Esta investigación profundiza una reflexión sobre la violencia sexual contra las mujeres usada como arma de guerra en los conflictos armados, analizando en el caso concreto de Darfur si se trata de una estrategia bélica desplegada por un actor armado contra las mujeres como un sector específico de la población, con toda la intensión de herir a las mujeres y romper el tejido social de sus comunidades, bajo el entendimiento cultural que sus cuerpos son un territorio más del conflicto que hay que dominar o destruir en la guerra para atacar los símbolos de los que ellos son depositarios por imposición de las sociedades patriarcales. La investigación presenta los conceptos relacionados con la violencia de género, dando un énfasis al análisis de la violencia sexual como arma de guerra y a las dificultades encontradas en su conceptualización. Posteriormente analiza el conflicto armado en Darfur para identificar las características del uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y los impactos de la misma en las víctimas y el tejido social de sus comunidades. Y finalmente analiza el rol del Estado según el derecho internacional en la protección de las mujeres en contextos de conflicto armado.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

A través de la presentación de un caso de violencia sexual en una menor, se presenta la debilidad del actual sistema de salud respecto a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia, quienes potencialmente pueden desarrollan trastornos afectivos secundarios a sus experiencias. También ilustra los recursos exitosos que la sociedad ha desarrollado para enfrentar las limitaciones impuestas por el sistema. En el desarrollo del tema, una sección del artículo está dedicada al tratamiento de los trastornos mentales, como parte de las alteraciones de salud conocidas con el nombre de enfermedad profesional. Estas líneas pretenden ser una invitación a reflexionar y a redefinir el riesgo al que están expuestos en su vida diaria los profesionales que trabajan en el área de la salud mental.

En el marco del programa Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia, UNIFEM apoya la publicación titulada: ¿Justicia desigual? Género y derechos de las víctimas en Colombia. Esta recopilación de artículos y opiniones es el resultado del trabajo de investigaciones y estudios a cargo de autoras y autores especializados en temas de víctimas, verdad, justicia y reparación, quienes incorporan aquí la perspectiva de género como una herramienta de análisis de la realidad colombiana. Esta publicación, además de alinearse con los objetivos generales del programa, proporciona una serie de respuestas a la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las líneas medulares del programa. La Resolución 1325, entre otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y tomar medidas para enjuiciar a los culpables. Esta publicación responde a la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los temas de verdad, justicia y reparación, con el objetivo final de reflexionar sobre la importancia de garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Los ensayos parten del análisis específico de los temas, para desarrollar después propuestas novedosas que apuestan por la perspectiva de género como enfoque imprescindible para luchar contra la impunidad.

Este reporte corresponde a una investigación realizada entre 2010 y 2011 en México con el propósito de conocer: a) las instituciones y características de dicho personal; b) sus necesidades y/o dificultades que enfrenta; y c) sus concepciones bajo un enfoque de género. Para el primer aspecto se realizó un censo institucional, para los otros dos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a veinte personas. Los principales resultados muestran que 76% de quienes prestan estos servicios son mujeres, que trabajan en 12 instituciones. Refieren como necesidades falta de personal y capacitación. Conciben la violencia como golpes y agresiones, desvinculadas del control masculino como su eje central.

Se exploran los roles sociales que juega el feminismo a partir del sufragismo, no sólo como movimiento social sino como productor de discursos y conocimientos. Se analizan diversos discursos sociales empleados por las feministas en el contexto latinoamericano, desglosando los sentidos de una serie de categorías o conceptos con los que las sujetos en acción y los movimientos de mujeres, así como subjetividades individuales, dan significado a sus condiciones sociales y a sus contextos materiales, produciéndose una mediación de los discursos en la acción política y social de las sujetos.

Se presenta un análisis de las diferentes construcciones subjetivas que tienen hombres y mujeres de la región pacífica colombiana, especialmente de algunos sectores del Chocó, sobre las masculinidades y las feminidades. Adicionalmente el artículo muestra cómo estas representaciones se transforman, crecen y se relacionan, y las formas y estrategias específicas que adoptan las personas cuando intentan consolidar y describir la manera de asumirse hombre o mujer. Para ello se toma el hombre cazador como figura de análisis y se recogen relatos acerca de situaciones violentas y no violentas concernientes a la relación entre los géneros.

La justicia de género centra su interés en el acceso a la justicia de las mujeres así como en que se apliquen leyes a favor de sus derechos y en la tipificación de los delitos que los vulneren, tanto en el ámbito público como privado, siendo sus principales manifestaciones la violencia doméstica y la violencia sexual incluida aquella que cobra la vida de las mujeres. Las violencias de género han sido las situaciones de violación de derechos más proclives a ser consideradas como asuntos de menor importancia o pertenecientes al llamado núcleo blando del derecho. Por ello, para la justicia de género la forma como se está administrando justicia en los casos de delitos perpetrados contra las mujeres por el hecho de serlo y motivados por considerarlas carentes de derechos, es materia central ya que es a través de estas expresiones que se perpetúan las relaciones de poder desiguales entre ambos sexos y se naturaliza la violencia y discriminación contra las mujeres. Diversos análisis realizados en países latinoamericanos han coincido en señalar que el sistema acusatorio que se viene implementando desde hace más de una década en la región, así como las reformas que han sufrido las leyes de violencia pueden poner en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias de género. Esta experiencia previa llevó a la Corporación Humanas con el apoyo de AECI a indagar cómo ha venido respondiendo el Sistema Penal Acusatorio (SP A) en Colombia en estos dos años de implementación parcial en los casos de delitos por violencia de género a fin de establecer si está garantizando o no el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de ellos. Los resultados de la investigación se han agrupado en cuatro capítulos. El primero de ellos da cuenta del marco conceptual a partir del cual se establece qué es acceso a la justicia, en el segundo se revisa el contexto normativo nacional, en el tercero se presentan los obstáculos del Sistema Penal Acusatorio para el acceso a la justicia por parte de las mujeres identificados durante el trabajo de campo y por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones. En este resumen se presenta los aspectos metodológicos centrales y las conclusiones y recomendaciones.

La violencia basada en el género (VBG), como cualquier otra forma de violencia, es una realidad evitable a la que no subyace ninguna determinación natural, genética o biológica. Son solo condicionamientos socioculturales los responsables de cada acto de violencia que se comete contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Esto no significa sin embargo que se trate de un fenómeno fácil de comprender y mucho menos de enfrentar, Por el contrario, su origen cultural hace de la VBG una problemática intrincada y de muchas aristas y conocer a profundidad formas, contextos, imaginarios colectivos, respuestas sociales e institucionales, es sin duda un camino y un deber para quienes aspiramos a contribuir a la erradicación de una problemática que vulnera el derecho de las mujeres una vida libre de violencias y limita su potencial de desarrollo y de aporte al desarrollo de la sociedad, en todos los campos.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el documento Definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resalta el compromiso de la entidad en la inclusión de las víctimas más vulnerables en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación: Prioridad a las víctimas que presentan mayores grados de vulnerabilidad. Dado que dentro del universo total de víctimas, existen algunas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, la CNRR considera necesario establecer un orden de prioridad considerando, en primer lugar, la Constitución Política subraya la necesidad de brindar especial protección a las mujeres cabeza de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera edad (art. 46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolombianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de 1993). En segundo lugar, la realidad social exige darle prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se encuentran protegidos de forma especial en la Constitución. Tal es el caso de aquellas víctimas que padecen pobreza extrema. A través del área de Género y Poblaciones Específicas, la Comisión ha trabajado por la inclusión de la temática de género de su labor diaria. Así, presenta el Manual de documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, instrumento diseñado para dar un soporte técnico y ético, bajo un enfoque de derechos, a las y los funcionarios de las distintas instituciones que están en contacto directo con las mujeres víctimas del conflicto armado, así como a sus funcionarios y funcionarias, para la atención de miles de mujeres que han sido víctimas de las distintas manifestaciones de violencia basada en género. El área considera este documento de vital importancia, por cuanto brinda lineamientos a la institucionalidad para la atención técnica, ética y respetuosa a mujeres víctimas del conflicto armado, y porque busca poner en evidencia las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde se generan mayor impunidad y silencio, es decir, las violencias basadas en género contra las mujeres, especialmente las distintas manifestaciones de violencia sexual.