E l siguiente texto es una síntesis del análisis de la información obtenida tras la realización de la Encuesta de Caracterización del Proyecto “Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento del Valle del Cauca”, el cual fue coordinado y ejecutado por la Corporación Sisma Mujer en alianza con la Asociación Taller Abierto. Dicha encuesta se aplicó entre noviembre y diciembre de 2007, a una población de 63 mujeres en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Cali, Buenaventura y Tuluá; encuesta procesada con el paquete estadístico SPSS versión No 15.

En Colombia, la relación mujer, género y violencia política constituye un inmenso terreno de análisis que no obstante su contundente presencia histórica y geográfica como problema social, apenas comienza a ser explorado. Y aunque la temática de mujer, género y violencia ha recobrado cierto reconocimiento en algunos sectores del Gobierno, de las ONG's y dentro del movimiento social, se presentan simultáneamente actitudes hostiles a la diferenciación de género, con argumentos como «los muertos no tienen sexo» y «hombres y mujeres sufren igual». Pero el asunto no está en valorar más o menos a las víctimas de uno u otro sexo, sino en analizar cómo mujeres y hombres son afectados de manera diferente por las múltiples formas de violencia que afectan su entorno social y político. En éste estudio no sólo se trata de hacer visibles a las mujeres como una categoría específica de víctimas de la violencia política, sino también de iniciar el análisis de una dinámica social que en creciente medida proyecta a la mujer en su calidad de sujeto político.

Muchas son las estimaciones que se han efectuado hasta el momento, sobre el número de desplazados en Colombia, con definiciones y agrupaciones diferentes, lo que ha impedido tener una idea exacta del problema, que se ha acentuado desde la mitad de la década de los noventa, pero que venía de años atrás. Sin embargo, los estudiosos del tema, directa e indirectamente están de acuerdo que se trata de un fenómeno cruel, masivo y permanente, que ha llegado a convertirse en uno de los mayores problemas sociales del país, cubierto siempre por un manto de indiferencia tanto por parte del Estado como de la sociedad en general. Los cálculos oscilan entre dos y tres millones de personas, que han tenido que refugiarse en varias ciudades grandes o medianas y la mayoría de ellos en condiciones precarias. Los desplazados se han visto obligados, para salvar sus vidas, a perder por lo general, sus pocas propiedades y su residencia; es decir, toda la trama social en la cual habían nacido y organizado un espacio particular en el mundo. Fueron sustraídos de sus vínculos sociales que les pertenecían en su lugar de origen, produciendo muchas veces un resquebrajamiento de sus unidades familiares, no pocos con miembros muertos en el conflicto. Se convirtieron en ¡nocentes golpeados por una persecución política carente de sentido para ellos. De todas maneras, en muchas oportunidades, la población desplazada, además de los problemas inherentes a su condición, ha tenido que soportar los relacionados con la falta del reconocimiento formal de sus derechos y la aplicación efectiva de políticas y programas. Profamilia con el apoyo financiero de USAID ha querido cooperar en la solución parcial del problema, mediante el desarrollo del Proyecto Nacional de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en Población de bajos Recursos y Población Desplazada. La Encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginadas es la segunda encuesta que se levanta en Colombia a nivel nacional. Esta publicación fue financiada por la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia) y el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Social (USAID). Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de sus autores y no representan la posición u opinión de las instituciones financiadoras.

Desde la perspectiva del proyecto, hay dos niveles para abordar la atención de los grupos desplazados; el primero se encuentra en el campo de la violencia de carácter politicoeconómico, en el cual se recibe una agresión directa y física; y el segundo en el ámbito de los efectos que esas violencias producen en las personas que la sufren. Hoy es evidente para todo el mundo (en el sentido más amplio) que el país está atravesado por múltiples violencias: la violencia por la posesión de la tierra y otros recursos naturales; la violencia por el dominio territorial desde el punto de vista político y militar y en esta perspectiva se encuentran los factores económicos de carácter estructural que enmarcan estas violencias a los cuales se debe agregar el ingrediente de la violencia del delito común.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.

Este Informe de Expertas Independientes fue encargado por UNIFEM en respuesta a la Resolución 1325, como parte del esfuerzo para continuar la documentación y el análisis del impacto específico de la guerra en las mujeres y su potencial para contribuir en todos los aspectos de los procesos de paz. Este trabajo constituye también una respuesta directa al pedido de informe sobre las dimensiones de género de los conflictos armados y su importancia para la paz y la seguridad internacional. El informe acompaña al estudio emprendido por el Secretario General de la ONU según lo estipulado en la Resolución 1325.111 Dicho estudio brinda un panorama más detallado sobre el trabajo del sistema de Naciones Unidas, el cual se centra en las experiencias de las mujeres que han vivido una guerra, desplazamientos, y en sus esfuerzos por reconstruir sus sociedades. Si bien el enfoque de ambos informes difiere, durante nuestras visitas observamos los desafíos que enfrenta el sistema de Naciones Unidas al momento de honrar los compromisos asumidos por los gobiernos respecto de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Detectamos que muchas oportunidades se pierden debido a la insuficiencia de recursos y coordinación, la incapacidad para centrarse en la protección a las mujeres y la promoción de su papel en los procesos de construcción de la paz.

Como parte de un conjunto de propuestas que implementan la Liga de Mujeres Desplazadas LMD y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos OGDDHH, bajo una estrategia titulada Agenda Justicia de Género, durante más de 3 años han trabajado en el desarrollo de acciones que contribuyan a la judicialización de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH, cometidas contra las mujeres desplazadas y receptoras en el marco del conflicto interno armado en Colombia.Esta publicación es el resultado del haber asumido con profundidad dicho reto, ha articulado un conjunto de actividades que han arrojado como resultado concreto la recolección de 144 testimonios de mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado y de otros delitos conexos, haciendo un especial énfasis en los delitos de Violencia Sexual Basada en Género VSBG. A este momento, estos testimonios han sido entregados a la Fiscalía General de la Nación, y tras ejercicios como el del presente documento, buscan convertirse en material probatorio emblemático en la búsqueda del acceso a la verdad y a la justicia por parte de las mujeres desplazadas de la Liga, pero también del resto del país. Tanto la totalidad de la estrategia, como la presente publicación, tienen como objetivo brindar más elementos jurídicos para continuar trabajando en los distintos procesos legales, pero a su vez, desarrollar un documento formativo e informativo para los funcionarios públicos, las investigadoras, las y los estudiantes y sobre todo, las organizaciones sociales.

Accion de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso al acceso a la administracion de justicia y a los derechos como victima reconocida del conflicto armado en Colombia por desplazamiento forzado cuya vulnerac

Por la cual se deroga la Resolucion numero 1291 del 2 de diciembre de 2016 y se adopta el procedimiento y mecanismos tecnicos y operativos de reconocimiento y entrega de la Atencion Humanitaria de Emergencia y Transicion a Victimas de Desplazamiento Forza