El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

Chile se abre hoy a la posibilidad de reencuentro y construcción democrática tras dieciséis años de dictadura militar, los que han tenido profundas repercusiones en los más diversos ámbitos de la vida nacional. En estos años, las mujeres pobladoras han hecho un importante recorrido desde variadas organizaciones que se proyectan y demandan al futuro proceso democrático. ¿Cuál es el Estado democrático que interesa a estas mujeres y sus organizaciones? ¿Cuál debe ser la relación del Estado con ellas para que se mantengan como actor social, fortalezcan la sociedad civil y no reproduzcan las experiencias de dependencia asistencialismo y cooptación del pasado? ¿Cómo se insertarán en el proceso de profundización democrática con sus demandas por el cambio cultural? En este marco, este texto pretende entregar antecedentes, debatir ciertos planteamientos, haciendo algunas propuestas y delineando tensiones y desafíos

El presente escrito hace parte de un proyecto de investigación intitulado "Constitución y estabilidad de la unión de hecho en Colombia" que cuenta con la aprobación del consejo de investigación de la Universidad Nacional y financiación de Colciencias. Dicho proyecto consta de dos fases: una bibliográfica y otra de terreno. En la primera se elaboró una síntesis histórica-jurídica con los siguientes objetivos: a) Hacer un análisis histórico de la familia en general, con el fin de identificar los lazos existentes entre las llamadas "familias de derecho" y las "familias de hecho". b) Esbozar un análisis comparativo de las "familias de hecho" al menos en una muestra de países  latinoamericanos y algunos europeos con el fin de ver si existe una gradual aceptación legal de las uniones de hecho y cuáles son las diferencias entre unas y otras, tanto en Colombia como en los países de la muestra; y c) Revisar cómo se dan la constitución y disolución de las uniones de hecho y de derecho mediante un rápido análisis de la normatividad jurídica general sobre familia, sus características y consecuencias personales, para los hijos y patrimoniales. El contenido de esta fase resume la revisión de gran parte de la abundante bibliografía existente sobre el tema de familia ya que cualquier investigación abarcativa sobre su problemática, precisa de un numeroso equipo interdisciplinario de especialistas. A continuación se presenta a manera de avance, uno de los capítulos que conforman la base bibliográfica de la investigación, que contiene los hitos más importantes en el tratamiento teórico e ideológico de la familia.

Durante varios años, la Corporación Sisma Mujer ha venido profundizando en el conocimiento sobre las reparaciones y su especificidad para las mujeres derivada de las afectaciones particulares de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado con énfasis en la violencia sexual.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

Los estudios feministas sobre tecnología, surgidos como una ampliación de los estudios feministas sobre ciencia, desarrollaron su propia agenda de trabajo y sus propias corrientes durante la década de los 80, trabajando paralelamente a los constructivistas sociales, aunque con escasa comunicación entre ambos. El objetivo del presente trabajo es recoger las principales críticas de los estudios feministas de la tecnología al constructivismo social en general y, en particular, a los más recientes desarrollos sobre las fases de uso y consumo de las tecnologías que se presentan desde el constructivismo como un avance teórico. Las feministas critican que desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) se sigue utilizando en el fondo cierta noción convencional de tecnología, al no prestar suficiente atención a los intereses de género como un factor social determinante que puede influir en el diseño y selección de los artefactos.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

Quienes trabajan en instituciones universitarias están llamados a aportar ideas y propuestas, sustentadas en una reflexión sistemática, no meramente coyuntural, sobre conflicto, guerra y paz. Este artículo explora los posibles ejes que se deben tener en cuenta para orientar el trabajo por la paz desde la universidad.

La investigación Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra. Impacto del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la vida y seguridad de las mujeres en comunidades en pugna. Caso Villavicencio, desarrollada por HUMANAS – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género en Colombia, se enmarca dentro de los objetivos del Programa Paz y Seguridad de UNIFEM –Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer– Región Andina que cuenta con el apoyo de AECI –Agencia Española de Cooperación Internacional– respondiendo al mandato de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Dicha resolución hace un llamado a incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de decisión en prevención, manejo y resolución de conflictos; atender las necesidades especiales de protección de las mujeres en los conflictos; incrementar el apoyo a mujeres constructoras de la paz y a la adopción de una perspectiva de género en operaciones de mantenimiento de la paz, y en los procesos de pos conflicto. Pretende, asimismo, promover investigaciones que visibilicen el impacto que las distintas situaciones tienen sobre los derechos de las mujeres. Este estudio ofrece una mirada integral a la situación de las mujeres en los contextos locales de desarme, desmovilización y reintegración, con miras a avanzar en la promoción de la seguridad humana de las mujeres. La investigación tuvo por objeto conocer el impacto de dichos procesos, desde la percepción de las y los funcionarios públicos del municipio, de las mujeres y de actores sociales claves de la región. De tal forma, se plantean una serie de lineamientos para el análisis que permiten evidenciar de forma específica los efectos sobre la vida de las mujeres de la ciudad de Villavicencio a nivel político-organizativo, socio-económico, de derechos sexuales y reproductivos, de seguridad humana y violencia contra las mujeres y niñas.

En 1994, el Instituto Alan Guttmacher de Nueva York publicó una investigación sobre el aborto, realizada en cinco países de América Latina, tomando como base el año 1989. Dicha investigación sugiere que en Bolivia, Colombia, Perú y República Dominicana, se registran casi cuatro abortos por cada diez nacidos vivos. El estudio combina tres fuentes de información: análisis de encuestas de fecundidad, encuestas a profesionales sobre las condiciones en las que se realiza el aborto provocado y estadísticas oficiales sobre el número de mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto cada año. Sin embargo, la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo determina que las mujeres hospitalizadas por complicaciones de este tipo sólo representen una ínfima parte del total. Los expertos encuestados calcularon que una de cada cinco mujeres en el Perú que habían tenido un aborto, eran hospitalizadas para el tratamiento de las complicaciones.