La finalidad de esta publicación es poner en evidencia la situación actual del sistema legal colombiano frente a las necesidades y derechos las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).1 Se trata de estudiar la legislación colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Esto lleva a reconocer, en algunos casos, los avances del sistema colombiano (especialmente en el judicial) y, en otros tantos, las falencias (especialmente en el legislativo) y omisiones del derecho nacional. No se trata, por ahora, de imaginar derechos nuevos. Simplemente se trata de tomar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y aplicarlos al caso concreto de las personas LGBT, según las interpretaciones que han hecho los órganos internacionales o, incluso, algunas cortes colombianas.2 Sin embargo, no dejamos de lado la posibilidad futura de vislumbrar nuevas definiciones de los Derechos Humanos y de proponer la adaptación de las normas a las diversas experiencias de las identidades de género y la orientación sexual. Para esta investigación de carácter exploratorio se tomaron sólo algunos de los Derechos Humanos, puesto que si bien la situación general de los Derechos Humanos en Colombia pasa por una crisis profunda, no se pretende hacer un informe general, sino prestarle principal atención a aquellos derechos más afectados para las personas LGBT, y los que más acciones judiciales han provocado. Las personas LGBT son sujetos de todos los Derechos Humanos, pero sufren de falta de garantías frente a todos y cada uno de ellos. Las personas LGBT son víctimas constantes de homicidios así como de torturas físicas, psicológicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por falta de protección por parte del Estado. Sin embargo, en lo legal, la problemática no se relaciona simplemente con estos derechos. Hace parte de un problema mucho más grave que engloba y compromete derechos como la vida, la integridad física, el trabajo o la participación política.

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales.

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

Hasta el presente estudio, no se había llevado a cabo, en el Perú, ninguna iniciativa orientada a analizar y obtener evidencias del ejercicio de la sexualidad de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS) y cómo sus demandas asociadas en este aspecto están siendo o no integradas a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el marco del Objetivo de Acceso Universal, así como en las normas, políticas y reglamentaciones sobre prevención. En esta línea, este estudio tiene como fin contribuir a la aceleración de resultados, mediante un estudio diagnóstico, en el área de acceso a servicios y programas de prevención de salud sexual y reproductiva para las PVVS. La evidencia que presentamos a continuación pretende ser un elemento que ayude a impulsar políticas y programas sobre prevención y servicios de salud sexual y reproductiva orientados a personas viviendo con VIH/Sida y a los grupos de mayor riesgo de exposición al VIH en el marco de la propuesta “ Salud, Dignidad y Prevención Positivas".

Desde la década del cincuenta Colombia ha vivido una confrontación social y política de causas diversas que se ha agudizado durante los últimos 15 años y una de cuyas manifestaciones más dramáticas es el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, que en muchos casos es el resultado de un arma de guerra deliberada. La magnitud del desplazamiento ha alcanzado proporciones tan alarmantes, y se ha convertido en una crisis humanitaria de tal magnitud que ha desbordado la capacidad institucional de respuesta y atención.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

En este artículo quisiéramos presentar una hipótesis que venimos elaborando y que hemos contrastado en circunstancias diversas, en torno a las causas que explicarían la escasa presencia de mujeres en las ciencias “duras”, particularmente en posiciones destacadas; y a la presumible falta de interés de muchas de ellas por intervenir en esas áreas. Esta situación nos interesa vincularla con una paralela renuencia y marginación de cargos de responsabilidad y de representación en el campo de la política, a pesar de su notable y creciente participación a través de los partidos y de los movimientos sociales. Nos interesa mostrar que ambos fenómenos admiten explicaciones diferentes de las más habituales; las que, de alguna manera, olvidan la vigencia de un modelo anclado en la subjetividad y el género, esencialmente androcéntrico en la concepción del sujeto de la ciencia y del sujeto de la ciudadanía. Entendemos que de alguna manera se lo olvida, o no se le da bastante peso, al plantear simplemente la igualdad de derechos en un campo construido según un modelo incompleto, sin discutir la legitimidad del mismo. Por otra parte, vincular ambas situaciones -la de las mujeres en la ciencia y en la política- nos parece que puede enriquecer su interpretación, otorgando nuevas perspectivas e instrumentos para superar una larguísima naturalización de fenómenos sociales, esencialmente construidos por un grupo dominante.

En la mayoría de las guerras de hoy, las bajas civiles superan con mucho las de combatientes armados. Mujeres y hombres sufren violaciones de derechos humanos en los conflictos, como homicidios ilegítimos y torturas. Sin embargo, no se suelen tener en cuenta las formas concretas en que las mujeres padecen la violencia o en que los conflictos armados afectan a las mujeres. Las mujeres y las niñas son más vulnerables a la violencia sexual, especialmente a la violación. Las mujeres afrontan obstáculos adicionales, a veces insuperables, para obtener justicia, debido al estigma que marca a las sobrevivientes de la violencia sexual y a la posición de desventaja que ocupa la mujer en la sociedad. Sean civiles o combatientes, refugiadas o desplazadas, el impacto de la guerra tiene un peso especial para las mujeres. En este informe, Amnistía Internacional muestra algunas de las formas en que los conflictos afectan a las mujeres y los numerosos papeles que éstas desempeñan en los conflictos. Las mujeres no son sólo víctimas y sobrevivientes, sino también activistas, negociadoras, creadoras de paz y defensoras de los derechos humanos. Los intentos de abordar las consecuencias de los conflictos para los derechos humanos, incluidos sus efectos específicos sobre las mujeres, sólo pueden ser completos y duraderos si las mujeres desempeñan un papel activo en la reconstrucción de la sociedad a todos los niveles.

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

La Historia Oral es una herramienta metodológica especialmente útil para los fines de la Antropología de Género, pues a través de ella se recupera la palabra de las mujeres, su voz, sus vivencias, sus pensamientos y sus deseos. La palabra como expresión, como comunicación y como forma de impulsar un cambio en la situación y condición de las mujeres.