En julio de 2003, a través del Acto Legislativo 01 de ese año, el Congreso de la República adoptó una reforma política que modificó el sistema electoral colombiano, cambiando la modalidad de elección de integrantes de corporaciones públicas a través del sistema de lista única y voto preferente. Según lo previsto por el sistema electoral anterior, los partidos políticos podían presentar a su nombre cuantas listas quisieran. Con la reforma se prohíbe a los partidos y movimientos políticos inscribir más de una lista de candidatos a las corporaciones de elección popular, o presentar más de un candidato para el mismo cargo. En cuanto al voto preferente, se introdujo un cambio al pasar de lista cerrada según la cual los/as electores/as votaban por la lista en su integridad y según el orden establecido previamente, por el sistema de lista abierta, es decir aquella en la que quien vota escoge el orden de las personas de la lista de acuerdo con su preferencia personal. Desde el año 2000, en Colombia está vigente la ley 581 conocida como “ley de cuotas” que reglamenta la participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública, de la cual se encuentra excluida la posibilidad de cuotas para los cargos de elección popular. Las medidas de acción positiva introducidas en las legislaciones de diferentes países del mundo durante las décadas de los 80 y 90 incrementaron significativamente la representación de las mujeres en los cargos de elección popular en los ámbitos nacionales y locales. Durante el trámite de la reforma política, entre julio de 2002 y julio de 2003, diversas expresiones del movimiento de mujeres, hicieron cabildeo ante políticos de diferentes bancadas señalándoles la oportunidad que ofrecía la reforma en el sentido de combatir la sub representación política de las mujeres en los cargos de elección popular y el impacto en el sistema democrático y en la sociedad de esa sub representación en términos de exclusión de un inmenso grupo poblacional, con el fin de que incluyeran en la reforma medidas temporales como las cuotas y disposiciones permanentes sobre financiación pública de las campañas y democratización interna de los partidos. Salvo por el apoyo aislado de algunos Congresistas, no hubo bancada alguna, que como tal, acogiera argumentos sobre el tema, y menos, que lo asumiera como propio en las discusiones del Congreso. Adicionalmente, con la introducción del voto preferente se ha cerrado la puerta a la posibilidad de que los partidos, de manera autónoma, apliquen medidas positivas para potenciar la participación de las mujeres en cargos de elección popular.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Escuela Mayor de Gestión Municipal y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) ejecutamos (durante el año 2006 y comienzos del 2007), el proyecto Promoción de la Presencia de las Mujeres en los Gobiernos Locales para Mejorar la Capacidad de Gestión y Contribuir al Desarrollo con Equidad de Género en la Provincia de Lucanas Puquio, Ayacucho. Dentro de este proyecto, se implementó el Programa de Formación Política y Gestión Local con Equidad de Género, el mismo que se estructuró por módulos presenciales en el que fue fundamental la participación de lideresas y regidoras de Huaycahuacho, Cabana, Carmen Salcedo, Chipao, Chaviña, Sancos, San Pedro, San Juan, Lucanas, Otoca, Puquio y Lucanas. El primer y segundo módulo se implementó el 7,8 y 9 y el 28, 29 y 30, de septiembre respectivamente, el tercero los días 20,21 y 22 de octubre y el cuarto el 3,4 y 5 de noviembre del 2006; todos ellos en la Casa Hogar Santa Rita en Puquio, con excepción del último, en Lima. Recibió el aporte de Pilar Arce en el tema de salud y de Martha Paz quien se hizo cargo del tercer módulo y realizó la traducción en quechua para mejor comprensión de las participantes. Concluidas las actividades de esta reflexión colectiva pasamos a una fase de revisión y ordenamiento de las ideas y propuestas discutidas para su publicación.

¿Por qué las mujeres deciden unirse y participar en un grupo o grupos específicos? ¿Qué aspectos del conflicto social dan paso a formas colectivas de acción de las mujeres? ¿Cuáles son las relaciones entre lo personal, lo cultural y lo político en el movimiento de mujeres? ¿De qué manera la vida cotidiana, lo doméstico y lo privado se politizan? Los ensayos publicados en este libro se ocupan de estos y otros interrogantes desde diferentes perspectivas y ponen en evidencia los procesos de cambio social que vive hoy América Latina, caracterizados por el desafío de armonizar democracia política, desarrollo económico y equidad. Dos grandes secciones configuran el contenido de la obra. La primera presenta cuatro propuestas de análisis para el movimiento de mujeres a nivel regional. La segunda incluye siete estudios de caso sobre Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela, en los cuales los temas de la sobrevivencia, la democratización, el conocimiento generado por el movimiento y las utopías del feminismo se debaten y estudian en diferentes coyunturas históricas y en los espacios propios de cada realidad nacional.

Este nuevo boletín Información Bibliográfica No. 5 contiene toda la información que posee el Fondo de Documentación Mujer y Género con respecto a las siguientes categorías: Derechos Humanos, Derecho y Legislación, Paz y Desarme, Política. Sistemas y Procesos, Violencia Social y Política, Violencia en Contra de la Mujer, Ciclos de Vida, Demografía, Salud, Salud Mental, Salud Reproductiva y Sexualidad.

«Ciudadanía Sexual» es un concepto en construcción. Ofrece muchas posibilidades, y tal vez también tenga, como algunas y algunos opinan, limitaciones intrínsecas. Esperamos que estas posibilidades sean identificadas e intensificadas, y en tal caso el tiempo permitirá realizar un balance sobre los aportes de este concepto a la lucha por la salud y los derechos sexuales de las personas. En esta línea, estamos seguros de que los ensayos aquí incluidos, que fueran presentados y discutidos en la Primera Reunión Regional «Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina», realizada en mayo de 2003 en Lima, contribuyen a poner el tema en discusión y, de paso, permiten una revisión del trabajo que se realiza en la región en una amplia gama de cuestiones relacionadas a las sexualidades, la salud y los derechos. Este volumen no habría podido materializarse sin la valiosa colaboración de las y los autores de los trabajos, quienes no sólo prepararon versiones iniciales antes de la reunión, sino que enviaron revisiones iniciales luego de ésta, y finalmente absolvieron comentarios editoriales tiempo después, hasta lograrse las versiones aquí incluidas.

La Defensoría del Pueblo, a través de la oficina de Coordinación de Atención del Desplazamiento Forzado, viene trabajando en la fúndamentación teórica, jurídica y de procedimiento del diseño y puesta en marcha de políticas públicas para la atención a la población en situación de desplazamiento, con un enfoque de realización de derechos humanos y una perspectiva diferencial, considerados como primordiales para una atención adecuada y equitativa dentro del principio de igualdad. Esta aproximación presenta nuevos retos, tanto en el ámbito conceptual y teórico como en el práctico. Los avances realizados hasta el momento reconocen que la situación de algunos grupos sociales presenta un cuadro exacerbado de discriminaciones al cual responden la condición y la posición actuales de estos grupos, y que, en el caso específico de la población en situación de desplazamiento, este cuadro se reconfirma. Por esto, la atención que el Estado está obligado a ofrecerle, según las responsabilidades de protección que le competen, debe responder a esta realidad. Es necesario precisar e insistir en que las desventajas actuales de las diferentes personas que integran la población desplazada tienen como preámbulo las “discriminaciones acumuladas”, es decir, un cúmulo de exclusiones no solucionadas a través del tiempo, sumadas a la ausencia de protección del Estado antes del evento que generó el desplazamiento. Esto hace aún más precaria la situación de estos grupos y tiene significativa relevancia en el escenario de desventajas que enfrentan después de haber sido forzados a abandonar su territorio. En este marco de análisis se considera que si bien el Estado ha intentado definir políticas para atender a la población desplazada desde un enfoque poblacional y territorial, éste ha tenido una efectividad y una oportunidad limitadas y aún carece de instrumentos y mecanismos adecuados para proteger y transformar las condiciones de vida de estas personas. En esta perspectiva, el estudio que se presenta a continuación tiene el objetivo de contribuir, mediante un acercamiento propositivo, a la definición de acciones transformadoras en el marco de la prevención, la atención de emergencia y el restablecimiento para uno de los grupos de población más críticamente afectados por la situación de desplazamiento forzado y por su historia de discriminación desde el punto de vista de género: las mujeres. Como línea de base y con el criterio de ejercicios sinérgicos y no repetitivos, el estudio retoma los análisis y las recomendaciones de estudios previos que argumentan la grave situación de desventaja que afecta a las mujeres. En este sentido, otorga mayor énfasis al ámbito de las acciones concretas que debe implementar el Estado para responder a la posición diferencial de las mujeres en situación de desplazamiento. Este trabajo intenta plantear un enfoque diferencial, que parte del trabajo ya desarrollado en el ámbito Internacional de los Derechos Humanos y del derecho comparado (no desarrollado dentro de este estudio). Esto implica combinar los diferentes pactos, protocolos y declaraciones que, ratificados por el Estado Colombiano, demandan de éste acciones afirmativas tanto en el ámbito normativo como en el consecuente desarrollo de mecanismos e instrumentos para poblaciones en situación de desventaja. En un desarrollo posterior —una segunda fase que dé continuidad a este estudio— sería necesario llegar hasta el ámbito de los satisfactores de las necesidades de las mujeres desplazadas y concluir en un diálogo en el que, desde sus contextos y realidades particulares, las mujeres desplazadas identifiquen, de manera concreta, las acciones de atención, prevención y restablecimiento que potencialmente lograrían un mejoramiento integral de su situación.

La presente obra, se centra en indagar sobre los factores identitario-subjetivos que aún mantienen a las mujeres subrepresentadas en la esfera pública-política. Problemática que contradice el principio democrático de igualdad y sitúa a las mujeres como ciudadanas de segunda, puesto que son excluidas o se autoexcluyen de participar en la toma de decisiones de la sociedad de la cual forman parte mayoritaria. El interés por profundizar en esta temática, se debe a que a pesar de los logros alcanzados sobre la incorporación de las mujeres a los estudios superiores, a su participación activa en la sociedad civil y a la implementación de acciones afirmativas o de discriminación positiva como son las cuotas de género en las estructuras de los partidos políticos y en los puestos de elección popular, no se ha garantizado aún la transformación real de la práctica política ni los cambios en las mentalidades y en la cultura política. Lo anterior significa que dichas acciones afirmativas no han funcionado como factor de cambio en las conciencias, en las creencias y valores que definen el camino desigual de mujeres y hombres en la sociedad. De aquí la inclinación por reflexionar desde el enfoque identitario-subjetivo la vinculación de las mujeres con la esfera pública. Al respecto, resulta útil deconstruir la identidad femenina como fundamento de la subjetividad y mostrar que las mujeres como género han sido objetualizadas debido a la dominación masculina y al androcentrismo propio de los sistemas patriarcales. Ello ha dado lugar a que su identidad se haya constituido como “ser para los otros” no como ser “para sí”, es decir que se ha dado en la alteridad. Por lo mismo, las mujeres han tenido menores oportunidades para el desarrollo de su individuación, autonomía y reflexión crítica; procesos sociales indispensables para alcanzar la categoría de sujeto social. Así como para lograr la paridad de género en los organismos públicos de decisión. Aspecto que forma parte de los principios básicos de la democracia. Así lo manifiesta el estudio empírico basado en tres entrevistas a mujeres que representan identidades típicas del sujeto femenino. En consecuencia, la investigación muestra tanto desde el aspecto teórico como empírico la necesidad de establecer condiciones democráticas plurales que favorezcan la reconstrucción de la subjetividad femenina como pilar de la construcción social del sujeto político femenino. La obra pone al descubierto que mientras las mujeres no se constituyan en actoras sociales y políticas del cambio, es decir, en sujetos políticos, será muy difícil su participación paritaria y equitativa en los diversos espacios de reconocimiento social: política, ciencia, finanzas entre los más relevantes. Por lo tanto, para la academia, se convierte en un reto, encontrar nuevas pistas que fundamenten estrategias democráticas tendientes a facilitar la participación activa de las mujeres, con base en las diversas posiciones de sujeto con las que se vinculan en el entramado social. En este sentido, los obstáculos con los que aún se enfrentan respecto al logro de la igualdad no serían aislada y fragmentariamente entendidos, sino formarían parte de las distintas problemáticas de los grupos excluidos o marginados, sin duda también conformados por mujeres. La Universidad Autónoma del Estado de México, como institución pública constructora del futuro, ofrece la presente obra con el fin de contribuir a resarcir la ancestral desigualdad de género, como aspecto clave de toda sociedad democrática.

Resulta paradójico, pero la obtención más importante de los derechos civiles, el sufragio universal, solo fue posible en Colombia durante el gobierno de un militar que se había eregido como dictador. Con independencia de su origen antidemocrático y de las críticas, que sin duda le caben al gobierno de la ANAC, la historia tendrá que reconocerle su aporte a la obtención del derecho al voto para la mujer.