La Evaluación del Impacto Ambiental se ha aplicado en Colombia desde la vigencia del Decreto ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, instrumento posteriormente perfeccionado por la Ley 99 de 1993, mediante la licencia ambiental, que es la autorización que se otorga para la ejecución de obras y actividades que puedan generar graves alteraciones a los recursos naturales y al paisaje, y que resulta fundamental para la planeación ambiental y la toma de decisiones. Pero para una adecuada ordenación del territorio y la autorización de actividades productivas, es necesario adoptar metodologías de mayor complejidad y alcance sectorial, conocidas genéricamente como Evaluaciones Ambientales Estratégicas –EAE–, cuyo objetivo prioritario es definir los efectos ambientales de la planificación.

Colombia cuenta desde el año 2010 con la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), la cual planteó como uno de sus objetivos conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Para lograrlo determinó como línea de acción “Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de la oferta del recurso hídrico”. Esta línea tiene como uno de sus sustentos la obligación determinada en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por medio del cual se exige a los departamentos y municipios adquirir áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. A pesar de la imposición legal, el incumplimiento generalizado de esta carga es notorio y por ello se examina en este capítulo si los riesgos de corrupción han afectado el acatamiento de la inversión obligatoria y a su vez el cumplimiento de los objetivos de la PNGIRH.

Partiendo del análisis de la Ley 1774 de 2016 sobre protección y bienestar de los animales en Colombia, el artículo hace un recuento de las diversas posiciones jurídicas que contemplaron la protección de los animales, y aquellas que permitieron su juzgamiento en procesos civiles y penales, en especial desde la época Antigua y la Edad Media, y su influencia en la época moderna, buscando identificar la permanencia de los principios jurídicos fundantes de la relación hombre-animal y su incidencia en el derecho animal actual.

This article intends to analyze the current constitutional and jurisprudential framework protected areas in Colombia, as well as their perspectives protection, including some clarifications made by the jurisprudence in this regard.

Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

Con ocasión de las actividades de Beijing + 5 , el CMP Flora Tristón, a través de su Programa de Desarrollo, se ha propuesto, entre otras actividades, impulsar la búsqueda sistematizada de información acerca de las mujeres rurales de los países de la región andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela comparten un conjunto de características culturales, históricas y geográficas que nos hermana: el idioma común, un pasado milenario y lleno de logros sociales y tradiciones que todavía hoy sobreviven, una conquista voraz y una independencia problemática, que ha dejado muchas interrogantes abiertas; la misma cordillera de los Andes hace de los países de la región hermanos desde tiempos inmemoriales. Mucho se ha escrito sobre los sueños de integración de nuestros países. Se han hecho algunos intentos como el pacto de integración andina, pero los avances han sido escasos o aislados. Poco se sabe sobre los procesos culturales, sobre el papel de las mujeres y, sobre todo de las mujeres rurales, y el aporte que ellas brindan a su desarrollo. El presente estudio es uno de los cinco volúmenes sobre la situación de las mujeres rurales en los países de la región andima. En ellos se podrá encontrar información estadística y, en alguna medida, cualitativa sobre los principales indicadores sociales — pobreza, economía (empleo), educación, salud y medio ambiente— hasta donde ha sido posible obtener información. El conjunto de estos trabajos ofrece una imagen, sino completa, al menos plausible de la situación de la mujer rural en esta región y de sus avances con relación a los compromisos de los gobiernos hechos en Beijing en 1995; e intenta aportar desde este ángulo a los esfuerzos por integrar a nuestros pueblos.

Este documento tiene como objetivo principal analizar la implementación de los procesos de reconversión y sustitución de actividades productivas en el páramo de Chingaza. Para lograr la comprensión del tema, se abordó el marco jurídico de la protección de páramos en Colombia. Posteriormente, se desarrollaron los antecedentes que denotaron la necesidad de la creación de la Ley 1930 de 2018, legislación que planteó los programas de reconversión y sustitución de actividades productivas en páramos, para luego analizar los retos y oportunidades de mejora sobre la implementación de estos programas. Para dar trámite al objetivo principal de este escrito se empleó una metodología cualitativa de carácter documental de tipo descriptivo, principalmente, a partir del análisis de respuestas de las autoridades ambientales a derechos de petición, donde se observó el escaso avance y la falta de apropiación de recursos para la implementación de estos proyectos

Al conmemorar tres décadas de la Carta de 1991 este aporte destaca en lo ambiental el desarrollo legal y jurisprudencial de la acción popular, como el mecanismo procesal por excelencia para la protección de los derechos e intereses colectivos. Se estudian las características con las cuales se incorpora en la legislación especial de 1998 y luego en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso en el año 2011 como medio de control jurisdiccional con referencias bibliográficas a las principales fuentes doctrinales. Hace un análisis de su caracterización desde la jurisprudencia con casos de importancia jurídica y social. Así, se demuestran los notorios avances que en Colombia se dan en la protección de esta especie de derechos y que esos derechos ambientales se hacen indispensables para la sostenibilidad del Estado social y la supervivencia humana. Con ello, como toda acción del llamado nuevo derecho y de naturaleza pretoriana por sus amplios márgenes de discrecionalidad, incide en derechos adquiridos o situaciones jurídicas previamente establecidas y de ahí que también la protección ambiental requiere de marcos de seguridad jurídica.

La Compra Pública Sostenible (CPS) ha surgido como respuesta a la necesidad de que las adquisiciones de bienes y servicios por parte de las entidades estatales atiendan a criterios de sostenibilidad. Este enfoque incluye aspectos no solo del carácter ambiental sino también de índole social, económica y de innovación. En Colombia, pese a que el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente han diseñado planes, documentos y guías para impulsar la implementación de las CPS, estos lineamientos han resultado insuficientes para que la inclusión de criterios de sostenibilidad en las compras públicas sea una realidad. Por consiguiente, el presente artículo tiene como propósito examinar la implementación de las CPS en Colombia, recogiendo algunas de las experiencias de países de la región y proponiendo posibles alternativas de mejora para cumplir con el objetivo de sostenibilidad