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Después de mucho debatirse en Colombia la necesidad de realizar un esfuerzo por avanzar en la seguridad jurídica, mejorar la calidad de las normas y simplificar para el ciudadano la consulta de las reglas de comportamiento, al gobierno nacional se le ocurrió comenzar por la unificación de las prescripciones contenidas en los decretos reglamentarios en todos los sectores de interés de la sociedad. En materia ambiental esta codificación quedó incluida en el Decreto 1076 de 2015. Sin embargo, este ensayo devela las dificultades que esta única reglamentación aún debe superar para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se trazaron en el Documento Conpes 3816 de 2014, acordado para definir una política pública destinada a mejorar la normativa y cumplir con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde); al fin y al cabo lo que se debe lograr es mejorar la administración de la economía, implementar políticas públicas, y corregir y estimular los comportamientos positivos de los miembros de la sociedad.

Durante el año 2016 Colombia fue protagonista de un hecho que partió la historia del país en dos, la firma de un “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo Final) suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este hecho de gran importancia para el país, por poner fin a un conflicto de más de 50 años con una de las guerrillas más antiguas de la región, tendrá, sin lugar a dudas, un impacto muy importante, entre otros aspectos, para la protección del medio ambiente, pues no solo se podrá tener acceso a áreas de especial importancia ecológica (tradicionalmente ocupadas por grupos ilegales), sino porque también implica que se deberá hacer un esfuerzo mayor por planificar el uso del suelo y de los demás recursos naturales para que exista una mejor y más equitativa distribución de las oportunidades, tal como lo establece el Acuerdo de Paz, particularmente con relación a la iniciativa denominada Pagos por Servicios Ambientales (PSA). En este orden de ideas, es preciso analizar si efectivamente la reglamentación vía Fast Track de los PSA incluida en el Decreto Ley 870 de 2017 (MADS) era necesaria para facilitar o asegurar la efectiva implementación del Acuerdo Final en lo relacionado con el tema ambiental o si, por el contrario, contribuyó a aumentar la hipertrofia normativa existente en el derecho ambiental colombiano.

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

This article intends to analyze the current constitutional and jurisprudential framework protected areas in Colombia, as well as their perspectives protection, including some clarifications made by the jurisprudence in this regard.

Partiendo del análisis de la Ley 1774 de 2016 sobre protección y bienestar de los animales en Colombia, el artículo hace un recuento de las diversas posiciones jurídicas que contemplaron la protección de los animales, y aquellas que permitieron su juzgamiento en procesos civiles y penales, en especial desde la época Antigua y la Edad Media, y su influencia en la época moderna, buscando identificar la permanencia de los principios jurídicos fundantes de la relación hombre-animal y su incidencia en el derecho animal actual.

Colombia cuenta desde el año 2010 con la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), la cual planteó como uno de sus objetivos conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Para lograrlo determinó como línea de acción “Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de la oferta del recurso hídrico”. Esta línea tiene como uno de sus sustentos la obligación determinada en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por medio del cual se exige a los departamentos y municipios adquirir áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. A pesar de la imposición legal, el incumplimiento generalizado de esta carga es notorio y por ello se examina en este capítulo si los riesgos de corrupción han afectado el acatamiento de la inversión obligatoria y a su vez el cumplimiento de los objetivos de la PNGIRH.