Esta obra responde a un momento histórico de gran importancia, por supuesto, no pudo ser más oportuno. Colombia celebró en el año 2006 los quince años de al promulgación de su Constitución Política y los cambios trascendentales surgidos a partir de su aplicación han sido prolíficos. Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdadera constitución ecológica. De igual forma la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los diez años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales y legales para la defensa de sus derechos e intereses colectivos.

This paper analyzes the recognition of animals as subjects of law that certain Argentine jurisprudence has carried out and the impact that this has on the legal categories at stake based on the legislation in force in the country.

Esta guía ha sido elaborada con el propósito de apoyar el trabajo de quienes en el ejercicio de su misión constitucional se encuentran comprometidos en la promoción de los derechos humanos

Nos encontramos ingresando de forma acelerada a la era cibernética, es por tal motivo que las personas que se encuentran inmersas en la internet, deben tener conocimiento de las ventajas y desventajas que brinda este medio digital, de igual forma los gobiernos de cada país deben brindar las garantías tecnológicas y seguridades jurídicas para que los usuarios no sean presa de la ciber delincuencia. Dentro de la era digital se aprecia el aparecimiento de nuevas formas de delinquir. Se aprecia que en América del Sur, el Ecuador es un país vulnerable a los ataques cibernéticos, motivo por el cual ocupa el tercer puesto en relación a la vulnerabilidad, se observa que es un país que presenta inestabilidad política tanto así cuenta con 20 reformas a la Constitución de la República, adicional su Código Penal fue reformado en el año 2014, lamentablemente esta ley la realizaron para sancionar los delitos acordes a su época, mas no previnieron los actos delictivos del futuro. De forma lamentable se puede evidenciar que dentro del marco legal de Ecuador no existe la norma legal suficiente para que sancione el delito de suplantación de identidad cibernética es decir en latín Nulla poena sine culpa.

This paper will present two cases that deal with the constitutionality of assisted suicide, Washington v. Glucksberg 521 U.S. 702 (1997) of the Supreme Court of the United States and the judgment C – 239/1997 of the Constitutional Court of Colombia. The main purpose is to examine the understanding that each court presents about the rights to liberty and life, how they balance them and the arguments that each one wield to arrive to different decisions. Also, the paper underlines what considers inconsistences in both judgments. To achieve that goal, the paper will present a brief description of the reasoning and holding of each judgment, then, it will discuss the rights at stake, the balancing done by the courts, the need of regulation on the issue, the role of the legislature on this regard, and physicians´ dilemmas. Lastly, it will provide some conclusions. Este documento presentará dos sentencias ques estudian la constitucionalidad del suicidio asistido, Washington v. Glucksberg 521 U.S. 702 (1997) de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la sentencia C - 239/1997 de la Corte Constitucional de Colombia. El objetivo principal es examinar el análisis que cada tribunal presenta sobre los derechos a la libertad y la vida, cómo los pondera y los argumentos que cada uno maneja para llegar a decisiones diferentes. Además, el artículo subraya qué considera incoherente en cada decisión. Para lograr ese objetivo, el documento presentará una breve descripción del razonamiento y los argumentos de cada sentencia, luego, discutirá los derechos en tensión, la ponderación hecha por los tribunales, la necesidad de regulación sobre el tema, el papel del legislador en este sentido, y los dilemas de los médicos. Por último, proporcionará algunas conclusiones.

Abstract: The rights discourse is commonly grounded in the ideal principle that all human rights are indivisible and treated as equal in status. In consequence, prioritising one right over another represents a defiance to the conventional rights-based argumentation, and a difficult process that becomes inevitable in certain circumstance. However, the dominant rights discourse, based on proportionality, does not provided a well-defined criteria for such difficult task. Defining what is reasonable without a clear conception of justice can lead to decisions that are dictated by the highest-level of deference towards governmental policies. It would be more sensible to openly discuss about principles of decision-making, rather than simply alluding to financial constraints and the expertise required for policy making, as a shortcut for the hard work embedded in the question of justice. I argue in this dissertation that constitutional law is ultimately an enterprise of moral reasoning. As such, it requires a comprehensive theory of justice that complements the test of proportionality and guides the judge on the difficult task of balancing conflicting interests. I conclude, after analysing the Colombian jurisprudence on the right to water, that one can identify specific criteria of distributive justice, in particular the concept of the minimum core, to shape a court´s reasoning in a principled manner in the field of social rights. Resumen: Una de las ideas centrales al discurso de los derechos humanos es que todos los derechos son indivisibles, interdependientes y poseen un valor similar. Esta idea, aunque atractiva en teoría, desconoce la necesidad de hacer concesiones y sacrificios, especialmente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. La teoría dominante del derecho constitucional, fundamentada en el concepto de proporcionalidad, no ofrece un criterio claro para la difícil labor de ponderar derechos. Más bien, acostumbra otorgar un gran margen de deferencia para que el gobierno o el poder legislativo adopten medidas “razonables”, asumiendo que las discusiones de políticas públicas escapan al control legal. Parecería más sensato, sin embargo, que dentro del escenario constitucional pudieran discutirse también los principios que guían las decisiones de políticas públicas, antes que omitir esta deliberación apelando al conocimiento especializado o a la inevitable escasez de recursos. En este documento defiendo la idea que el derecho constitucional es, en últimas, un ejercicio de razón práctica y como tal, requiere una teoría comprensiva de la justicia que complemente los interrogantes que deja abiertos el test de proporcionalidad. Para ello, tomo como referencia el caso del derecho al agua dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia para concluir que es posible construir principios de justicia distributiva -principalmente el concepto de mínimo vital- que sirvan como referentes para evaluar la constitucionalidad de medidas que afecten derechos sociales.

Even though Colombia has made significant procurement reforms in recent years in order to address corruption on infrastructure projects, corruption in procurement contracts continues. Likewise, several other Latin American countries have dealt with corruption scandals that seem to operate in a manner similar to Colombia. Colombia needs a strong procurement legal framework that addresses the efficiency and transparency of contractual management that leverages the substantial investments that are being made in Colombia. Without reforms or a deep debate, its government public procurement system will be debilitated. This will, in turn, prevent efficient allocation of resources, lack of transparency and lack of fair competition. Further, it will “lower provision of public goods (which hurts the poor disproportionately), misallocation of talent and capital through distorted incentives, higher levels of distrust in society and lower legitimacy of government, higher economic uncertainty, and lower private and foreign investment.” This paper evaluates some specific provisions from the reforms that took place or are taken place on the legal procurement frameworks of neighboring Latin American countries (Brazil, Ecuador, Panama and Peru), to formulate legal and institutional reforms for Colombia´s legal framework.

Revisión del texto de la Ley de Bibliotecas Públicas, que define todos los instrumentos técnicos, financieros e institucionales, así como los espacios de planeación y coordinación necesarios para hacerlo.