La Defensoría del Pueblo considera, como un tema prioritario, la incorporación de la perspectiva de género en el monitoreo del conflicto armado y el análisis del riesgo, a partir de una mirada comprensiva de aquellas manifestaciones de violencia que afectan sensiblemente el ejercicio de los derechos de las mujeres. Manifestaciones que, al asociarse con graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, constituyen variables imprescindibles para identificar y valorar los factores de amenaza y vulnerabilidad, frente a los cuales el Sistema de Alertas Tempranas debe centrar sus esfuerzos para la advertencia y la prevención humanitaria. La presente cartilla, busca contribuir con este propósito, exponiendo de manera pedagógica y formativa el conjunto de indicadores de género que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo espera implementar en su quehacer preventivo a efecto de realizar análisis de riesgo sensibles a la equidad de género y, al mismo tiempo, respetuosos de la normativa internacional relativa a la protección de los derechos de las mujeres. Con el interés de fortalecer la capacidad técnica del Sistema y de la institución en el monitoreo de dinámicas y lógicas del conflicto armado, la cartilla ofrece, igualmente, una serie de indicaciones metodológicas y operativas para la implementación de tales indicadores, en el marco de los referentes misionales y conceptuales que orientaron su formulación.

La Corporación Sisma Mujer – con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada del Canadá – ha realizado el presente documento, por medio del cual se exploran tres aspectos fundamentales: (i) los elementos generales de los crímenes de lesa humanidad; (ii) los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad referidos a la violencia sexual y (iii) los avances y desarrollos que en materia de crímenes de lesa humanidad ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. A partir de ellos, se avanza a manera de conclusiones, en la formulación de implicaciones y retos para el Estado colombiano en la investigación de crímenes sexuales. En la primera parte del documento se exploran los desarrollos generales de los crímenes de lesa humanidad a partir de dos aspectos: los elementos del ataque y los criterios de responsabilidad penal individual. En la segunda parte, se abordan específicamente los desarrollos de los crímenes de lesa humanidad referidos a violencia sexual, a partir de los elementos fijados por el Estatuto de Roma y los antecedentes de casos de la Corte Penal Internacional – particularmente los de la República del Congo. En la tercera parte se hace un análisis sobre los desarrollos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha hecho en relación con los crímenes de lesa humanidad en algunas decisiones de la parapolítica y el procedimiento de la ley 975 de 2005. Así mismo, se exploran los mecanismos desarrollados en relación con las formas de imputación de crímenes de sistema. Finalmente y con fundamento en lo anterior, en el último capítulo se abordan algunas implicaciones que los desarrollos internacionales tienen en el caso colombiano y algunas recomendaciones frente a los posibles mecanismos de investigación que deberían implementarse a fin de realizar persecuciones penales acordes con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

Con el objeto de fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo en materia de promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se realizó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM con el fin de implementar el proyecto denominado “Promoción y Monitoreo del Ejercicio de los Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Población en Situación de Desplazamiento Forzado y Receptora Vulnerable, con énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual”, proyecto que responde a la necesidad de superar el vacío de política en el nivel interinstitucional, en donde no existen programas y proyectos destinados a promover y monitorear el ejercicio y la restitución de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños y niñas en condiciones de desplazamiento forzado. En el marco de una primera fase de este proyecto, se ha desarrollado el Módulo de capacitación en Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigido a funcionarios y funcionarias, “De la A a la Z en derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual”, resultado del trabajo coordinado entre la Defensoría del Pueblo, Profamilia y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM. El módulo ha sido diseñado para la promoción, el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de desplazamiento y de la población receptora vulnerable, haciendo un especial énfasis en las problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual. Se basa en un enfoque de derechos dirigido al reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derechos y al Estado y la sociedad como garantes de los mismos con un enfoque de género, y ha sido elaborado con una perspectiva diferencial que tiene en cuenta la condición y posición de las personas, con el fin de hacer visible su situación en términos de acceso al reconocimiento como sujetos de derechos.

What happens to women whose lives are transformed and curtailed by human rights violations? What happens to the voices of victimized women once they have their day in court or in front of a truth commission? Women face a double marginalization under authoritarian regimes and during and after violent conflicts. Nonetheless, reparations programs are rarely designed to address the needs of women victims. What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, edited by Ruth Rubio-Marín, argues for the necessity of introducing a gender dimension into reparations programs in order to improve their response to female victims and their families. A joint project of the International Center for Transitional Justice and Canada’s International Development Research Centre, What Happened to the Women? Includes six country studies of gender and reparations policies: Guatemala, Peru, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, and Timor-Leste. The contributors represent a wide spectrum of fields related to transitional justice, and include international human rights lawyers, members of truth and reconciliation commissions, and NGO representatives. What Happened to the Women? Is of immense assistance to gender practitioners and scholars working in the fields of human rights, transitional justice, and peace building. Through their analysis and interpretation of the voices of women, the authors of these case studies begin to make concrete suggestions on how gender advocates can play a more positive role in ensuring that reparation becomes a reality for women affected by conflict. The book is an absolutely essential tool for gender advocates and transitional justice practitioners.

La inclusión de la depuración étnica, un concepto que carece de significado jurídico propio en el derecho internacional, dentro del ámbito material de la responsabilidad de proteger, junto a crímenes bien tipificados en el derecho penal internacional, ha dado lugar a ciertas dificultades conceptuales. Este ensayo busca explorar, a través de la caracterización de la depuración étnica en el derecho internacional y, en particular, de sus posibles configuraciones como crímenes según el derecho penal internacional, los problemas que esa inclusión a primera vista anómala puede plantear en la interpretación del alcance material de esta. Con tal fin, se aborda el nacimiento y evolución del concepto de la depuración étnica en las relaciones internacionales y en su consideración por los órganos de las Naciones Unidas; se lo analiza luego a la luz del derecho penal internacional, para determinar si puede constituir uno o más de los crímenes internacionales reconocidos, teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional y las normas aplicables; finalmente, se estudia la inclusión de la depuración étnica en el ámbito de la responsabilidad de proteger y los problemas que plantea, para elaborar una posible alternativa de solución a partir de los resultados del análisis

Desde la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, la CPI está confrontada a varios problemas, entre los que se encuentra el desacuerdo que persiste entre la Asamblea de Estados parte relativo a la defi nición del crimen de agresión, que es uno de los crímenes de competencia de la Corte de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto. Otra difi cultad es la oposición de los Estados Unidos de América desde que la administración Bush desplegó todo un arsenal jurídico destinado a impedir cualquier tipo de colaboración con la CPI con el American Service Members’ Protection Act y los acuerdos bilaterales de inmunidad destinados a prevenir la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte por parte de los Estados miembros del Estatuto de Roma.La entrada en vigor de su Estatuto el 1 de julio de 2002 le permitió al Fiscal de la Corte iniciar las primeras investigaciones y procesos por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos que destrozan ciertos Estados africanos (R.D.C., República Centroafricana, Uganda). La orden de detención contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por las atrocidades cometidas en Darfur muestra los límites de la actuación de la Corte, al no poder ejecutar su mandato sin la cooperación de los Estados. La Corte debe enfrentarse a las críticas relativas al “doble estándar” y de ser un instrumento de “justicia para los pobres” de la que se escaparían los “poderosos”. Las respuestas a estos problemas podrían ser aportadas, en parte, en el marco de los procesos de revisión previstos por el Estatuto de Roma nueve años después de su entrada en vigor.

En el año 2015, Palestina suscribía el Estatuto de Roma, a pesar de la resistencia férrea y la presión en contrario ejercida por Israel y los Estados Unidos, poniendo en evidencia la ineficacia de la política exterior y diplomacia norteamericana en Oriente Medio. Un año antes, en 2014, Palestina se convertía en “Estado Parte” de la Convención de Viena de 1969 relativa al derecho de los tratados, posiblemente para anticiparse a Israel en la defensa de sus derechos como Estado desde 1948.Una de las principales consecuencias de la pertenencia de Palestina al Estatuto de Roma es, sin duda alguna, la jurisdicción automática de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a eventuales crímenes internacionales perpetrados en los territorios controlados por la Autoridad Palestina. Frente a estos hechos, se plantean los siguientes interrogantes: ¿Qué consecuencias tiene para Israel el hecho de que Palestina sea el Estado miembro 123 en reconocer la jurisdicción de la CPI?  Acaso, ¿no fueron los mismos principios de Núremberg los que inspiraron los juicios contra los criminales nazis que exterminaron el Pueblo Judío? Como Estado Parte del Estatuto de Roma, ¿logrará Palestina trasladar su histórico conflicto con Israel a La Haya? Y, a su vez, ¿la presión internacional obligará a Israel a ratificar el Estatuto de Roma?

Recientemente, la Corte Penal Internacional confirmó su jurisdicción en el casoseguido contra Bosco Ntaganda, sobre presuntos crímenes de guerra de violacióny esclavitud sexual cometidos contra niños soldados que pertenecían al mismogrupo armado que su agresor. En el presente artículo se examinarán críticamentelas razones y justificaciones otorgadas por la Corte para establecer su jurisdicción y en particular, la interpretación realizada por la Corte respecto a la necesidad de incorporar requisitos adicionales a la descripción típica de los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual bajo el marco establecido del Derecho Internacional. Para estos efectos, se comenzará analizando el concepto tradicional de persona protegida en el Derecho Humanitario, para luego destacar los aspectos esenciales de la decisión de la Corte. A continuación, se examinarán las diferencias fundamentales que existen entre los apartados (a) y (c), por una parte, y (b) y (e), por otra, ambos del artículo 8.2 del Estatuto de Roma, de manera de determinar si el Derecho Internacional Humanitario amparaba la conclusión de la Corte en relación con los crímenes cometidos al interior de grupos armados. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y alternativas que podrían permitir a la Corte ejercer jurisdicción sobre ese tipo de crímenes, incluso si las víctimas fueran miembros adultos del mismo grupo armado.