Lo que planteamos a continuación se realiza en clave antropológica, en un contexto de excepcionalidad sanitaria y de crisis institucional y de ciudadanía. Refiere a una población joven de residentes haitianos con dificultades para ejercer su derecho a la ciudad dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad, justicia social, quienes han sido alterizados de manera subalterna. Revisamos algunas de las acciones adoptadas por las autoridades chilenas en 2020, en el marco de la pandemia, para analizar cómo les afectaron desde la perspectiva de sus derechos ciudadanos, con énfasis en la informalidad, el trabajo, el acceso a la vivienda y la evaluación del arraigo del proyecto migratorio.

Mediante el repaso de las distintas fuentes normativas vigentes en el territorio español (Constitución española, normativa internacional, normativa comunitaria y normativa interna de extranjería), el presente texto pone de manifiesto la insuficiente protección de los derechos sociales de las personas inmigradas. Este escenario jurídico se muestra cuando menos incapaz frente a la consolidación de un modelo de desarrollo social que ha optado por configurar al trabajador extranjero esencialmente como una pieza más de la maquinaria productiva en el marco de una economía “altamente competitiva”. Así es, en la actualidad los sistemas jurídicos de los países de llegada, en general, optan con claridad por la laboralización de la política migratoria: solamente en casos excepcionales admiten situaciones de residencia no laboral de personas extranjeras, siendo la óptica adoptada la subordinación del fenómeno migratorio a las necesidades del mercado de trabajo. 

A partir de la revisión de las diferentes corrientes de la antropología médica, el artículo define los desafíos teóricos y metodológicos que enfrenta la antropología en el campo de estudios de la salud. por ello, la antropología política de la salud propone una distinción fundamental entre lo viviente y lo vivo, en tanto la salud no constituye un problema ideológico, sino que integra una lógica social más amplia. por un lado, el desarrollo de nuevas tecnologías médicas y, por otro, la puesta en práctica de políticas estatales sobre seguridad social, condicionan el acceso a los servicios de salud, reflejando las relaciones de poder que pesan en el gobierno de la vida y de la enfermedad.