Este documento describe y analiza específicamente el papel de la sociedad civil a propósito de la mitigación y adaptación al cambio climático, entendido este como un asunto supranacional. Establecida la anterior premisa, a continuación se desarrollan algunas líneas respecto de cómo participa en la actualidad la ciudadanía en el ámbito local a propósito de la gestión ambiental, que es donde efectivamente se recrea la variabilidad y el desorden climático. Adicionalmente, atendiendo las características de un territorio pluriétnico como el colombiano, el conocimiento tradicional se convierte en un elemento vital y referente de gran importancia que debe ser involucrado como valor agregado dentro del rol que juega la sociedad civil, a partir de los retos establecidos en la cop21 de París (2015).

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en construir un marco sólido de políticas públicas ambientales y reglamentaciones de todo nivel orientadas a darles a los residuos sólidos una gestión integral en aras de minimizar los impactos ambientales generados. No obstante lo anterior, los residuos sólidos siguen siendo uno de los más importantes problemas ambientales que debe enfrentar el país no solo por el aumento en la generación de los residuos y su bajo aprovechamiento, también por la situación de disposición final incontrolada que aún persiste en algunas regiones la cual genera inconvenientes sanitarios y ambientales. Bajo este contexto, el presente escrito revisa la evolución de las políticas públicas y de la normatividad ambiental con el fin de evidenciar los avances que han tenido.

La Sentencia T-622 de 2016 reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Con esta decisión se podría afectar el concepto jurídico de medio ambiente, y para verificar si ello es posible, en este capítulo se estudian las bases de la decisión y se verifica una débil argumentación de la categoría jurídica propuesta, en razón a una indebida aplicación del principio de precaución y a la inexistencia de un análisis de la “personalidad jurídica”. Igualmente, se estudia el paradigma propuesto y la suficiencia de esta decisión judicial como un mecanismo jurídico que logre un equilibrio entre las medidas ordenadas, las adoptadas, el tiempo y los recursos invertidos que, en definitiva, conduzca a una verdadera protección, mantenimiento, restauración y conservación de los recursos naturales, verificando dificultades en su efectividad.