mejoras en la maquinaria y el flujo de capital para mejorar con este ultimo los precios de adquisición en el producto.

Las desviaciones de la ejecución real sobre los estimados planeados y a los compromisos adquiridos son muy comunes en la ejecución de los proyectos en ingeniería. Este hecho genera dudas sobre la eficacia de los procesos de planificación e incentiva los estudios alrededor del control de los mismos. El presente trabajo desarrolla un modelo de control de proyectos entendiendo la ejecución de los mismos como un sistema dinámico. Para ello se enfoca en el control de recursos renovables (como la mano de obra o los equipos) y describe el impacto de los mismos sobre los indicadores de ejecución del proyecto. El impacto de las políticas de control propuestas muestra una reducción de la duración global de ejecución del conjunto de proyectos. El análisis se desarrolló utilizando redes de actividad modeladas en dinámica de sistemas.

Este artículo evidencia una arquitectura de cooperación horizontal para facilitar el proceso de transporte de mercancía en plataformas de comercio electrónico. Para ello se generó una taxonomía, un modelo semántico, una ontología que permita modelar dicha logística electrónica, después se utilizará la ontología generada para crear un metamodelo y luego un DSL basado en este, finalmente con MDE y aplicando transformación de los datos por medio de QVT, se logrará un modelo de datos interoperable para varias plataformas de comercio electrónico, en el que los operadores logísticos puedan ver la mercancía de forma transversal.