Transcurridos varios años desde la primera reunión entre profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, el balance de labor común resulta satisfactorio, habida cuenta de la integración de un grupo de investigadores de ambas universidades en torno al proyecto Conflicto armado interno, derechos humanos e impunidad (segunda fase), realizado con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) (Proyecto A/023087/09).

El cómic que hoy tiene en sus manos representa un ejercicio de comunicación y reflexión sobre los movimientos sociales campesinos que tuvieron lugar en los años 90 en nuestro país. Las marchas cocaleras acaecidas en 1996 son una ventana que nos permite echar un vistazo al devenir superviviente del campesinado colombiano.

En esta investigación me propuse conocer los comportamientos sexuales de los y las adolescentes y jóvenes que viven en sectores populares del municipio de Sincelejo, - en la Comuna 1-, Departamento de Sucre. Logré un acercamiento a la población joven, al conocimiento y análisis de sus vivencias sexuales y situaciones de riesgo. El trabajo de campo fue realizado durante el año 2006 - 2007 periodo que me permitió considerar un universo de 2.300 adolescentes y jóvenes con una muestra de 210 personas en edades de 10 a 24 años, quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y, algunas, en situación de desplazamiento por la violencia y el conflicto armado que atraviesa la región de los Montes de María. Para la recolección de la información me apoyé en técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa incluyendo tablas estadísticas y análisis de relatos. En un contexto tan deteriorado como el que vive la población en estudio, es difícil hablar de salud sexual y reproductiva. En una de las conclusiones centrales subrayó que las y los adolescentes, poseen importantes conocimientos aportados por la salud pública acerca de la planificación familiar, las infecciones de trasmisión sexual y aspectos significativos sobre la prevención del VIH-SIDA. Al mismo tiempo señalo que viven circunstancias difíciles de precariedad socioeconómica, poco acceso a servicios en SSR, marcadas secuelas físicas y psicológicas por el conflicto armado y la corrupción política que azota la región, influencia de estructuras patriarcales sexistas y homofóbicas, mitos sobre el uso del condón y poco acceso a métodos de planificación familiar; que en su conjunto les conduce a prácticas sexuales no protegidas. Situación que genera contradicción entre los principios propuestos por la Política de SSR y sus logros reales.

A mediados del siglo veinte se gestó en Colombia un fenómeno demográfico que sorprende por la movilización de grandes grupos humanos al abandonar los espacios rurales que fueron por años su morada permanente. Los sitios de colonización espontánea en distintas zonas del país y ante todo las ciudades, se convirtieron en polos de atracción para quienes se movilizaban presionados por la violencia política liberal-conservadora de los años cuarenta, cincuenta y mediados de los sesenta y por los conflictos de tierras que ya existían.

La Mesa de Trabajo "Mujer y conflicto armando” es conformada por organizaciones de mujeres y derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales cuyo propósito es hacer evidentes las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el marco de la violencia sociopolítica, incluida la del conflicto armado interno colombiano. Con este fin, la Mesa promovió la visita a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, la Señora Radhika Coomaraswamy y elaboró este informe, con el cual se espera contribuir a hacer evidente "la grave crisis de derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no depende exclusivamente de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales". El Informe analiza las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia entre octubre de 2000 y marzo de 2001, destacando las vulneraciones contra los derechos de las mujeres y niñas desplazadas, la violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, la situación de las niñas desvinculadas del conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas, y otras formas de violencia contra las mujeres.

Este Informe de Expertas Independientes fue encargado por UNIFEM en respuesta a la Resolución 1325, como parte del esfuerzo para continuar la documentación y el análisis del impacto específico de la guerra en las mujeres y su potencial para contribuir en todos los aspectos de los procesos de paz. Este trabajo constituye también una respuesta directa al pedido de informe sobre las dimensiones de género de los conflictos armados y su importancia para la paz y la seguridad internacional. El informe acompaña al estudio emprendido por el Secretario General de la ONU según lo estipulado en la Resolución 1325.111 Dicho estudio brinda un panorama más detallado sobre el trabajo del sistema de Naciones Unidas, el cual se centra en las experiencias de las mujeres que han vivido una guerra, desplazamientos, y en sus esfuerzos por reconstruir sus sociedades. Si bien el enfoque de ambos informes difiere, durante nuestras visitas observamos los desafíos que enfrenta el sistema de Naciones Unidas al momento de honrar los compromisos asumidos por los gobiernos respecto de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Detectamos que muchas oportunidades se pierden debido a la insuficiencia de recursos y coordinación, la incapacidad para centrarse en la protección a las mujeres y la promoción de su papel en los procesos de construcción de la paz.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

El presente artículo aborda la problemática del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se muestran algunas condiciones generadoras de dicho fenómeno y los efectos que este supone. También se describe cómo algunos integrantes de estas comunidades optan por la organización y la participación en los nuevos contextos, para hacer del territorio un aspecto central de sus reivindicaciones, situación que se ilustra a partir de dos experiencias organizativas que se desarrollan en Bogotá.

El accionante que es propietario de un inmueble identificado con la matricula inmobiliaria n 23618020 ubicado en el municipio de Mesetas1 el cual debio abandonar al ser victima de desplazamiento forzado asi como de hurto de tierras y ganado tra