Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

ley que facilita la inversion en tierras para ganar al mar rios y lagos por causas naturales o artificiales

Altera as Leis n 11516 de 28 de agosto de 2007 7957 de 20 de dezembro de 1989 e 9985 de 18 de julho de 2000 para dispor sobre a destinao e a aplicao dos recursos de compensao ambiental e sobre a contratao de pessoal por tempo determinad

Con ocasión de las actividades de Beijing + 5 , el CMP Flora Tristón, a través de su Programa de Desarrollo, se ha propuesto, entre otras actividades, impulsar la búsqueda sistematizada de información acerca de las mujeres rurales de los países de la región andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela comparten un conjunto de características culturales, históricas y geográficas que nos hermana: el idioma común, un pasado milenario y lleno de logros sociales y tradiciones que todavía hoy sobreviven, una conquista voraz y una independencia problemática, que ha dejado muchas interrogantes abiertas; la misma cordillera de los Andes hace de los países de la región hermanos desde tiempos inmemoriales. Mucho se ha escrito sobre los sueños de integración de nuestros países. Se han hecho algunos intentos como el pacto de integración andina, pero los avances han sido escasos o aislados. Poco se sabe sobre los procesos culturales, sobre el papel de las mujeres y, sobre todo de las mujeres rurales, y el aporte que ellas brindan a su desarrollo. El presente estudio es uno de los cinco volúmenes sobre la situación de las mujeres rurales en los países de la región andima. En ellos se podrá encontrar información estadística y, en alguna medida, cualitativa sobre los principales indicadores sociales — pobreza, economía (empleo), educación, salud y medio ambiente— hasta donde ha sido posible obtener información. El conjunto de estos trabajos ofrece una imagen, sino completa, al menos plausible de la situación de la mujer rural en esta región y de sus avances con relación a los compromisos de los gobiernos hechos en Beijing en 1995; e intenta aportar desde este ángulo a los esfuerzos por integrar a nuestros pueblos.

Por el cual se modifican los articulos 222311 222322 y 222323 delDecreto numero 1076 de 2015 en relacion con las competencias para otorgar la licencia ambiental a los proyectos de exploracion y uso de fuentes de energia alternativa virtu

Por la cual se modifica el area y se prorroga el termino de duracion de la zona deproteccion y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente eninmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta declaradam

Se expide el Reglamento al Codigo Organico del Ambiente