Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las cuentas de ahorro electronicas

Por la cual se determinan y publican las entidades habilitadas para definir directamente los proyectos de inversion que tengan como objeto la implementacion del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Durad

Por la cual se microfocaliza un area geografica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

Por el cual se adiciona un Titulo a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015 por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario Unico del Sector Justicia y del Derecho se adiciona el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decr

Por medio del cual se adiciona el Capitulo 9 al Titulo 7 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto numero 1084 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector de Inclusion Social y Reconciliacion se reglamenta el articulo 118 de la Ley 1753 de 2015 y se esta

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político. Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades. Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.

La Defensoría del Pueblo, en cum plimiento de su misión, lleva a cabo distintas acciones de promoción y protección de los Derechos Humanos, en especial, de aquellas comunidades que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como consecuencia de diferentes dinámicas, entre ellas, el conflicto armado no internacional. Cabe anticipar aquí que el departa mento del Chocó, históricamente, ha sido uno de los más golpeados por la anomia estatal, lo que ha oca sionado que las comunidades que lo habitan se encuentren en condición de vulnerabilidad; además de la falta de garantía de todos los derechos económicos, sociales y culturales, se evidencia la afectación de algunos derechos civiles. Esto, como resultado de la ausencia del Estado, la cual ha sido copada por actores al margen de la ley que, con sus acciones, mantienen las dinámicas de conflicto armado no internacional e imposibilitan el desarollo de sus proyectos de vida, a causa de la persistencia de los constantes combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se constituye en el instrumento esencial para articular una serie de programas necesarios para mejorar la situación de inequidad presente en nuestra ruralidad colombiana. Este Acuerdo, que marca un hito en nuestro país, incluye acciones afirmativas en pro del desarrollo rural para el beneficio de nuestras comunidades étnicas y campesinas, en una perspectiva de género, como también acciones tendientes al perdón y reconciliación entre los diversos actores que han hecho parte de la historia del conflicto armado en el país.

Esta publicación recoge los relatos de mujeres víctimas del conflicto armado que se vieron forzadas a desplazarse de sus territorios como consecuencia de la guerra. Este grupo de mujeres hace parte de los “Laboratorios de paz” uno de los proyectos de reubicación y asignación de viviendas liderado por La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la ciudad de Bogotá.