Adaptación para radio de la obra El amor las vuelve locas, original de Jardiel Poncela, en versión radiofónica libre de Miguel Ángel Vera. Esta obra narra la historia de varias mujeres enamoradas.

Existe una historia de la resistencia civil en Italia que no se conoce mucho más allá de ese país. El cincuentenario de la Liberación, 1995, dio la oportunidad de dar a conocer una nueva historiografía que ponía el énfasis en la existencia de una lucha no armada frente a la ocupación alemana, que daba el protagonismo a las mujeres y que planteaba la importancia de la construcción de una conciencia y cohesión social frente a la barbarie de la guerra. Esta historiografía permitió relativizar la importancia que se había concedido a la lucha armada para producir la Liberación y abrió el campo para comenzar a debatir sobre la potencialidad de la defensa civil sin armas.

Los roles femeninos del dramatizado La Historia de Tita fueron más allá de las heroínas y villanas propias de las telenovelas latinoamericanas.

Los sucesos del 20 de julio de 1810 suelen narrarse desde un lugar que rara vez le da voz a las mujeres, relegadas por entonces de la vida política de la Nueva Granada, pero sin cuya participación habría sido imposible el desenlace de esa historia.

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En los años 1930 y 1940 el proyecto liberal del estado introdujo importantes innovaciones en la educación como medio de integración nacional, que a su vez facilitaron el acceso femenino al ámbito profesional. Cuatro mujeres, que estudiaron y trabajaron como investigadoras en el Instituto Etnológico Nacional (1941), son protagonistas de la profesionalización de la antropología en el siglo veinte. Sus investigaciones fueron claves para el desarrollo de una dimensión social del discurso nacionalista, al aportar argumentos, sustentados científicamente, sobre la prehistoria y la cultura nacional. En este artículo se discuten las principales contribuciones de Alicia Dussán de Reichel, Virginia Gutiérrez de Pineda, Edith Jiménez de Muñoz y Blanca Ochoa de Molina en relación con los objetivos del Instituto Etnológico, así como para la configuración de una nacionalidad moderna basada en el pasado indígena.

La estrategia del desarrollo rural apunta al incremento de la producción agropecuaria con una mejora simultánea de la calidad de vida de los productores y las productoras. Supone un marco de definiciones de política pública que incluya criterios de equidad por parte del estado y de la sociedad para modificar circunstancias que favorecen la subordinación de los necesidades de los sectores campesinos: trabajadores agrícolas, productores de bajos ingresos, y que limitan el control de los recursos e insumos para mejorar su participación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. En la región latinoamericana se han identificado tres modalidades en las estrategias de desarrollo rural (Barraclough: 1981): una primera que centra su énfasis en la introducción de técnicas modernas de manejo de los recursos (procesos de fertilización, semillas mejoradas, mecanización, y selección de razas). Esta modalidad provoca una modernización tecnológica, sin afectar las bases de la estructura social, y facilita procesos de inserción de las economías campesinas en el mercado. Otra modalidad introduce procesos reformistas del ingreso mediante redistribución marginal del suelo y/o por impuestos a la tierra, pero que no redefine las relaciones de poder entre los sectores sociales vinculados al agro. Una tercera que se sustenta en cambios rápidos y drásticos de la estructura social pero que mantiene un control de la gestión de la producción impidiendo un desarrollo autónomo de la producción y sus agentes.

La Constitución Política colombiana de 1991, reconocida regionalmente como una de las más democráticas de América Latina y el Caribe, por el compromiso de garantizar la participación y los Derechos Humanos, permitió desarrollar en casi una década un marco normativo y crear los espacios necesarios para avanzar hacia un Estado Social de Derecho, posibilitando a la vez el ejercicio de la democracia directa. Para influir en las posturas de los constituyentes en torno a temas de crucial importancia para el país, hizo de esta Asamblea un foro de la democracia. Las mesas temáticas, las propuestas, la interlocución y las alianzas, contribuyeron a crear un clima propicio para pensar el país, repensar y definir los valores fundamentales que se materializarían en instituciones, mecanismos y mandatos. Nunca como en esos meses, organizaciones, movimientos sociales, grupos y partidos políticos se comprometieron a fondo en la tarea de diseñar un modelo de país más inclusivo, igualitario, solidario y respetuoso de las libertades. El esfuerzo de dar a conocer la nueva Carta y preparar a la ciudadanía para la participación fue cumplido tanto por sectores estatales como por organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales que veían en esa coyuntura, la posibilidad de superar las desconfianzas e insatisfacciones que un quehacer político excluyente había contribuido a cimentar, generando una cultura de ausentismo y no participación, tanto en las contiendas electorales, como en los resquicios de democracia que podrían darse en lo local. Efectivamente, en los años siguientes las-os ciudadanas-os lentamente se fueron apropiando de los espacios donde se decidía sobre los problemas y necesidades de las comunidades, se distribuían los recursos y se definían y priorizaban las líneas de actuación de las administraciones locales, municipales, distritales y departamentales. La ciudadanía comenzó a expresarse en términos de participación, de derechos y de deberes. Para las mujeres, la evidente discriminación en la conformación de la Asamblea Constituyente (sólo 4 eran mujeres), no fue óbice para su participación; un cabildeo incesante y organizado, logró posicionar propuestas encaminadas a la superación de la discriminación en los ámbitos políticos y sociales; se colocaron en el debate también las relacionadas con sus derechos reproductivos, la necesidad de acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar y de quienes adelantaban labores comunitarias en pro de la niñez, así como la necesidad de promover la participación e inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Algunos de los logros fueron formales, pero otros se plasmaron en avances reales. Paulatinamente, en representación de diversos intereses las mujeres empezaron a incrementar su presencia en los espacios deliberantes y/o de decisión creados, al igual que en los tradicionales. Es evidente que la participación está íntimamente relacionada con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mayorías, pero sentirse sujeto de derechos va más allá de su consagración en una constitución o en una ley; este ha sido el trabajo del feminismo: que las excluidas se reconocieran ciudadanas, no sólo con deberes sino con derechos y que iniciasen un proceso de exigibilidad individual y colectivo. Lo anterior pasa por su reconocimiento en tanto sujetos sociales y por la valoración de sus aportes a la sociedad en su conjunto, así como el conocimiento, introyección y ejercicio de sus derechos.

Durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha sido escenario de una lenta pero inobjetable transformación social y política para las mujeres: en medio de todos los obstáculos, el denominador común es el avance hacia una sociedad donde no sólo se ha vuelto creciente su participación, sino más próxima y viable la meta de la equidad para ellas.

La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.