The growing problem of maintaining socio-economic sustainability in a changing climate has focused attention of a wide range of stakeholders on devising and delivering adaptive responses. A series of IPCC reports have emphasised that the economies of developing countries and particularly the poor would bear the brunt of climate change impacts. Farmers are highly vulnerable because of their high and direct dependency on natural resources, climate-sensitive livelihoods and lack of access to resources that they could rely on to respond successfully to shocks. Microfinance has become an increasingly used and effective tool to respond to major global challenges at the local level, including poverty and climate change. This thesis seeks to analyze the effects that the level of climate change risk and impact has on the willingness of Colombian farmers to invest, through microfinances, in strategies to adapt anticipatively to climate change. The methodology combines experimental economic games, surveys and interviews with farmers who cultivate three different crops: coffee, cocoa and citrus. The findings demonstrate that adaptation decisions depend on climate variability, the cost to implement an adaptation strategy and its benefits to cope with current hazards. Some farmers are risk takers as they prefer to face the risk of losing the harvest rather than pay the adaptation costs. Integrated pest management and beekeeping were strategies preferred under any level of climate variability, while farmers invested in crop diversification and solar dehydrators when facing higher risk of climate change. They were willing to obtain individual and associative microcredits. Microcredits awarded to small farmers in a short period of time enable them to accumulate and manage assets that make them less vulnerable. Microfinance can be more effective when combined with training and bottom-up strategies such as social networks, establishment of partnerships, collective lands and social learning that help farmers to increase their earnings, improve land productivity and promote food security.

La contratación pública es la actividad a través de la cual grandes cantidades de recursos públicos son utilizados por entidades de esa misma naturaleza para comprar y adquirir bienes y servicios del sector privado. Cuando a esta actividad se le incorpora el uso de tecnologías de la información y la comunicación se genera el concepto de contratación publica electrónica, en inglés e-government procurement que a su vez tiene como sigla eGP. El presente documento describe el proceso de elaboración de política pública y regulación en material de eGP en Colombia. Subraya que sólo hasta hoy en día el sistema de contratación publica colombiano logró incorporar los dos pilares que la CNUDMI ha propuesto como bases legales para el eGP: 1. Reglas sobre publicación de información sobre procesos de contratación y, 2. Reglas sobre Equivalencia Funcional de documentos electrónicos expedidos con ocasión de la actividad contractual. Por Equivalencia funcional se debe entender el principio según el cual los documentos electrónicos reciben la misma validez y fuerza vinculante que los documentos expedidos en sopote papel. Esta investigación enfatiza que antes del 8 de julio de 2005, la regulación de Contratación Publica electrónica carecía del pilar de equivalencia funcional y que tal circunstancia hacia nugatoria la posibilidad de usar Tecnologías de Información en las labores de la Administración Publica. El documento explica cómo gracias a la expedición de la Ley 962 de 2005, el pilar faltante de equivalencia funcional fue establecido, ya que esta norma incorporó este principio para el general funcionamiento de la administración y sus procedimientos administrativos. Antes de exponer sus conclusiones, el autor sugiere su propia interpretación de la Ley 962/2005. Las fuentes que han servido de insumos para la elaboración del documento han sido documentos oficiales del gobierno colombiano así como regulación local, igualmente, legislación y reportes de organizaciones internaciones, libros y artículos en la materia. Este documento llega a la conclusión de que con la Ley 962/2005 las interpretaciones que existían en materia de contratación pública electrónica deben cambiarse al punto de que se acepte el uso de TI para el efecto de generar eGP en Colombia.

Abstract: Companies are increasingly faced with demands for access to information which until quite recently was considered to fall under business (confidential) secrets and out of bounds for public access. In the environmental sector, however, the Aarhus convention (international, regional law) was one of the first to kick-start discussion on bringing privately held information under public scrutiny, in particular where these companies can be considered to be fulfilling ‘public’ duties, such as water and energy providers. At the EU level, the directives on access to environmental information contain provisions on privately held data. Moreover, the overall transparency Directives and Regulations are being used increasingly to force private companies to hand over data with respect to lobbying activities, scientific reports, risk assessment etc., where this information is held by EU Institutions or by Member States authorities. The perceived change towards a more transparent governance model on environmental and energy matters raises several legal issues that need to be promptly addressed. The paper examines the current provisions that support access to environmental information held by the private sector from an international and European perspective in order to identify tensions between the right of the people to know and other legitimate rights such as business confidentiality and intellectual property rights and the available tools to address them. Resumen: Las corporaciones han sido objeto de crecientes solicitudes de acceso a información que hasta tiempos recientes estaba considerada información confidencial de las empresas y fuera del alcance para el público. Sin embargo, en el sector ambiental, la Convención de Aarhus (derecho internacional/regional) fue una de las primeras en abrir el debate sobre el acceso público a la información en manos del sector privado, especialmente cuando estas entidades desarrollan funciones públicas como el suministro de agua y energía. A nivel de la Unión Europea, las Directivas sobre acceso a la información ambiental contienen disposiciones sobre información del sector privado, e incluso, las directivas y regulaciones generales sobre transparencia están siendo utilizadas cada vez más para obligar a las entidades privadas a entregar información sobre actividades de lobby, reportes científicos, análisis de riesgos etc. cuando esta información está en manos de las instituciones de la UE o autoridades de los Estados Parte. El cambio que se percibe hacia un modelo de gobernabilidad más transparente en materia de ambiente y energía presenta varias cuestiones legales que deben ser tratadas con prontitud. El artículo examina las disposiciones actuales en las que se basa el derecho de acceso a la información ambiental en manos del sector privado desde una perspectiva de derecho internacional y europeo con el fin de identificar posibles tensiones entre el derecho a la información y otros intereses legítimos como la confidencialidad industrial y los derechos de la propiedad intelectual y las herramientas disponibles para resolverlos.

Cuadro que contiene el rango militar, los nombres y el cargo último que ocupan algunos generales del Ejército Nacional

El impreso contiene dos notas diferentes. En la primera de ellas se comunica y celebra la deteminación de la Cámara de representantes de retirar a Francisco de P. Mateus del cargo y credenciales que tiene como Ministro de la República de Francia. En la segunda parte, se elevan diferentes denuncias en contra de Francisco Groot, acusado de evaidr el juicio que se le sigue por malos manejos de los negocios públicos en Panamá.

Documento en el que se discute la pertinencia o no de que los soldados del Ejército Nacional tengan derecho a votar a mediados del siglo XIX.

Respuesta de un grupo de ciudadanos frente a las injurias y calumnias emitidas desde la vicepresidencia nacional. En el documento, el grupo de firmantes señala que renuncian al derecho de sufragio con el fin de que no reciban más injurias. Conserva la ortografía de la época.

Comunicación enviada por el cuartel general de Jericó (Antioquia) al estado Mayor del Ejército, en el que se anuncian los sucesos militares que tuvieron lugar en Rio Negro y Jericó durante la Guerra civil de 1885. Se desconoce el autor del documento por estar mutilado.

Nota biográfica del general español y procer de la indepedendencia de Nueva Granada, José Ramón de Leyva. En ella se destacan varios aspectos de su vida militar y su participación en las batallas emancipadoras. El documento conserva la ortografía de la época.

Denuncia en contra de Julio R. Santos, que participó como cabecilla de la revolución de Manabí de 1884. Según el documento, Santos arguía no poder ser juzgado por tener nacionalidad estadounidense, aunque se intenta comprobar que nació en Ecuador.