Hace dos años se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC a fin de buscar una salida negociada al conflicto armado. En este contexto y ante la posibilidad de lograr un acuerdo es importante fortalecer alianzas, intercambiar entre mujeres herramientas para la exigibilidad de derechos, visibilizar las demandas y propuestas de las mujeres y el impacto diferencial del conflicto en sus vidas, así como propiciar espacios en los que estas iniciativas sean realmente escuchadas. En este escenario ONU Mujeres en Colombia asume el mandato de la Resolución 1325 para fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y contribuir a los procesos de gobernabilidad sostenible y equitativa a través de su participación. Para contribuir a ello, acuerda con la Corporación Humanas, que desde 2011 hace seguimiento y evaluación a la implementación de la Resolución, desarrollar el proyecto “Herramientas para la Incidencia Política de las Mujeres en la Construcción de la Paz”, con el objetivo de fortalecer los espacios de interlocución política y concertación entre las mujeres y el gobierno, y la articulación de procesos y organizaciones a nivel regional y nacional. En el marco del proyecto, esta publicación presenta los cuatro módulos, el primero “Proceso de cualificación de capacidades de las mujeres para la construcción de agendas de paz”, se centra en la construcción colectiva de un diagnóstico que permita la elaboración de una agenda de paz contextualizada, en donde los temas centrales para la garantía de los derechos de las mujeres estén claramente identificados. El segundo módulo denominado “Herramientas para el diálogo político y la participación de las mujeres en el post conflicto”, aborda las nociones de conflicto, violencias, paz, seguridad, derechos humanos de las mujeres y normas e instrumentos nacionales e internacionales para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, así como para favorecer la participación de ellas en procesos de construcción de paz y de seguridad. El tercer módulo denominado “Proceso de cualificación en justicia transicional- Por una Justicia de Género”, está enfocado en la justicia transicional, las implicaciones que tiene en el proceso que se adelanta en el país y busca motivar a las mujeres a promover cambios y analizar de manera crítica la forma en cómo desde allí se han abordado los intereses de las mujeres. El cuarto y último módulo denominado “Estrategia de Comunicación para la Incidencia”, aporta en la cualificación de las competencias comunicativas de las mujeres a partir del diseño de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la agenda de paz.

El presente documento hace parte de la serie "Informe de derechos humanos de las mujeres en Colombia" que la Red Nacional de Mujeres y el Observatorio de derechos humanos de las mujeres en Colombia, "En situaciones de conflicto armado las mujeres también tienen derechos", publicaron en los años 2003 - 2005. En esta oportunidad el informe centra su atención en las Mujeres en Situación de Desplazamiento MSD-, durante lo corrido del período presidencial de Alvaro Uribe Vélez (2002 - 2005) a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa suministrada por diversas fuentes oficiales y no oficiales. El documento permite contrastar la realidad, en términos de realización de derechos para las MSD, con los desarrollos de la política pública, a la luz de los estándares normativos nacionales e internacionales exigibles para el Estado colombiano.

Como parte de un conjunto de propuestas que implementan la Liga de Mujeres Desplazadas LMD y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos OGDDHH, bajo una estrategia titulada Agenda Justicia de Género, durante más de 3 años han trabajado en el desarrollo de acciones que contribuyan a la judicialización de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH, cometidas contra las mujeres desplazadas y receptoras en el marco del conflicto interno armado en Colombia.Esta publicación es el resultado del haber asumido con profundidad dicho reto, ha articulado un conjunto de actividades que han arrojado como resultado concreto la recolección de 144 testimonios de mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado y de otros delitos conexos, haciendo un especial énfasis en los delitos de Violencia Sexual Basada en Género VSBG. A este momento, estos testimonios han sido entregados a la Fiscalía General de la Nación, y tras ejercicios como el del presente documento, buscan convertirse en material probatorio emblemático en la búsqueda del acceso a la verdad y a la justicia por parte de las mujeres desplazadas de la Liga, pero también del resto del país. Tanto la totalidad de la estrategia, como la presente publicación, tienen como objetivo brindar más elementos jurídicos para continuar trabajando en los distintos procesos legales, pero a su vez, desarrollar un documento formativo e informativo para los funcionarios públicos, las investigadoras, las y los estudiantes y sobre todo, las organizaciones sociales.

El narrador es Hilario Reina, pescador procedente de Santa Bárbara de Iscuandé, costa de Nariño, en 1965. En su relato habla de un episodio de su vida como navegante de embarcaciones menores, en el que naufraga con cuatro personas más a bordo de una lancha, entre ellas el dueño de la embarcación, pero gracias a una gran casualidad todos se salvan después de estar cinco días a la deriva. La odisea concluye el 14 de julio de 2010, en plena fiesta patronal de Buenaventura. Este relato mereció la atención del conocido cronista Pirry, quien a partir de esta historia realizó uno de sus famosos programas para la televisión. Hilario es un buen narrador, sabe dar poco a poco los puntos claves del relato, en el que van apareciendo algunos anticipos de lo que será la violencia en Buenaventura en medio del final feliz de este naufragio.

A nivel internacional, la reparación ha sido reconocida como un derecho de las víctimas de violaciones a las normas de derechos humanos, quienes deben tener acceso, a la misma, de manera integral, adecuada y oportuna. Ahora bien, no obstante este reconocimiento internacional, lo cierto es que en materia de violaciones a los derechos de las mujeres, los programas de reparaciones aún carecen de una perspectiva de género en el debate, en su diseño e implementación, lo cual atenta contra los derechos de las víctimas. Adicionalmente, para el caso específico de la violencia sexual, los avances normativos y académicos no son suficientes para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de las víctimas de estos hechos. De allí la necesidad de promover el estudio y debate, con el objetivo final de elaborar propuestas concretas sobre los programas de reparación que, en el caso de Colombia, resultan fundamentales en el contexto actual, con la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual incluye la violencia sexual entre las violaciones de derechos humanos, cuyas víctimas deberán recibir reparaciones. “Reparar lo irreparable? Violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, constituye, por tanto, un esfuerzo importante en este sentido, partiendo del análisis del tema desde una perspectiva de género sensible a las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual, que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades afro, e incluyendo los diversos tipos de medidas de reparación, a partir de los estándares internacionales y de experiencias comparadas.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en coordinación con los Gobiernos de El Salvador y Suecia, lanzaron a nivel regional el estudio mundial “Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz”, informe sobre la aplicación de la Resolución 1325, que pone en relevancia la participación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos. Según el informe, las mujeres y las niñas se convierten en la población más afectada, ya que se ven expuestas a experimentar violencia sexual y de género. En el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboró la resolución 1325 donde destaca la participación de las mujeres, como garantes de la igualdad, en la prevención y solución de conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz y la seguridad de los países. El estudio mundial fortalece y reconoce el poder de la intervención de las mujeres en la construcción de la paz, asimismo, demuestra que la inclusión de las mujeres mejora la eficacia en la asistencia humanitaria, fortalece los esfuerzos en la consolidación de la paz y la recuperación económica de los países. Con este lanzamiento, ONU Mujeres promueve la implementación de esta resolución en los países del istmo, con énfasis en los del Triángulo Norte. Por su parte, los gobiernos de El Salvador y Suecia muestran su compromiso, este último como socio estratégico, a fin de fortalecer los esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad, sobre todo para las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas en estos contextos.

Se calcula que en la actualidad hay en el mundo casi 650 millones de armas pequeñas. Casi el 60 por ciento de ellas están en manos de ciudadanos particulares, en su mayoría hombres. Y la gran mayoría de quienes fabrican, venden, poseen y usan, debida o indebidamente, las armas pequeñas son hombres. ¿Qué significa esto para las mujeres y niñas del mundo? Este informe estudia los efectos que las armas de fuego tienen para las mujeres en el hogar, en las comunidades y también durante un conflicto y después de él. En cada uno de estos contextos, analiza la violencia cometida con armas de fuego contra las mujeres, el papel que éstas desempeñan en el uso de estas armas y las campañas que encabezan las mujeres contra la violencia que se comete con dichas armas.

Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llamada violencia política que se han experimentado en el país en los últimos decenios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanencia, terminan siendo parte del transcurrir "normal" de la sociedad colombiana. El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no se haya "naturalizado", significaría una catástrofe, una tragedia nacional que obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabilidades profundas por parte de quienes están "legítimamente" designados y facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así como de quienes, desde el lado de la "ilegalidad" o de la "para institucionalidad" y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada y democrática. En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de propiciar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado l . Es decir, se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia política en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar y colectivo se establecen en este lugar.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el documento Definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resalta el compromiso de la entidad en la inclusión de las víctimas más vulnerables en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación: Prioridad a las víctimas que presentan mayores grados de vulnerabilidad. Dado que dentro del universo total de víctimas, existen algunas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, la CNRR considera necesario establecer un orden de prioridad considerando, en primer lugar, la Constitución Política subraya la necesidad de brindar especial protección a las mujeres cabeza de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera edad (art. 46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolombianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de 1993). En segundo lugar, la realidad social exige darle prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se encuentran protegidos de forma especial en la Constitución. Tal es el caso de aquellas víctimas que padecen pobreza extrema. A través del área de Género y Poblaciones Específicas, la Comisión ha trabajado por la inclusión de la temática de género de su labor diaria. Así, presenta el Manual de documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, instrumento diseñado para dar un soporte técnico y ético, bajo un enfoque de derechos, a las y los funcionarios de las distintas instituciones que están en contacto directo con las mujeres víctimas del conflicto armado, así como a sus funcionarios y funcionarias, para la atención de miles de mujeres que han sido víctimas de las distintas manifestaciones de violencia basada en género. El área considera este documento de vital importancia, por cuanto brinda lineamientos a la institucionalidad para la atención técnica, ética y respetuosa a mujeres víctimas del conflicto armado, y porque busca poner en evidencia las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde se generan mayor impunidad y silencio, es decir, las violencias basadas en género contra las mujeres, especialmente las distintas manifestaciones de violencia sexual.

Este documento ofrece una primera mirada sobre la problemática de los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra en Colombia, con miras a describir su devenir histórico, visibilizar las dificultades persistentes e identificar los retos tanto para la política pública como para los movimientos de mujeres que buscan ampliar y consolidar su ciudadanía. La preocupación por esta temática se enmarca dentro de los dos objetivos del Programa de Paz y Seguridad de UNIFEM en Colombia: visibilizar el impacto diferenciado del conflicto sobre las mujeres y fortalecer los enfoques de prevención y protección para mujeres afectadas por el conflicto.