Estas reflexiones parten de una experiencia de trabajo con numerosos grupos de mujeres en América Latina, especialmente de Guatemala y El Salvador, pero también de Colombia, en el campo del trabajo psicosocial. La mayor parte han sido tejidas, han nacido del trabajo con ellas, y especialmente en los debates y testimonios recogidos en el proyecto REMHI (Reconstrucción de la Memoria Histórica) de Guatemala (ODHAG, 1998). Son pues, parte de una experiencia compartida.

En las historias de vida de colombianas y colombianos de la segunda mitad del siglo XX, se plasman los efectos de un intenso proceso de urbanización y de profundas transformaciones culturales que ellas conllevan. Las migraciones y los desplazamientos l constituyen un evento frecuente. Los cuerpos y los sueños de hombres y mujeres se trasladan del campo a la ciudad o de esta al campo, en una continua movilidad espacial en búsqueda de mejores condiciones de existencia. Este fenómeno va transformando representaciones sociales y diversas maneras de asumir la vida. La cultura rural se inserta en la ciudad, gracias a los y las inmigrantes, mientras que al mismo tiempo la cultura urbana transforma costumbres y concepciones propias de los ancestros campesinos. La primera parte de este artículo versará sobre la forma como la niña se involucra a la ciudad y migra. Las oportunidades laborales que encuentra se relacionan con la socialización que recibe por el hecho de ser mujer, como es el aprendizaje desde muy niña del oficio doméstico. La migración ha incidido en la ruralización de las ciudades porque éstas crecen con población llegada del campo. Al mismo tiempo las migrantes se insertan a la ciudad mientras que aprenden nuevas costumbres diferentes a las de su nicho cultural de origen. En la segunda parte de este escrito se hace un seguimiento de la evolución de las formas del vestido de las niñas campesinas, cuyos cambios expresan el proceso de introducción de los estilos de vida urbana en la ciudad. Todos estos procesos están caracterizados por una constante movilidad espacial, que ha convertido a la cultura popular colombiana en un híbrido: de manera que lo urbano está presente en el sector rural y viceversa.

El módulo que se desarrolla a continuación ha sido planeado para promover el conocimiento y apropiación de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de desplazamiento y en población receptora vulnerable. El módulo hace énfasis en las problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual. Se trata de una propuesta con un enfoque de género, por lo cual, a lo largo de las actividades y reflexiones se cuestionan los roles que la cultura colombiana ha asignado históricamente a los hombres y a las mujeres, y que inciden en el goce y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Estas reflexiones permiten generar preguntas y propuestas de interacción desde las que se reconoce que las desigualdades que la cultura ha ocasionado pueden ser superadas. El enfoque de este trabajo demuestra que si bien las diferencias biológicas ameritan tratamientos diferenciales, no pueden ser fuente de discriminación. Este módulo se basa en un enfoque de derechos dirigido al reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derechos y al Estado y la sociedad como garantes de estos derechos, requisitos para el ejercicio pleno de la ciudadanía y necesarios para garantizar la calidad de vida, razón por la cual los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos. El módulo también busca explicar y dar pautas para la búsqueda de ayuda frente a las vulneraciones de dichos derechos desde las distintas formas de violencia que afectan particularmente a las mujeres, jóvenes, niños y niñas. Finalmente cabe anotar que el módulo ha sido concebido con la perspectiva diferencial que tiene en cuenta la condición y posición de las personas con el fin de hacer visible su situación en términos de acceso al reconocimiento como sujetos de derechos. Esta perspectiva permite dar cuenta de la diversidad, no solo entre hombres y mujeres, sino entre mujeres de los diferentes grupos etáreos, de las minorías étnicas, en distintos contextos culturales, por lo tanto se relaciona con un enfoque de derechos, pues parte de los principios básicos del libre ejercicio de los mismos, particularmente el de la igualdad. Tiene en cuenta, además, los derechos y necesidades específicos de los individuos según su pertenencia a diferentes grupos poblacionales.

La violencia sexual como crimen de lesa humanidad a la luz de los avances del derecho internacional ; Violencia sexual, paramilitarismo e impunidad. Análisis y propuestas desde una mirada de género ; Los derechos de las mujeres desplazadas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Nuestro esfuerzo se centró en el proceso de “restauración social” que logran de manera crítica las mujeres viudas como población paralela a los actores armados en la dinámica del conflicto político en un caso en Colombia. Referimos la restauración social al proceso en el cual un individuo o un colectivo restablece críticamente sus formas de participación social en un status diferente al que tenía antes de que ocurriera un evento o acontecimiento —punto de quiebre— que afecta o cambia de manera forzosa algunas esferas de su vida: su trayectoria de vida, su ciclo de vida, su ciclo familiar, su trayectoria laboral, su lugar de residencia, su universo afectivo, sus formas de relación, las personas con las cuales se relaciona y las razones de la relación social, entre otras dimensiones de vida. Es decir, lo que nos muestra la ‘restauración social crítica’ son los cambios obligados —a razón de un evento externo a la decisión voluntaria, individual o familiar del individuo— producidos en la historia de vida particular y datados, referidos, ocurridos y adoptados en la condición experiencial de la vida cotidiana. Los cambios producidos bajo la rúbrica de esta restauración social crítica nos registran una redefinición de aspectos de la identidad social del individuo —su representación social—, o de relaciones o del sentido de las relaciones sociales, o de prácticas en la forma de vida, o de contenidos subjetivos y objetivaciones en la vida cotidiana, y, en consecuencia, comprometen el conjunto de actividades que caracterizan la producción y reproducción de los sujetos, los cuales crean a su vez la posibilidad de la producción y la reproducción social. El análisis de la cotidianidad implica observar el umbral de las realidades y representaciones que configuran los contextos sociales en sus expresiones axiológicas, simbólicas, subjetivas, y que cargan de contenidos la existencia práctica. La cotidianidad configura con un contenido histórico el significado particular de quienes ocupan un tiempo y lugar determinados. Algunas propuestas analíticas de la vida cotidiana coinciden en que el registro de ésta se torna posible desde la perspectiva de la ‘sobrevivencia’ o del ‘mínimo de sobrevivencia’ histórica a que cada persona tiene acceso a diario, antes que desde el horizonte optimista de la realización utópica. Este presupuesto contiene una visión crítica a la hegemonía del sistema de necesidades que fundamenta una composición dialéctica entre la pretensión de autonomía de la voluntad individual frente al apabullante convencimiento apriorístico del funcionamiento sistémico. Paralelo a ello interviene la biografía histórica y cultural de las realidades de las que procedemos, que, por decir lo menos, impone sus patrones más recientes en la configuración de las trayectorias de vida particulares. Este punto de partida nos ayuda a definir mecanismos de construcción de sentido que hacen de la cotidianidad una experiencia de apropiación que da forma y sentido a la vida social.

Este es un estudio exploratorio sobre las transformaciones de la geografía productiva y la reconfiguración de las relaciones sociales entre los sexos. Para este propósito tomé como base la categoría de división sexual del trabajo como una de las expresiones materiales de estas relaciones, categoría trabajada profundamente por la corriente feminista materialista. Igualmente, este trabajo fue realizado mediante un estudio situado sobre la Inspección de Tillavá, Puerto Gaitán, departamento del Meta, el cual indaga sobre momentos históricos relacionados con la colonización campesina de los Llanos orientales, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el desarraigo y fueron planteados varios cuestionamientos al actual escenario de restitución de tierras que se viene desarrollando en la zona específica. Para que esta reconstrucción histórica y el análisis correspondiente fuesen posibles, elaboré un marco metodológico apoyado en la epistemología feminista. El examen profundo de los relatos de vida de mujeres que sufrieron el despojo de sus tierras y adelantaron procesos de restitución y la reconstrucción de sus trayectorias individuales desde las experiencias, las emociones, las interpretaciones y los proyectos hacia el futuro dan cuenta del entrelazamiento de las historias individuales con una historia social y colectiva.

La investigación que se presenta se articuló alrededor de la pregunta por la violencia sexual ejercida por los paramilitares, buscando avanzar en la comprensión de dicho fenómeno en todas sus variaciones y patrones, con miras a indagar sobre el supuesto de la generalización y sistematicidad de la violencia sexual como arma de guerra. En la búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas, la Corporación Sisma Mujer a través de este documento, ofrece una serie de análisis sobre los tipos de violencias sexuales ejercidas por los grupos paramilitares, con el propósito de dotar de insumos a la comunidad nacional e internacional, que permitan contribuir a hacer visible la problemática, al establecimiento de análisis rigurosos sobre la violencia sexual contra las mujeres en el país como un crimen de lesa humanidad y a la realización de una memoria histórica y colectiva de estos actos. De igual manera, con el fi n de mantener una permanente veeduría y seguimiento a los efectos del proceso de negociación entre grupos paramilitares y el gobierno nacional en la vida de las mujeres, se presentan los resultados de la Misión realizada en el país en el mes de agosto del año 2008, en la cual las voces de las propias mujeres víctimas así como la experiencia de las entidades responsables, dan importantes elementos para el conocimiento y comprensión de la realidad de la situación actual de las poblaciones que continúan sujetas a la violencia paramilitar y de manera especial de las mujeres y las niñas. A la luz de esta realidad, la Misión propone una serie de recomendaciones tendientes a contribuir al diseño de políticas de atención que respondan a las necesidades e intereses de las mujeres afectadas.

El Estado colombiano en largas décadas ha estado acompañado por el conflicto armado; conflicto que para las mujeres colombianas ha arrojado la discriminación y violencia que ellas padecen. Los conflictos armados y sus secuelas constituyen un contexto específico en el que los actores del conflicto en su lucha por controlar territorios y comunidades en distintas zonas del país, atentan contra los derechos de las mujeres contribuyendo a la violencia física, sexual, psicológica, al desplazamiento forzado; dentro de una práctica sistemática y generalizada manifestada como una estrategia de guerra. De aquí surge la necesidad de demandar la inclusión de la protección de la mujer a nivel nacional e internacional pero dentro de un contexto especifico como es el del conflicto armado reflejado en una política pública, reconociendo un enfoque de género y diferencial ante el evidente crecimiento estadístico de la violación contra las mujeres quienes por lo general no denuncian por miedo a sus victimarios o porque desconfían del sistema judicial. Una vulneración a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario que permanece invisible y de la cuál se hace necesario evaluar medidas legislativas, políticas institucionales y judiciales adoptadas por el Estado.

La Defensoría del Pueblo, a través de la oficina de Coordinación de Atención del Desplazamiento Forzado, viene trabajando en la fúndamentación teórica, jurídica y de procedimiento del diseño y puesta en marcha de políticas públicas para la atención a la población en situación de desplazamiento, con un enfoque de realización de derechos humanos y una perspectiva diferencial, considerados como primordiales para una atención adecuada y equitativa dentro del principio de igualdad. Esta aproximación presenta nuevos retos, tanto en el ámbito conceptual y teórico como en el práctico. Los avances realizados hasta el momento reconocen que la situación de algunos grupos sociales presenta un cuadro exacerbado de discriminaciones al cual responden la condición y la posición actuales de estos grupos, y que, en el caso específico de la población en situación de desplazamiento, este cuadro se reconfirma. Por esto, la atención que el Estado está obligado a ofrecerle, según las responsabilidades de protección que le competen, debe responder a esta realidad. Es necesario precisar e insistir en que las desventajas actuales de las diferentes personas que integran la población desplazada tienen como preámbulo las “discriminaciones acumuladas”, es decir, un cúmulo de exclusiones no solucionadas a través del tiempo, sumadas a la ausencia de protección del Estado antes del evento que generó el desplazamiento. Esto hace aún más precaria la situación de estos grupos y tiene significativa relevancia en el escenario de desventajas que enfrentan después de haber sido forzados a abandonar su territorio. En este marco de análisis se considera que si bien el Estado ha intentado definir políticas para atender a la población desplazada desde un enfoque poblacional y territorial, éste ha tenido una efectividad y una oportunidad limitadas y aún carece de instrumentos y mecanismos adecuados para proteger y transformar las condiciones de vida de estas personas. En esta perspectiva, el estudio que se presenta a continuación tiene el objetivo de contribuir, mediante un acercamiento propositivo, a la definición de acciones transformadoras en el marco de la prevención, la atención de emergencia y el restablecimiento para uno de los grupos de población más críticamente afectados por la situación de desplazamiento forzado y por su historia de discriminación desde el punto de vista de género: las mujeres. Como línea de base y con el criterio de ejercicios sinérgicos y no repetitivos, el estudio retoma los análisis y las recomendaciones de estudios previos que argumentan la grave situación de desventaja que afecta a las mujeres. En este sentido, otorga mayor énfasis al ámbito de las acciones concretas que debe implementar el Estado para responder a la posición diferencial de las mujeres en situación de desplazamiento. Este trabajo intenta plantear un enfoque diferencial, que parte del trabajo ya desarrollado en el ámbito Internacional de los Derechos Humanos y del derecho comparado (no desarrollado dentro de este estudio). Esto implica combinar los diferentes pactos, protocolos y declaraciones que, ratificados por el Estado Colombiano, demandan de éste acciones afirmativas tanto en el ámbito normativo como en el consecuente desarrollo de mecanismos e instrumentos para poblaciones en situación de desventaja. En un desarrollo posterior —una segunda fase que dé continuidad a este estudio— sería necesario llegar hasta el ámbito de los satisfactores de las necesidades de las mujeres desplazadas y concluir en un diálogo en el que, desde sus contextos y realidades particulares, las mujeres desplazadas identifiquen, de manera concreta, las acciones de atención, prevención y restablecimiento que potencialmente lograrían un mejoramiento integral de su situación.

El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y entre éstas a las mujeres indígenas y afro-descendientes; constituye además un delito que vulnera los derechos humanos, a la vida, a la familia, a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la tranquilidad, al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, a la vivienda, al mínimo vital, a la educación, a la propiedad, al trabajo, entre otros derechos. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados(as) en el mundo. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero van desde tres millones quinientos mil, cifra oficial registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta más de cuatro millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos – CODHES. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, además de dar alta visibilidad a la situación de la población en situación de desplazamiento, ha establecido con meridiana claridad medidas para superar el “estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado” declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente en una decisión sin precedentes, se ha ocupado del tema de las mujeres afectadas por el conflicto y el desplazamiento, en el Auto 092 de 2008. Es importante que cada operador/a judicial tome conciencia de las barreras que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento para acceder a la justicia, entre otras, la dificultad en materia probatoria en casos de violencia sexual o despojo violento o intimidatorio de sus tierras y bienes; el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos para demandar una reparación; la destrucción o pérdida de documentos; la pérdida de redes sociales de apoyo; la falta de asesoría jurídica sensible al género; el aspecto cultural que todavía persiste en los prestadores/as de servicios y que contribuye a la discriminación de las mujeres; el temor de las víctimas por amenazas a su integridad física o sexual, tanto a ellas como a sus hijos e hijas; el asesinato de sus parejas; la carencia de información suficiente en Catastro; el testaferrato, el lavado de activos, etc., etc. Es en este contexto que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, evaluar los mecanismos y políticas vigentes para asegurar el acceso a la administración de justicia por parte de la población afectada por el desplazamiento forzado, especialmente de las mujeres; y garantizar que los y las prestadores del servicio de justicia comprenden la condición de vulnerabilidad de ésta población y actúan en consecuencia con la protección reforzada que les ha sido reconocida. Es necesario reconocer que hay grandes esfuerzos por responder a la problemática, sin embargo, queda todavía mucho por hacer para prevenirlo y para garantizar de manera oportuna e integral los derechos a las personas afectadas. Adicionalmente el escenario colombiano presenta preocupantes indicadores de pobreza a lo cual se suma la situación de emergencia humanitaria causada por las inundaciones, lo cual constituye un elemento de mayor complejidad para prevenir y garantizar los derechos a una población que en general padece de una doble afectación: desplazamiento forzado por causas inherentes al conflicto y desplazamiento con ocasión de las inundaciones o desastres naturales. Es por todo lo anterior que este documento cobra capital importancia como un ejemplo de lo que es posible hacer desde la Rama Judicial, renovando las capacidades de sus operadores/as para que aseguremos desde este ámbito del Estado la respuesta integral, oportuna y sensible a la población en desplazamiento, especialmente a las mujeres; contiene un análisis sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental; las acciones colectivas, de grupo o de clase como instrumento de defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad; la dificultad probatoria que pesa sobre los grupos en estas condiciones y plantea algunas propuestas que permiten subsanar estas dificultades probatorias.