Este documento pone a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, los lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Su propósito es garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas a la atención, asistencia, reparación integral y contribuir al ejercicio de su ciudadanía plena, en el marco de lo dispuesto en el artículo 177 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” – PND. Para tal efecto, se presenta un diagnóstico que incluye tanto los riesgos y vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado, como las barreras de acceso en procesos de atención y reparación integral de sus derechos; y a partir de allí, se proponen estrategias para la prevención de riesgos y vulneraciones, para la participación efectiva como ciudadanas en escenarios de decisión y para el trabajo interinstitucional que dé respuesta pertinente y adecuada a las necesidades de las mujeres víctimas en la atención, asistencia y reparación integral de sus derechos.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en coordinación con los Gobiernos de El Salvador y Suecia, lanzaron a nivel regional el estudio mundial “Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz”, informe sobre la aplicación de la Resolución 1325, que pone en relevancia la participación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos. Según el informe, las mujeres y las niñas se convierten en la población más afectada, ya que se ven expuestas a experimentar violencia sexual y de género. En el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboró la resolución 1325 donde destaca la participación de las mujeres, como garantes de la igualdad, en la prevención y solución de conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz y la seguridad de los países. El estudio mundial fortalece y reconoce el poder de la intervención de las mujeres en la construcción de la paz, asimismo, demuestra que la inclusión de las mujeres mejora la eficacia en la asistencia humanitaria, fortalece los esfuerzos en la consolidación de la paz y la recuperación económica de los países. Con este lanzamiento, ONU Mujeres promueve la implementación de esta resolución en los países del istmo, con énfasis en los del Triángulo Norte. Por su parte, los gobiernos de El Salvador y Suecia muestran su compromiso, este último como socio estratégico, a fin de fortalecer los esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad, sobre todo para las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas en estos contextos.

La mujer bonaverense al igual que muchas mujeres colombianas se ve envuelta en diversos escenarios que ajenos a su voluntad se van convirtiendo en su espacio de vida, de interacción con los demás y con lo demás, en su herramienta infinita de supervivencia en medio de un contexto hostil y muchas veces falto de mínimos dignos para vivir. El contexto socioeconómico y cultural de Buenaventura permeado por su naturaleza de puerto, por el narcotráfico, los actores al margen de la ley, el desplazamiento forzado, entre otros flagelos, obliga a la mujer bonaverense a debatirse en diferentes tópicos en búsqueda de una posibilidad de supervivencia en donde cuente con los mínimos vitales para subsistir.

A nivel internacional, la reparación ha sido reconocida como un derecho de las víctimas de violaciones a las normas de derechos humanos, quienes deben tener acceso, a la misma, de manera integral, adecuada y oportuna. Ahora bien, no obstante este reconocimiento internacional, lo cierto es que en materia de violaciones a los derechos de las mujeres, los programas de reparaciones aún carecen de una perspectiva de género en el debate, en su diseño e implementación, lo cual atenta contra los derechos de las víctimas. Adicionalmente, para el caso específico de la violencia sexual, los avances normativos y académicos no son suficientes para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de las víctimas de estos hechos. De allí la necesidad de promover el estudio y debate, con el objetivo final de elaborar propuestas concretas sobre los programas de reparación que, en el caso de Colombia, resultan fundamentales en el contexto actual, con la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual incluye la violencia sexual entre las violaciones de derechos humanos, cuyas víctimas deberán recibir reparaciones. “Reparar lo irreparable? Violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, constituye, por tanto, un esfuerzo importante en este sentido, partiendo del análisis del tema desde una perspectiva de género sensible a las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual, que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades afro, e incluyendo los diversos tipos de medidas de reparación, a partir de los estándares internacionales y de experiencias comparadas.

Durante la última década, el tema de la violencia sexual en el conflicto colombiano ha llamado la atención de académicos y activistas. Una de las preocupaciones más relevantes al respecto ha tenido que ver con la atención estatal que se presta en estos casos, pero son pocos los análisis sobre el trabajo forense, e inexistentes los estudios sobre el tipo de abordaje médico legal que se da a las mujeres que, tras ser violadas, son asesinadas por los actores armados. Este artículo se propone abrir la caja negra de la atención médico legal en la masacre de El Salado, a través de la comprensión de los factores que posibilitaron u obstaculizaron la búsqueda de evidencias útiles para la investigación de posibles delitos sexuales cometidos contra las mujeres allí asesinadas.

En este informe, entregado a la señora Margot Wallstrom, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre Violencia Sexual en Conflictos, en su visita a Colombia, en Bogotá, 16 de mayo de 2012, se ofrece un contexto general de la precaria situación de los pueblos indígenas de Colombia debido al conflicto armado, y a la presencia de fuerzas armadas del país en territorios donde se desarrollan macro-proyectos. Luego se narra una serie de casos emblemáticos de violencia sexual y violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas, documentados por distintas organizaciones no-gubernamentales, y se describen las condiciones de impunidad y falta de atención por parte del sistema de justicia. Finalmente se hacen una serie de recomendaciones, deformas cómo la señora representante debe exigir al gobierno colombiano que se protejan los derechos de las mujeres indígenas.

El artículo analiza tres iniciativas de acción colectiva realizadas por mujeres en zonas rurales del suroccidente de Colombia, indagando por los motivos que explican su movilización y cómo es el proceso de empoderamiento bajo el que ésta se dan. El trabajo se desarrolla a partir del registro de las historias de vida de las lideresas de las iniciativas, con lo que se recrea una trayectoria de lucha o de movilización. Con la construcción de esta trayectoria se busca evidenciar cómo se van transformando los marcos de significado de las mujeres por medio de la interacción entre actores(as), identidades y contexto. Así mismo, se aborda el impacto que tiene el conflicto armado sobre el proceso de movilización y las propuestas de construcción de paz que surgen de las iniciativas estudiadas.

EI reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes para que hagan parte de las dinámicas , del conflicto armado en el país, a pesar de ser una práctica adelantada por los ejércitos regulares e irregulares desde las guerras civiles del siglo XIX, solo cobra importancia en espacios políticos y jurídicos hacia la década de los noventa cuando la situaci6n se hace publica en el marco de la importancia de defender los derechos de los niños y niñas. En el caso particular de las niñas surgen preguntas por lo que significa para alias incorporarse en espacios históricamente dominados por hombres, por la manera en la que incide sobre sus identidades, y además por cómo experimentan en estos espacios algo que biológica y socialmente les ha sido reservado: la maternidad, la cual se piensa que es exclusiva de un momento especifico en el ciclo vital (Ia adultez) y cuando sucede antes de tiempo es duramente juzgado. Esta investigación se propuso desde las posibilidades de análisis que ofrece la perspectiva de género, preguntarle a seis jóvenes madres en proceso de atención e institucionalizaci6n para la reintegración/reinserción social en el ICBF - Sede Bogotá sobre sus perspectivas en torno a las concepciones, sentimientos y practicas acerca de sus maternidades, retomando en sus relatos las narraciones que dentro de cada espacio de socialización por el que transitaron - su familia de origen rural, el grupo armado ilegal y la instituci6n de protecci6n - construyeron acerca de su ser mujer y su ser madre, sumado a ello su situaci6n de jóvenes desvinculadas del conflicto armado colombiano.

El objetivo del presente estudio es la elaboración de un panorama general sobre las leyes, jurisprudencia y políticas públicas en sexualidad en el Perú actual. Con ese fin, un equipo de investigadoras/es del PEG – Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compiló diversos tipos de fuentes documentales y realizó una serie de consultas con especialistas, gestores de políticas y activistas en cada una de las temáticas que componen este informe. Este esfuerzo se inscribe en una iniciativa regional del CLAM – Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, que incluye la elaboración de estudios del mismo tipo en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. El estudio brasileño fue el primero en ser realizado, constituyéndose como referente inicial para los demás4. Sin embargo, cada equipo priorizó temáticas y planteó estrategias metodológicas de acuerdo con criterios propios y especificidades locales5. En ese sentido, la propuesta peruana introdujo algunas diferencias significativas. En primer lugar, además de contemplar el análisis de legislación y acciones gubernamentales – fuentes privilegiadas por los demás estudios–, se incluyó el análisis de discursos y propuestas y demandas surgidas de diversos colectivos y actores. Asimismo, como parte del proceso de elaboración de conocimiento sobre el tema, el PEG convocó agentes del Estado, académicos y de la Sociedad Civil a discusiones públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las mesas temáticas organizadas abordaron la violencia sexual contra la mujer (mesa 1); violencia sexual y conflicto armado (mesa 2); diversidad sexual (mesa 3); y aborto (mesa 4). Los capítulos de este informe sintetizan los resultados de de cada estrategia de investigación. El primer capítulo es una descripción panorámica del Estado peruano, de modo de proveer un contexto básico de la normativa jurídica y administrativa que rige los procesos políticos actuales. Luego se suceden 6 capítulos, que corresponden a cada uno de los ejes temáticos incluidos; estos son: aborto; anticoncepción oral de emergencia; violencia sexual; prostitución y trata con fines sexuales; derechos y ciudadanía TLGB; y VIH/SIDA. A excepción de los capítulos uno y tres, la estructura propuesta ha sido, en primer lugar, la presentación de datos de contexto y estadísticas disponibles, así como otras informaciones que ayuden a brindar un panorama actual de la situación. Cada capítulo luego prosigue con la normativa existente, el desarrollo de políticas públicas y la revisión de casos de jurisprudencia, cuando es pertinente.

Accion de tutela con el fin de obtener la proteccion de los derechos fundamentales de peticion reconocimiento de la prestacion humanitaria periodica para victimas del conflicto armado debido proceso igualdad vida digna y minimo vital Para sustentar l