51 p. Libro Electrónico

Este documento describe y analiza específicamente el papel de la sociedad civil a propósito de la mitigación y adaptación al cambio climático, entendido este como un asunto supranacional. Establecida la anterior premisa, a continuación se desarrollan algunas líneas respecto de cómo participa en la actualidad la ciudadanía en el ámbito local a propósito de la gestión ambiental, que es donde efectivamente se recrea la variabilidad y el desorden climático. Adicionalmente, atendiendo las características de un territorio pluriétnico como el colombiano, el conocimiento tradicional se convierte en un elemento vital y referente de gran importancia que debe ser involucrado como valor agregado dentro del rol que juega la sociedad civil, a partir de los retos establecidos en la cop21 de París (2015).

La industria de los hidrocarburos constituye uno de los sectores que ha permitido el progreso de la humanidad, sus usos son variados, así como los beneficios; no obstante, de la mano del crecimiento en el desarrollo de sociedades cada vez más civilizadas también se analiza el costo de ese progreso y la incidencia que actividades propias de las industrias extractivas han ocasionado o generan como un riesgo potencial en la afectación del medio ambiente y en especial en el agua. Teniendo en cuenta la importancia del agua como recurso natural que sustenta la vida, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a protegerlo y prevenir su agotamiento, pero no pueden estar encaminados a detener el progreso, por el contrario, se deben encontrar las fórmulas que permitan un desarrollo conjunto que no solo estimule el crecimiento de la industria, sino que proteja las fuentes hídricas. El derecho como mecanismo de control de la sociedad es el encargado de robustecer la regulación y de construir y desarrollar mecanismos para lograr este objetivo. Este artículo presenta una visión conciliadora entre el crecimiento de la industria petrolera y la necesaria protección del agua; petróleo y agua son dos recursos que no son excluyentes entre sí, por el contrario, se trata de presentar de forma armónica un sistema en el que pueden coexistir la industria petrolera de la mano de los mecanismos necesarios para proteger el agua como elemento preponderante en cualquier tipo de valoración, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad ambiental.

29 p. Libro Electrónico

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en construir un marco sólido de políticas públicas ambientales y reglamentaciones de todo nivel orientadas a darles a los residuos sólidos una gestión integral en aras de minimizar los impactos ambientales generados. No obstante lo anterior, los residuos sólidos siguen siendo uno de los más importantes problemas ambientales que debe enfrentar el país no solo por el aumento en la generación de los residuos y su bajo aprovechamiento, también por la situación de disposición final incontrolada que aún persiste en algunas regiones la cual genera inconvenientes sanitarios y ambientales. Bajo este contexto, el presente escrito revisa la evolución de las políticas públicas y de la normatividad ambiental con el fin de evidenciar los avances que han tenido.

La Sentencia T-622 de 2016 reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Con esta decisión se podría afectar el concepto jurídico de medio ambiente, y para verificar si ello es posible, en este capítulo se estudian las bases de la decisión y se verifica una débil argumentación de la categoría jurídica propuesta, en razón a una indebida aplicación del principio de precaución y a la inexistencia de un análisis de la “personalidad jurídica”. Igualmente, se estudia el paradigma propuesto y la suficiencia de esta decisión judicial como un mecanismo jurídico que logre un equilibrio entre las medidas ordenadas, las adoptadas, el tiempo y los recursos invertidos que, en definitiva, conduzca a una verdadera protección, mantenimiento, restauración y conservación de los recursos naturales, verificando dificultades en su efectividad.

Cartilla ilustrada, diagramada en forma de historieta, en la cual se presentan y explican de manera sencilla y clara, los aspectos básicos sobre la competitividad y manejo rentable de los productos agropecuarios

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.