Esta tercera publicación del Fondo de Documentación Mujer y Género, adscrito al Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Humanas, espera divulgar información muy valiosa sobre los siguientes temas: Derecho y Legislación, Derechos Humanos, Ideologías, Movimientos Sociales, Paz y Desarme, Política, Sistemas y Procesos y Violencia Social y Política como contribución al fortalecimiento de la investigación, la docencia y la extensión universitaria con perspectiva de género.

Desde la primera edición del Foro Social Mundial (FSM), en enero de 2001, la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (Remte) y la Marcha Mundial de las Mujeres se han definido como constructoras de ese espacio. Vemos en el mismo una posibilidad de construcción de alternativas al modelo capitalista neoliberal y sexista, donde actuamos con propuestas de un feminismo radicalmente comprometido con la autodeterminación de las mujeres y con la globalización de la igualdad.

La Constitución Política colombiana de 1991, reconocida regionalmente como una de las más democráticas de América Latina y el Caribe, por el compromiso de garantizar la participación y los Derechos Humanos, permitió desarrollar en casi una década un marco normativo y crear los espacios necesarios para avanzar hacia un Estado Social de Derecho, posibilitando a la vez el ejercicio de la democracia directa. Para influir en las posturas de los constituyentes en torno a temas de crucial importancia para el país, hizo de esta Asamblea un foro de la democracia. Las mesas temáticas, las propuestas, la interlocución y las alianzas, contribuyeron a crear un clima propicio para pensar el país, repensar y definir los valores fundamentales que se materializarían en instituciones, mecanismos y mandatos. Nunca como en esos meses, organizaciones, movimientos sociales, grupos y partidos políticos se comprometieron a fondo en la tarea de diseñar un modelo de país más inclusivo, igualitario, solidario y respetuoso de las libertades. El esfuerzo de dar a conocer la nueva Carta y preparar a la ciudadanía para la participación fue cumplido tanto por sectores estatales como por organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales que veían en esa coyuntura, la posibilidad de superar las desconfianzas e insatisfacciones que un quehacer político excluyente había contribuido a cimentar, generando una cultura de ausentismo y no participación, tanto en las contiendas electorales, como en los resquicios de democracia que podrían darse en lo local. Efectivamente, en los años siguientes las-os ciudadanas-os lentamente se fueron apropiando de los espacios donde se decidía sobre los problemas y necesidades de las comunidades, se distribuían los recursos y se definían y priorizaban las líneas de actuación de las administraciones locales, municipales, distritales y departamentales. La ciudadanía comenzó a expresarse en términos de participación, de derechos y de deberes. Para las mujeres, la evidente discriminación en la conformación de la Asamblea Constituyente (sólo 4 eran mujeres), no fue óbice para su participación; un cabildeo incesante y organizado, logró posicionar propuestas encaminadas a la superación de la discriminación en los ámbitos políticos y sociales; se colocaron en el debate también las relacionadas con sus derechos reproductivos, la necesidad de acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar y de quienes adelantaban labores comunitarias en pro de la niñez, así como la necesidad de promover la participación e inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Algunos de los logros fueron formales, pero otros se plasmaron en avances reales. Paulatinamente, en representación de diversos intereses las mujeres empezaron a incrementar su presencia en los espacios deliberantes y/o de decisión creados, al igual que en los tradicionales. Es evidente que la participación está íntimamente relacionada con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mayorías, pero sentirse sujeto de derechos va más allá de su consagración en una constitución o en una ley; este ha sido el trabajo del feminismo: que las excluidas se reconocieran ciudadanas, no sólo con deberes sino con derechos y que iniciasen un proceso de exigibilidad individual y colectivo. Lo anterior pasa por su reconocimiento en tanto sujetos sociales y por la valoración de sus aportes a la sociedad en su conjunto, así como el conocimiento, introyección y ejercicio de sus derechos.

Hojas de Warmi es una referencia ya indispensable en el haber historiográfico de los estudios de género y la investigación feminista, y significada en su proyección sobre América Latina. Publicación ciertamente única en el panorama académico español que es editada por el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, SIMS, de la L'Universitat de Barcelona y dirigida por su fundadora Lola G. Luna, profesora titular de Historia Contemporánea de América desde 1977 y emérita a partir de 2008 en la misma universidad.

En la década de los años setenta comienzan a aparecer estudios sobre la situación de la mujer latinoamericana en el contexto de la investigación sobre el desarrollo, el subdesarrollo y la dependencia.' La mayor parte de estos trabajos van a centrar su atención en la posición de la mujer en la sociedad en relación al trabajo. Se estudia la incorporación de la mujer al trabajo asalariado y se comienza a hablar del trabajo invisible. Por otro lado, la mujer también ha sido objeto de atención en los estudios del control de población por su condición de reproductora.

"Hay una razón narrativa, ni política ni argumentativa, que construye un camino para acceder a un conocimiento. Uno, simple y en juego con la multiplicidad, sin ningún afán de universalidad. A ese conocimiento se accede mediante la construcción interpretativa de algo indefinible, pero existente. Algo previo a la narración, pero que la narración vuelve real, verdadero al ser enunciado. Las personas que narran, oral o literariamente, construyen una y otra vez esta razón que, en los últimos treinta años, se ha expresado fundamentalmente en la contribución de escritoras, narradoras e historiadoras, poetas y ensayistas. La literatura es terreno de muchos conflictos y la epistemología la cuestiona como instrumento cognoscitivo. Entre la literatura y el mito hay una continuidad -¿una mismidad?- interpretativa, porque la narración implica un conocimiento previo, una percepción de la realidad que se quiere explayar y no limitar. Hace veinte años, cuando conocí a Dolores Castro, entre ella, que era la poeta madre simbólica de las escritoras ahí reunidas y yo, entonces joven narradora, formulamos la idea de que la creación es ajena a las ayudas económicas. Como mujeres escritoras nos sentíamos vividas por una necesidad de decir que trascendía todo apoyo y, también, todo estilo. Era una idea a contracorriente con respecto a las de nuestras compañeras que reivindicaban espacios, becas y visibilidad; una idea que lanzamos a la mesa, pero que no necesariamente nacía allí..."

Letras y Encajes publica su primer número en 1926, esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría) a lo largo del tiempo se consolido como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autoras(es) extranjeras(os).

Este documento pone a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, los lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Su propósito es garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas a la atención, asistencia, reparación integral y contribuir al ejercicio de su ciudadanía plena, en el marco de lo dispuesto en el artículo 177 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” – PND. Para tal efecto, se presenta un diagnóstico que incluye tanto los riesgos y vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado, como las barreras de acceso en procesos de atención y reparación integral de sus derechos; y a partir de allí, se proponen estrategias para la prevención de riesgos y vulneraciones, para la participación efectiva como ciudadanas en escenarios de decisión y para el trabajo interinstitucional que dé respuesta pertinente y adecuada a las necesidades de las mujeres víctimas en la atención, asistencia y reparación integral de sus derechos.

En 1990, el día de su posesión el Presidente de Colombia César Gaviria mencionó como una de las prioridades de su gobierno los programas para la Mujer: “los jóvenes, las mujeres que aún requieren un apoyo del Gobierno para adquirir una verdadera igualdad de derechos, y la familia que hay que recuperar para la paz, recibirán de mi Gobierno una atención especial, coordinada y dirigida por una Consejería Presidencial” (Agosto 7 de 1990). En efecto, con el Decreto Presidencial 1878 de ese mismo año se creó y se organizó, la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia, con el mandato expreso de “formular, desarrollar e implementar políticas, planes y programas para estos sectores de población”.

El presente artículo es producto de un trabajo de investigación que indaga por el lugar de las mujeres negras/afrodescendientes en procesos organizativos en Colombia. El primer ejercicio se concentró en los procesos que, alrededor de la Constitución Política de 1991, dieron origen a una legislación que otorgó un lugar político sobresaliente a la población afrocolombiana en general, pero con una visión de ésta desde el Pacífico colombiano. Esto es, con unas características históricas afines, pero con profundas diferencias en su visión del territorio, la vida colectiva y el desarrollo, si se piensa en otras regiones del país. He dado continuidad al proyecto situando ahora las preguntas en el Caribe colombiano, en la ciudad de Cartagena de Indias indagando por el lugar político y cultural de las mujeres en organizaciones de la región, en un contexto marcado por condiciones de pobreza y violencia.