El narrador es Hilario Reina, pescador procedente de Santa Bárbara de Iscuandé, costa de Nariño, en 1965. En su relato habla de un episodio de su vida como navegante de embarcaciones menores, en el que naufraga con cuatro personas más a bordo de una lancha, entre ellas el dueño de la embarcación, pero gracias a una gran casualidad todos se salvan después de estar cinco días a la deriva. La odisea concluye el 14 de julio de 2010, en plena fiesta patronal de Buenaventura. Este relato mereció la atención del conocido cronista Pirry, quien a partir de esta historia realizó uno de sus famosos programas para la televisión. Hilario es un buen narrador, sabe dar poco a poco los puntos claves del relato, en el que van apareciendo algunos anticipos de lo que será la violencia en Buenaventura en medio del final feliz de este naufragio.

A nivel internacional, la reparación ha sido reconocida como un derecho de las víctimas de violaciones a las normas de derechos humanos, quienes deben tener acceso, a la misma, de manera integral, adecuada y oportuna. Ahora bien, no obstante este reconocimiento internacional, lo cierto es que en materia de violaciones a los derechos de las mujeres, los programas de reparaciones aún carecen de una perspectiva de género en el debate, en su diseño e implementación, lo cual atenta contra los derechos de las víctimas. Adicionalmente, para el caso específico de la violencia sexual, los avances normativos y académicos no son suficientes para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de las víctimas de estos hechos. De allí la necesidad de promover el estudio y debate, con el objetivo final de elaborar propuestas concretas sobre los programas de reparación que, en el caso de Colombia, resultan fundamentales en el contexto actual, con la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual incluye la violencia sexual entre las violaciones de derechos humanos, cuyas víctimas deberán recibir reparaciones. “Reparar lo irreparable? Violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, constituye, por tanto, un esfuerzo importante en este sentido, partiendo del análisis del tema desde una perspectiva de género sensible a las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual, que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades afro, e incluyendo los diversos tipos de medidas de reparación, a partir de los estándares internacionales y de experiencias comparadas.

A través de este informe, Médicos Sin Fronteras (MSF) comparte su experiencia en la prestación de asistencia médica, asesoramiento y otras formas de apoyo a miles de víctimas de violencia sexual en muchos países del mundo. El informe nace en parte de la indignación ante los inexcusables actos a los que estas personas se han visto sometidas y el daño causado a sus vidas. Demuestra por qué es imprescindible que las personas que han sufrido agresiones sexuales dispongan de una atención inmediata y realmente accesible.

Hace dos años se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC a fin de buscar una salida negociada al conflicto armado. En este contexto y ante la posibilidad de lograr un acuerdo es importante fortalecer alianzas, intercambiar entre mujeres herramientas para la exigibilidad de derechos, visibilizar las demandas y propuestas de las mujeres y el impacto diferencial del conflicto en sus vidas, así como propiciar espacios en los que estas iniciativas sean realmente escuchadas. En este escenario ONU Mujeres en Colombia asume el mandato de la Resolución 1325 para fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y contribuir a los procesos de gobernabilidad sostenible y equitativa a través de su participación. Para contribuir a ello, acuerda con la Corporación Humanas, que desde 2011 hace seguimiento y evaluación a la implementación de la Resolución, desarrollar el proyecto “Herramientas para la Incidencia Política de las Mujeres en la Construcción de la Paz”, con el objetivo de fortalecer los espacios de interlocución política y concertación entre las mujeres y el gobierno, y la articulación de procesos y organizaciones a nivel regional y nacional. En el marco del proyecto, esta publicación presenta los cuatro módulos, el primero “Proceso de cualificación de capacidades de las mujeres para la construcción de agendas de paz”, se centra en la construcción colectiva de un diagnóstico que permita la elaboración de una agenda de paz contextualizada, en donde los temas centrales para la garantía de los derechos de las mujeres estén claramente identificados. El segundo módulo denominado “Herramientas para el diálogo político y la participación de las mujeres en el post conflicto”, aborda las nociones de conflicto, violencias, paz, seguridad, derechos humanos de las mujeres y normas e instrumentos nacionales e internacionales para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, así como para favorecer la participación de ellas en procesos de construcción de paz y de seguridad. El tercer módulo denominado “Proceso de cualificación en justicia transicional- Por una Justicia de Género”, está enfocado en la justicia transicional, las implicaciones que tiene en el proceso que se adelanta en el país y busca motivar a las mujeres a promover cambios y analizar de manera crítica la forma en cómo desde allí se han abordado los intereses de las mujeres. El cuarto y último módulo denominado “Estrategia de Comunicación para la Incidencia”, aporta en la cualificación de las competencias comunicativas de las mujeres a partir del diseño de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la agenda de paz.

El presente documento hace parte de la serie "Informe de derechos humanos de las mujeres en Colombia" que la Red Nacional de Mujeres y el Observatorio de derechos humanos de las mujeres en Colombia, "En situaciones de conflicto armado las mujeres también tienen derechos", publicaron en los años 2003 - 2005. En esta oportunidad el informe centra su atención en las Mujeres en Situación de Desplazamiento MSD-, durante lo corrido del período presidencial de Alvaro Uribe Vélez (2002 - 2005) a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa suministrada por diversas fuentes oficiales y no oficiales. El documento permite contrastar la realidad, en términos de realización de derechos para las MSD, con los desarrollos de la política pública, a la luz de los estándares normativos nacionales e internacionales exigibles para el Estado colombiano.

La presente publicación DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARAMILITAR. Panorama posacuerdos con las AUC, considera experiencias históricas recientes y actuales en Colombia de aplicación de pactos de paz entre gobiernos nacionales y varias guerrillas y fracciones armadas ligadas a la insurgencia. Así como experiencias sobre la aplicación del acuerdo de desmovilización y desarme entre el gobierno nacional y la mayoría de las agrupaciones paramilitares, las cuales permitieron ilustrar sobre lo ocurrido en los diversos eventos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes a la vida civil. Y, evalúa la aplicación de la figura legal que ya por más de dos décadas habilita al gobierno nacional a conceder indultos de manera individual a personas que abandonan las guerrillas y se acogen al programa oficial de reintegración. En tal perspectiva, su contenido complementa al tomo precedente de esta serie REARMADOS Y REINTEGRADOS. Panorama posacuerdos con las AUC. Tomo que incluye dos informes de la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) de evaluación y recomendaciones sobre lo sucedido tras el acuerdo de desmovilización, desarme y reintegración con las AUC, del surgimiento de nuevos grupos armados ilegales que buscan suceder su poder ilegal y de la aplicación de los programas de reintegración entre 2006 y 20101.

Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político. Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades. Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

Asención Angulo Angulo, de la vereda Sagrada Familia, a orillas del río Naya, comienza sus palabras con una invocación para que le vaya bien en su relato. Luego, a pequeños saltos, nos va entregando episodios de su vida, mediante los oficios que va haciendo en su camino. La destilación del viche, o aguardiente casero, en su río natal; la venta de pescado con su madre, que casi muere atropellada por el tren que en esa época llegaba con mayor frecuencia a Buenaventura; el oficio del corte de madera, que sus hermanos vendían por metro… Recuerda el desalojo de su familia del barrio Mayolo, uno de los primeros que ocurrieron en una Buenaventura creciente. Vuelve atrás para hablar del tío que iba de visita y, como era tan querido ellas hacían fogatas cerca del río para que éste creciera y el tío no se fuera de la casa. Rememora también su corta permanencia en Cali como empleada del servicio, el accidente, la cocina, la agricultura y, por último, su llegada a Buenaventura. Además, nos regala adivinanzas y versos.

Sandra Idalit Angulo nació en Buenaventura en 1975. Esta vendedora de rifas, la más joven de la presente antología, quedó huérfana de padre muy temprano, con cinco hermanos y una madre que luchó a brazo partido para levantarlos. En su relato, altamente realista, aparecen la violencia callejera y de género, el maltrato infantil, las drogas, el chisme callejero y el desplazamiento forzado; su relato es como un cinematógrafo por el que desfilan historias propias y ajenas, como un río por el que pasan incontables sucesos. La agresividad de la vida, del entorno forjado en la violencia, deja un amargo sabor, y permite entender la degradación a la que han sido sometidas la ciudad y su gente, a causa de la explotación y la exclusión.