En el marco de la Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios y del día Internacional de No a la Violencia contra las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Casa de la Mujer, convocaron el 26 de noviembre de 2004 al Encuentro Distrital "Una realidad oculta: El desplazamiento forzado de las mujeres en la ciudad de Bogotá". La realización del encuentro tiene un importante antecedente. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz — APSCP-, en octubre de 2003 celebró su IV plenario en el cual aproximadamente 3000 personas de todo el país, coincidieron en la necesidad de impulsar una Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios, la cual, fue presentada a la opinión pública el 15 de julio de 2004 con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales y no gubernamentales, de ciudadanas-os colombianas-os. Desde entonces decenas de organizaciones y miles de personas, han adherido al llamamiento. El Encuentro integró la reflexión acerca del desplazamiento forzado y su impacto en la vida de las mujeres en Bogotá, con expresiones culturales, artesanales y un festival gastronómico. Con el festival se pretendió no sólo mostrar e integrar la diversidad de comidas regionales, sino también que las mujeres obtuvieran algunos recursos económicos destinados al fortalecimiento de sus procesos organizativos. Asimismo, el Encuentro fue un espacio para presentar la Campaña por Acuerdos y Compromisos Humanitarios; sensibilizar y divulgar acerca del impacto diferencial del desplazamiento forzado y la violencia contra las mujeres en Bogotá; entregar elementos teóricos básicos acerca de los instrumentos internacionales y nacionales que reconocen y protegen la participación de las mujeres en los procesos de negociación de los conflictos armados; establecer contacto con algunas agencias gubernamentales y de cooperación y por último, generar acercamientos para futuras alianzas con estas entidades que les permita a sus organizaciones incidencia política y gestionar recursos para sus procesos. Por medio de esta publicación socializamos parte de la experiencia que la Casa de la Mujer ha obtenido en el trabajo con mujeres en situación de desplazamiento con el propósito de visibilizar y sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y a las organizaciones que integran la APSCP acerca de la problemática del desplazamiento en Bogotá.

La Corporación Sisma Mujer – con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada del Canadá – ha realizado el presente documento, por medio del cual se exploran tres aspectos fundamentales: (i) los elementos generales de los crímenes de lesa humanidad; (ii) los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad referidos a la violencia sexual y (iii) los avances y desarrollos que en materia de crímenes de lesa humanidad ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. A partir de ellos, se avanza a manera de conclusiones, en la formulación de implicaciones y retos para el Estado colombiano en la investigación de crímenes sexuales. En la primera parte del documento se exploran los desarrollos generales de los crímenes de lesa humanidad a partir de dos aspectos: los elementos del ataque y los criterios de responsabilidad penal individual. En la segunda parte, se abordan específicamente los desarrollos de los crímenes de lesa humanidad referidos a violencia sexual, a partir de los elementos fijados por el Estatuto de Roma y los antecedentes de casos de la Corte Penal Internacional – particularmente los de la República del Congo. En la tercera parte se hace un análisis sobre los desarrollos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha hecho en relación con los crímenes de lesa humanidad en algunas decisiones de la parapolítica y el procedimiento de la ley 975 de 2005. Así mismo, se exploran los mecanismos desarrollados en relación con las formas de imputación de crímenes de sistema. Finalmente y con fundamento en lo anterior, en el último capítulo se abordan algunas implicaciones que los desarrollos internacionales tienen en el caso colombiano y algunas recomendaciones frente a los posibles mecanismos de investigación que deberían implementarse a fin de realizar persecuciones penales acordes con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

La justicia restaurativa se ha planteado como alternativa en contextos como el colombiano, para lograr la consolidación democrática. Por ser de arraigo comunitario, puede ser una excelente estrategia de fortalecimiento del tejido social y del empoderamiento político. Con el uso de la perspectiva de género, las organizaciones de mujeres se convierten en escenarios de privilegio para aplicar este modelo de justicia en pro de una sociedad más justa y equitativa. Este artículo presenta los primeros resultados de un proceso investigativo en un contexto urbano marginal de la ciudad de Cali acerca de una experiencia de desarrollo de un modelo para aplicar la justicia restaurativa.

En el marco del programa Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia, UNIFEM apoya la publicación titulada: ¿Justicia desigual? Género y derechos de las víctimas en Colombia. Esta recopilación de artículos y opiniones es el resultado del trabajo de investigaciones y estudios a cargo de autoras y autores especializados en temas de víctimas, verdad, justicia y reparación, quienes incorporan aquí la perspectiva de género como una herramienta de análisis de la realidad colombiana. Esta publicación, además de alinearse con los objetivos generales del programa, proporciona una serie de respuestas a la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las líneas medulares del programa. La Resolución 1325, entre otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y tomar medidas para enjuiciar a los culpables. Esta publicación responde a la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los temas de verdad, justicia y reparación, con el objetivo final de reflexionar sobre la importancia de garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Los ensayos parten del análisis específico de los temas, para desarrollar después propuestas novedosas que apuestan por la perspectiva de género como enfoque imprescindible para luchar contra la impunidad.

Este trabajo: "LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, un mal que no cesa", realizado a partir de testimonios e historias de vida de mujeres populares, hace parte de la colección de Cartillas Populares "MUJERES Y DERECHOS", Y se propone llamar la atención sobre las diversas violencias que ellas están viviendo, profundizando el derecho de todas las mujeres a una vida digna, libre de toda forma de violencia ejercida contra sus cuerpos y sus subjetividades. Es una propuesta que, esperarnos, irrumpa luminosa en la vida de las mujeres, informándoles, haciéndolas estudiosas, interlocutoras, pensantes, creativas, amorosas y tiernas a la vez; una propuesta que facilitará la armonía, el respeto, la atención, la alegría en el impulso de construcción de una sociedad nueva, desde el espacio donde actúan cotidianamente.

El término Feminicidio está en proceso de definición, siendo una figura delictiva de la que se requiere precisar sus características propias. Por Feminicidio se entiende la muerte de una mujer como forma de resaltar la dominación y el control del hombre sobre ella. Esta conducta se puede clasificar en: a) feminicidio íntimo, cuando existe una conexión familiar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, b) feminicidio no íntimo, si no existe una relación familiar e íntima entre el sujeto activo y el pasivo, y, finalmente, c) feminicidio por conexión, cuando el sujeto pasivo es un familiar de la mujer. Asimismo, dentro del aspecto subjetivo, se resalta un elemento subjetivo del tipo concretado en la intención de dominación, ejercicio de poder o control de los agresores sobre sus víctimas. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de conductas en la actualidad se subsumirían dentro de las figuras del delito de homicidio, en la mayoría de los casos dentro de la figura del parricidio o asesinato, según se resalte la relación personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, o en función a la modalidad en la que se comete el hecho delictivo. En la presente Gaceta se presentan artículos que tienen por finalidad el justificar una tipificación autónoma de esta clase de conductas en el Ordenamiento jurídico penal basándose en un análisis jurídico y psicológico de los elementos que forman parte del tratamiento de este fenómeno; iniciativa interesante que es sometida a los especialistas para que al respecto pueda adoptarse una posición sobre el mismo.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

Considerando que en el ordenamiento colombiano está reconocido el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia derivado de la Convención de Belém dopará y de la ley 1257 de 2008 y que han transcurrido tres años desde la entrada en vigencia de esta norma, la mesa de seguimiento a la implementación de la ley 1257 de la sociedad civil, denominada actualmente como Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, (la mesa) presenta a continuación un balance sobre el estado de su cumplimiento. Para este propósito expondremos brevemente las conclusiones de la mesa respecto del estado actual de los diferentes componentes de la ley, tomando como insumos los reportes entregados por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer(ACPEM) así como la información recolectada por la mesa en los ministerios y entidades concernidas así como los estudios propios sobre el estado de cumplimiento de la ley 1257 de 2008. En este sentido, luego de identificar brevemente el alcance normativo de la referida ley y algunas cifras sobre violencia contra la mujer, presentaremos nuestras observaciones sobre el estado general de cumplimiento de la ley teniendo en cuenta la interpretación y alcance dado por las autoridades estatales, el estado de reglamentación encada uno de sus componentes y las principales recomendaciones para avanzar decididamente en su efectividad.

A través del Programa de Promotoría Juvenil, las instituciones integrantes del Comité Académico de la Campaña de Lazo Blanco de No Violencia Contra las Mujeres en Colombia (en adelante nombrada como Campaña del Lazo Blanco), en cabeza del Colectivo Hombres y Masculinidades, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia -ACNUR, se adelantó una propuesta de capacitación y formación para jóvenes hombres y mujeres en situación de alta vulnerabilidad y afectados/as por el fenómeno del desplazamiento forzado. Se buscaba con ello prevenir las violencias basadas en género, favoreciendo nuevas construcciones de identidades genéricas y la transformación de actitudes, roles y estilos de vida. Ello llevó a fortalecer el ejercicio de los derechos, vinculado a un aprendizaje desde una perspectiva relacional de género. Este proceso se explica a continuación en los siguientes capítulos: El primero, ofrece la reconstrucción histórica del proceso de capacitación y formación a jóvenes de Bogotá y otros municipios del país. El capítulo contiene los siguientes apartados: en el primero, denominado Contexto político del programa de capacitación, se delimita el horizonte político a partir del cual surgió el proyecto. Un segundo apartado titulado Definición del programa, muestra los contenidos y pertinencias para el trabajo con la población objeto del proyecto. En tercer lugar se plantea la situación del proyecto en el marco del mandato y misión del ACNUR. En un segundo capitulo se aborda el horizonte conceptual sobre el que se sustentó la metodología, haciendo referencia a los ejes transversales que la estructuran: género, masculinidad, cuerpo, juventud y política. Luego se ofrece la reconstrucción del proceso por años, haciendo un recuento cronológico de los diferentes momentos del proyecto de Promotoría Juvenil. El tercer capitulo, da cuenta de los principios pedagógicos y la metodología de trabajo, y en general se hace referencia a las iniciativas juveniles y a los hallazgos desarrollados en el proyecto.El capitulo cuarto, nos lleva a analizar las distintas herramientas pedagógicas que fueron incorporadas durante el ejercicio del proyecto, varias de las cuales son materiales de entidades hermanas y que aportaron tanto al proceso de capacitación como de movilización. En el quinto capitulo se hacen varias recomendaciones como fruto del balance del proyecto, y se indican además cuales fueron los principales aprendizajes tenidos durante este proceso.

Este reporte corresponde a una investigación realizada entre 2010 y 2011 en México con el propósito de conocer: a) las instituciones y características de dicho personal; b) sus necesidades y/o dificultades que enfrenta; y c) sus concepciones bajo un enfoque de género. Para el primer aspecto se realizó un censo institucional, para los otros dos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a veinte personas. Los principales resultados muestran que 76% de quienes prestan estos servicios son mujeres, que trabajan en 12 instituciones. Refieren como necesidades falta de personal y capacitación. Conciben la violencia como golpes y agresiones, desvinculadas del control masculino como su eje central.